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Cobro de recargo por pago con tarjeta de crédito es ilegal y puede ser denunciado

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(Redacciòn Ecuador).- Cada vez es más frecuente que consumidores se encuentren con una sorpresa al momento de cancelar un producto o servicio: el establecimiento les informa que deberán pagar un recargo adicional por utilizar una tarjeta de crédito. Aunque muchos aceptan el cobro para evitar inconvenientes, esta práctica es ilegal en Ecuador.

De acuerdo con la normativa vigente de la ley del consumidor en el Art. 50.- Pagos con Tarjeta de Crédito se establece que El precio para el pago con tarjeta de crédito, será el mismo precio que al contado. Toda oferta, promoción, rebaja o descuento exigible respecto a la modalidad de pago al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento oportuna y adecuadamente, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo contrario.

En 2016, mediante una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria, se estableció que las comisiones derivadas de este servicio deben ser asumidas por el comercio y no por el consumidor.

Especialistas señalan que algunos negocios aplican estos recargos con el objetivo de mantener mayor liquidez y reducir los costos asociados a las transacciones electrónicas. Sin embargo, esta decisión no puede afectar el precio final que paga el cliente.

También se ha aclarado que la Superintendencia de Bancos no es la entidad encargada de controlar este tipo de prácticas, ya que el contrato por la prestación del servicio de tarjetas de crédito corresponde a la relación entre los establecimientos y las instituciones financieras emisoras.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a la ciudadanía a denunciar los casos en los que se cobren valores adicionales por pagar con tarjeta de crédito, recordando que el precio anunciado debe ser el mismo que el consumidor cancele, independientemente del medio de pago utilizado.

Las autoridades recomiendan a los consumidores solicitar comprobantes de pago y conservar cualquier evidencia que permita sustentar una denuncia en caso de que se les cobre un recargo no autorizado.

Juez ordenó el desalojo en medio de una disputa por la copropiedad que involucra a decenas de familias

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(Redacción Ibarra).– La controversia por un predio ubicado en el sector de Priorato continúa generando preocupación entre decenas de familias que habitan el lugar. Lo que inició con un proceso judicial de ejecución y remate de acciones y derechos sobre el inmueble derivó esta semana en un operativo de desalojo que terminó con enfrentamientos entre ocupantes y miembros de la fuerza pública.

Según consta en el expediente judicial 10333-2015-01234, el proceso de ejecución concluyó con la adjudicación del 50% de las acciones y derechos del bien a favor de Nubia del Rocío Tatamues Enríquez. Posteriormente, el juez Pablo Enrique Vintimilla dispuso la inscripción de dicha adjudicación en el Registro de la Propiedad, dando por cumplida la fase de ejecución correspondiente al remate.

De acuerdo con la documentación revisada por los moradores, el otro 50% de acciones y derechos del inmueble pertenecería al ejecutante dentro de la causa, quien además habría actuado como depositario judicial durante el proceso.

Los habitantes sostienen que, una vez inscrita la adjudicación, el juez ya no tenía competencia para resolver controversias relacionadas con la copropiedad ni para determinar físicamente qué parte específica del terreno correspondía a la rematista. Señalan que esta posición quedó reflejada en una providencia emitida el 7 de octubre de 2025, en la que se habría negado una solicitud para que se singularizara o delimitara el 50% adjudicado, argumentando que dicho trámite debía ventilarse por otra vía judicial.

La situación tomó un giro inesperado meses después. Los afectados denuncian que, pese a haberse declarado incompetente para resolver aspectos inherentes a la división de la copropiedad, en enero de 2026 se emitió una nueva providencia que dispuso el desalojo y descerrajamiento de viviendas ubicadas dentro del predio.

Los moradores cuestionan que la medida no habría individualizado cuáles construcciones debían ser objeto de la diligencia, pese a que las viviendas se encuentran distribuidas en distintas áreas de la propiedad y no existe una partición previa que determine con precisión qué espacios corresponden al porcentaje adjudicado.

La mañana de ayer, la orden judicial fue ejecutada con el apoyo de la fuerza pública. Sin embargo, el operativo derivó en momentos de tensión y enfrentamientos entre efectivos policiales y ocupantes del predio, quienes intentaron impedir el ingreso a las viviendas.

Los residentes aseguran que muchas de las familias han habitado el sector durante varios años y que algunas cuentan con documentos de promesas de compraventa legalmente notarizadas. Además, afirman que entre los afectados existen adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad.

Como consecuencia del procedimiento, varias familias denunciaron haber quedado temporalmente impedidas de ingresar a sus viviendas y pertenencias.

Los habitantes reiteran su pedido de intervención a las autoridades competentes para que se revise la legalidad de las actuaciones posteriores al remate y se determine si las diligencias ejecutadas se ajustaron al marco jurídico aplicable a los casos de copropiedad.

Hasta el cierre de esta edición, no se había conocido un pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales respecto a los cuestionamientos planteados por los moradores.

Autoridades investigan la muerte de una mujer encontrada en Yahuarcocha

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(Redacciòn Ibarra).– La mañana de este lunes, varias personas que realizaban actividad física en el circuito de Yahuarcocha alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo de una mujer flotando cerca de la orilla de la laguna.

Tras recibir la notificación, efectivos de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos de Ibarra acudieron al sitio para acordonar el área y recuperar el cadáver. Posteriormente, se iniciaron las diligencias investigativas para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Las primeras indagaciones apuntan a un posible ahogamiento. La víctima fue recuperada mientras vestía ropa deportiva, según informaron las autoridades. Personal especializado de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), junto con agentes de Criminalística y el vehículo de medicina legal, efectuó el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios.

La fallecida fue identificada como Rita H., de 85 años y de nacionalidad ecuatoriana.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por una fuente policial, durante la inspección inicial no se evidenciaron signos de violencia en el cuerpo, por lo que, en principio, se descarta la intervención de terceros. No obstante, serán los exámenes médico-legales los que determinen con exactitud la causa de la muerte.

Reaparece presunto ladrón de cilindros de gas en Ibarra

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(Redacciòn Ibarra).- Pese a haber sido identificado y aprehendido tras un robo ocurrido en 2025, un presunto delincuente señalado por el hurto de cilindros de gas volvió a ser captado por cámaras de seguridad cometiendo un nuevo hecho delictivo en la ciudad de Ibarra.

El primer caso se registró el 21 de noviembre de 2025, cerca de las 13:50, en una vivienda ubicada en la calle Luis Felipe Borja. Las cámaras de seguridad registraron cómo el individuo ingresó al inmueble tras aparentemente forzar las seguridades y sustrajo varios cilindros de gas que posteriormente fueron cargados en un taxi para huir del lugar.

Tras la difusión de las imágenes, el sujeto habría sido identificado como Anderson P., quien posteriormente fue aprehendido en un operativo ejecutado en la parroquia Alpachaca por el presunto delito de hurto. De acuerdo con información preliminar, registraría antecedentes penales y procesos judiciales pendientes.

Sin embargo, menos de un mes después, el 20 de diciembre de 2025, el mismo individuo volvió a ser captado por cámaras de seguridad en un domicilio de la calle Galo Plaza Lasso, en el sector del parque Céntrica, a pocos metros del ECU 911. En esa ocasión actuó junto a dos mujeres que permanecían vigilando en el exterior mientras él irrumpía en la vivienda utilizando un objeto metálico.

Las grabaciones muestran cómo logró sustraer un cilindro de gas, regresó al inmueble, manipuló una cámara de seguridad e intentó llevarse otros dos tanques. No obstante, al escuchar ruidos en el interior de la vivienda, abandonó el lugar apresuradamente.

Pese a estos antecedentes, el sujeto reapareció nuevamente la tarde de ayer, cerca de las 14:00, en el sector del parque San Agustín, sobre la calle Rocafuerte. Vecinos denunciaron un nuevo robo y las cámaras de seguridad volvieron a registrar al mismo ciudadano manipulando una puerta hasta conseguir ingresar a una vivienda.

Según las imágenes, el individuo recorrió el inmueble y posteriormente salió cargando varios objetos de valor, entre ellos un cilindro de gas, para luego abandonar el sector.

La reincidencia del sospechoso ha generado preocupación entre moradores de distintos barrios de Ibarra, quienes cuestionan que, pese a haber sido identificado y vinculado a hechos similares, continúe apareciendo en nuevos casos de robo registrados por cámaras de seguridad.

Ocho meses después, así terminó el caso de los “12 de Otavalo”

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(Redacciòn Imbabura).- El proceso judicial contra los denominados “12 de Otavalo” llegó a su fin el pasado 5 de junio de 2026, cuando la justicia ecuatoriana dictó el sobreseimiento para 18 personas investigadas por los hechos ocurridos durante los disturbios registrados en Otavalo el 22 de septiembre de 2025, jornada en la que fue incendiado el cuartel de Policía de la ciudad.

La resolución judicial determinó que no existían elementos probatorios suficientes para vincular a los procesados con el delito investigado, por lo que el proceso penal quedó cerrado para ellos. Sin embargo, la decisión no incluyó a dos adolescentes, cuyos casos continúan bajo un procedimiento especial debido a su condición de menores de edad.

Las detenciones

Tras los disturbios registrados en el contexto de las movilizaciones de septiembre de 2025, la Policía ejecutó varios operativos que dejaron un total de 18 personas aprehendidas: 15 adultos, dos menores de edad y una mujer.

Durante la audiencia de flagrancia realizada el 23 de septiembre de 2025, la autoridad judicial resolvió que 12 de los detenidos permanezcan privados de libertad mientras avanzaba la instrucción fiscal, mientras que seis personas recuperaron su libertad. Entre quienes enfrentaron el proceso en libertad estuvo Gina C.

Los detenidos fueron trasladados inicialmente fuera de la provincia de Imbabura hasta el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en Manabí, decisión que generó cuestionamientos por parte de familiares y organizaciones sociales debido a la distancia que los separaba de sus abogados y seres queridos.

Traslado desde Manabí hacia Imbabura

El 30 de septiembre de 2025, tres de los detenidos —Alfredo P., Luis C. y Diego L.— fueron trasladados bajo resguardo policial en un helicóptero militar hasta la ciudad de Ibarra debido a problemas de salud que requerían atención más cercana.

Días después, el 6 de octubre, la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente una acción de hábeas corpus presentada por la defensa de 10 de los 12 detenidos. Como resultado, se dispuso el retorno inmediato de siete de los privados de libertad que permanecían en la cárcel de El Rodeo.

Finalmente, el 15 de octubre, estos siete procesados regresaron a la provincia de Imbabura para continuar cumpliendo la medida de prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Con ello, los 10 beneficiarios del hábeas corpus quedaron nuevamente bajo jurisdicción de Imbabura.

Cambio de cargos y liberaciones

El 9 de noviembre de 2025 recuperó su libertad Luis Henry Jácome, uno de los integrantes del grupo conocido como los “12 de Otavalo”. Tras permanecer cerca de dos meses detenido, obtuvo medidas alternativas y pudo regresar junto a su familia.

Posteriormente, el 12 de noviembre, durante una audiencia de reformulación de cargos, la Fiscalía anunció modificaciones en la investigación. El fiscal Galiano Balcázar informó que los procesados serían investigados por los presuntos delitos de ataque y resistencia, así como daño a bien público.

Una semana después, el 19 de noviembre, la Fiscalía formalizó el cambio de tipificación penal, retirando el cargo de terrorismo que inicialmente pesaba sobre los detenidos. Esta decisión permitió que los procesados pudieran continuar su defensa en libertad mediante medidas sustitutivas.

Desde entonces, la investigación continuó enfocada en los presuntos delitos de ataque y resistencia y daño al bien público.

El sobreseimiento

Tras varios meses de investigación y diligencias judiciales, el 5 de junio de 2026 la justicia resolvió dictar el sobreseimiento para los 18 procesados adultos relacionados con los hechos ocurridos durante la quema del cuartel policial de Otavalo.

La resolución concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación penal en su contra, cerrando así el proceso judicial.

Luego de conocerse la decisión, integrantes del Pueblo Kichwa Otavalo realizaron una ceremonia de purificación y encuentro comunitario en la Plaza de los Ponchos, donde celebraron el fallo judicial y el cierre de un caso que durante meses generó debate en Imbabura.

Padre de familia lucha por salvar su pierna tras ser impactado por conductor en Ibarra

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(Redacciòn Ibarra).- Cerca de las 21:55 del pasado 11 de mayo, Joseph Villa, de 23 años, sufrió un grave accidente de tránsito en la vía E35, a la altura del ingreso a San Antonio de Ibarra, luego de ser impactado por un vehículo color gris de placas PCO-9286. Según denunció su familia, el conductor involucrado abandonó el lugar y se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida sobre la calzada.

Tras el siniestro, Joseph fue trasladado de emergencia al Hospital del IESS de Ibarra, donde los médicos diagnosticaron una fractura expuesta en una de sus piernas, con pérdida de parte del fémur, además de fracturas en ambos brazos.

Los especialistas realizaron una primera intervención quirúrgica para estabilizar su estado de salud. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, determinaron que requiere ser trasladado a un hospital de tercer nivel para someterse a procedimientos especializados que permitan reconstruir su pierna y evitar complicaciones mayores.

Su esposa señaló que la familia atraviesa momentos difíciles, ya que Joseph es padre de familia y actualmente no puede trabajar debido a su condición. Además, indicó que no cuentan con los recursos económicos necesarios para una cirugía privada, por lo que dependen del sistema de salud público para lograr su transferencia a un centro médico con mayor capacidad de atención.

Mientras esperan una respuesta, la preocupación de sus familiares aumenta, ya que el tiempo es un factor determinante para la recuperación del joven, quien incluso enfrenta el riesgo de perder su pierna si no recibe el tratamiento especializado que necesita de manera oportuna.

Alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, detenido en operativo por presunto lavado de activos

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(Redacciòn Esmeraldas).- La madrugada de este miércoles la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron un amplio operativo que culminó con la detención del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, dentro de una investigación por presunto lavado de activos.

Según información oficial, la investigación se inició en noviembre de 2025 tras detectarse operaciones financieras inusuales que habrían alertado a las autoridades. Como parte de las diligencias, se realizaron allanamientos simultáneos en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena, Pichincha y Sucumbíos.

Inicialmente se informó que la vivienda del alcalde sería intervenida; sin embargo, Villacís fue localizado y retenido en un hotel ubicado en el sector Las Palmas, al norte de la ciudad de Esmeraldas, donde participaba en una actividad recreativa vinculada a un campeonato de fútbol playa.

El operativo dejó un total de ocho personas detenidas, entre ellas varios funcionarios públicos presuntamente relacionados con la investigación. En total, las autoridades ejecutaron 18 allanamientos y recopilaron diversos indicios, incluyendo teléfonos móviles, computadoras, dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y documentación que será analizada dentro del proceso.

Ecuador
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la detención del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, se produjo tras 12 meses de investigación.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre el desarrollo de la intervención a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del procedimiento realizado por agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Posteriormente señaló que, bajo una presunta estructura de fachada, se habrían captado alrededor de 15 millones de dólares.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el grado de participación de los detenidos y establecer posibles responsabilidades penales. Mientras tanto, las autoridades han señalado que el caso se encuentra en fase de instrucción y que se ampliarán las diligencias conforme avance el proceso.

Este caso se suma a otras investigaciones recientes que involucran a autoridades locales y funcionarios públicos en distintos puntos del país, en el marco de las acciones emprendidas por el Estado para combatir delitos relacionados con corrupción y lavado de activos.

Volcamiento de camión bloquea ambos carriles de la E35 en Guayllabamba

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(Redacciòn Guayllabamba).- Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en las cercanías del puente sobre el río Guayllabamba, en la vía E35, generando el cierre vial en este importante corredor que conecta varias provincias de la Sierra ecuatoriana.

Según la información preliminar, en el siniestro estuvieron involucrados una camioneta, un vehiìulo y un camión que transportaba material pétreo. Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo pesado terminó volcado sobre la calzada, ocupando ambos carriles de circulación y dificultando el tránsito por el sector.

Personal de emergencia y agentes de tránsito acudieron al lugar para atender la situación y coordinar las labores de limpieza y retiro de los vehículos involucrados. Mientras tanto, decenas de conductores se vieron afectados por la congestión vehicular generada tras el cierre de la vía.

Hasta el momento, las autoridades reportaron una persona fallecida y se continuan investigando las causas que originaron el accidente.

Ecuador elimina el arancel del 100 % a productos colombianos desde este 1 de junio

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(Redacciòn Ecuador).- El Gobierno de Ecuador eliminò a partir de este lunes el arancel del 100 % que mantenía sobre las importaciones provenientes de Colombia. La medida fue oficializada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), que dispuso la eliminación total de la tasa arancelaria aplicada a los productos del vecino país.

Según la resolución emitida por la entidad, la decisión entrará en vigencia desde este 1 de junio, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

El anuncio se produce dos días después de que el presidente Daniel Noboa adelantara la noticia a través de una publicación en la red social X. El mandatario aseguró que la eliminación de los aranceles respondía a un acuerdo alcanzado con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la Cancillería de Colombia sostuvo que la medida obedece al cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Comunidad Andina (CAN), organismo encargado de velar por el libre comercio entre los países miembros.

La disputa comercial entre Ecuador y Colombia comenzó a inicios de este año, cuando el Gobierno ecuatoriano impuso una denominada “tasa de seguridad” a las importaciones colombianas. El gravamen inició en el 30 %, luego aumentó al 50 % y finalmente alcanzó el 100 %, encareciendo considerablemente el ingreso de mercancías procedentes del país vecino.

Como respuesta, Colombia adoptó medidas similares sobre varios productos ecuatorianos. Inicialmente aplicó un arancel del 30 % y posteriormente estableció gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 % para determinados bienes.

Ante la escalada de restricciones comerciales, la Comunidad Andina intervino al considerar que estas medidas contravenían los acuerdos de libre comercio vigentes dentro del bloque regional. En consecuencia, Ecuador decidió acatar las disposiciones del organismo y eliminar por completo el arancel aplicado a las importaciones colombianas, poniendo fin a varios meses de tensiones comerciales entre ambas naciones.

Cinco heridos deja siniestro de tránsito en el sector de Mascarilla

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(Redacciòn Ibarra).- La madrugada de este jueves, a las 02h39, el Cuerpo de Bomberos de Ibarra atendió una emergencia por un siniestro de tránsito registrado en la vía Panamericana E-5, en el sector de Mascarilla.

La primera respuesta fue brindada por personal de la estación Ambuquí, debido a su cercanía con el lugar del incidente. Posteriormente, se sumaron efectivos de las estaciones Santo Domingo y Terminal Terrestre, con el apoyo de tres ambulancias y una unidad especializada de rescate.

El accidente involucró a un automóvil y una camioneta que transportaba alimentos. Como consecuencia del impacto, cinco personas resultaron heridas, entre ellas una que quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos.

Ante esta situación, los equipos especializados del Cuerpo de Bomberos de Ibarra ejecutaron maniobras de extricación vehicular utilizando herramientas hidráulicas de rescate, logrando liberar de forma segura a la víctima para brindarle atención prehospitalaria inmediata.

Los paramédicos estabilizaron a tres de los afectados, quienes posteriormente fueron trasladados a diferentes casas de salud para recibir atención médica especializada. Las otras dos personas heridas fueron atendidas por personal del Ministerio de Salud Pública y de Panavial.

Durante las labores de emergencia, el personal operativo identificó que los ocupantes de uno de los vehículos involucrados presentaban halitosis similar al alcohol. No obstante, las causas y circunstancias que originaron el siniestro serán determinadas por las autoridades competentes mediante las investigaciones correspondientes.

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