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Registro Civil fortalece la atención inclusiva para personas con discapacidad auditiva en la Zona 1

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(Redacciòn Imbabura).- Del 17 de diciembre de 2025 al 20 de mayo de 2026, 18 servidores públicos de distintas instituciones del Estado, entre ellos una funcionaria del Registro Civil del Ecuador, participaron en un proceso de capacitación en Lengua de Señas Ecuatoriana, con el objetivo de fortalecer la atención y garantizar un servicio inclusivo y de calidad para las personas con discapacidad auditiva de la provincia de Imbabura.

Esta formación se desarrolló con el apoyo y dirección de la Unidad Educativa Especializada “Tres de Diciembre”, en articulación con el Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades (CONADIS).

El aprendizaje de la Lengua de Señas Ecuatoriana constituye una herramienta fundamental para promover la comunicación, el respeto y la integración de las personas con discapacidad auditiva, contribuyendo a derribar barreras sociales y fomentar una cultura basada en la igualdad, la empatía y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

“Las instituciones del Estado y quienes formamos parte del servicio público debemos impulsar mecanismos que contribuyan a la construcción de una sociedad más inclusiva. Quienes hemos culminado esta etapa formativa estamos preparados para brindar una atención eficiente y adecuada a las personas con discapacidad auditiva”, manifestó Elizabeth Castro, funcionaria del Registro Civil del Ecuador, quien participó en la capacitación y será la encargada de canalizar de mejor manera las necesidades de este grupo prioritario en la provincia.

La promoción de lenguajes inclusivos no solo amplía las oportunidades de interacción y participación ciudadana, sino que también genera un impacto positivo en la sociedad al fortalecer valores como la solidaridad, el respeto a la diversidad y la garantía de derechos.

“Como institución de servicio, consideramos valioso todo proceso formativo orientado a mejorar la calidad de atención, especialmente aquellos relacionados con la inclusión y el trato empático hacia las personas con discapacidad auditiva”, expresó María Fernanda Guerrero, coordinadora Zonal 1 del Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Ahora, las personas con discapacidad auditiva de la Zona 1 cuentan con una funcionaria capacitada para atender y canalizar sus requerimientos de manera más efectiva. Cabe destacar que el Registro Civil del Ecuador brinda atención preferencial a las personas con discapacidad y que los servicios de esta cartera de Estado son gratuitos para quienes posean un porcentaje de discapacidad igual o superior al 30%.

Denuncian presuntas irregularidades judiciales en proceso que derivaría en intento de desalojo en Priorato

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(Redacción Ibarra).– Habitantes del sector de Priorato denunciaron públicamente un intento de desalojo que califican de ilegal. De acuerdo con el expediente 10333-2015-01234, el proceso de ejecución y remate adjudicó a la ciudadana Nubia del Rocío Tatamues Enríquez únicamente el 50% de las acciones y derechos del bien.

La providencia judicial es clara: al tratarse de una copropiedad, no procede la singularización (delimitación física) del terreno. Cualquier división del inmueble debería tramitarse en un proceso legal distinto; sin embargo, los moradores denuncian que se pretende ejecutar un desalojo y descerrajamiento sin que exista un inventario previo o una partición que determine qué parte específica del predio corresponde a la adjudicada, debido a que las viviendas se encuentran distribuidas en toda la propiedad y no exclusivamente en el 50% rematado, lo que hace imposible un desalojo sectorizado.

Los denunciantes apuntan directamente al juez Pablo Veintimilla y, en calidad de terceros perjudicados, aseguran que nunca fueron notificados del proceso. Denuncian además que el depositario judicial, quien actúa también como accionante, omitió informar al juez en el acta de embargo sobre la existencia de viviendas consolidadas y el número de personas que habitan el predio. Esta situación es crítica, ya que muchas de las familias afectadas han residido en el sector por más de 15 años y cuentan con promesas de compra-venta notarizadas; en el lugar existe presencia de grupos vulnerables como niños y adultos con discapacidad.

Los ciudadanos solicitan la intervención inmediata del Consejo de la Judicatura. Exigen que se investigue el accionar judicial y se determine si existen presiones externas que estén forzando una ejecución no contemplada en la ley.

ANT cerrará 30 días tras operativo ‘Caso Jaque’: director y funcionarios detenidos por presunta red de corrupción

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(Redacción Ecuador).- La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) permanecerá cerrada a nivel nacional durante 30 días, luego del operativo denominado ‘Caso Jaque’, ejecutado este viernes 30 de enero por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada al interior de la institución.

Durante la intervención, las autoridades allanaron oficinas de la ANT en Quito, Ibarra y Santo Domingo, logrando la detención del director nacional de la entidad y ocho funcionarios, quienes estarían involucrados en una red dedicada a cobros ilegales por trámites de licencias, con valores que fluctuaban entre 150 y 200 dólares por usuario.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que esta estructura delictiva operaba desde dentro de varias agencias de tránsito del país y tendría presuntos vínculos con el grupo criminal Los Choneros. Según las investigaciones preliminares, el perjuicio económico superaría los tres millones de dólares, dinero que habría sido desviado a cuentas de los involucrados.

En los allanamientos se incautaron 38 teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles, 55 dispositivos electrónicos, 165 documentos, además de 53.510 dólares en efectivo, un arma de fuego, dos alimentadoras y 29 cartuchos.

Reimberg explicó que el cierre temporal de la ANT permitirá avanzar con las investigaciones y ejecutar un proceso de depuración y reestructuración del personal, reiterando que todas las dependencias de la institución suspenderán sus actividades durante 30 días.

En la ciudad de Ibarra, las oficinas de la ANT también fueron allanadas como parte del operativo; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre personas detenidas producto de la intervención local. Asimismo, no se ha emitido un pronunciamiento por parte de la actual directora de la ANT en Ibarra, Patricia Unda.

El SÍ en la reducción de asambleístas apenas alcanzó mayoría en las parroquias de Caranqui, El Sagrario y Atuntaqui

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(Redacción Imbabura).- En Imbabura, la pregunta C de la Consulta Popular 2025 —la que proponía reducir el número de asambleístas— dejó ver una clara división en Ibarra. De acuerdo con el conteo parroquial hasta esta mañana, la opción del “Sí” solo logró imponerse en las parroquias urbanas de Caranqui y El Sagrario, en Ibarra, y en Atuntaqui, en el cantón Antonio Ante. En estos sectores, la propuesta tuvo un respaldo ajustado, con una votación bastante reñida hasta el cierre del escrutinio.

En contraste, en varias parroquias de los cantones Otavalo y Cotacachi, la opción del “No” obtuvo una ventaja mucho más amplia, superando al “Sí” con márgenes aplastantes en proporciones de 8 a 2, según los últimos reportes. Estos resultados consolidan la postura crítica asumida por diversos sectores sociales e indígenas de la zona, quienes expresaron de forma contundente su rechazo a la propuesta planteada en esta pregunta durante el proceso electoral.

La tendencia provincial se reflejó en el escenario nacional, donde el “No” también alcanzó la mayoría en la pregunta C, relacionada con la posibilidad de modificar la estructura del legislativo. En Imbabura, las particularidades sociopolíticas de cada cantón incidieron en los resultados: mientras en el casco urbano se evidenció una leve inclinación hacia la reducción del número de asambleístas, en zonas con fuerte organización comunitaria, como las parroquias La Esperanza y Angochahua, predominó el rechazo a dicha propuesta.

Clases no presenciales el 14 y 17 de noviembre por la Consulta Popular de este domingo

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(Redacción Ecuador).- El Ministerio de Educación informó que los días 14 y 17 de noviembre de 2025 las instituciones educativas designadas como recintos electorales trabajarán en modalidad no presencial, debido a la jornada democrática del Referéndum y Consulta Popular que se realizará este domingo.

En total, 4.005 escuelas y 71 institutos y universidades de todo el país funcionarán como centros de votación, según datos oficiales del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Esta medida busca garantizar la continuidad del aprendizaje, facilitar la limpieza y reacondicionamiento de los planteles educativos antes y después del proceso electoral.

Fin de la era Vásquez en el Sindicato de Choferes de Imbabura tras acción judicial negada

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(Redacción Imbabura).- Aunque las elecciones del Sindicato de Choferes de Imbabura se llevaron a cabo el pasado 5 de abril de 2025, recién se conoce que la acción de protección presentada por el concejal Edwin Vásquez Mera para frenar el proceso fue negada, confirmando la proclamación de Cristóbal Moncayo como nuevo secretario general y marcando el fin de los 16 años de liderazgo de Vásquez al frente del gremio.

Días antes de los comicios, el Tribunal Electoral del Sindicato descalificó la candidatura de Vásquez para la reelección, lo que generó controversia y tensión entre los socios. En respuesta, Vásquez, quien también es concejal de Ibarra y hasta entonces secretario general del sindicato, presentó una acción de protección que, en primera instancia, fue acogida por el juez Jhonny Gustavo Palacios Soria, ordenando la suspensión de las elecciones.

A pesar de esta decisión judicial, el Tribunal Electoral del sindicato decidió continuar con las votaciones, alegando que sus estatutos internos respaldaban la realización del proceso, lo que derivó en un clima de incertidumbre.

Tras la apelación, la justicia revocó la sentencia de primera instancia y negó la acción de protección, concluyendo que no se vulneraron los derechos constitucionales de participación, debido proceso ni seguridad jurídica. La resolución emitida dejó sin efecto la suspensión de las elecciones y ratificó la validez de los comicios, habilitando a la lista encabezada por Cristóbal Moncayo para asumir la conducción del Sindicato.

Edwin Vásquez Mera dirigió el Sindicato de Choferes de Imbabura durante 16 años consecutivos (2009–2025), tras suceder a Milton Ramírez, y logró cuatro reelecciones seguidas, consolidándose como uno de los dirigentes gremiales de mayor trayectoria en la provincia. Con el fallo judicial y la proclamación de resultados Vásquez ya no podrá postularse en futuros procesos electorales dentro del sindicato.

Influencer ibarreño denunció robo vía TikTok y terminó denunciado por calumnia

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(Redacción Ibarra).- El creador de contenido ibarreño Bryan S., enciende una controversial polémica en redes sociales, por lo que podría enfrentar consecuencias legales. El influencer, que se ha ganado una considerable audiencia en TikTok con videos cargados de sátira y opiniones, ha sido denunciado por calumnia tras acusar públicamente a un ciudadano identificado como Edison A. C. de haber sustraído piezas de su vehículo durante las festividades de San Juanes en Caranqui.

En uno de sus videos, que ya no está publicado en la red social, Bryan S. acusa directamente al ciudadano y le da un ultimátum de 48 horas para que se comunique con él y “lleguen a un arreglo”, acusándole de haberse robado varias piezas de su vehículo, además advirtiéndole que, de no hacerlo, “tendrá serios problemas”. Las declaraciones no tardaron en viralizarse, generando un amplio debate entre quienes lo respaldan y quienes cuestionan la ética de hacer justicia a través de las redes sociales. Ante esta situación, Edison A. C. presentó una denuncia formal por calumnias, asegurando que su imagen y reputación han sido gravemente afectadas por afirmaciones sin respaldo legal, detallando además que Bryan S. habría enviado mensajes amenazantes vía WhatsApp contra su integridad y la de su familia.

Por otro lado, Bryan S. habría establecido una estrecha colaboración con un abogado «influencer en tik tok», que ha ganado notoriedad por sus vídeos virales en los que lanza constantes cuestionamientos contra servidores públicos, administraciones locales y agentes de tránsito.

En un video publicado el 24 de julio en la cuenta del mencionado jurista, se observa a ambos personajes comentando el caso que ha desatado la polémica. En el clip, Bryan S. declara: «Veo a este tal Edison cerrando la puerta de mi vehículo. Hay cámaras que lo demuestran; estás grabado, hermano, así que prepárate mi bro, porque te viene lo duro.» Más adelante añade: «Sus amiguitos con los que hace fechorías se han de enojar también con él, porque vamos a desmantelar todo lo que hace, así que que se prepare.»

El abogado, conocido por representar a varios ciudadanos en casos mediáticos, ahora estaría brindando su respaldo legal al influencer para enfrentar las denuncias en su contra.

Según la información pública que se encuentra en el Consejo de la Judicatura, el ciudadano Edison A, cuenta con varios procesos judiciales, por receptación, estafa y robo, sin embargo ninguno de estos procesos judiciales han llegado a buen término, en vista de que no se ha podido demostrar la culpabilidad del ciudadano y la justicia los archivó.

Adicionalmente, se conoce que dentro de este proceso Bryan S. no ha generado una denuncia formal por el presunto robo que acusa en redes sociales.

Este no sería el primer encontrón de Bryan S. con la justicia; se conoce que mantiene un proceso legal previo por presunta difamación contra la empresa Ecuasueña, reconocida por la venta de planes de compra programada de vehículos. En aquella ocasión, el influencer calificó públicamente a la firma de “estafadora”, lo que motivó una demanda por daño a la imagen y desprestigio comercial; igualmente, los videos colgados que son motivo de esta denuncia ya fueron borrados de la red social.

Bryan S. es conocido por sus publicaciones cargadas de humor y crítica y ha sido señalado en varias ocasiones por verter opiniones sin sustento y utilizar su alcance en redes sociales para instalar criterios que en muchos de los casos tienen escasa base argumentativa. Aunque su contenido gira principalmente en torno al entretenimiento, no es inusual que incurra en temas de política y actualidad nacional, lo que ha generado controversia y, además, demandas legales por calumnia.

Nuestra redacción intentó comunicarse vía WhatsApp con el influencer para obtener su versión, pero lamentablemente el canal de WhatsApp que tiene habilitado en su perfil dejó de funcionar.

A 202 años del día en que Simón Bolívar luchó por última vez en suelo ecuatoriano

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(Redacción Ibarra).- Este 17 de julio de 2025, la ciudad de Ibarra conmemora 202 años de la histórica batalla ocurrida en 1823, una fecha clave en el proceso de independencia del Ecuador y de América Latina. Este enfrentamiento marcó la última acción de armas de la independencia en territorio ecuatoriano, y fue la única dirigida personalmente por el libertador Simón Bolívar en estas tierras.

El combate tuvo lugar en la hacienda La Victoria, al otro lado del río Tahuando, donde se encontraba la emblemática piedra Chapetona. Desde ese punto estratégico, Bolívar condujo a las tropas patriotas hacia una victoria decisiva que cerró de forma definitiva las campañas libertarias en Ecuador.

Aunque la Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, es ampliamente reconocida como un hito fundamental, fue la victoria en Ibarra el 17 de julio de 1823 la que consolidó por completo el control patriota en el territorio ecuatoriano. Gracias a este triunfo, las fuerzas libertarias pudieron enfocar sus esfuerzos en la campaña del Perú, avanzando en la causa de la independencia continental. Este episodio histórico ibarreño guarda un lugar de honor junto a otras gestas militares de gran relevancia, como la Batalla del Portete de Tarqui, librada el 27 de febrero de 1829; sin embargo, no tiene el reconocimiento nacional que algunos historiadores y ciudadanos consideran que debería tener.

A más de dos siglos de aquella mañana del 17 de julio, Ibarra recuerda con orgullo el papel que jugó en la historia nacional, como escenario de una victoria que selló la libertad en Ecuador.

Juez constitucional falla a favor del lago San Pablo y ordena ejecutar un plan de remediación ambiental

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(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.

El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.

El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.

Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.

INNOVA E.P. ejecutará proyectos clave para el desarrollo urbano de Ibarra

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(Redacción Ibarra).- En medio de los desafíos que enfrenta la ciudad para modernizar su infraestructura y responder a las crecientes demandas urbanas, la Alcaldía de Ibarra apuesta por una figura técnica que acelere los procesos y canalice inversión: INNOVA E.P., la empresa pública creada para liderar la ejecución de obras estratégicas en el cantón.

El día lunes, durante una rueda de prensa convocada por el Municipio, Kathya Bastidas, gerente general de INNOVA E.P., presentó los principales objetivos de esta entidad y su hoja de ruta. “INNOVA es el motor de la transformación urbana de Ibarra. Nuestro compromiso es trabajar por una ciudad moderna, segura y equitativa, con acceso a vivienda digna y servicios de calidad”, afirmó.

Esta empresa fue creada por la ordenanza del Concejo Municipal y legalmente constituida en enero de 2024. Su principal objetivo es dinamizar proyectos de infraestructura, hábitat, vivienda, seguridad y equipamiento urbano, optimizando la contratación pública y reduciendo los tiempos que suelen ralentizar la gestión estatal.

Según Bastidas, uno de los pilares estratégicos es la promoción de alianzas público-privadas (APP), un modelo que permite incorporar inversión, tecnología y experiencia del sector privado en obras de interés colectivo.

Explicó sobre las competencias, alcances y acciones que va a ejecutar la entidad. En el caso del Sistema de Mercados Centrales de Ibarra, se lanzó la convocatoria pública y, hasta el momento, existen tres entes interesados en invertir; las ofertas pueden entregarse hasta el 27 de junio, tras lo cual se realizará la calificación y selección.

Señaló que los ingresos previstos para el Sistema de Monitoreo del Centro Estratégico de Seguridad Ciudad provienen de dos fuentes: la tasa de seguridad ciudadana y el 50% del presupuesto participativo. Sin embargo, al tratarse de recursos provenientes de la ciudadanía, es fundamental que exista claridad en la retribución del servicio.

En cuanto al proyecto del Tren Tayta Imbabura, la empresa INNOVA EP ha venido desarrollando desde hace dos meses una gestión operativa que incluye la venta de boletos y la adquisición de galones de diésel necesarios para el funcionamiento del ferrocarril, con el objetivo de lograr un equilibrio financiero que permita su autosustentabilidad.


La municipalidad de Ibarra reconoce que muchos de estos proyectos superan el presupuesto anual disponible y que, por tanto, el apoyo de una empresa técnica como INNOVA E.P. resulta clave para avanzar en una planificación urbana más efectiva y sostenible.

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