Entre el domingo 30 de agosto y este lunes 31 varios siniestros de trànsito se suscitaron en varios cantones como Ibarra Otavalo y Antonio Ante. El primero ocurrió la noche del domingo en el sector La Joya, en Otavalo, donde un vehículo cayó a una quebrada ante la mirada de varios moradores. El conductor quedó atrapado en el interior del automotor y, pese a la llegada de agentes de la Policía Nacional y una ambulancia, se confirmó su fallecimiento.
Moradores señalaron que el conductor habría estado en aparente estado de embriaguez; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Posteriormente, una unidad de rescate realizó el remolque del vehículo, mientras agentes del SIAT y DINASED efectuaron el procedimiento correspondiente para determinar las causas del siniestro.
Minutos después, a las 20:29, otro accidente cobró la vida de una persona en la vía E35, a la altura de San Roque. Un motociclista sufrió un violento impacto y falleció en el lugar. Personal de la Policía Nacional y una ambulancia de Panavial acudieron para atender la emergencia. El SIAT realizó el levantamiento del cuerpo y las pericias para establecer cómo ocurrió el accidente.
La mañana de este lunes, alrededor de las 07:30, un nuevo siniestro elevó a cuatro el número de víctimas mortales. Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas tras un violento choque registrado en el sector de Salinas.
Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional, una ambulancia del Ministerio de Salud Pública y unidades del Cuerpo de Bomberos. De manera preliminar, el accidente se habría producido luego de que agua proveniente de una acequia cercana llegara a la vía, provocando que un automóvil perdiera pista y terminara impactándose contra un taxi.
La vía permaneció cerrada al tránsito vehicular durante varias horas mientras se atendía la emergencia y se realizaban los procedimientos correspondientes.
(Redacción Ibarra).- La normativa electoral establece los requisitos que debe cumplir una persona para aspirar a una dignidad de elección popular, pero deja abierta una pregunta que cada vez cobra mayor relevancia entre los ciudadanos: ¿qué preparación, experiencia y conocimientos debería tener quien pretenda administrar una ciudad como Ibarra?
De acuerdo con el Código de la Democracia, para inscribir una candidatura a la Alcaldía se requiere, entre otros aspectos, haber cumplido 18 años al momento de la inscripción, estar en goce de los derechos políticos, haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella de forma ininterrumpida durante los dos años previos a la inscripción, además de no estar incurso en las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución.
Sin embargo, la legislación no establece como requisito contar con un título universitario específico, determinada profesión, experiencia previa en administración pública ni un número mínimo de años de trayectoria profesional. Esto significa que, legalmente, una persona puede aspirar a la Alcaldía sin que su formación académica esté necesariamente relacionada con áreas como Derecho, Economía, Administración Pública, Ingeniería, Arquitectura o Planificación Urbana.
Y es precisamente en este punto donde surge el debate ciudadano: ¿es suficiente cumplir con los requisitos legales para administrar un gobierno municipal o debería existir un perfil mínimo de preparación y experiencia para ejercer una responsabilidad de esta magnitud?
A lo largo de las últimas décadas, la Alcaldía de Ibarra ha estado ocupada por autoridades con diferentes perfiles profesionales. Entre las formaciones académicas de quienes han llegado al cargo se encuentran carreras como Derecho, Ingeniería y Arquitectura, entre otras.
La administración de una ciudad implica competencias que van mucho más allá de una profesión específica: manejo presupuestario, contratación pública, planificación territorial, movilidad, servicios básicos, desarrollo económico, gestión ambiental, seguridad, turismo y capacidad para dirigir equipos técnicos.
Por ello, más que preguntarse únicamente qué título universitario debería tener un alcalde, el debate podría trasladarse hacia las capacidades que debería demostrar un candidato antes de solicitar el voto ciudadano. Entre ellas podrían considerarse conocimientos en administración pública y gestión municipal, planificación urbana y territorial, presupuesto y finanzas públicas, contratación pública, legislación, liderazgo, manejo de crisis y formulación de políticas públicas.
A esto se suma un elemento fundamental: la experiencia. Administrar un municipio implica tomar decisiones que afectan directamente a cientos de miles de habitantes y manejar recursos públicos, por lo que para muchos ciudadanos resulta relevante conocer qué trayectoria profesional, administrativa o de servicio público posee cada aspirante.
Con las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, en las que se elegirán alcaldes para el período 2027-2031, el debate sobre el perfil de quienes buscan llegar a los gobiernos locales empieza a cobrar importancia.
(Redacciòn Imbabura).- Las personas con discapacidad pueden acceder a beneficios tributarios para la adquisición de vehículos destinados a su uso o traslado. En Ecuador, este beneficio está dirigido a quienes cuenten con un grado de discapacidad igual o superior al 30 %, determinado por la autoridad sanitaria, y cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
El porcentaje de exoneración depende del grado de discapacidad registrado. Para quienes tienen entre el 30 % y 49 %, la exoneración tributaria es del 60 %; entre el 50 % y 74 %, alcanza el 70 %; entre el 75 % y 84 %, llega al 80 %; mientras que las personas con una discapacidad de entre el 85 % y 100 % pueden acceder a una exoneración del 100 %.
Es importante aclarar que estos porcentajes corresponden a la exoneración de tributos y no representan un descuento equivalente sobre el precio total del vehículo. La aprobación del beneficio y los valores definitivos son determinados por las autoridades competentes.
Un ejemplo del ahorro
Para dimensionar el beneficio, un Mazda CX-30 con un precio regular de $32.499 podría llegar a costar aproximadamente $21.990 bajo una exoneración tributaria del 100 %. Esto representaría un ahorro referencial de $10.509 frente al precio regular, siempre sujeto a la aprobación correspondiente.
La exoneración permite así acceder a vehículos nuevos que incorporan características de seguridad, tecnología y comodidad, reduciendo el impacto económico de su adquisición.
¿Qué documentos se necesitan?
Para iniciar el proceso de exoneración con Comercial Hidrobo, el beneficiario debe presentar:
Copia a color y legible de la cédula del beneficiario.
Hasta tres licencias de conducir, acompañadas de copias legibles de ambos lados de las cédulas de los conductores. Estos podrán tener hasta tercer grado de consanguinidad con el beneficiario.
Copia actualizada de un servicio básico del domicilio.
Token o firma electrónica en archivo.
Dependiendo de las características de cada caso, las autoridades competentes pueden solicitar documentación o validaciones adicionales. El vehículo deberá estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad y cumplir con los límites y condiciones establecidos por la normativa ecuatoriana.
Opciones y acompañamiento durante el proceso
Comercial Hidrobo cuenta con un portafolio de vehículos nuevos de marcas como Mazda, Chery, Dongfeng, Toyota, Changan, entre otras, con modelos que pueden aplicar al beneficio de exoneración.
Además de ofrecer distintas alternativas de vehículos, la empresa brinda asesoría personalizada para orientar a los clientes sobre los modelos disponibles y acompañarlos durante el proceso de exoneración y gestión de la documentación.
Las personas con carné o registro de discapacidad vigente pueden acercarse a Comercial Hidrobo para conocer las alternativas disponibles y recibir orientación sobre el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades de movilidad.
(Redacciòn Ecuador).- Durante años, los conductores que realizaban transporte de pasajeros sin contar con la autorización correspondiente podían ser sancionados con una multa de dos salarios básicos, la reducción de 10 puntos en la licencia y la retención del vehículo. Sin embargo, la Sentencia 106-20-IN/24 de la Corte Constitucional cambió el alcance de estas sanciones al establecer que no se puede exigir una autorización para una actividad cuando el propio Estado no ha creado un mecanismo legal para obtenerla.
Esto generó un nuevo escenario para los conductores que utilizan plataformas como Uber, DiDi e inDrive. La sentencia no significa que estas aplicaciones estén automáticamente autorizadas ni que sus conductores tengan libertad para incumplir las normas de tránsito. Lo que establece es que la falta de una autorización no puede convertirse automáticamente en una sanción penal cuando no existe una vía legal para obtener ese permiso.
Otro de los cambios importantes fue la retención de los vehículos. Antes, el artículo 386 del COIP establecía un período mínimo de siete días; la Corte declaró inconstitucional esa condición y determinó que el plazo debe ser de hasta siete días como máximo. Por ello, la sentencia no significa que un agente nunca pueda retener un vehículo, sino que esa medida debe aplicarse dentro de los límites establecidos por la normativa y la interpretación constitucional.
La situación también mantiene abierta la disputa con los taxis de cooperativa, cuyos conductores argumentan que han realizado inversiones para obtener permisos, cupos, placas y cumplir controles técnicos y administrativos. El gremio sostiene que los conductores de plataformas deberían estar sujetos a obligaciones similares para evitar una competencia desigual.
Por su parte, los conductores de aplicaciones defienden su derecho al trabajo y señalan que el Estado todavía no ha creado un sistema específico que les permita regularizar esta modalidad de transporte. Además, la discusión es aún más compleja porque algunos taxis convencionales también utilizan plataformas digitales para conseguir pasajeros.
La Corte Constitucional no eliminó los taxis ni legalizó el transporte informal. Su decisión obliga a que las autoridades y la Asamblea Nacional establezcan reglas claras para las nuevas modalidades de transporte digital. El objetivo es que, en lugar de mantener una disputa entre taxis y aplicaciones, exista una regulación que determine qué requisitos, controles, impuestos y obligaciones debe cumplir cada modalidad.
(Redacción Otavalo).- Una serie de accidentes registrados durante el último año volvió a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad de la Terminal Terrestre de Otavalo y la necesidad de contar con una infraestructura que responda al crecimiento de la ciudad y al constante flujo de pasajeros y buses.
En agosto de 2025, una joven de 25 años murió luego de ser impactada por un bus en los exteriores de la terminal. La mujer se movilizaba en bicicleta mientras utilizaba su teléfono celular cuando ocurrió el siniestro.
En julio de 2026, un adulto mayor fue atropellado durante la mañana en el mismo sector, precisamente en una zona caracterizada por el permanente ingreso y salida de buses interprovinciales e intercantonales.
El 12 de agosto de este año, otro joven fue atropellado en las inmediaciones de la Terminal Terrestre. A pesar de la gravedad del hecho, resultó prácticamente ileso. Doce días después, otro siniestro se susitò luego de que una mujer fuese atropellada y sufriera graves lesiones que derivaron en la pérdida de una pierna y afectaciones en el tejido abdominal. El hecho ocurrió ante la mirada de pasajeros y conductores.
Estos hechos han reavivado los reclamos de ciudadanos y transportistas, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado a la Alcaldía de Otavalo la construcción de una nueva terminal terrestre o una intervención integral que permita mejorar las condiciones de seguridad y movilidad.
La discusión sobre una nueva terminal no es reciente. Durante años han existido debates técnicos y sociales respecto a su ubicación, características y la forma de ejecutar el proyecto sin comprometer de manera desproporcionada los recursos municipales.
En julio de 2024 y julio de 2025 resepctivamente, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, anunció el proyecto para la construcción de una nueva terminal terrestre en el sector de Carabuela. Según lo anunciado en ese momento, hasta septiembre de 2025 se esperaba contar con los estudios definitivos y definir los mecanismos de financiamiento, con la proyección de iniciar las obras ese mismo mes. La propuesta contemplaba trasladar las operaciones principales fuera del casco urbano, con el objetivo de descongestionar el centro de la ciudad. Ese proceso contarìa con la aprobación de la categorización del nuevo terminal por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que establece los parámetros técnicos que deberá cumplir la infraestructura proyectada.
Sin embargo, la propuesta también generó rechazo entre parte de la ciudadanía debido a la distancia de aproximadamente 6,3 kilómetros que existiría entre la nueva terminal y el centro de Otavalo. El traslado implicaría que los usuarios deban tomar un autobús adicional para llegar hasta el nuevo punto de embarque, lo que representaría un costo y tiempo extra para quienes utilizan diariamente el transporte público.
Además, se ha señalado que el actual patio de operaciones no desaparecería con la construcción de la nueva terminal. De acuerdo con la propuesta, este espacio sería reconvertido en una estación de transferencia destinada a atender los circuitos internos de transporte. A esto se sumaría la construcción de una segunda estación en el sur de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso de pasajeros provenientes de Quito, Cayambe y otras localidades.
El proyecto aún no ha avanzado y, mientras tanto, la actual terminal continúa operando en medio de cuestionamientos por sus condiciones de seguridad. El reducido espacio, frente al constante flujo de pasajeros y buses, dificulta la circulación vehicular y peatonal, a lo que se suman accesos con escasa iluminación, problemas de visibilidad, deficiente señalética y ausencia de pantallas informativas, factores que generan preocupación entre quienes utilizan diariamente estas instalaciones. A esto se añade el deterioro de parte de la infraestructura y los siniestros registrados tanto en el interior como en los exteriores del terminal, situaciones que han incrementado el reclamo ciudadano por una solución definitiva.
Para Otavalo, la construcción de una nueva terminal representa un proyecto esperado durante más de dos décadas. La ciudad, considerada uno de los principales destinos turísticos de Imbabura, mantiene el desafío de contar con una infraestructura de transporte acorde con el crecimiento urbano, el movimiento comercial y turístico y el número de pasajeros que diariamente llegan y salen del cantón.
Los recientes accidentes han vuelto a poner una pregunta sobre la mesa: ¿cuánto tiempo más deberá esperar Otavalo para contar con una terminal terrestre segura, moderna y acorde con las necesidades de una ciudad que recibe cada año a miles de visitantes?
(Redacción Ibarra).- La calle Camilo Ponce Enríquez, donde se ubica una tarima al costado de la vía, en el parque Ciudad Blanca, y la avenida Monseñor Leonidas Proaño, vía que conecta con el Anillo Vial, en Ibarra, habrían sido escenario en los ùltimos dìas de “piques” o carreras ilegales, con una concentración masiva de ciudadanos y conductores a bordo de vehículos modificados y, en algunos casos, automotores de servicio público, entre ellos taxis.
Videos aficionados difundidos a través de redes sociales, principalmente en TikTok, muestran la presencia de numerosos vehículos que ocupan la vía, mientras algunos conductores realizarían maniobras y carreras en medio de la concentración. Las imágenes han generado preocupación entre quienes utilizan este sector, debido al riesgo que este tipo de actividades podría representar para conductores, peatones y demás usuarios de la vía.
En algunos de los videos también se observa la presencia de agentes de tránsito y miembros de la Policía Nacional con personasl y autobuses policiales. Incluso, uno de los vehículos aparece siendo remolcado por agentes de tránsito durante el operativo.
Ante la presencia de uniformados durante estos hechos, también surgen interrogantes sobre el control ejercido en el lugar y las acciones adoptadas para evitar este tipo de prácticas, que podrían poner en riesgo la integridad de quienes participan y de terceros.
Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre estos hechos.
(Redacciòn Ibarra).- El pasado viernes fueron presentadas oficialmente las siete candidatas que participarán en el certamen Reina de San Miguel de Ibarra 2026-2027, en un acto que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Álvaro Castillo, y representantes de varios medios de comunicación.
Las jóvenes fueron presentadas como las aspirantes a llevarse la banda y la corona, pero también a asumir el compromiso de trabajar en favor de los grupos prioritarios del cantón, como parte de las actividades sociales que acompañarán su participación en el certamen.
Las candidatas son: Tamara Santamaría, Natalia Medrano, Katy Keery, Janny Ortega, Diana Montesdeoca, Daniela Mejía y Cecibel Pozo.
Janny Ortega representante de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-IMalena Pozo representante de Imagen TeenNatalia Medrano representante del Registro de la Propiedad del Gad IbarraDiana Montesdeoca representante del Cuerpo de Bomberos de IbarraDaniela Mejìa representante de EDC ModelKatty Kerry representante de INNOVA EPTamara Santamarìa representante de Delta Seguridad
La presentación marca el inicio de las actividades previas a la gala de elección y coronación, que se desarrollará en el marco de las fiestas septembrinas por la fundación de San Miguel de Ibarra.
(Redacciòn Ibarra).-El precandidato a la Alcaldía de Ibarra, Juan Manuel Mantilla, confirmó que la defensa legal de Lucía Posso interpuso una demanda en su contra y que en ella se reclama una indemnización de medio millón de dólares.
El origen del conflicto se remonta a junio de este año cuando Mantilla participó en una entrevista radial y pidió al periodista Leonardo Yépez que consultara a Posso si su campaña había recibido respaldo del Frente Democrático Universitario (FDU), organización que mantiene una histórica presencia e influencia en la Universidad Técnica del Norte.
En ese momento, el planteamiento abrió un debate político en Ibarra sobre el origen y financiamiento de los recursos utilizados por los precandidatos durante la etapa previa a las elecciones. Sin embargo, Mantilla no presentó públicamente pruebas que acreditaran que Posso hubiera recibido aportes del FDU y la acusación quedó planteada como una interrogante dentro de la entrevista.
Esta semana y tras permanecer aproximadamente un mes fuera del país por motivos personales, Mantilla aseguró que a su regreso fue notificado de la demanda presentada por Posso, en la que, según su versión, se solicita el pago de $500.000 a raíz de aquellas declaraciones.
El político respondió públicamente a través de sus redes sociales y cuestionó la decisión de recurrir a la justicia. Sostuvo que una pregunta relacionada con el financiamiento político debería ser respondida con transparencia y afirmó que no teme enfrentar el proceso judicial.
Pese a que Mantilla quedó fuera de la candidatura a la Prefectura y su futuro político es incierto por ahora, el conflicto se mantiene en dos frentes: el político, donde insiste en exigir explicaciones sobre el supuesto respaldo al que hizo referencia en junio; y el judicial, donde deberá responder por sus declaraciones tras la demanda presentada por Posso.
(Redaccion Cotacachi).- La tensión por el precio de los pasajes aumenta en Cotacachi. La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) rechazó el incremento del 25% aplicado a las tarifas de las cooperativas de transporte que operan dentro del cantón. El valor habría pasado de USD 0,35 a USD 0,45, según usuarios, aunque la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no contempla todas las rutas de estas cooperativas, cuya competencia corresponde al Municipio de Cotacachi.
La UNORCAC advirtió a los conductores que, si aplican el incremento sin la debida autorización, podrían enfrentar procesos de justicia indígena.
La decisión se tomó luego de que los dirigentes de las cooperativas de transporte no asistieran a una reunión convocada para analizar el aumento y buscar un acuerdo.
Cooperativas como San Francisco, San Francisco de Imantag y Quiroga mantienen, por ahora, la tarifa anterior, aunque han solicitado una revisión debido al incremento en el precio de los combustibles y la eliminación de las compensaciones otorgadas por el Gobierno.
Por su parte, el vicealcalde de Cotacachi, Alfonso Morales, manifestó que el Municipio no cuenta actualmente con un estudio técnico que sustente un incremento en la tarifa del transporte.
(Redacciòn Ecuador).- En Ecuador, la normativa sobre violencia y acoso laboral también contempla conductas que pueden darse a través del celular, correo electrónico, redes sociales y otras plataformas digitales.
Por ejemplo, si un empleador mantiene a un trabajador bajo presión constante, le exige estar pendiente del teléfono fuera de su jornada, lo amenaza o lo contacta de manera insistente fuera de su horario laboral, estas acciones podrían constituir acoso laboral, dependiendo de las circunstancias del caso.
La norma contempla diferentes formas de violencia y acoso: física, psicológica, sexual, económica, política y digital. Estas conductas pueden ocurrir una sola vez o de manera repetitiva.
Si un trabajador es vìctima de esto puede acudir al Ministerio del Trabajo y presentar una denuncia. Un inspector podrá investigar el caso y, si se determina la existencia de una infracción, pueden aplicarse sanciones al responsable, además de medidas de protección y reparación para la víctima. La normativa también contempla sanciones económicas, medidas de reparación y apoyo, así como disculpas públicas por parte del agresor. Además, el trabajador que denuncie no puede ser despedido ni amenazado como represalia. Estas disposiciones rigen tanto para el sector público como para el privado.
La normativa fue aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2024, con 128 votos a favor. Sin embargo, aunque ya está vigente, muchos trabajadores todavía desconocen que este tipo de situaciones también pueden ser denunciadas.
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