(Redacción Ibarra).– Habitantes del sector de Priorato denunciaron públicamente un intento de desalojo que califican de ilegal. De acuerdo con el expediente 10333-2015-01234, el proceso de ejecución y remate adjudicó a la ciudadana Nubia del Rocío Tatamues Enríquez únicamente el 50% de las acciones y derechos del bien.
La providencia judicial es clara: al tratarse de una copropiedad, no procede la singularización (delimitación física) del terreno. Cualquier división del inmueble debería tramitarse en un proceso legal distinto; sin embargo, los moradores denuncian que se pretende ejecutar un desalojo y descerrajamiento sin que exista un inventario previo o una partición que determine qué parte específica del predio corresponde a la adjudicada, debido a que las viviendas se encuentran distribuidas en toda la propiedad y no exclusivamente en el 50% rematado, lo que hace imposible un desalojo sectorizado.
Los denunciantes apuntan directamente al juez Pablo Veintimilla y, en calidad de terceros perjudicados, aseguran que nunca fueron notificados del proceso. Denuncian además que el depositario judicial, quien actúa también como accionante, omitió informar al juez en el acta de embargo sobre la existencia de viviendas consolidadas y el número de personas que habitan el predio. Esta situación es crítica, ya que muchas de las familias afectadas han residido en el sector por más de 15 años y cuentan con promesas de compra-venta notarizadas; en el lugar existe presencia de grupos vulnerables como niños y adultos con discapacidad.
Los ciudadanos solicitan la intervención inmediata del Consejo de la Judicatura. Exigen que se investigue el accionar judicial y se determine si existen presiones externas que estén forzando una ejecución no contemplada en la ley.
(Redacción Ecuador).– Tras seis semanas de audiencia, el juez Jovanny Suárez Chávez emitió sentencia en el denominado caso Las Malvinas, declarando culpables a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por su responsabilidad en la desaparición forzada de cuatro menores, ocurrida en diciembre de 2024.
De los procesados, 11 militares recibieron la pena máxima de 34 años y ocho meses de prisión, mientras que cinco uniformados fueron sentenciados a 30 meses de cárcel tras acogerse a la figura de cooperadores eficaces, en consideración a su colaboración con la Fiscalía General del Estado. En contraste, el teniente coronel Juan Francisco I. fue declarado inocente, al no comprobarse su responsabilidad penal.
Además de las penas privativas de libertad, el Tribunal dispuso una serie de medidas de reparación integral y simbólica, entre ellas el pago de 800 salarios básicos unificados, equivalentes a 376.000 dólares, la identificación del puente donde los adolescentes habrían sido aislados, y la implementación de procesos obligatorios de capacitación en derechos humanos dentro de la institución militar.
Asimismo, se ordenó la emisión de disculpas públicas institucionales en un medio de comunicación de prensa escrita, así como la publicación de un extracto de la sentencia, tanto por parte de la FAE como de los militares sentenciados, dirigido expresamente a los familiares de las víctimas. A estas medidas se suma la colocación de una placa conmemorativa en la base militar de Taura, lugar vinculado a los hechos investigados.
La sentencia, que responde íntegramente al pedido formulado por la Fiscalía en sus alegatos finales, constituye un precedente judicial relevante en materia de derechos humanos, reafirmando el deber del Estado de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias.
Al igual que en el caso Malvinas, otro proceso judicial que concluyó con la imposición de la pena máxima ocurrió con el exteniente de la Policía Nacional Germán Cáceres, que fue condenado por el asesinato de su esposa, la abogada María Belén Bernal. El crimen, que conmocionó al país, fue sancionado con 34 años y 8 meses de prisión, la pena más alta establecida en Ecuador para el delito de femicidio, evidenciando que en ambos casos la justicia aplicó el máximo castigo previsto por la ley ante hechos de extrema gravedad.
(Redacción Imababura).- La Corte Nacional de Justicia convocó una audiencia de hábeas corpus a favor de Luis Henry Jácome Espinoza, quien es el único de los llamados “12 de Otavalo” que continúa en prisión.
La decisión fue tomada por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional, luego de recibir los documentos enviados por la Fiscalía y la Unidad Judicial de Garantías Penales relacionados con el caso. La diligencia se realizará de forma virtual, el martes 11 de noviembre de 2025 a las 14h00, a través de la plataforma Zoom.
Durante una entrevista, la familia de Luis Henry contó que él era el principal cuidador de su madre, quien tiene una discapacidad del 90% y actualmente se encuentra hospitalizada por problemas de salud. La defensa técnica solicitó la intervención de organismos de derechos humanos para conseguir su pronta liberación, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de su madre.
Asimismo, la Corte ordenó notificar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado, debido a denuncias sobre posibles agresiones sufridas por Jácome durante su detención. El Centro de Rehabilitación Social N.º 1 de Ibarra deberá garantizar que el procesado participe de manera telemática en la audiencia.
(Redacción Imbabura).- La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, denunció una presunta persecución política y judicial en su contra, luego de que la Fiscalía abriera una investigación por presunto financiamiento al terrorismo.
A través de un pronunciamiento público, Vercoutère aseguró que el proceso forma parte de una estrategia estatal para acallar voces críticas y disidentes, especialmente de mujeres, dirigentes indígenas y defensoras de derechos humanos.
La viceprefecta relató que el 21 de septiembre sus cuentas bancarias fueron bloqueadas sin previo aviso, junto con las de otras lideresas sociales. Asegura que no recibió notificación ni se presentaron pruebas, lo que a su criterio constituye una violación al debido proceso.
Días después, el 26 de septiembre, su nombre apareció en redes sociales dentro de una lista de personas investigadas por presunto enriquecimiento privado no justificado. En respuesta, presentó una acción de protección para exigir la restitución de sus derechos, la cual fue negada por la justicia constitucional.
Aunque el 31 de octubre anunció haber conseguido el desbloqueo de sus cuentas, horas más tarde fue notificada nuevamente por un nuevo proceso judicial: financiamiento al terrorismo.
La abogada Sonia Vera, defensora de Vercoutère, aseguró que su clienta ha sido víctima de un patrón de hostigamiento desde que lideró movilizaciones y procesos de defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios.
Entre las acciones denunciadas figuran: Bloqueo arbitrario de cuentas sin orden judicial, procesos penales fabricados por supuestos delitos de terrorismo, vigilancia estatal y hostigamiento físico en Otavalo e Imbabura, estigmatización pública por parte de autoridades y medios afines al Gobierno.
Vercoutère advirtió que este tipo de procesos judiciales “con fines políticos” fomentan el miedo, la autocensura y la criminalización del liderazgo social, e hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen la situación en el país.
“No se trata solo de mi caso —subrayó—, sino del uso del poder judicial para callar a quienes piensan diferente”.
(Redacción Ibarra).- El creador de contenido ibarreño Bryan S., enciende una controversial polémica en redes sociales, por lo que podría enfrentar consecuencias legales. El influencer, que se ha ganado una considerable audiencia en TikTok con videos cargados de sátira y opiniones, ha sido denunciado por calumnia tras acusar públicamente a un ciudadano identificado como Edison A. C. de haber sustraído piezas de su vehículo durante las festividades de San Juanes en Caranqui.
En uno de sus videos, que ya no está publicado en la red social, Bryan S. acusa directamente al ciudadano y le da un ultimátum de 48 horas para que se comunique con él y “lleguen a un arreglo”, acusándole de haberse robado varias piezas de su vehículo, además advirtiéndole que, de no hacerlo, “tendrá serios problemas”. Las declaraciones no tardaron en viralizarse, generando un amplio debate entre quienes lo respaldan y quienes cuestionan la ética de hacer justicia a través de las redes sociales. Ante esta situación, Edison A. C. presentó una denuncia formal por calumnias, asegurando que su imagen y reputación han sido gravemente afectadas por afirmaciones sin respaldo legal, detallando además que Bryan S. habría enviado mensajes amenazantes vía WhatsApp contra su integridad y la de su familia.
Por otro lado, Bryan S. habría establecido una estrecha colaboración con un abogado «influencer en tik tok», que ha ganado notoriedad por sus vídeos virales en los que lanza constantes cuestionamientos contra servidores públicos, administraciones locales y agentes de tránsito.
En un video publicado el 24 de julio en la cuenta del mencionado jurista, se observa a ambos personajes comentando el caso que ha desatado la polémica. En el clip, Bryan S. declara: «Veo a este tal Edison cerrando la puerta de mi vehículo. Hay cámaras que lo demuestran; estás grabado, hermano, así que prepárate mi bro, porque te viene lo duro.» Más adelante añade: «Sus amiguitos con los que hace fechorías se han de enojar también con él, porque vamos a desmantelar todo lo que hace, así que que se prepare.»
El abogado, conocido por representar a varios ciudadanos en casos mediáticos, ahora estaría brindando su respaldo legal al influencer para enfrentar las denuncias en su contra.
Según la información pública que se encuentra en el Consejo de la Judicatura, el ciudadano Edison A, cuenta con varios procesos judiciales, por receptación, estafa y robo, sin embargo ninguno de estos procesos judiciales han llegado a buen término, en vista de que no se ha podido demostrar la culpabilidad del ciudadano y la justicia los archivó.
Adicionalmente, se conoce que dentro de este proceso Bryan S. no ha generado una denuncia formal por el presunto robo que acusa en redes sociales.
Este no sería el primer encontrón de Bryan S. con la justicia; se conoce que mantiene un proceso legal previo por presunta difamación contra la empresa Ecuasueña, reconocida por la venta de planes de compra programada de vehículos. En aquella ocasión, el influencer calificó públicamente a la firma de “estafadora”, lo que motivó una demanda por daño a la imagen y desprestigio comercial; igualmente, los videos colgados que son motivo de esta denuncia ya fueron borrados de la red social.
Bryan S. es conocido por sus publicaciones cargadas de humor y crítica y ha sido señalado en varias ocasiones por verter opiniones sin sustento y utilizar su alcance en redes sociales para instalar criterios que en muchos de los casos tienen escasa base argumentativa. Aunque su contenido gira principalmente en torno al entretenimiento, no es inusual que incurra en temas de política y actualidad nacional, lo que ha generado controversia y, además, demandas legales por calumnia.
Nuestra redacción intentó comunicarse vía WhatsApp con el influencer para obtener su versión, pero lamentablemente el canal de WhatsApp que tiene habilitado en su perfil dejó de funcionar.
(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.
El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.
El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.
Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Ibarra).- Un nuevo caso de robo mediante el uso de escopolamina sucedió este fin de semana en Ibarra, un joven fue drogado con estas sustancias y fue despojado de sus pertenencias.
Se trata de Fernando, quién a través de TINDER, conoció a una chica que supuestamente vivía en Ibarra y se llamaba Andrea Cáceres, se citó con ella por medio de la aplicación y la invitó a su casa, ubicada en Ibarra. La chica llegó a su domicilio de forma puntual y pasó hacia la sala en donde departieron algunos momentos e ingirieron algunas bebidas.
Luego de un momento Fernando perdió el conocimiento y no recuerda nada más de lo que pasó, despertando alrededor de las 22h00 horas, percatándose que la mujer ya no se encontraba en el domicilio, al igual que sus pertenencias, entre las que se destacan un televisor de 55 pulgadas, un PlayStation un teléfono Iphone además de una laptop y dinero en efectivo.
Aún aturdido por el efecto de la escopolamina Fernando acudió a donde sus vecinos para alertar del robo y llamar a la Policía, quienes en la explotación de las cámaras cercanas al domicilio pueden observar que cerca de las 19h00 horas, la mencionada ciudadana ingresa acompañada de un sujeto en un vehículo color blanco y proceden a sustraerse las pertenencias del domicilio.
La Policía Nacional deberá recabar todos los indicios para determinar y encontrar a los culpables de este robo.
DENUNCIAS DEL MISMO TIPO DE ROBO EN OTAVALO.
Adicionalmente a este caso nuestra redacción conoció que en varias discotecas de la Zona Rosa del Valle del Amanecer estarían operando diferentes bandas delictivas que roban en bares y discotecas.
El coronel Telmo Erazo, jefe del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, indicó que los síntomas de envenenamiento por escopolamina son dilatación de las pupilas, sequedad en boca y estómago, sed, hormigueo en la cara, contracción de vasos sanguíneos, dificultad para hablar, orinar y deglutir, visión borrosa de cerca.
“Las secuelas pueden durar un largo tiempo y ser muy serias, puede provocar la pérdida de memoria permanente, depresión, paranoia, problemas emocionales como estrés postraumático. En cantidades altas puede causar convulsiones, taquicardia severa, fallos respiratorios e, incluso, la muerte.
Qué hacer en caso de sospechar que ha sido drogado (a)
Si una persona siente que ha sido afectada por algún tipo de sustancias sicotrópicas, llame inmediatamente al 911, y espere en un lugar seguro hasta que llegue la ayuda y se le dé los primeros auxilios.
(Redacción Imbabura).- Vehículos y motocicletas recuperados; armas de fuego, teléfonos celulares y municiones decomisadas es el resultado del trabajo efectuado por el eje investigativo, en Imbabura.
Con el propósito de reducir, prevenir y evitar actos delictivos, los policías aplican técnicas de investigación, y constantes operativos de control, trabajos que dan buenos resultados en la recuperación de vehículos y motocicletas reportados como robados. En este sentido, en la última semana lograron recuperar seis motocicletas, tres de ellas con reporte de robo en mayo y junio del 2024; y tres para investigaciones por inconsistencias en las series alfanuméricas del chasis y motor. También retuvieron cinco vehículos, uno de ellos robado el 20 de junio del 2024 en el Distrito Ciudad Blanca. Entre los vehículos retenidos constan un camión, dos camionetas y un automóvil.
Vehículos y motocicletas están en los patios de retención vehicular de la Policía Judicial de Ibarra.
Por otro lado, durante los operativos de control los agentes decomisaron una escopeta, una carabina y un revólver de diferente calibre, 10 municiones calibre 223; y seis teléfonos celulares. Objetos que fueron ingresados en el centro de acopio de indicios y evidencias de la Policía Judicial.
(Redacción Quito).- Este martes 7 de mayo a las 08:30 am se instaló la Audiencia de Juzgamiento por el presunto delito de peculado en contra de Diego García, ex prefecto de la provincia de Imbabura entre el 2009 y el 2014, por la Revolución Ciudadana, la audiencia continuó este día martes 08 de mayo y se extenderá hasta el viernes 10, en donde se evacuarán a todos los testigos de parte de la Fiscalía y del ex Prefecto.
Según los alegatos presentados por la Fiscalía General del Estado, el ex funcionario provincial habría causado un perjuicio económico al estado por más de 180 mil dólares, al contratar a seis guardias de seguridad con dinero de la Prefectura para el cuidado de su casa.
En su intervención, el fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores, mencionó que en 2009, la Prefectura de Imbabura contrató a 6 personas quienes, por disposición verbal del procesado, se desempeñaron como guardias de seguridad en su domicilio en Ibarra. Ellos efectuaban turnos rotativos de 8 horas, las 24 horas del día, inclusive los feriados.
Es decir, mientras Diego G. cumplía las funciones de Prefecto de Imbabura mantuvo un servicio de guardianía en su vivienda, el cual era cancelado con fondos públicos de la Institución a la que representaba. Según las pericias contables, el monto del perjuicio económico causado al Estado es de 182.636,11 dólares.
Cuarenta y nueve elementos de convicción presentó la Fiscalía para sustentar el dictamen acusatorio emitido en contra del exfuncionario. Entre los principales están el informe de Contraloría que determinó las irregularidades existentes en la contratación del personal, versiones de los 6 guardias de seguridad y de funcionarios del Gobierno provincial de Imbabura.
También constan los roles de pagos de las remuneraciones mensuales y beneficios de ley, un informe de la UAFE, oficios e informes de pericias contables y financieras.
En esta audiencia, Fiscalía emitió dictamen acusatorio y realizó el anuncio de las pruebas testimoniales, periciales y documentales que presentará en la audiencia de juzgamiento.
Este caso se judicializa por peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
