(Redacciòn Ibarra).- La construcción de un hospital municipal, nuevos puentes, una vía de seis carriles, la recuperación de las riberas del río Tahuando y la reconstrucción del mercado Amazonas son algunas de las propuestas que los candidatos a la Alcaldía de Ibarra han expuesto durante sus intervenciones en medios de comunicación, entrevistas y videos difundidos durante la campaña.
Uno de los planteamientos corresponde a Álvaro Castillo Monge, quien ha hablado de la creación de un hospital municipal, como una alternativa para ampliar los servicios de salud en la ciudad. La propuesta ha sido expuesta por el candidato en intervenciones difundidas a través de medios de comunicación.
En el ámbito de la movilidad, Lucía Posso ha puesto sobre la mesa la construcción de un nuevo puente de Los Molinos, acompañado de una vía de seis carriles. La propuesta busca generar una nueva conexión vial y mejorar la circulación vehicular en uno de los sectores de ingreso y salida de Ibarra.
Pero su planteamiento no se limita a la infraestructura vial. Posso también ha propuesto transformar las riberas del río Tahuando mediante la creación de un corredor ecológico y parque lineal, con espacios destinados a áreas verdes, recreación, circulación peatonal y movilidad alternativa.
Mientras tanto, el futuro del mercado Amazonas también forma parte del debate electoral. Juan Arias ha planteado reconstruir y modernizar este centro de abasto sin trasladarlo de su actual ubicación, manteniendo al mercado como parte de la actividad comercial del centro de Ibarra.
Arias también ha propuesto la construcción de un puente que conecte el sector de Huertos Familiares con Yahuarcocha, como parte de sus planteamientos para mejorar la conectividad vial de la ciudad.
Sobre el mercado Amazonas también se ha pronunciado José Moncayo, quien plantea su reconstrucción y reacondicionamiento, en lugar de trasladar esta infraestructura a otro sector de la ciudad.
Entre sus principales ofrecimientos, Israel Cabezas plantea impulsar la atención y el desarrollo de las comunidades rurales y pueblos tradicionalmente olvidados a lo largo de la vía Ibarra–San Lorenzo, como Lita, El Limonal, Guallupe, La Carolina, Concepción y Cachaco, buscando integrarlos como puntos de interés y desarrollo local. Además, propone trabajar por una ciudad más ordenada, moderna e incluyente, mediante la articulación con los gobiernos provincial y nacional, y plantea una administración municipal de puertas abiertas, con atención a las necesidades de las familias de los sectores urbanos y rurales del cantón.
Los proyectos corresponden a planteamientos realizados por los candidatos durante la campaña. Su eventual ejecución dependerá de estudios técnicos, planificación, disponibilidad de recursos y los procedimientos que correspondan a la administración municipal.
(Redacción Antonio Ante).- Los anegamientos en el tramo de la vía Atuntaqui-Ibarra vuelven a presentarse con la llegada de las lluvias. El problema se ha evidenciado de manera recurrente en los últimos años y estaría relacionado con las condiciones actuales del sistema de drenaje de la zona.
Desde la construcción de la autovía E35 y la incorporación del paso a desnivel de Atuntaqui, alrededor de 2010, la dinámica del drenaje habría cambiado considerablemente. En el sector existe una quebrada cubierta, cuyo cauce fue entubado o embovedado, lo que modifica el recorrido natural de las aguas y genera su desembocadura hacia la vía. Desde allí, el caudal avanza hacia las calles ubicadas en las zonas más bajas de Atuntaqui, entre ellas el sector del parque central.
A esta situación se suma la aparente falta de colectores pluviales con capacidad suficiente para captar y evacuar el agua que desciende desde las zonas altas como el barrio Santa Isabel de Andrade Marín. Cuando la capacidad de alcantarillas, sumideros y demás sistemas de drenaje resulta insuficiente, el agua se acumula rápidamente y termina afectando la circulación vehicular y la movilidad en el sector.
Otro factor que habría incidido es el incremento de las superficies impermeables como consecuencia del crecimiento urbano y de la construcción de la autovía. Mientras anteriormente una parte del agua podía infiltrarse de manera natural en el suelo, actualmente amplias superficies de asfalto y hormigón reducen esa capacidad de infiltración, aceleran la escorrentía y aumentan el volumen de agua que llega a los sistemas de drenaje.
Desde esta perspectiva, el control y la canalización de las aguas lluvias provenientes de las zonas altas corresponderían al Municipio de Antonio Ante y a la empresa EPAA de Antonio Ante.
El último anegamiento registrado por nuestra redacción ocurrió el pasado 11 de junio de este año. En aquella ocasión, este medio tuvo acceso a un estudio realizado en 2023, en el que se advertía que «la falta de planificación y diseño adecuado para enfrentar el crecimiento poblacional y urbano ha provocado que la infraestructura existente sea insuficiente para soportar lluvias intensas».
La situación descrita en ese estudio vuelve a cobrar relevancia ante las precipitaciones registradas este jueves. A ello se suma otro factor que puede agravar los anegamientos: el taponamiento de sumideros debido a la acumulación de basura, hojas y sedimentos, lo que reduce significativamente la capacidad de evacuación del agua.
Ayer se registro 48,85 mm de lluvia durante tres horas que bastaron para provocar anegamientos. Para entender la cantidad: cada milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por metro cuadrado. Es decir, en apenas tres horas cayeron casi 49 litros de agua sobre cada metro cuadrado, una cantidad que puso a prueba el sistema de drenaje.
La intensa lluvia se extendió hasta el parque Antonio José de Sucre, convirtiendo las calles de la urbe en verdaderos ríos y provocando que el agua descendiera como cascadas desde el barrio Santa Isabel de Andrade Marín, cruzando y desbordándose por el tramo de la vía Atuntaqui-Ibarra hasta llegar al centro de la ciudad.
La fuerza del agua también dejó afectaciones en la parroquia de Andrade Marín. En la línea férrea, a la altura de la General Enríquez, parte del adoquinado se desprendió y el asfalto que permitía el paso sobre los rieles resultó afectado, evidenciando la intensidad del temporal.
César Escobar reconoció que el problema de las inundaciones es una situación que afecta a la administración de Antonio Ante desde hace varios años, una afirmación que también deja en evidencia que durante su gestión, ya próxima a concluir, tampoco se concretaron soluciones de fondo ni se atendió el problema desde su raíz. Durante el live, los ciudadanos cuestionaron precisamente esta falta de respuestas tras cuatro años de administración.
(Redacción Ibarra).- En lo que va de 2026, Imbabura registra 25 muertes violentas: 18 hombres y 7 mujeres perdieron la vida, entre ellas tres menores de edad. Además, cuatro casos fueron catalogados como femicidios y nueve estarían relacionados con sicariatos. La inseguridad y la violencia criminal continúan dejando una estela de muerte en la provincia. Solo en septiembre se registraron nueve muertes violentas, convirtiéndose hasta el momento en el mes más sangriento del año.
El año comenzó con hechos violentos que dejaron varias víctimas. El 1 de enero, José Daniel V., de 31 años, falleció tras recibir un impacto de arma de fuego durante un incidente ocurrido en Santa Teresita de Alpachaca, en Ibarra.
El 14 de enero, el cuerpo de un joven de nacionalidad colombiana fue localizado en la laguna de Yahuarcocha. De manera extraoficial se manejó la hipótesis de que habría sido asesinado y posteriormente abandonado en el lugar.
Cinco días después, el 19 de enero, los comerciantes Edwin Patricio Brazales, de 46 años, y Óscar Daniel Brazales, de 39, fueron asesinados al estilo sicariato en Otavalo.
La violencia continuó en febrero. El 2 de febrero, Matías M., quien había sido reportado como desaparecido luego de abordar un vehículo solicitado mediante la aplicación inDrive, fue encontrado sin vida en Ibarra.
El 5 de febrero, Deyran P., menor de edad reportado como desaparecido en Alpachaca, fue encontrado muerto días después con aparentes signos de violencia. Otro caso relacionado con un imbabureño ocurrió fuera de la provincia. El 25 de febrero, Héctor Enríquez, oriundo de Otavalo, fue localizado sin vida en la vía Alóag-Santo Domingo, en Pichincha, después de haber sido reportado como desaparecido en Quito.
13 de febrero: Francisca T., de 31 años, fue encontrada muerta y maniatada en el sector de La Cruz, en San Antonio de Ibarra, tras un presunto secuestro. La mujer habría sido retenida cuando se movilizaba en un vehículo junto a otros ciudadanos. Su cuerpo fue localizado posteriormente por la Policía.
El 29 de marzo, Manuel Fabián Franco Cedeño, de 42 años, y Diego Caballero, de 31, fueron asesinados en un presunto ajuste de cuentas registrado en el sector de la Cruz Verde, en Ibarra.
El 4 de abril, una mujer murió en Bellavista de San Antonio luego de una discusión de pareja. Según las primeras investigaciones, Segundo M., de 49 años, le habría propinado varias puñaladas.
12 de abril: Un hombre de 29 años fue atacado con un cuchillo en Otavalo por su sobrino político, Antony D. P., quien habría reaccionado violentamente al encontrarlo junto a su pareja. El agresor lo hirió en la espalda y posteriormente en el pecho cuando la víctima intentó defender a la joven, a quien también habría lanzado al piso y ahorcado. La mujer logró escapar y pedir ayuda a una vecina, quien alertó a la Policía.
14 de abril: Maberlyn Miley de 3 años murió en Ibarra con múltiples lesiones en su cuerpo. Su madre, Valentina Ch. P., y su padrastro, Bryan T. T., fueron procesados por su presunta participación en el caso. Posteriormente, los cargos fueron reformulados a femicidio.
En junio también se registraron casos que conmocionaron a la provincia. El 12 de junio, Mishell Guaranga de 22 años fue víctima de femicidio en el sector Plan Venezuela, en Otavalo. Jefferson G., de 25 años, fue detenido como presunto responsable.
Cuatro días después, el 16 de junio, Rita H., de 85 años, fue encontrada sin vida en la laguna de Yahuarcocha. Aunque inicialmente se manejó un posible ahogamiento, las circunstancias de su muerte no fueron esclarecidas.
20 de junio: Britany Chávez, de 16 años, murió tras recibir una bala perdida durante la denominada Calle del Sabor, en las calles Flores y Bolívar, en Ibarra. El ataque, atribuido a presuntos sicarios en un posible ajuste de cuentas, también dejó a otras dos personas heridas.
16 de julio: Mateo Andrade, de 26 años, murió tras ser agredido físicamente por varios sujetos durante una riña. El joven logró llegar hasta su domicilio, donde se desplomó y fue trasladado a un hospital. El certificado de defunción determinó que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.
El 7 de agosto, un hombre identificado como Francisco C., alias “Happy” fue asesinado a tiros en las calles Zamora y Galápagos, en el barrio Imbabura de Ibarra. La víctima acababa de estacionar su camioneta frente a su domicilio cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron y dispararon.
Septiembre concentró la mayor violencia
El escenario se agravó en septiembre. El 10 de septiembre, Antonio Guadalema, obispo de la Iglesia Unida del Ecuador, fue encontrado muerto en su domicilio, en Atuntaqui. Presentaba varias heridas provocadas con un arma blanca.
El 11 de septiembre, en Chalguayacu, un hombre de 23 años fue asesinado presuntamente por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Luego del ataque, moradores interceptaron a los sospechosos, quienes fueron golpeados e incinerados y fallecieron en el lugar.
El 16 de septiembre, tres hombres fueron encontrados muertos en la comunidad de Santa Cecilia, en Lita, cantón Ibarra. Las víctimas fueron identificadas como Geovanny B., de 45 años; Pablo Ramón H., de 36; y Armando Patricio H., de 32. Los tres presentaban impactos de bala.
El 19 de septiembre, Hugo Jácome, de 51 años, fue localizado sin vida en una quebrada de Urcuquí. Había sido reportado como desaparecido tres días antes en Atuntaqui.
Y el 25 de septiembre, Yudy Vanessa Merino Gaona, comerciante de 35 años y oriunda de Guayaquil, fue baleada en las inmediaciones del mercado Amazonas, en Ibarra.
Octubre comenzó con otro ataque armado
La violencia no se detuvo con el cambio de mes. Este 5 de octubre, un nuevo ataque al estilo sicariato se registró en las calles Carlos Emilio Grijalva y Camilo Ponce, en el sector de Pilanquí, en Ibarra. Sujetos que se movilizaban en un vehículo dispararon varias veces contra los ocupantes de un KIA Rio blanco. Uno de los ocupantes murió en el ataque. La víctima registraba antecedentes penales por asesinato.
Con este nuevo hecho se agregan dos casos registrados como ahogamientos, lo que eleva a 27 el total de muertes contabilizadas en la provincia durante el año.
(Redacciòn Ibarra).- Un hombre falleció y una joven de 21 años resultó herida tras un ataque armado registrado la noche del domingo 4 de octubre, en el sector de Pilanquí, en Ibarra.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 23:48, en la intersección de las calles Carlos Emilio Grijalva y Camilo Ponce. Según la información preliminar, sujetos desconocidos que se movilizaban en un automóvil dispararon en reiteradas ocasiones contra los ocupantes de un vehículo KIA Rio blanco, con placas de Pichincha, y posteriormente huyeron del lugar.
Personal de la Policía Nacional constató el fallecimiento de uno de los ocupantes, quien presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Una joven de 21 años sobrevivió al ataque y sufrió heridas abiertas en la región lumbosacra y en el antebrazo. Fue trasladada por personal del Ministerio de Salud Pública al Hospital San Vicente de Paúl, donde se activó el protocolo Código Plata y se reforzó la seguridad policial.
Durante el procedimiento, agentes de Criminalística y Dinased levantaron como indicios 10 vainas percutidas, una bala, un fragmento de plomo y un arma de fuego. El vehículo atacado fue trasladado a los patios de la Policía Judicial, donde continuará el proceso investigativo.
El fallecido fue identificado como Jason G. y registraba antecedentes penales por asesinato, en 2020, y tenencia de armas, en 2021.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial.
(Redacción Imbabura).- Una investigación realizada por la Universidad Técnica del Norte ubica a Hoy Imbabura entre los dos medios digitales locales más utilizados en la provincia, con el 13,6% de preferencia. El estudio Del Papel a la Pantalla Digital: la reinvención de los medios de comunicación, publicado en 2026, revela además que el 84,3% de los imbabureños consultados utiliza plataformas digitales para informarse.
Hace 11 años, Hoy Imbabura apostó por llevar la información local al entorno digital, cuando las redes sociales todavía comenzaban a transformar los hábitos de consumo de noticias. Más de una década después, esa apuesta se desarrolla en una provincia donde el teléfono y las plataformas digitales se han convertido en herramientas habituales para conocer lo que ocurre.
Según la investigación, la diferencia entre Hoy Imbabura y el medio que ocupa el primer lugar es de apenas 1,5 puntos porcentuales, mientras que el siguiente medio registrado alcanza el 7,8%. Esto evidencia la fuerte competencia por una audiencia que ha cambiado de escenario y que actualmente busca información inmediata, cercana y disponible desde cualquier dispositivo.
El estudio también identifica a Hoy Imbabura como la primera preferencia entre los medios digitales locales según el nivel de instrucción, seguido por Diario El Norte Digital y La Naranja. Por edades, registra una presencia destacada entre personas de 18 a 45 años, especialmente en el grupo de 32 a 38 años; mientras que por ocupación su audiencia incluye estudiantes, comerciantes, empleados privados y empleados públicos.
La investigación fue realizada con una muestra de 1.784 personas de los diferentes cantones de Imbabura, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Al tratarse de un estudio académico de la Universidad Técnica del Norte y no de una medición realizada por el propio medio, sus resultados permiten observar desde una perspectiva externa cómo se comporta actualmente la audiencia digital de la provincia.
En este nuevo escenario, los medios locales enfrentan el desafío de informar con rapidez, pero también de mantener cercanía, contexto y credibilidad. La competencia ya no se limita a periódicos, radios y canales de televisión: ciudadanos, instituciones, empresas y páginas digitales disputan diariamente la atención de una misma audiencia.
A 11 años de haber iniciado su camino en el entorno digital, Hoy Imbabura aparece nuevamente entre las principales preferencias informativas de los imbabureños, en una provincia donde la manera de consumir noticias cambió de forma definitiva. El paso del papel a la pantalla no solo transformó a los medios, sino también la relación de los ciudadanos con la información.
(Redaccion Ibarra).- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Yachay Tech, ascendió 13 posiciones en la edición 2027 del QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean. La institución pasó del puesto 136, que ocupó en 2026, al 123 en la clasificación regional.
El resultado también ubica a Yachay Tech como la tercera universidad pública del Ecuador, séptima entre las instituciones de educación superior del país y en el puesto 100 de Sudamérica, según los resultados difundidos por la universidad.
Uno de los principales resultados de la institución está relacionado con su producción científica. Yachay Tech alcanzó el puesto 17 regional en Citations per Paper, indicador que mide las citas recibidas por sus artículos científicos, y el puesto 25 en Papers per Faculty, relacionado con la cantidad de publicaciones por docente.
La universidad atribuye estos resultados al trabajo desarrollado por estudiantes, docentes e investigadores en áreas de producción científica, formación académica e innovación.
El rector de Yachay Tech, Andrés Rosales Acosta, calificó el ascenso como un resultado colectivo de la comunidad universitaria.
“Pasar del puesto 136 al 123 en América Latina y el Caribe es un resultado que nos llena de satisfacción y que, sobre todo, refleja el trabajo comprometido que realizan diariamente nuestros estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo”, señaló.
El QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean evalúa a instituciones de educación superior de la región mediante diferentes indicadores académicos y de investigación.
(Redacción Ibarra).- Eran aproximadamente las 03:12 de la madrugada del 25 de agosto cuando Juan Carlos Sánchez Ramos, de 37 años, salió de su domicilio rumbo al sector de Santa Rosa del Tejar, en Ibarra, para realizar labores de cuidado de los cultivos de su huerta. Lo que parecía ser una jornada habitual de trabajo terminó de manera inesperada pues recibió un impacto de bala en la pierna, tuvo que ser sometido a una cirugía y ahora enfrenta una incapacidad médica de aproximadamente seis meses.
Sánchez relata que, mientras circulaba en su vehículo, un automóvil particular Chevrolet Sail gris, placas POL-3553, comenzó a seguirlo. Según su testimonio, en determinado momento el conductor le cedió el paso, pero posteriormente el vehículo le habría bloqueado el camino de manera violenta, del automóvil descendieron dos sujetos armados que comenzaron a insultarlo y a increparlo. Ante la situación, Sánchez realizó una maniobra en reversa y, según asegura, los hombres comenzaron a disparar.
Una de las balas impactó en su pierna y le fracturó la tibia. El comerciante y agricultor asegura que los sujetos se acercaron posteriormente a su vehículo y le apuntaron directamente a la cabeza. Sánchez cuenta que descendió del automóvil y se colocó boca abajo. Fue entonces, según su versión, cuando los hombres se identificaron verbalmente como integrantes de la Policía Judicial, aunque asegura que vestían de civil y no portaban identificativos visibles.
El hombre afirma que reclamó por el uso de la fuerza y que poco después llegó un patrullero con policías uniformados. Según su testimonio, no recibió una explicación clara sobre lo ocurrido.
La situación se agravó por la pérdida de sangre. Sánchez asegura que solicitó un torniquete tanto a los dos agentes que inicialmente lo abordaron como a los otros policías que llegaron posteriormente, pero que su petición habría sido rechazada.
Ante la Posteriormente llegaron su esposa y su cuñado. Sánchez relata que, mientras esperaba la ambulancia del ECU 911, tuvo que utilizar su propio cinturón para hacerse un torniquete y contener la hemorragia ante la posibilidad de desamayarse.
Finalmente fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl, donde los estudios determinaron la presencia de una bala completa y cuatro fragmentos de proyectil. Según explica, uno de los impactos habría provocado una fractura de la tibia y otro habría quedado de manera superficial.
El comerciante sostiene que, según lo explicado por los médicos y cirujanos que lo atendieron, el proyectil quedó a centímetros de alcanzar una arteria importante. Afirma que sobrevivió pese a la grave hemorragia que sufrió tras el disparo.
El caso también derivó en una audiencia realizada aproximadamente a las 06:40 de ese amrtes, mediante Zoom. Sánchez afirma que durante la diligencia no se le permitió intervenir. La versión presentada por la defensa de los policías involucrados es diferente. Según lo expuesto por la abogada de la Policía Nacional durante la audiencia, previamente se habría registrado un robo en el sector de las 4 esquinas y tres sospechosos habrían huido en un vehículo con características similares al automóvil de Sánchez. La defensa sostiene que los agentes iniciaron una persecución y realizaron tres llamados de atención al conductor. De acuerdo con esa versión, el vehículo habría intentado arrollar a los policías, razón por la cual los agentes habrían utilizado sus armas de fuego.
Esta versión contrasta con el relato de Sánchez, quien sostiene que no estaba involucrado en ningún robo y que fue víctima de una intervención violenta.
Tras el hecho, el vehículo de Sánchez y la mercadería que transportaba fueron trasladados a los patios de la Policía Judicial y permanecieron bajo resguardo policial. El afectado afirma que hasta la fecha no le han sido devueltos ni su vehículo ni sus productos. Sánchez también cuestiona la actuación posterior de los agentes y asegura que, pese a contar con un seguro “todo riesgo”, la aseguradora no cubrió los gastos médicos derivados del incidente.
Seis meses sin poder trabajar
El 28 de agosto, Sánchez recibió el alta médica, con la pierna enyesada y una incapacidad estimada en aproximadamente seis meses. Su situación tiene un impacto directo en su familia. Es comerciante y agricultor, padre de una niña de 13 años y cabeza de hogar. Su esposa se dedica a las labores domésticas.
Actualmente, Sánchez asegura que no puede caminar con normalidad ni retomar las actividades con las que sostiene económicamente a su familia. Además, manifiesta que, pese al impacto físico y emocional que le habría dejado el hecho, no ha recibido atención psicológica. “Mi vida cambió en cuestión de minutos”, sostiene el comerciante, quien afirma que sobrevivió de milagro debido a la pérdida de sangre y a la gravedad de la herida.
Sánchez no registra antecedentes penales y actualmente presentó una denuncia contra los policías por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, delito contemplado en el artículo 293 del COIP.
(Redaccion Ibarra).- A dos meses de las elecciones seccionales, Álvaro Castillo Monge registra el 27,9 % de intención de voto para la Alcaldía de Ibarra, según un sondeo de opinión realizado por CEDATOS en agosto de 2026 entre ciudadanos de los sectores urbano y rural del cantón.
La medición ubica a Juan Arias con 19,3 %, Lucía Posso con 15,8 %, Israel Cabezas con 5 % y José Moncayo con 3,1 %.
Los resultados fueron dados a conocer durante una entrevista realizada la mañana de este miércoles por la comunicadora Mónica Vaca, de radio Vocú. En ese espacio, el investigador de opinión Polibio Córdova señaló que Castillo Monge registra el mayor potencial político e intención de voto entre las candidaturas a la Alcaldía de Ibarra.
Cinco candidatos están en firme para competir por la administración municipal de Ibarra. Castillo Monge participa como candidato por el AVANZA, lista 8. Es ingeniero civil y cuenta con una maestría en Administración Pública. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el sector privado, vinculada a la construcción y fiscalización de obras.
(Redacción Ecuador).- La nueva Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ya está vigente en Ecuador desde este 30 de septiembre de 2026, luego de su publicación en el Séptimo Suplemento del Registro Oficial N.° 380.
La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de septiembre y sancionada por el Ejecutivo el 29 de septiembre. La normativa modifica varias reglas relacionadas con el control de las vías, el servicio de delivery, la micromovilidad, las licencias, las multas, los municipios, los sistemas de identificación vehicular, los peajes y la seguridad vial.
Policía y Comisión de Tránsito tendrán nuevas competencias de control
Uno de los cambios está relacionado con el control de la Red Vial Estatal. La Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador tendrán competencias para realizar controles operativos en la red vial estatal, corredores estratégicos y vías colectoras, además de los cantones ubicados en zonas fronterizas.
La reforma también modifica la integración del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), incorporando al organismo encargado de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público.
Además, la Policía Nacional tendrá a su cargo la formación y capacitación del personal civil especializado de los gobiernos autónomos descentralizados.
Repartidores en moto deberán cumplir nuevos requisitos
Los motociclistas que realizan servicios de entrega a domicilio o delivery deberán cumplir nuevas condiciones para circular y trabajar.
Entre los requisitos están contar con licencia para conducir motocicletas, utilizar casco homologado y chaleco reflectivo con el número de placa visible. También deberán utilizar mochilas, cajas o contenedores que no afecten la estabilidad de la motocicleta ni obstruyan la placa, las luces, elementos reflectivos o la identificación del conductor.
Los repartidores deberán, además, inscribirse en el Registro Nacional de Conductores y Vehículos destinado a esta actividad, administrado por la autoridad nacional de tránsito. Mientras realizan el servicio, tampoco podrán transportar pasajeros.
El incumplimiento de estas disposiciones constituye una contravención de cuarta clase y puede ser sancionado con una multa equivalente al 30 % del Salario Básico Unificado.
En el caso de conductores extranjeros que circulen con licencias emitidas en sus países de residencia y debidamente homologadas, deberán portar su pasaporte original, donde conste la visa o el sello de ingreso que permita verificar su tiempo de permanencia en Ecuador.
Scooters, motos eléctricas y otros vehículos de micromovilidad
La reforma también establece nuevas reglas para los vehículos de movilidad personal, entre ellos scooters, motos eléctricas, ciclomotores y monopatines.
Estos vehículos están destinados principalmente a desplazamientos urbanos de corta distancia y deberán cumplir las condiciones técnicas, límites de velocidad y requisitos de seguridad que establezca la autoridad de tránsito.
Su circulación deberá realizarse en espacios habilitados por la normativa nacional y las ordenanzas de los gobiernos autónomos descentralizados.
No podrán circular por la Red Vial Estatal, autopistas ni vías perimetrales, ni por otros tramos que sean restringidos por razones de seguridad vial. Además, deberán respetar la prioridad de peatones y demás usuarios vulnerables de las vías.
Los municipios serán evaluados en sus competencias de tránsito
La nueva normativa también establece mecanismos de control sobre las competencias que ejercen los gobiernos autónomos descentralizados en materia de tránsito y transporte terrestre.
La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial deberá elaborar informes técnicos sobre el ejercicio de estas competencias.
Cuando se determinen irregularidades previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los informes serán remitidos al Consejo Nacional de Competencias, que podrá disponer la intervención correspondiente y, de ser el caso, suspender temporalmente determinadas competencias.
Además, dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la reforma, la autoridad de control deberá elaborar un informe sobre el ejercicio de las competencias de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los gobiernos regionales, metropolitanos y municipales del país.
Se crea una identificación electrónica para los vehículos
La reforma incorpora una especie de identificación electrónica vehicular que complementará la placa física y permitirá fortalecer la identificación, trazabilidad y control automatizado de los vehículos.
Este sistema estará articulado con las plataformas estatales de seguridad y será administrado por las instituciones competentes, entre ellas la ANT, la Policía Nacional y el ECU 911.
Los vehículos de transporte público y comercial, además, deberán contar con rastreo satelital GPS conectado en tiempo real con las plataformas estatales de control.
La normativa también establece que la emisión de placas será responsabilidad exclusiva de la autoridad nacional de tránsito.
Nuevas reglas para fotorradares y peajes
La ley establece que las empresas privadas no podrán recibir porcentajes o incentivos económicos calculados en función del valor de las multas recaudadas mediante fotorradares. También se crea un Sistema Nacional Unificado de Peajes para la Red Vial Estatal.
Licencias podrán ser físicas o digitales
Los conductores podrán contar con licencias en formato físico o digital, mediante mecanismos coordinados con el Registro Civil. Para las licencias no profesionales se establece como requisito mínimo haber alcanzado la educación básica media.
La reforma también fija límites para los intentos de los exámenes de conducción y establece en 30 puntos el máximo de recuperación acumulada durante la vigencia de una licencia.
Pago de multas con descuento
Los conductores que reciban una infracción podrán acceder a un 50 % de descuento en la multa si la pagan dentro de los 20 días posteriores a la notificación y no presentan una impugnación. Esta disposición se suma a los cambios incorporados al régimen de sanciones de tránsito.
Motos nuevas deberán incluir casco homologado
Las casas comerciales que vendan motocicletas nuevas deberán entregar un casco homologado por cada unidad comercializada. La medida forma parte de las nuevas disposiciones de seguridad incorporadas en la reforma.
Vehículos a motor no podrán circular por playas y dunas
La nueva normativa también establece una restricción ambiental: los vehículos a motor no podrán circular por las playas y dunas del país. Asimismo, la tasa correspondiente al Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito se extiende a los vehículos con matrícula extranjera que ingresen al Ecuador.
(Redacciòn Carchi).- Un juez de la Unidad Judicial de Montúfar sentenció a 12 años de prisión al conductor responsable del accidente de tránsito en el que fallecieron el exintendente de Policía Alexis Enríquez, su esposa Nathaly Obando y su padre, Germán Enríquez.
La sentencia fue emitida seis meses después del trágico accidente y contempla, además, medidas de reparación integral para los familiares de las víctimas y la obligación de ofrecer disculpas públicas.
Juan Pablo Velasco, abogado de la familia, confirmó el fallo y señaló que durante el proceso se presentaron elementos que permitieron establecer la responsabilidad del conductor.
Aunque la defensa intentó cuestionar que el acusado se encontrara bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, las pruebas toxicológicas, los testimonios de agentes policiales y personal médico, así como la negativa del procesado a someterse a un examen de sangre, fueron considerados dentro del proceso judicial.
El juez determinó que el conductor se encontraba en el nivel máximo de embriaguez previsto para la sanción y, con base en las pruebas presentadas, impuso la pena de 12 años de prisión.
La decisión representa un cierre judicial para los familiares de Alexis Enríquez, Nathaly Obando y Germán Enríquez, quienes perdieron la vida en el siniestro ocurrido seis meses atrás.
