(Redacción Imbabura).- Momentos de tensión se registraron la mañana de ayer, cuando moradores de las comunidades de La Playita-Camuendo, ubicada a orillas del lago San Pablo, y La Compañía, situada cerca de Pucará Bajo, protagonizaron un enfrentamiento relacionado con una disputa por límites territoriales que se mantiene desde hace décadas.
La controversia entre ambos sectores no es reciente. Las dos comunidades colindan en la zona rural y periférica de la parroquia urbana El Jordán, en el cantón Otavalo, donde mantienen una disputa por la delimitación de sus territorios que, pese a los intentos de sus dirigentes por alcanzar acuerdos, todavía no ha encontrado una solución definitiva.
Videos difundidos ayer en redes sociales muestran a hombres y mujeres de ambas comunidades enfrentándose y protagonizando agresiones físicas e intercambios verbales. Según información preliminar, el conflicto se habría intensificado tras el derribo de un muro construido en el sitio, que contaba con varias pintadas. Los escombros del muro habrían sido utilizados por los involucrados para amedrentarse durante el enfrentamiento.
De acuerdo con la información conocida, alrededor de 40 metros de territorio estarían en disputa, una diferencia que habría vuelto a elevar la tensión entre ambas comunidades. El enfrentamiento se habría prolongado durante varias horas, hasta que el párroco y miembros de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús intervinieron para mediar y evitar que la confrontación escalara.
Por la tarde, en la casa comunal de La Compañía, se desarrolló un diálogo entre dirigentes de ambas comunidades y miembros de la Iglesia, con el objetivo de buscar una salida al conflicto y establecer posibles acuerdos que permitan solucionar la disputa territorial. Las partes analizaron la situación en una asamblea comunitaria mientras la ciudadnia continua a la espera de la resoluciòn. El enfrentamiento dejo varios heridos y una persona retenida.
(Redacciòn Ibarra).- Entre el domingo 30 de agosto y este lunes 31 varios siniestros de trànsito se suscitaron en varios cantones como Ibarra Otavalo y Antonio Ante. El primero ocurrió la noche del domingo en el sector La Joya, en Otavalo, donde un vehículo cayó a una quebrada ante la mirada de varios moradores. El conductor quedó atrapado en el interior del automotor y, pese a la llegada de agentes de la Policía Nacional y una ambulancia, se confirmó su fallecimiento.
Moradores señalaron que el conductor habría estado en aparente estado de embriaguez; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Posteriormente, una unidad de rescate realizó el remolque del vehículo, mientras agentes del SIAT y DINASED efectuaron el procedimiento correspondiente para determinar las causas del siniestro.
Minutos después, a las 20:29, otro accidente cobró la vida de una persona en la vía E35, a la altura de San Roque. Un motociclista sufrió un violento impacto y falleció en el lugar. Personal de la Policía Nacional y una ambulancia de Panavial acudieron para atender la emergencia. El SIAT realizó el levantamiento del cuerpo y las pericias para establecer cómo ocurrió el accidente.
La mañana de este lunes, alrededor de las 07:30, un nuevo siniestro elevó a cuatro el número de víctimas mortales. Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas tras un violento choque registrado en el sector de Salinas.
Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional, una ambulancia del Ministerio de Salud Pública y unidades del Cuerpo de Bomberos. De manera preliminar, el accidente se habría producido luego de que agua proveniente de una acequia cercana llegara a la vía, provocando que un automóvil perdiera pista y terminara impactándose contra un taxi.
La vía permaneció cerrada al tránsito vehicular durante varias horas mientras se atendía la emergencia y se realizaban los procedimientos correspondientes.
(Redacción Otavalo).- Una serie de accidentes registrados durante el último año volvió a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad de la Terminal Terrestre de Otavalo y la necesidad de contar con una infraestructura que responda al crecimiento de la ciudad y al constante flujo de pasajeros y buses.
En agosto de 2025, una joven de 25 años murió luego de ser impactada por un bus en los exteriores de la terminal. La mujer se movilizaba en bicicleta mientras utilizaba su teléfono celular cuando ocurrió el siniestro.
En julio de 2026, un adulto mayor fue atropellado durante la mañana en el mismo sector, precisamente en una zona caracterizada por el permanente ingreso y salida de buses interprovinciales e intercantonales.
El 12 de agosto de este año, otro joven fue atropellado en las inmediaciones de la Terminal Terrestre. A pesar de la gravedad del hecho, resultó prácticamente ileso. Doce días después, otro siniestro se susitò luego de que una mujer fuese atropellada y sufriera graves lesiones que derivaron en la pérdida de una pierna y afectaciones en el tejido abdominal. El hecho ocurrió ante la mirada de pasajeros y conductores.
Estos hechos han reavivado los reclamos de ciudadanos y transportistas, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado a la Alcaldía de Otavalo la construcción de una nueva terminal terrestre o una intervención integral que permita mejorar las condiciones de seguridad y movilidad.
La discusión sobre una nueva terminal no es reciente. Durante años han existido debates técnicos y sociales respecto a su ubicación, características y la forma de ejecutar el proyecto sin comprometer de manera desproporcionada los recursos municipales.
En julio de 2024 y julio de 2025 resepctivamente, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, anunció el proyecto para la construcción de una nueva terminal terrestre en el sector de Carabuela. Según lo anunciado en ese momento, hasta septiembre de 2025 se esperaba contar con los estudios definitivos y definir los mecanismos de financiamiento, con la proyección de iniciar las obras ese mismo mes. La propuesta contemplaba trasladar las operaciones principales fuera del casco urbano, con el objetivo de descongestionar el centro de la ciudad. Ese proceso contarìa con la aprobación de la categorización del nuevo terminal por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que establece los parámetros técnicos que deberá cumplir la infraestructura proyectada.
Sin embargo, la propuesta también generó rechazo entre parte de la ciudadanía debido a la distancia de aproximadamente 6,3 kilómetros que existiría entre la nueva terminal y el centro de Otavalo. El traslado implicaría que los usuarios deban tomar un autobús adicional para llegar hasta el nuevo punto de embarque, lo que representaría un costo y tiempo extra para quienes utilizan diariamente el transporte público.
Además, se ha señalado que el actual patio de operaciones no desaparecería con la construcción de la nueva terminal. De acuerdo con la propuesta, este espacio sería reconvertido en una estación de transferencia destinada a atender los circuitos internos de transporte. A esto se sumaría la construcción de una segunda estación en el sur de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso de pasajeros provenientes de Quito, Cayambe y otras localidades.
El proyecto aún no ha avanzado y, mientras tanto, la actual terminal continúa operando en medio de cuestionamientos por sus condiciones de seguridad. El reducido espacio, frente al constante flujo de pasajeros y buses, dificulta la circulación vehicular y peatonal, a lo que se suman accesos con escasa iluminación, problemas de visibilidad, deficiente señalética y ausencia de pantallas informativas, factores que generan preocupación entre quienes utilizan diariamente estas instalaciones. A esto se añade el deterioro de parte de la infraestructura y los siniestros registrados tanto en el interior como en los exteriores del terminal, situaciones que han incrementado el reclamo ciudadano por una solución definitiva.
Para Otavalo, la construcción de una nueva terminal representa un proyecto esperado durante más de dos décadas. La ciudad, considerada uno de los principales destinos turísticos de Imbabura, mantiene el desafío de contar con una infraestructura de transporte acorde con el crecimiento urbano, el movimiento comercial y turístico y el número de pasajeros que diariamente llegan y salen del cantón.
Los recientes accidentes han vuelto a poner una pregunta sobre la mesa: ¿cuánto tiempo más deberá esperar Otavalo para contar con una terminal terrestre segura, moderna y acorde con las necesidades de una ciudad que recibe cada año a miles de visitantes?
(Redacción Ecuador).- La Fiscalía General del Estado registra más de 400 denuncias relacionadas con robos cometidos mediante el uso de escopolamina. Quito concentra la mayor incidencia, especialmente en zonas comerciales, exteriores de entidades bancarias y sectores universitarios.
Especialistas advierten que la sustancia puede ingresar al organismo al ser ingerida en bebidas o alimentos contaminados, inhalada mediante aerosoles o por contacto con las mucosas de los ojos, la nariz o la boca.
Entre los modus operandi más frecuentes está la colocación de la sustancia en bebidas dentro de discotecas y establecimientos donde se consume alcohol. También se han reportado casos en espacios públicos y otros en los que mujeres habrían utilizado aplicaciones de citas u otros métodos de acercamiento para captar a sus posibles víctimas, principalmente hombres de entre 25 y 40 años.
La escopolamina, conocida también como burundanga o “aliento del diablo”, es una sustancia que puede provocar desorientación, sedación, sometimiento y amnesia. No tiene olor ni sabor perceptibles y, bajo sus efectos, las víctimas pueden quedar en un estado de vulnerabilidad que es aprovechado por delincuentes para despojarlas de dinero y pertenencias. Sus efectos pueden comenzar entre 15 y 30 minutos después de la exposición y alcanzar su mayor intensidad alrededor de las dos horas.
Pichincha concentra casi la mitad de los casos reportados a escala nacional, con Quito, Guayaquil y Cuenca entre las ciudades con mayor incidencia. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 461 denuncias oficiales en el país, un 27,7 % más que en el mismo periodo de 2025, según los datos citados.
En Imbabura, nuestra redacciòn ha dado seguimiento desde el año pasado a varios casos relacionados con esta modalidad delictiva. El más reciente ocurrió el 1 de agosto, cuando dos ciudadanos habrían sido escopolaminados en una reconocida discoteca de la urbe y posteriormente despojados de su dinero en la ciudad de Cotacachi mediante retiros sin tarjeta.
En Otavalo, el último caso público fue en el mes de febrero de este año, cuando un adulto mayor habría sido escopolaminado y posteriormente llevado hasta una entidad bancaria, donde realizó un retiro de dinero de manera involuntaria.
Ante estos hechos, ciudadanos han adoptado medidas de precaución. De manera extraoficial, algunos aseguran que incluso optan por cubrirse al acudir a entidades bancarias o utilizar cajeros automáticos para reducir una eventual exposición a la sustancia.
Especialistas recomiendan no aceptar bebidas o alimentos de desconocidos, evitar el contacto con aerosoles o sustancias de procedencia desconocida y mantener las manos limpias, procurando no llevarlas a los ojos, la nariz o la boca. También aconsejan estar atentos ante acercamientos inusuales de desconocidos.
Si una persona presenta mareos repentinos, visión borrosa, confusión, desorientación o cambios inusuales de conciencia después de una posible exposición, debe acudir de inmediato a un centro de salud u hospital.
En un caso reciente ocurrido en Quito, la Policía Nacional descartó que cinco personas —tres hombres y dos mujeres— halladas inconscientes en las calles Ajaví y Sozoranga, en el sector de Solanda, hayan sido escopolaminadas. Según la institución, su estado sería compatible con una intoxicación alcohólica.
(Redacciòn Ibarra).- La jueza Raquel Maza, de Ibarra, aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), en el marco de una investigación por la presunta paralización de servicios públicos durante las movilizaciones registradas en septiembre y octubre de 2025, cuyo epicentro estuvo en la provincia de Imbabura.
La Fiscalía investiga al dirigente con base en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quien impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público. Este delito contempla una pena de entre uno y tres años de prisión.
La decisión judicial generó reacciones entre organizaciones sociales. La Unión Nacional de Educadores (UNE) rechazó la prisión preventiva y cuestionó la independencia e imparcialidad de la decisión, al considerar que la medida estaría fuera de la ley.
La UNE sostuvo además que el proceso evidenciaría una supuesta criminalización y persecución contra dirigentes sociales que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno de Daniel Noboa. A través de un comunicado, la organización hizo un llamado a los sectores sociales y populares a rechazar lo que calificó como autoritarismo del Gobierno.
Hasta el momento, Guido Perugachi no ha emitido un pronunciamiento público sobre la decisión judicial.
(Redacción Otavalo).- Un joven fue atropellado ayer en las inmediaciones de la Terminal Terrestre de Otavalo donde una unidad de la Cooperativa Otavalo estaría involucrada en el siniestro. El ciudadano recibió atención en el lugar mientras se espera información oficial sobre la gravedad de sus lesiones y las circunstancias en las que se produjo el incidente.
El registro de este nuevo caso permite identificar una constante: los exteriores de la terminal han sido escenario de varios atropellamientos durante los últimos meses. El antecedente más reciente ocurrió el sábado 25 de julio de 2026, cuando un adulto mayor fue atropellado durante la mañana en el mismo sector, precisamente en una zona marcada por el ingreso y salida permanente de buses interprovinciales e intercantonales.
A estos dos casos se suma un hecho ocurrido el 25 de agosto de 2025, que tuvo un desenlace fatal. Esa noche, una joven de 25 años murió luego de ser impactada por un bus en la intersección de la avenida Atahualpa y Neptalí, en los exteriores de la terminal. La víctima se movilizaba en bicicleta y, de acuerdo con testimonios recogidos tras el siniestro, habría estado utilizando su teléfono celular cuando ocurrió el impacto.
Los tres hechos tienen como escenario un mismo entorno de circulación: los accesos y vías que rodean a la principal terminal de transporte de Otavalo. Allí coinciden buses que ingresan y salen de la ciudad, vehículos particulares, motocicletas, ciclistas y peatones que atraviesan el sector para llegar a la terminal o continuar su recorrido. Esa dinámica hace que cualquier maniobra de ingreso, salida o cruce implique un riesgo latente.
La alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, con fecha 2 de junio de este año manifestò que se estaban realizando los estudios para la creación de un nuevo terminal en la ciudad y la creación de estaciones de trasferencia de pasajeros que llegan de distintas zonas del país a Otavalo.
(Redacción Ibarra).- En pleno corazón del centro histórico de Ibarra, en la esquina de las calles Bolívar y Flores, un edificio que durante décadas fue símbolo del poder y la administración pública hoy enfrenta un escenario crítico. La antigua Gobernación de Imbabura permanece en abandono desde 2014, mientras su deterioro avanza y la búsqueda de recursos para rehabilitarla sigue sin concretarse.
El inmueble pertenece al Gobierno Nacional y su uso fue cedido a la Gobernación de Imbabura bajo una condición: debe ser ocupado por la entidad; de lo contrario, tendría que ser devuelto. Sin embargo, el avanzado deterioro de la infraestructura impide que actualmente pueda funcionar con normalidad.
La situación coloca al edificio en una paradoja: la Gobernación está obligada a utilizarlo, pero no dispone de los recursos necesarios para recuperarlo.
UNA JOYA PATRIMONIAL EN DETERIORO
El deterioro del inmueble ha quedado expuesto en distintas ocasiones. El 19 de enero de 2026, el cineasta y escritor Jorge Luis Narváez publicó en redes sociales imágenes en las que mostró la antigua balanza de la justicia, fechada en 1916, que originalmente se encontraba en la parte más alta del edificio y que habría terminado en el suelo.
El elemento, que durante años formó parte de la imagen característica de la Gobernación, se convirtió en una evidencia del avanzado estado de abandono de uno de los inmuebles patrimoniales más representativos del centro histórico ibarreño.
A esto se suman filtraciones, debilitamiento de la estructura y presencia de plagas, problemas que incrementan progresivamente el costo de una eventual recuperación.
EL COSTO DE RECUPERARLA SIGUE SUBIENDO
El valor estimado para una rehabilitación integral tampoco ha sido estático. Inicialmente se hablaba de alrededor de 1,6 millones de dólares, pero para julio de 2026 la cifra ya alcanzaba aproximadamente 2,18 millones de dólares.
El dato fue revelado por el gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, durante una entrevista concedida a Radio XFM. Según explicó, el presupuesto referencial ya fue remitido a las autoridades nacionales para su análisis.
Ortiz reconoció que conseguir una inversión superior a los 2 millones de dólares resulta complicado en medio de las restricciones fiscales que atraviesa el país. Aun así, aseguró que la recuperación del inmueble fue incluida entre las necesidades prioritarias remitidas al Ejecutivo.
El propio gobernador calificó al edificio como “la cara sucia del centro histórico”, en referencia al impacto que su deterioro genera en la imagen de una de las zonas más emblemáticas de Ibarra.
EL MUNICIPIO HA BUSCADO UNA SALIDA
El problema no es nuevo. Desde años atrás se han planteado alternativas para evitar que el inmueble continúe deteriorándose.
Durante la administración del alcalde Álvaro Castillo, el Municipio de Ibarra buscó que el bien pasara a manos de la administración local para poder intervenirlo y destinar recursos a su rehabilitación. Sin embargo, hasta ahora no se habría concretado una respuesta favorable del Ejecutivo.
La posibilidad de transferir el inmueble al Municipio también ha sido planteada como una alternativa para facilitar su recuperación mediante programas de conservación patrimonial.
No obstante, la actual administración de la Gobernación no considera conveniente entregar la propiedad.
“Imbabura tiene que tener una sede del Gobierno central que se llama edificio de la Gobernación. Sería inaudito entregarlo y quedarse sin ese patrimonio”, sostuvo Ortiz.
La posición, sin embargo, no cierra completamente la posibilidad de una intervención municipal. El gobernador dejó abierta la opción de establecer un mecanismo de cooperación interinstitucional que permita ejecutar trabajos de recuperación sin que el inmueble pase a ser propiedad de otra entidad.
SIN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO
Hasta agosto de 2026, la Gobernación de Imbabura no ha recibido recursos del Ministerio de Economía y Finanzas para iniciar el proyecto de recuperación. Ortiz expresó su expectativa de que la situación pueda destrabarse antes de finalizar el año. “Confiamos en que en este periodo, hasta diciembre, tengamos buenas noticias”, manifestó.
(Redacciòn Cotacachi).- Un incendio forestal de gran magnitud permanece activo en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Hasta el momento, las llamas han consumido aproximadamente 400 hectáreas de vegetación, de las más de 243 mil hectáreas que comprende esta área protegida. El incendio se originó el lunes 10 de agosto en la comunidad El Morlán, parroquia Imantag, y desde entonces un contingente de más de 700 personas trabaja arduamente para sofocar las llamas.
Las ráfagas de viento de hasta 90 km/h dificultan las labores y reavivan el fuego, que ha alcanzado la cima del volcán Cotacachi, comprometiendo las antenas de transmisión de varios medios de comunicación de Imbabura. Los focos activos, entre laderas humeantes, amenazan además fuentes primarias de agua en zonas como Iltaqui, importante fuente natural de la LagunaDeCuicocha.
El martes 11 de agosto, representantes del Municipio de Cotacachi, UNORCAC, Gobernación, Cuerpo de Bomberos de Cotacachi, Secretaría de Gestión de Riesgos, ECU 911, Ministerio del Ambiente y Comando del Ejército se reunieron para analizar la situación del incendio forestal dentro del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y establecer acciones para enfrentar la emergencia.
Como parte de las decisiones adoptadas, se activó el Grupo N.° 3 del COE Cantonal, liderado por el Cuerpo de Bomberos de Cotacachi, con funciones operativas similares a las que se activarían ante una declaratoria de emergencia. También se resolvió fortalecer las labores con Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales de Otavalo, Antonio Ante, Pedro Moncayo y Ambato.
Desde el lunes 10 de agosto se solicitó además la presencia de un helicóptero para apoyar las labores de combate desde el aire; sin embargo, hasta el momento no puede operar debido a los fuertes vientos presentes en el área afectada. Asimismo, se solicitará apoyo al Ejército, a través de la Brigada Amazonas de Atuntaqui, y a la Escuela de Formación de la Policía Nacional de San Pablo, para que sus efectivos se incorporen a las tareas destinadas a controlar el incendio.
El Municipio de Cotacachi y la UNORCAC se responsabilizaron de continuar fomentando las donaciones de agua y productos no perecibles para abastecer a las brigadas que combaten el fuego. También se gestionan mascarillas, gafas, colirios y gasas parafinadas, mientras que la Secretaría de Gestión de Riesgos gestiona la dotación de más herramientas para reforzar las labores en territorio.
Las autoridades solicitaron a los turistas no ingresar al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas hasta nueva orden, debido a las condiciones de la emergencia y al riesgo que representa el incendio.
Hasta el momento, se reportan 578 personas y 18 vehículos activados. El contingente está conformado por 485 comuneros de varias comunidades, 10 integrantes del Cuerpo de Bomberos, 8 del Ministerio del Ambiente, 10 de la Dirección de Ambiente del GAD Cotacachi, 6 de la UNORCAC y 10 del Comité de Mujeres, 12 de la Jefatura de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio, 30 integrantes de las Fuerzas Armadas, 1 de la SNGR, 1 de la Jefatura Política, 1 del Departamento de Salud Ocupacional del Municipio y 6 voluntarios del ITCA.
El alcalde Jomar Cevallos informó que se fortalecerán las acciones con las brigadas de refuerzo de Otavalo, Antonio Ante, Pedro Moncayo y Ambato. Asimismo, se gestiona el apoyo de la Brigada Amazonas de Atuntaqui y de la Escuela de Formación de la Policía Nacional de San Pablo, para que sus efectivos se sumen a las tareas que buscan apagar las llamas, que avanzan rápidamente y amenazan con afectar más hectáreas de esta reserva biprovincial.
Mientras tanto, el Municipio de Cotacachi y la UNORCAC coordinan una cruzada de donaciones de agua y productos no perecibles para suministrar a las brigadas que, desde varios flancos, combaten el incendio. También continúan las gestiones para conseguir mascarillas, gafas, colirios, gasas parafinadas y más herramientas necesarias para enfrentar esta emergencia.
(Redacciòn Imbabura).– La decisión de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), oficializada el pasado 28 de julio y que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto, de incrementar en un 25 % las tarifas del transporte intraprovincial e interprovincial ha generado diversas reacciones entre los usuarios que diariamente utilizan este servicio para trasladarse entre los cantones de Imbabura por motivos de trabajo, estudio y otras actividades.
Muchos ciudadanos expresan su inconformidad al considerar que el incremento representa una nueva carga para la economía de los hogares ecuatorianos, que en los últimos años han enfrentado el aumento de varios bienes y servicios, entre ellos el IVA, el precio de los combustibles y otros productos de la canasta básica. Además, señalan que el Salario Básico Unificado, fijado en USD 482, resulta insuficiente para cubrir los gastos familiares.
Aunque cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), dice que la inflación mensual para mayo aumento un -0,62 %, en contraste con el 0,53 % de abril y que el costo de la Canasta Familiar Básica en la región Sierra alcanzó los USD 821,47, con una disminución del 0,90 % respecto al mes anterior, en el caso del transporte, muestra que este rubro ha mantenido una tendencia al alza durante 2026, evidenciando un incremento sostenido y paulatino.
Otro aspecto que los usuarios comentan es la calidad del servicio, pues consideran que existe un alto nivel de indulgencia hacia los conductores, a pesar de las deficiencias en la forma en que conducen y prestan el servicio. Asimismo, señalan que las unidades no reúnen las condiciones necesarias para brindar un transporte adecuado, lo que repercute negativamente en la experiencia de los pasajeros. En este contexto, manifiestan su inconformidad con el incremento de las tarifas del transporte público, ya que consideran que dicho aumento no se justifica mientras no se hayan subsanado las deficiencias relacionadas con la calidad de la atención, el estado de las unidades y la prestación del servicio en general.
Incremento del 25% en en el transporte interprovincial e intraprovincial (intercantonal):
En el caso de Imbabura, el impacto económico recaerá principalmente en los trabajadores, estudiantes y profesionales que usan las rutas entre Ibarra y los seis cantones de Imbabura (Atuntaqui, Otavalo, Cotacachi, Urcuquí y Pimampiro) y considerando 22 días laborables al mes (44 viajes entre ida y vuelta), el impacto económico sería el siguiente:
El incremento representará un gasto adicional de entre 4,40 y 15,84 dólares mensuales, dependiendo de la ruta que recorran los usuarios. En el transcurso de un año, este aumento significará un desembolso extra de entre 52,80 y 190,08 dólares. Los pasajeros que se movilizan entre Ibarra y Pimampiro serán los más afectados, al registrar el mayor incremento acumulado en sus gastos de transporte. En términos generales, la medida ejercerá una mayor presión sobre el presupuesto de las familias, trabajadores, estudiantes y profesionales que dependen diariamente del transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio u otros destinos.
(Redacciòn Ibarra).- El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) resolvió incrementar en un 25 % las tarifas del transporte público terrestre de pasajeros en las modalidades interprovincial e intraprovincial, mediante la Resolución 020-DIR-2026-ANT, firmada el 25 de julio de 2026. La decisión constituye el primer ajuste tarifario desde 2021 y busca responder a la necesidad de actualizar los valores frente al incremento de los costos de operación que enfrenta el sector transportista.
La medida tendrá un carácter temporal y permanecerá vigente mientras la ANT culmina el proceso de revisión e implementación de una nueva metodología para la fijación de tarifas a nivel nacional. De esta manera, el incremento funcionará como un ajuste transitorio hasta que entre en vigencia un nuevo esquema tarifario definitivo.
El aumento fue solicitado por los gremios del transporte, que desde el año 2025 han insistido en la necesidad de revisar las tarifas debido al incremento de los costos operativos, principalmente por el alza en el precio del diésel y la eliminación del mecanismo de compensación aplicado tras la reforma a los combustibles.
Aunque inicialmente se había previsto que las nuevas tarifas empezaran a regir desde el 1 de agosto, el director de la ANT, Luis Villacres, confirmó el 28 de julio que la resolución ya fue emitida y que su aplicación se realizará en los próximos días, una vez se cumplan los procedimientos correspondientes.
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que las tarifas del transporte público deben ser revisadas cada dos años. Sin embargo, el último ajuste se realizó en 2021, por lo que el sector transportista sostenía que era necesario actualizar los valores para garantizar la sostenibilidad del servicio.
Hasta el momento, la ANT no ha difundido el cuadro oficial con las nuevas tarifas por ruta, por lo que se espera que en los próximos días se publique el detalle de los valores que deberán cancelar los usuarios del transporte interprovincial e intraprovincial en todo el país.
El incremento del 25 % se aplicaría sobre las siguientes tarifas vigentes:
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