(Redacciòn Ibarra).- La jueza Raquel Maza, de Ibarra, aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), en el marco de una investigación por la presunta paralización de servicios públicos durante las movilizaciones registradas en septiembre y octubre de 2025, cuyo epicentro estuvo en la provincia de Imbabura.
La Fiscalía investiga al dirigente con base en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quien impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público. Este delito contempla una pena de entre uno y tres años de prisión.
La decisión judicial generó reacciones entre organizaciones sociales. La Unión Nacional de Educadores (UNE) rechazó la prisión preventiva y cuestionó la independencia e imparcialidad de la decisión, al considerar que la medida estaría fuera de la ley.
La UNE sostuvo además que el proceso evidenciaría una supuesta criminalización y persecución contra dirigentes sociales que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno de Daniel Noboa. A través de un comunicado, la organización hizo un llamado a los sectores sociales y populares a rechazar lo que calificó como autoritarismo del Gobierno.
Hasta el momento, Guido Perugachi no ha emitido un pronunciamiento público sobre la decisión judicial.
(Redacciòn Cotacachi).- Un incendio forestal de gran magnitud permanece activo en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Hasta el momento, las llamas han consumido aproximadamente 400 hectáreas de vegetación, de las más de 243 mil hectáreas que comprende esta área protegida. El incendio se originó el lunes 10 de agosto en la comunidad El Morlán, parroquia Imantag, y desde entonces un contingente de más de 700 personas trabaja arduamente para sofocar las llamas.
Las ráfagas de viento de hasta 90 km/h dificultan las labores y reavivan el fuego, que ha alcanzado la cima del volcán Cotacachi, comprometiendo las antenas de transmisión de varios medios de comunicación de Imbabura. Los focos activos, entre laderas humeantes, amenazan además fuentes primarias de agua en zonas como Iltaqui, importante fuente natural de la LagunaDeCuicocha.
El martes 11 de agosto, representantes del Municipio de Cotacachi, UNORCAC, Gobernación, Cuerpo de Bomberos de Cotacachi, Secretaría de Gestión de Riesgos, ECU 911, Ministerio del Ambiente y Comando del Ejército se reunieron para analizar la situación del incendio forestal dentro del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y establecer acciones para enfrentar la emergencia.
Como parte de las decisiones adoptadas, se activó el Grupo N.° 3 del COE Cantonal, liderado por el Cuerpo de Bomberos de Cotacachi, con funciones operativas similares a las que se activarían ante una declaratoria de emergencia. También se resolvió fortalecer las labores con Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales de Otavalo, Antonio Ante, Pedro Moncayo y Ambato.
Desde el lunes 10 de agosto se solicitó además la presencia de un helicóptero para apoyar las labores de combate desde el aire; sin embargo, hasta el momento no puede operar debido a los fuertes vientos presentes en el área afectada. Asimismo, se solicitará apoyo al Ejército, a través de la Brigada Amazonas de Atuntaqui, y a la Escuela de Formación de la Policía Nacional de San Pablo, para que sus efectivos se incorporen a las tareas destinadas a controlar el incendio.
El Municipio de Cotacachi y la UNORCAC se responsabilizaron de continuar fomentando las donaciones de agua y productos no perecibles para abastecer a las brigadas que combaten el fuego. También se gestionan mascarillas, gafas, colirios y gasas parafinadas, mientras que la Secretaría de Gestión de Riesgos gestiona la dotación de más herramientas para reforzar las labores en territorio.
Las autoridades solicitaron a los turistas no ingresar al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas hasta nueva orden, debido a las condiciones de la emergencia y al riesgo que representa el incendio.
Hasta el momento, se reportan 578 personas y 18 vehículos activados. El contingente está conformado por 485 comuneros de varias comunidades, 10 integrantes del Cuerpo de Bomberos, 8 del Ministerio del Ambiente, 10 de la Dirección de Ambiente del GAD Cotacachi, 6 de la UNORCAC y 10 del Comité de Mujeres, 12 de la Jefatura de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio, 30 integrantes de las Fuerzas Armadas, 1 de la SNGR, 1 de la Jefatura Política, 1 del Departamento de Salud Ocupacional del Municipio y 6 voluntarios del ITCA.
El alcalde Jomar Cevallos informó que se fortalecerán las acciones con las brigadas de refuerzo de Otavalo, Antonio Ante, Pedro Moncayo y Ambato. Asimismo, se gestiona el apoyo de la Brigada Amazonas de Atuntaqui y de la Escuela de Formación de la Policía Nacional de San Pablo, para que sus efectivos se sumen a las tareas que buscan apagar las llamas, que avanzan rápidamente y amenazan con afectar más hectáreas de esta reserva biprovincial.
Mientras tanto, el Municipio de Cotacachi y la UNORCAC coordinan una cruzada de donaciones de agua y productos no perecibles para suministrar a las brigadas que, desde varios flancos, combaten el incendio. También continúan las gestiones para conseguir mascarillas, gafas, colirios, gasas parafinadas y más herramientas necesarias para enfrentar esta emergencia.
(Redacción Ibarra).- Con 10 votos a favor, el Concejo Municipal de Ibarra aprobó, en primer debate, la primera reforma a la Ordenanza del Presupuesto General 2026, propuesta por el alcalde Álvaro Castillo. La medida busca proteger la economía de las familias ibarreñas y evitar un incremento inmediato en la tarifa del transporte urbano.
La decisión responde al impacto generado por el aumento del precio del diésel sobre los costos de operación de las cuatro cooperativas de transporte urbano de la ciudad. Según un estudio técnico elaborado por la Empresa Pública de Movilidad, la aplicación de la fórmula tarifaria vigente habría elevado el pasaje de 35 a 43 centavos.
Ante este escenario, la administración municipal planteó una alternativa basada en la reorientación de recursos públicos. La reforma contempla destinar parte del presupuesto inicialmente previsto para festividades y reducir gastos considerados no prioritarios, con el fin de cubrir aproximadamente el 70 % del impacto económico provocado por el incremento del combustible durante los meses restantes de 2026.
Como parte de esta compensación, cada una de las 327 unidades de transporte urbano recibirá cerca de 560 dólares mensuales, lo que permitirá mantener la tarifa actual para los usuarios mientras se implementan soluciones de largo plazo para el sistema de movilidad.
Además del apoyo económico temporal, la propuesta incluye un plan de modernización del transporte urbano, que contempla la implementación del sistema de recaudo electrónico, el fortalecimiento de los controles de ingresos, la integración de los sistemas de geolocalización con la plataforma de videovigilancia y el mejoramiento progresivo de las unidades.
Con esta reforma, la administración municipal busca mitigar el impacto del incremento del precio del diésel sin trasladar el costo a los usuarios, al tiempo que impulsa cambios orientados a fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del transporte público en Ibarra.
(Redacciòn Ibarra).- Cada vez son más los jóvenes que optan por comprar una motocicleta como alternativa para reducir los tiempos de traslado y enfrentar el costo del transporte. Lo que comenzó como una solución económica y práctica se ha convertido también en un factor de preocupación en Ibarra.
Las cifras evidencian esta realidad. De acuerdo con estadísticas del portal de Movidelnor, hasta mayo de este año se registraron 193 accidentes de tránsito que involucraron motocicletas y dejaron ocho personas fallecidas en el cantòn Ibarra, una tendencia que continúa en aumento.
Detrás de estos números hay historias que se repiten: jornadas laborales extensas, tráfico cada vez más congestionado, la necesidad de llegar a tiempo al trabajo o a la universidad y, en muchos casos, la poca experiencia al conducir un vehículo recién adquirido. Para muchos jóvenes, la primera motocicleta representa independencia y una oportunidad para mejorar su movilidad; sin embargo, también implica una mayor exposiciòn al riesgo.
Especialistas señalan que los choques laterales y la pérdida de pista continúan siendo los siniestros más frecuentes entre motociclistas. A ello se suman dos factores recurrentes: el exceso de velocidad y la impericia al volante, un patrón que se mantiene desde 2019.
Las estadísticas reflejan la magnitud del problema. Solo hasta mayo de este año se contabilizan 193 accidentes con motocicletas, una cifra que supera el total anual registrado en 2020, cuando se reportaron 105 siniestros, y en 2021, que cerró con 110. En comparación, durante el año 2025 se registraron 298 accidentes relacionados con motocicletas y 10 personas fallecidas.
En cuanto a la siniestralidad vial general, en lo que va del año se han registrado 779 accidentes de tránsito. Como consecuencia de estos hechos, 50 personas resultaron lesionadas y 5 fallecieron. Si bien los vehículos concentran el mayor número de eventos registrados, las motocicletas continúan siendo un factor de preocupación debido a la vulnerabilidad de sus ocupantes y a que los siniestros que las involucran suelen tener consecuencias más graves.
La Panamericana Sur, el ingreso norte a la ciudad, la avenida 17 de Julio y el Anillo Vial figuran entre los corredores con mayor incidencia de siniestros. Las franjas horarias de las 12:00, 13:00 y 19:00 concentran el mayor número de casos, coincidiendo con los horarios de ingreso y salida de las jornadas laborales y académicas, ademas los dias con mayor siniestraldiad son los dias domingo.
Mientras el parque de motocicletas continúa creciendo en Ibarra, las estadísticas también aumentan. Y detrás de cada nuevo registro existe una historia que comienza de la misma manera: alguien salió temprano rumbo a su trabajo, a clases o a casa, pero nunca logró regresar.
(Redacciòn Ibarra).- Lo que comenzó como una salida entre amigos para ver el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial FIFA 2026 terminó en tragedia. Mateo Sebastián Andrade Palma, de 26 años, fue víctima de una violenta agresión grupal en el sur de Ibarra. Pese a las graves heridas que presentaba, logró caminar por sus propios medios hasta su vivienda, donde fue auxiliado por su familia. Horas después falleció en un hospital.
Una cámara de seguridad registró a las 01:12 del pasado 16 de julio los últimos minutos de Mateo con vida. En las imágenes se observa al joven avanzar solo, sin zapatos y con visibles dificultades por la avenida Atahualpa hasta llegar a su domicilio. Tras golpear la puerta fue recibido por una de sus hermanas, alcanzó a sentarse y segundos después se desplomó. Un ciudadano que pasaba por el sector colaboró en su traslado al Hospital San Vicente de Paúl.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la familia, la agresión se produjo luego de una discusión registrada en una gasolinera. El grupo en el que se movilizaba Mateo habría intentado abandonar el lugar cuando un Chevrolet Aveo color vino les bloqueó el paso. El intercambio de palabras derivó en una primera pelea que aparentemente terminó cuando los jóvenes decidieron retirarse.
Sin embargo, pocos minutos después varios vehículos llegaron al sitio. Según la versión de los familiares, entre ocho y quince personas descendieron de los automotores y comenzaron a lanzar adoquines contra la furgoneta donde se encontraban Mateo y sus amigos. En medio del ataque, el joven fue sacado del vehículo y golpeado por varias personas.
Aunque intentó escapar corriendo por la avenida Atahualpa, habría sido perseguido durante aproximadamente una cuadra, donde continuó recibiendo golpes que finalmente le ocasionaron lesiones mortales. Pese a ello consiguió llegar caminando hasta su casa, sin imaginar que serían sus últimos minutos con vida.
Las investigaciones de la Policía permitieron identificar, mediante cámaras de seguridad, un Chevrolet Aveo color vino y un taxi amarillo que presuntamente estuvieron involucrados en el hecho. Durante allanamientos ejecutados por la Dinased fueron encontrados ambos vehículos, además de teléfonos celulares y prendas con manchas que fueron levantadas como indicios. Dos hombres, de 36 y 23 años, fueron aprehendidos, mientras continúa la búsqueda de un tercer sospechoso.
El certificado de defunción establece que Mateo falleció a causa de una broncoaspiración hemática ocasionada por la disminución del nivel de conciencia producto de un traumatismo craneoencefálico. El parte policial también detalla que el cuerpo presentaba múltiples lesiones, entre ellas heridas cortopunzantes, laceraciones y un hematoma en el rostro.
La familia también cuestiona la atención recibida en el Hospital San Vicente de Paúl, al considerar que no se activó un protocolo de emergencia pese al estado crítico del joven. Esa denuncia deberá ser investigada por las autoridades competentes, mientras el centro asistencial aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.
Para exigir el esclarecimiento de los hechos y la identificación de todos los involucrados, los familiares convocaron a un plantón este sábado 25 de julio frente a la Fiscalía de Imbabura. Además, solicitarán que el caso sea investigado bajo una tipificación penal más grave y no se limite únicamente a las personas que hasta el momento han sido aprehendidas.
(Redacción Imbabura).- Durante la presentación oficial de la tercera edición del programa «Jóvenes en Acción», impulsado por el Gobierno Nacional y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se informó que la iniciativa beneficiará con un incentivo económico a 811 jóvenes imbabureños de entre 18 y 29 años. Durante tres meses, los participantes adquirirán experiencia práctica y colaborarán en actividades orientadas a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de comunidades más resilientes.
El evento contó con la presencia del gobernador de Imbabura, Jorge Ortíz; delegados de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; y del precandidato a la Alcaldía de Ibarra, Israel Cabezas. Durante el acto de carácter institucional, Cabezas intervino con un discurso de contenido político, utilizando el espacio para proyectar su precandidatura y transmitir una imagen de cercanía y respaldo desde la entidad gubernamental presente en la actividad.
Posteriormente, un video de su intervención fue publicado en las redes sociales personales del precandidato. Este hecho ha generado cuestionamientos, ya que podría ser objeto de análisis por parte de las autoridades electorales respecto al artículo 278, numeral 3, del Código de la Democracia, que tipifica como infracción electoral grave la inducción al voto por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones a favor de una determinada preferencia electoral, siempre que se configuren los elementos establecidos por la normativa.
(Redacciòn Ibarra).- Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron retenidas por comuneros de la parroquia La Esperanza, en el cantón Ibarra, tras ser señaladas como presuntas responsables del robo de un ternero.
El hecho ocurrió ayer, cuando un ternero que había sido sustraído de una comunidad fue localizado antes de que pudiera ser sacado de la zona. Según los testimonios, los sospechosos habrían introducido al animal a la fuerza en un automóvil de pequeñas dimensiones para ocultarlo y facilitar su traslado, provocándole maltrato durante la maniobra.
Tras la intervención de comuneros y autoridades, el ganado fue recuperado y los cinco sospechosos fueron llevados ante la asamblea comunitaria, donde se resolvió aplicar procedimientos de justicia indígena.
Videos difundidos en redes sociales muestran a los implicados caminando descalzos y cargando bolsas con piedras, como parte de las sanciones impuestas por las autoridades comunitarias.
La justicia indígena está reconocida en la Constitución del Ecuador, que faculta a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, de acuerdo con sus normas y tradiciones, siempre que sus decisiones respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales. Para comuneros de Zuleta el robo de ganado representa pérdidas económicas que afectan directamente el sustento de numerosas familias.
(Redacciòn Ibarra).- Es una imagen que se repite a diario en diferentes calles de la ciudad. Padre al volante, madre como pasajera, un niño sostenido en brazos y otro menor sentado sobre el tanque de combustible. En muchos casos, ninguno utiliza casco de protección.
Aunque para algunos se ha convertido en una escena «normal» debido a la necesidad de movilizarse, especialistas en seguridad vial advierten que esta práctica representa un alto riesgo, especialmente para los menores de edad, quienes son los más vulnerables en caso de una caída o un siniestro de tránsito.
La normativa ecuatoriana es clara. El Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que conductores y pasajeros de motocicletas están obligados a utilizar casco de seguridad homologado correctamente colocado durante todo el recorrido. No utilizar casco de seguridad homologado, tanto el conductor como el pasajero, constituye una contravención de tránsito sancionada con una multa equivalente al 30 % del Salario Básico Unificado que corresponde USD 144,60. Además, la normativa dispone la reducción de seis puntos en la licencia de conducir del infractor.
En cuanto al transporte de más personas de las permitidas por la capacidad de la motocicleta, la legislación también contempla una multa equivalente al 30 % del SBU (USD 144,60), al tratarse de una contravención de tránsito.
Por otra parte, el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre establece que los pasajeros deben ocupar únicamente el asiento destinado para ellos y ubicarse detrás del conductor. Está prohibido viajar sobre el tanque de combustible o entre el conductor y el manubrio. Cuando estas disposiciones no se cumplen, el vehículo puede ser retenido por la autoridad hasta que se subsane la infracción.
Más allá de una posible sanción, el principal problema es el riesgo que implica esta forma de movilización. En una motocicleta no existen estructuras de protección como las que ofrece un automóvil. Una frenada brusca, una colisión o incluso una maniobra para esquivar un obstáculo puede provocar que los menores salgan despedidos, con consecuencias que pueden ser fatales.
La seguridad vial no depende únicamente de los controles de las autoridades. También requiere conciencia ciudadana y responsabilidad de quienes utilizan este medio de transporte. Un viaje de pocos minutos puede cambiar una vida para siempre cuando se ignoran las normas básicas de protección.
(Redacciòn Ibarra).- Un caso de disposición ilegal de residuos generó preocupación entre los moradores en Ibarra, luego de que se denunciara el abandono de una gran cantidad de productos alimenticios en una quebrada ubicada en el sector La Violeta, sobre la conocida Ruta de las Haciendas. El hecho quedó registrado en un video el pasado mièrcoles 1 de julio, en el que se observa a presuntos trabajadores descargando los residuos desde un camión que portaba la imagen de la reconocida empresa ecuatoriana de embutidos y productos cárnicos La Italiana.
Tras la publicación de la noticia por parte de nuestro medio, el dia sabado 4 de julio personal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Ibarra realizó una inspección en el sitio, constatando que los desechos correspondían a embutidos en mal estado y productos lácteos con su fecha de caducidad vencida.
Con estos antecedentes, las autoridades se pusieron en contacto con la empresa relacionada con los productos encontrados para notificar lo ocurrido y, posteriormente, emitieron la respectiva citación a la Comisaría Ambiental del GAD de Ibarra, dando inicio al proceso administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente.
La comisaria ambiental del GAD de Ibarra, Paola Molina, manifestó que, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas municipales, además del proceso sancionador y las posibles multas económicas, se exige la restitución del sitio afectado a sus condiciones originales.
Por su parte, el director de Medio Ambiente del GAD de Ibarra, Diego Villalba, explicó que cuando existe un volumen considerable de residuos provenientes de empresas o establecimientos, estas deben notificar al Municipio para coordinar el acompañamiento técnico y el traslado del material al relleno sanitario de San Alfonso, donde se garantiza una disposición final adecuada mediante la destrucción de productos caducados.
Villalba enfatizó que este procedimiento evita la contaminación de las cuencas hídricas, la vegetación y otros ecosistemas, reduciendo los riesgos ambientales derivados del abandono de este tipo de residuos.
Tras conocerse el caso, Juan Pablo Madero, gerente de Marketing de La Italiana, manifestó que «el camión pertenece a un distribuidor de la zona, es un servicio externo, que no es de su total control pero que sí debe responder a su filosofía». Además, señaló que «este tipo de camiones, disponen de un sistema de refrigeración, lo que en algunas ocasiones genera un excedente de hielo» y que lo que se está «desechando» es el exceso de hielo. Asimismo, indicó que » la práctica o ejecución no es la correcta, ya que existe un tratamiento y proceso para cada uno de estos casos».
Finalmente, afirmó: «Hemos tomado las correcciones internas necesarias, para que este tipo de prácticas no se repitan y cada uno de los actores, internos o externos, se apeguen a nuestras políticas, normativas y filosofía.»
En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente (COA) prohíbe este tipo de prácticas por los daños que ocasionan al ambiente y a las fuentes hídricas. Dependiendo de la gravedad del caso, los responsables enfrentan sanciones administrativas, económicas e incluso penales, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
(Redacciòn Ecuador).- Cada vez es más frecuente que consumidores se encuentren con una sorpresa al momento de cancelar un producto o servicio: el establecimiento les informa que deberán pagar un recargo adicional por utilizar una tarjeta de crédito. Aunque muchos aceptan el cobro para evitar inconvenientes, esta práctica es ilegal en Ecuador.
De acuerdo con la normativa vigente de la ley del consumidor en el Art. 50.- Pagos con Tarjeta de Crédito se establece que El precio para el pago con tarjeta de crédito, será el mismo precio que al contado. Toda oferta, promoción, rebaja o descuento exigible respecto a la modalidad de pago al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento oportuna y adecuadamente, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo contrario.
En 2016, mediante una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria, se estableció que las comisiones derivadas de este servicio deben ser asumidas por el comercio y no por el consumidor.
Especialistas señalan que algunos negocios aplican estos recargos con el objetivo de mantener mayor liquidez y reducir los costos asociados a las transacciones electrónicas. Sin embargo, esta decisión no puede afectar el precio final que paga el cliente.
También se ha aclarado que la Superintendencia de Bancos no es la entidad encargada de controlar este tipo de prácticas, ya que el contrato por la prestación del servicio de tarjetas de crédito corresponde a la relación entre los establecimientos y las instituciones financieras emisoras.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a la ciudadanía a denunciar los casos en los que se cobren valores adicionales por pagar con tarjeta de crédito, recordando que el precio anunciado debe ser el mismo que el consumidor cancele, independientemente del medio de pago utilizado.
Las autoridades recomiendan a los consumidores solicitar comprobantes de pago y conservar cualquier evidencia que permita sustentar una denuncia en caso de que se les cobre un recargo no autorizado.
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