(Redacción Imbabura).- Tras casi dos semanas de calma relativa, la noche del sábado y la madrugada del domingo se desencadenaron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y militares en el peaje de #SanRoque, al sur de #Ibarra. Un convoy militar que se dirigía hacia el sur quedó detenido frente a la presencia de comuneros concentrados en Ilumán, en la entrada a #Cotacachi. Al retroceder intentando regresar a Ibarra, los uniformados fueron nuevamente cercados por comuneros de San Roque; se usó gas lacrimógeno para intentar despejar el paso. En imágenes captadas en el sitio, se aprecia a dos personas: una sostiene un tubo, supuestamente de PVC, mientras otra manipula explosivos conocidos como “voladores”. En el momento en que el convoy avanzaba, uno de ellos enciende un volador y lo lanza hacia los militares; simultáneamente resuenan gritos de “¡muere, muere!”.

Adicionalmente, comuneros denunciaron en Radio Ilumán que dos jóvenes de Quiroga —quienes, según afirman, no participaban de la protesta— habrían sido retenidos por militares, presuntamente maltratados y les cortaron la trenza. En la cultura indígena andina, la trenza no es un mero peinado: representa un símbolo de identidad, fidelidad cultural, espiritualidad y conexión con la comunidad. 

Este hecho ha vuelto a avivar el debate entre quienes defienden las manifestaciones como una “jornada de resistencia legítima” frente a decisiones estatales controvertidas, y quienes advierten que el empleo de explosivos, cercos a fuerzas del orden y actos de violencia tipifican acciones como terrorismo. El video viralizado ha encendido esa tensión: para analistas y juristas, la línea entre protesta legítima y delito grave es difusa pero no inocua, pues de su definición dependerá cómo el Estado actúa —si reprime, investiga o criminaliza— y cómo se garantiza el derecho colectivo a manifestarse sin que se erosione la seguridad pública.