(Redacción Ibarra).- En la ciudad de Ibarra, la compra y venta de oro ha crecido en los últimos años, tanto en establecimientos formales como de manera informal, impulsada por la presencia de minería ilegal en Imbabura, lo que ha derivado en un incremento de casos relacionados con posibles estafas.
En este contexto, en el sector de Las Rieles, la Policía Nacional aprehendió a William Raumir C., quien registra antecedentes por tenencia de armas. Según el reporte, el ciudadano habría vendido un supuesto oro de 35 gramos y posteriormente huyó; sin embargo, la víctima alertó que se trataba de piedras pintadas de color dorado.
Durante el procedimiento se levantaron como indicios un vehículo, un terminal móvil y una funda con sustancia rocosa de color dorado. El aprehendido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.
(Redacción Ibarra).– Habitantes del sector de Priorato denunciaron públicamente un intento de desalojo que califican de ilegal. De acuerdo con el expediente 10333-2015-01234, el proceso de ejecución y remate adjudicó a la ciudadana Nubia del Rocío Tatamues Enríquez únicamente el 50% de las acciones y derechos del bien.
La providencia judicial es clara: al tratarse de una copropiedad, no procede la singularización (delimitación física) del terreno. Cualquier división del inmueble debería tramitarse en un proceso legal distinto; sin embargo, los moradores denuncian que se pretende ejecutar un desalojo y descerrajamiento sin que exista un inventario previo o una partición que determine qué parte específica del predio corresponde a la adjudicada, debido a que las viviendas se encuentran distribuidas en toda la propiedad y no exclusivamente en el 50% rematado, lo que hace imposible un desalojo sectorizado.
Los denunciantes apuntan directamente al juez Pablo Veintimilla y, en calidad de terceros perjudicados, aseguran que nunca fueron notificados del proceso. Denuncian además que el depositario judicial, quien actúa también como accionante, omitió informar al juez en el acta de embargo sobre la existencia de viviendas consolidadas y el número de personas que habitan el predio. Esta situación es crítica, ya que muchas de las familias afectadas han residido en el sector por más de 15 años y cuentan con promesas de compra-venta notarizadas; en el lugar existe presencia de grupos vulnerables como niños y adultos con discapacidad.
Los ciudadanos solicitan la intervención inmediata del Consejo de la Judicatura. Exigen que se investigue el accionar judicial y se determine si existen presiones externas que estén forzando una ejecución no contemplada en la ley.
(Redacción Otavalo).- La presencia del nombre de la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, en material de comunicación institucional volvió a encender el debate sobre los límites entre informar gestión pública y promocionar a una autoridad usando recursos del Estado.
En varios eventos vinculados a la Alcaldía de Otavalo —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, cuya difusión comenzó el pasado 14 de enero— se ha evidenciado el uso reiterado de una gráfica institucional en la que el nombre de la alcaldesa destaca de forma predominante en distintos materiales publicitarios. Esta presentación, por su diseño y énfasis visual, resulta llamativa y deliberada, y según el criterio de varios especialistas; lo que se asemejaría más a una marca personal que a una identificación oficial del Municipio.
Al revisar el Sistema Nacional de Contratación Pública, se pudo verificar que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación de la Alcaldía de Otavalo, se inició un proceso de ínfima cuantía para la adquisición de bienes destinados al proyecto de difusión de acciones de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
Dentro de las especificaciones técnicas de dichos bienes constan stands, inflables, carpas inflables, arcos inflables, obeliscos inflables, tótems, roll-ups, backing y otros elementos promocionales, los cuales no solo incorporan el nombre institucional de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, sino también el nombre de la primera autoridad del cantón.
Asimismo, en las redes sociales institucionales, particularmente en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, se observa de manera reiterada la inclusión del nombre de la alcaldesa, acompañado de los hashtags #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, un llamativo juego de palabras que refuerza la evidente apropiación simbólica de los canales institucionales.
¿Qué dice la norma?
El Código de la Democracia, en su artículo 219, prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su cargo. Especialistas señalan que el punto no es impedir la comunicación institucional, sino evitar que el presupuesto público se use para posicionamiento personal o con fines que puedan afectar la equidad política.
Contraloría ya ha observado casos similares
La Contraloría General del Estado sí ha revisado y observado el uso de recursos públicos en publicidad institucional cuando esta incluye nombres de autoridades u organizaciones políticas. Un antecedente directo es el examen especial realizado al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los gastos de publicidad, información y difusión en vallas y otros medios, específicamente para determinar si se utilizaron recursos y espacios públicos para promocionar nombres de personas u organizaciones políticas. Aunque en ese caso el informe concluyó con observaciones y recomendaciones —y no con una sanción administrativa definitiva—, el proceso dejó establecido que este tipo de prácticas son objeto de control fiscal. Además, la Contraloría ha reiterado en comunicados oficiales que mantiene controles permanentes, especialmente en periodos electorales, para evitar el uso de bienes y recursos públicos con fines de promoción personal o política, en concordancia con la prohibición expresa del artículo 219 del Código de la Democracia.
Cuando sí hay sanción: el precedente del TCE
En la vía electoral, el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado casos vinculados al uso de bienes públicos en contextos de promoción. En la causa 084-2019, el TCE declaró responsable al entonces rector de la ULEAM, Alejandro Miguel Camino Solórzano, y dispuso una multa de 10 remuneraciones básicas por permitir que vallas de propiedad pública sean usadas con publicidad electoral, citando el art. 219 como base prohibitiva y aplicando el régimen de infracciones.
Documentos públicos del requerimiento de la ORDEN DE COMPRA DEL GAD DE OTAVALO.
(Redacción Ecuador).- Ecuador no solo enfrenta una ofensiva sin precedentes del crimen organizado; también vive un debilitamiento interno de su fuerza policial. Mientras los homicidios y la violencia marcaron récords históricos, la Policía Nacional perdió a miles de sus integrantes más experimentados, en un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante.
Entre 2020 y 2025, 9.608 policías solicitaron la baja voluntaria, una cifra que evidencia una crisis paralela dentro de la institución. El punto más crítico se registró en 2023, año que coincidió con el periodo más violento del país, cuando 3.053 uniformados decidieron abandonar el servicio activo.
Las cifras revelan una relación alarmante: durante ese mismo quinquenio, 698 policías murieron, lo que significa que por cada uniformado fallecido, casi 14 optaron por retirarse voluntariamente.
El comportamiento de las bajas no fue uniforme. En 2021, las salidas tocaron su nivel más bajo con 465 casos. Sin embargo, en 2022 se produjo un salto abrupto a 1.834 bajas, anticipando el colapso institucional que se evidenciaría al año siguiente. En 2023, Ecuador cerró con 8.004 asesinatos, y la Policía sufrió el mayor éxodo de su historia reciente.
Aunque en 2024 y 2025 las cifras descendieron a 1.887 y 1.493 bajas, respectivamente, el nivel de deserción sigue siendo muy superior al registrado antes de la pandemia, confirmando que el problema no ha sido superado.
Paradójicamente, este debilitamiento ocurre incluso cuando se intenta reforzar la fuerza pública. El 9 de junio de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso encabezó la graduación de 7.301 nuevos policías, una incorporación que no logró compensar la salida masiva de personal con años de experiencia.
Se van los más preparados
El impacto más grave no está en el número, sino en el perfil de quienes se van. Casi el 48% de las bajas corresponde a policías con entre 16 y 20 años de servicio (4.591 casos), es decir, cuadros formados, con liderazgo operativo y conocimiento del territorio. A ellos se suman 3.910 agentes con entre 21 y 25 años de trayectoria.
Detrás de las estadísticas hay historias marcadas por el miedo, el desgaste y la supervivencia. Uno de los casos es el de un Mayor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que operaba en Manta, quien solicitó su baja en 2023 tras perder compañeros y recibir amenazas directas del narcotráfico. Su proyecto de vida dentro de la institución terminó abruptamente, dejando atrás años de entrenamiento de élite que hoy ya no están al servicio del Estado.
Este tipo de salidas ha generado un efecto estructural: la Policía enfrenta una escasez de oficiales de alto rango. Actualmente, solo siete generales integran el Mando Institucional, pese a que existen 18 plazas previstas para dirigir unidades estratégicas y zonas críticas.
Quito lidera las bajas
La distribución geográfica de las salidas rompe varios supuestos. Quito concentra el mayor número de bajas voluntarias del país, con 2.589 casos entre 2020 y 2025. Le sigue la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) con 1.087 salidas, y la Zona 1 de la frontera norte —Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos— con 1.205 casos.
En contraste, la Zona 2 (Napo, Orellana y el área rural de Pichincha) registra apenas 374 bajas, el nivel más bajo a escala nacional.
Al analizar provincias específicas, el impacto de la violencia territorial es evidente. Manabí perdió 663 policías, Los Ríos registró 545 bajas, y Esmeraldas vio salir a 449 uniformados, todas zonas fuertemente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, un informe técnico revela una grave desigualdad en la distribución de la Policía Nacional: mientras Quito concentra un excedente de más de 7.000 agentes en relación con su población y nivel delictivo, provincias como Guayas y Los Ríos —epicentros de la violencia criminal y el narcotráfico— operan con un déficit de personal para enfrentar la inseguridad.
Un problema que continúa en 2026
Para el inicio de 2026, ya existen 124 solicitudes de baja en trámite, bajo la figura de “pendiente entrega de requisitos”. Ante este escenario, la institución ha empezado a aplicar filtros más estrictos: en 2025, por primera vez en el quinquenio, 23 solicitudes fueron negadas por incumplimiento del reglamento de carrera o bajo la figura de negativa temporal.
Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y resultados frente a la delincuencia, la Policía Nacional enfrenta una batalla interna por retener a su personal clave. Menos experiencia en las filas significa menos capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
(Redacción Ecuador).- Los recientes controles ejecutados por el Estado en agencias del Registro Civil responden a una estrategia nacional para combatir la intermediación ilegal, los cobros indebidos y la venta de turnos fraudulentos, prácticas que afectan directamente a la ciudadanía.
Como parte de estas acciones, este martes se realizaron operativos simultáneos en varias ciudades del país, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas, Gobernaciones y agencias municipales de control. Las intervenciones permitieron reducir la presencia de tramitadores en los exteriores de las agencias, inspeccionar locales comerciales y detectar irregularidades administrativas vinculadas a permisos y facturación.
Según información oficial, en 2025 se ejecutaron 99 operativos a escala nacional, que dejaron 46 personas aprehendidas, una sentencia por falsificación y uso de documento falso, y ocho locales clausurados, evidenciando que las detenciones se producen por delitos relacionados con la tramitación ilegal y el fraude documental.
En este contexto, y en medio de la investigación a 32 locales comerciales ubicados en los alrededores de varias agencias del Registro Civil a nivel nacional, en la ciudad de Tulcán cuatro funcionarios del Registro Civil del Carchi fueron desvinculados este martes, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por presuntas presiones y amenazas para forzar la firma de sus renuncias. Según denunciaron abogados de los afectados, la medida se habría ejecutado tras la llegada del coordinador general del Registro Civil a la dependencia local, bajo el argumento de supuestas irregularidades, concretándose al final de la jornada la salida obligada de cuatro servidores.
Las defensas legales aseguran que varios de los funcionarios contaban con nombramiento definitivo y que habrían sido advertidos con posibles penas de prisión de entre cuatro y cinco años si no renunciaban, sin que se les informara el presunto delito. También denunciaron impedimentos para brindar asesoría legal, la ausencia de Fiscalía y Policía durante el proceso, y la incomunicación de los empleados. Entre los desvinculados figuran servidores con hasta 24 y 15 años de trayectoria institucional.
(Redacción Ibarra).- Ayer en horas de la tarde, la Policía Nacional allanó un domicilio en el sector de Caranqui, donde fue detenido en flagrancia un ciudadano venezolano sin antecedentes penales, quien admitió pertenecer al grupo delictivo “Los Lobos”.
Dentro del inmueble, los agentes encontraron un importante acopio de droga: 635 gramos de marihuana, 4 kilos de heroína y 1 kilo de cocaína. El operativo también reveló un arsenal de alto poder compuesto por cuatro armas de fuego de fabricación industrial calibres 2.23 y 7.62, más de dos mil municiones y chalecos antibalas nivel IV, un equipo que —según las autoridades— ni siquiera la Policía Nacional posee debido a que está diseñado para resistir armas de grueso calibre.
La intervención también permitió incautar 37 granadas explosivas de uso bélico, otras 22 granadas adicionales, un vehículo con doble fondo utilizado para el transporte de armas y droga, y una motocicleta asociada a estas actividades ilícitas.
El general Víctor Herrera Leiva señaló que el operativo evitó que más de 12 millones de dosis llegaran al mercado ilegal, y una cantidad alarmante de municiones, presumiblemente para abastecer al crimen organizado. El eje investigativo continúa analizando el propósito de este acopio y el destino dentro del país que tendría el material incautado.
(Redacción Urcuquí).- En una operación militar desplegada durante el fin de semana, el Ejército Ecuatoriano logró desarticular una compleja red de minería ilegal en la denominada Zona Minera Norte, ubicada en el sector de Buenos Aires, cantón Urcuquí. La intervención, que se ejecutó en tres áreas distintas dentro de la zona conocida como Mina Nueva, reveló el alto nivel de organización e infraestructura utilizada por los grupos dedicados a esta actividad ilícita.
Durante la operación, los uniformados hallaron una mega procesadora compuesta por tres trituradoras de material aurífero, quince piscinas de sedimentación, más de mil quinientos sacos de material aurífero y una central de poleas con motor, lo que evidencia la magnitud de la extracción clandestina. Además, se encontraron nueve generadores de electricidad, veintitrés canecas de gasolina, tanques de gas, cocinas improvisadas y alojamientos con capacidad para albergar a más de 150 personas, lo cual sugiere una operación a gran escala, sostenida y bien abastecida.
En otra zona del operativo se identificó un campamento con espacio para 40 personas y otra procesadora equipada con trituradoras, piscinas, tanques de agitación y nueve canecas de ácido, presumiblemente utilizadas para procesos químicos de separación del oro.
En un tercer punto, los militares encontraron más maquinaria: tres trituradoras, tanques de agitación y cientos de sacos con material aurífero listo para ser procesado, además de armas de fuego y uniformes militares.
Todo el material fue inhabilitado por personal especializado EOD del Ejército, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), como parte de las acciones de combate a la minería ilegal que afectan gravemente a los ecosistemas locales y a la seguridad de la región.
Según fuentes militares, esta intervención representa un duro golpe a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que operan en el sector, y forma parte de una serie de acciones estratégicas para recuperar el control del territorio y frenar el avance de economías criminales vinculadas a la minería ilegal.
(Redacción Imbabura).- Un soldado del Ejército Ecuatoriano perdió la vida la tarde de este jueves durante una operación militar contra la minería ilegal en la provincia de Imbabura. El hecho ocurrió aproximadamente a las 18:00 en el sector de Mina Vieja, parroquia de Buenos Aires, cuando una trampa explosiva detonó en medio de la intervención.
La víctima fue identificada como Erick Alexander Tituaña Borrallos, quien falleció en el lugar del suceso. La explosión también dejó a otros tres soldados heridos, aunque se informó que se encuentran en condiciones estables.
El Ejército Ecuatoriano, mediante un comunicado oficial, lamentó profundamente el fallecimiento del uniformado y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y de los militares heridos. “Los soldados ecuatorianos seguimos firmes en el cumplimiento de la misión de salvaguardar la paz y seguridad de las familias ecuatorianas”, señaló la institución.
El operativo se desarrollaba como parte de las acciones para combatir la minería ilegal en la zona, una actividad que ha generado crecientes conflictos en comunidades de la Sierra norte.
(Redacción Ibarra).-El pasado martes, la Policía Nacional, a través de la Fuerza de Investigación Contra la Extorsión (FICE), ejecutó el operativo “Libertad 442”, que resultó en la aprehensión de cuatro ciudadanos, entre ellos Orlando E., conocido con el alias de “Buñuelo”, señalado como presunto implicado en delitos de extorsión.
Alias “Buñuelo” no es un desconocido para las autoridades. En su historial figuran antecedentes por asesinato en el año 2011, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y un caso previo de extorsión en 2017. Además, ha sido identificado como segundo cabecilla de la organización delictiva “Los Lobos”, según reportes de inteligencia.
Alias “Buñuelo” ya registra DOS aprehensiones en menos de un año; la primera detención ocurrió el 24 de octubre de 2024, cuando fue detenido en pleno centro de la ciudad. Según reportes policiales, intentó darse a la fuga a bordo de una camioneta Ford F-150 color azul y vidrios polarizados, siendo interceptado tras una persecución entre las calles Bolívar y Sucre. Al registrar al interior del vehículo, se encontró una bolsa transparente con contenido de sustancia vegetal verde, presuntamente marihuana.
Meses después, el 14 de mayo de 2025, fue nuevamente interceptado durante un operativo militar del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas en el marco del plan CAMEX. Aunque en esa ocasión no se hallaron armas ni drogas en su poder, al revisar su teléfono celular se habría encontrado contenido que lo vincula con actividades ilícitas. Sin embargo, NO fue detenido en ese momento.
Actualmente, alias “Buñuelo” permanece bajo investigación, mientras la Policía Nacional continúa con los procesos correspondientes. No obstante, a pesar del trabajo operativo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, las decisiones judiciales no han derivado, hasta ahora, en una sentencia condenatoria que garantice su permanencia en prisión.
(Redacción Sierra Norte).- Un operativo policial terminó en tragedia en la parroquia La Concepción en el cantón Mira, provincia del Carchi. El martes 15 de abril, unidades especializadas de la Policía Nacional fueron alertadas por el ECU-911 sobre un presunto robo de vehículo en esta zona rural del cantón Mira. Lo que parecía ser un procedimiento rutinario derivó en un enfrentamiento armado con presuntos delincuentes que se ocultaban en una zona montañosa.
La persecución fue asumida por elementos del GOE y UMO de Imbabura. Los sospechosos se internaron en el sector conocido como Hato de Chamanal. Cuando los agentes llegaron, fueron recibidos con disparos, lo que provocó un intercambio de fuego. Los implicados lograron escapar entre la maleza.
Durante el rastreo en el área, las fuerzas del orden hallaron una vivienda destruida que habría funcionado como base clandestina. Dentro del inmueble abandonado se incautaron 186 municiones de diversos calibres, una pistola de fogueo, tres chalecos tácticos y controles de drones, presuntamente utilizados para vigilancia y evasión de operativos policiales.
Las primeras investigaciones apuntan a que estos sujetos estarían vinculados con redes de extorsión dirigidas a personas que transportan mineral extraído ilegalmente en la zona.
Sin embargo, lo más escalofriante ocurrió horas después. Se reportó la desaparición de un trabajador de una hacienda local, quien habría sido interceptado durante la huida de los delincuentes. Este miércoles 16 de abril, su cuerpo fue hallado entre matorrales cerca de un río, con signos evidentes de violencia y heridas de bala. Personal de Criminalística y Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver mientras se intensifica la búsqueda de los responsables.
El hecho ha generado conmoción en la comunidad fronteriza y pone en evidencia los crecientes niveles de violencia asociados a actividades ilegales en zonas rurales del norte del Ecuador.
