(Redacción Ibarra).– Habitantes del sector de Priorato denunciaron públicamente un intento de desalojo que califican de ilegal. De acuerdo con el expediente 10333-2015-01234, el proceso de ejecución y remate adjudicó a la ciudadana Nubia del Rocío Tatamues Enríquez únicamente el 50% de las acciones y derechos del bien.

La providencia judicial es clara: al tratarse de una copropiedad, no procede la singularización (delimitación física) del terreno. Cualquier división del inmueble debería tramitarse en un proceso legal distinto; sin embargo, los moradores denuncian que se pretende ejecutar un desalojo y descerrajamiento sin que exista un inventario previo o una partición que determine qué parte específica del predio corresponde a la adjudicada, debido a que las viviendas se encuentran distribuidas en toda la propiedad y no exclusivamente en el 50% rematado, lo que hace imposible un desalojo sectorizado.

Los denunciantes apuntan directamente al juez Pablo Veintimilla y, en calidad de terceros perjudicados, aseguran que nunca fueron notificados del proceso. Denuncian además que el depositario judicial, quien actúa también como accionante, omitió informar al juez en el acta de embargo sobre la existencia de viviendas consolidadas y el número de personas que habitan el predio. Esta situación es crítica, ya que muchas de las familias afectadas han residido en el sector por más de 15 años y cuentan con promesas de compra-venta notarizadas; en el lugar existe presencia de grupos vulnerables como niños y adultos con discapacidad.

Los ciudadanos solicitan la intervención inmediata del Consejo de la Judicatura. Exigen que se investigue el accionar judicial y se determine si existen presiones externas que estén forzando una ejecución no contemplada en la ley.