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Movidelnor fortalece la cultura vial con programas de prevención que beneficiaron a más de 42 mil ciudadanos

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(Redacciòn Imbabura).- Más de 42.500 personas fueron beneficiadas entre enero y junio de 2026 mediante los programas de seguridad vial desarrollados por la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), a través de su Unidad de Seguridad Vial. Las iniciativas estuvieron enfocadas en fortalecer los conocimientos y hábitos responsables de estudiantes, conductores, adultos mayores, funcionarios y ciudadanía en general.

Uno de los principales programas ejecutados fue el Programa de Participación Estudiantil en Seguridad Vial, que llegó a 33 instituciones educativas, donde 2.026 estudiantes culminaron su proceso formativo. A través de capacitaciones teóricas y prácticas, los jóvenes aprendieron sobre normativa de tránsito, convivencia vial y prevención de siniestros, convirtiéndose en agentes multiplicadores de una movilidad responsable dentro de sus entornos.

La educación vial también llegó a los más pequeños mediante la Biciescuelita, una iniciativa que permitió capacitar a 3.699 niños y niñas en diferentes unidades educativas. Con actividades lúdicas y dinámicas prácticas, los participantes fortalecieron sus conocimientos sobre circulación segura, respeto entre actores viales y uso adecuado de la bicicleta.

Como parte del trabajo permanente en territorio, Movidelnor desarrolló campañas de sensibilización dirigidas a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, alcanzando a 7.022 ciudadanos mediante jornadas educativas, activaciones comunitarias y espacios de concienciación orientados a prevenir accidentes de tránsito.

Dentro de las acciones enfocadas a grupos prioritarios, 1.156 adultos mayores participaron en talleres de movilidad segura, donde recibieron herramientas para identificar riesgos y fortalecer su autoprotección como usuarios vulnerables de las vías.

Además, la institución reforzó la formación dirigida al sector transporte mediante capacitaciones para 1.413 conductores pertenecientes a operadoras e instituciones públicas y privadas. Estos espacios permitieron actualizar conocimientos sobre normativa vial, conducción preventiva y responsabilidad al momento de movilizarse.

Las actividades se complementaron con ferias ciudadanas, casas abiertas, jornadas comunitarias y otros espacios de interacción que permitieron acercar los mensajes de prevención a miles de habitantes de los 15 cantones que conforman la Mancomunidad de Tránsito Norte.

El gerente general de Movidelnor EP, Santiago Chiriboga, destacó que la seguridad vial es uno de los ejes prioritarios de la administración y aseguró que la educación constituye una herramienta fundamental para generar cambios positivos.

“Nuestro compromiso es construir una cultura vial basada en el respeto, la responsabilidad y la prevención. La educación es la herramienta más efectiva para salvar vidas y por ello seguiremos impulsando programas que formen ciudadanos más conscientes desde la niñez hasta la edad adulta”, señaló.

De su lado, el gerente de Operaciones de Tránsito, Emerson Ubidia, resaltó el alcance territorial de estas acciones y afirmó que el trabajo preventivo continuará fortaleciéndose en beneficio de todos los actores viales.

“Hemos recorrido los 15 cantones llevando capacitación, campañas de sensibilización y espacios de aprendizaje a instituciones educativas, operadoras de transporte, entidades públicas y comunidades. La seguridad vial es una responsabilidad compartida y solo con educación permanente lograremos generar cambios positivos en el comportamiento de todos los actores viales”, manifestó.

Con estas acciones, Movidelnor EP reafirma su compromiso de impulsar una movilidad segura, promoviendo la prevención y la formación ciudadana como pilares para reducir los siniestros de tránsito y proteger la vida de quienes utilizan las vías.

“Las imposiciones no construyen proyectos”: Mario Conejo dinamita la alianza con Juan Arias

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(Redacción Imbabura).- La política imbabureña sumó un nuevo episodio de tensión. Mario Conejo Maldonado rompió el silencio mediante una carta pública difundida este martes, apenas días después de que se frustrara su anunciada candidatura a la Prefectura de Imbabura.

Lo llamativo no es únicamente que su nombre desapareciera de la papeleta interna. Lo verdaderamente político es el contenido del mensaje.

Sin mencionar a Juan Arias ni al movimiento Juntos Lista 70, Conejo escribe que “los proyectos políticos no pueden construirse sobre imposiciones, intereses particulares o decisiones alejadas de la ciudadanía”, una frase que muchos interpretan como una referencia directa a las negociaciones que terminaron por romper la alianza que ambos venían promoviendo.

La sorpresa es mayor porque durante varias semanas Juan Arias y Mario Conejo recorrieron la provincia juntos. En entrevistas, fotografías y transmisiones en vivo, Arias lo presentó públicamente como “nuestro candidato a la Prefectura de Imbabura”, proyectando una dupla que buscaba convertirse en uno de los principales bloques políticos para las elecciones seccionales.

Pero esa imagen cambió abruptamente.

Al oficializarse las candidaturas para las elecciones primarias, Mario Conejo ya no apareció como candidato provincial.

En su pronunciamiento, el exalcalde de Otavalo también asegura que nunca ha construido su trayectoria mediante “acuerdos de conveniencia” y que su compromiso sigue siendo con las comunidades y con una política basada en el diálogo, el respeto y la confianza ciudadana.

Mario Conejo no es un actor menor dentro del escenario político provincial. Sociólogo, dirigente kichwa y uno de los fundadores de Pachakutik, fue el primer alcalde indígena de Otavalo y gobernó el cantón durante 18 años en distintos períodos, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de Imbabura.  

Hasta el momento, ni Juan Arias ni su equipo político han explicado públicamente por qué una candidatura que ya había sido anunciada y promocionada terminó desapareciendo antes de oficializarse.

Hoy, la carta de Mario Conejo deja una pregunta abierta en el escenario político imbabureño:

¿Qué ocurrió para que una alianza que ya se presentaba como un hecho terminara rompiéndose antes de iniciar oficialmente la campaña?

Comunicado Oficial Mario Conejo

Concejal de Otavalo Jorge de la Torre aparece en video en presunto estado de ebriedad

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(Redacciòn Otavalo).- Un video difundido recientemente ha generado controversia en Otavalo, luego de que el concejal Jorge de la Torre fuera captado durante una transmisión en vivo en lo que algunos usuarios señalan como un presunto estado de embriaguez.

En el registro audiovisual, la autoridad aparece reaccionando de manera alterada ante comentarios y críticas sobre su gestión, mientras vecinos y miembros de una comuna expresan su molestia por lo ocurrido. La situación ha sido ampliamente compartida en redes sociales, donde ha provocado debate y reacciones divididas.

La presidenta del gobierno comunal, quien denunció públicamente el hecho, señaló que el comportamiento del concejal sería inapropiado y que, además, estaría generando obstáculos en el desarrollo de proyectos comunitarios considerados importantes para la localidad. Según su versión, durante la transmisión el funcionario habría cuestionado la gestión comunal y emitido comentarios considerados ofensivos y fuera de contexto.

Vecinos que presenciaron la transmisión indicaron que el hecho generó malestar e incertidumbre, evidenciando las tensiones existentes entre actores políticos y sociales del cantón.

Ante la difusión del video, autoridades locales y ciudadanos han solicitado que se esclarezca lo ocurrido y que se adopten medidas que garanticen una conducta adecuada por parte de los funcionarios públicos. La presidenta comunal anunció que presentará una denuncia formal con el objetivo de resguardar su integridad y la continuidad de los proyectos que lidera.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y alimenta el debate sobre la responsabilidad ética y profesional de las autoridades, así como la importancia de mantener la transparencia y el respeto en la gestión pública.

Cotacachi se alista para el Inti Raymi 2026

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(Redacciòn Ibarra).- Las celebraciones del Inti Raymi 2026 en Cotacachi se desarrollarán entre el 23 de junio y el 1 de julio, con una agenda que incluye el Wawa Puncha, las tradicionales jornadas de Toma de la Plaza (Hatun Puncha) y el Warmi Puncha, eventos que congregan cada año a miles de participantes y visitantes.

Ante la masiva asistencia prevista, el Consejo de Seguridad Cantonal aprobó un plan de contingencia que contempla la participación de aproximadamente 450 funcionarios y representantes de diversas instituciones, quienes estarán desplegados en tareas de control, vigilancia y atención de emergencias durante toda la programación.

Las actividades iniciarán el 23 de junio con el Wawa Puncha, mientras que los días 24, 25, 29 y 30 de junio se realizará el Hatun Puncha o Toma de la Plaza, considerado el acto central de la festividad. Finalmente, el 1 de julio se llevará a cabo el Warmi Puncha, con el que concluirá la celebración ancestral.

Como parte de los acuerdos alcanzados entre las autoridades y las comunidades indígenas, se mantendrá la presencia permanente de la Policía Nacional durante las jornadas de la Toma de la Plaza, con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes, moradores y turistas. En una asamblea ampliada, la Unorcac resolvió prohibir estrictamente el ingreso de las Fuerzas Armadas al territorio.

Asimismo, con el fin de reforzar la seguridad de los asistentes, se dispuso la restricción del uso de aciales, envases de vidrio y objetos cortopunzantes, además de una regulación del consumo de alcohol durante las actividades. Por su parte, la comunidad Cóndor Loma anunció que en este Inti Raymi dejará de utilizar la vestimenta de tipo militar que formaba parte de sus celebraciones tradicionales.

Finalmente, se informó que se instalará un Puesto de Mando Unificado para el monitoreo permanente de las actividades, junto con la implementación de un sistema de videovigilancia en puntos estratégicos del cantón, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad entre los que participarán efectivos de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, ECU 911, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Comisaría Municipal, Agentes Civiles de Tránsito de Movidelnor, así como representantes de la UNORCAC, Federación de Barrios y Asamblea de la Unidad Cantonal.

Las autoridades también anunciaron controles a la comercialización de licor artesanal en espacios públicos y señalaron que los puestos de venta de alimentos estarán concentrados en el Parque Ornamental.

Ocho meses después, así terminó el caso de los “12 de Otavalo”

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(Redacciòn Imbabura).- El proceso judicial contra los denominados “12 de Otavalo” llegó a su fin el pasado 5 de junio de 2026, cuando la justicia ecuatoriana dictó el sobreseimiento para 18 personas investigadas por los hechos ocurridos durante los disturbios registrados en Otavalo el 22 de septiembre de 2025, jornada en la que fue incendiado el cuartel de Policía de la ciudad.

La resolución judicial determinó que no existían elementos probatorios suficientes para vincular a los procesados con el delito investigado, por lo que el proceso penal quedó cerrado para ellos. Sin embargo, la decisión no incluyó a dos adolescentes, cuyos casos continúan bajo un procedimiento especial debido a su condición de menores de edad.

Las detenciones

Tras los disturbios registrados en el contexto de las movilizaciones de septiembre de 2025, la Policía ejecutó varios operativos que dejaron un total de 18 personas aprehendidas: 15 adultos, dos menores de edad y una mujer.

Durante la audiencia de flagrancia realizada el 23 de septiembre de 2025, la autoridad judicial resolvió que 12 de los detenidos permanezcan privados de libertad mientras avanzaba la instrucción fiscal, mientras que seis personas recuperaron su libertad. Entre quienes enfrentaron el proceso en libertad estuvo Gina C.

Los detenidos fueron trasladados inicialmente fuera de la provincia de Imbabura hasta el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en Manabí, decisión que generó cuestionamientos por parte de familiares y organizaciones sociales debido a la distancia que los separaba de sus abogados y seres queridos.

Traslado desde Manabí hacia Imbabura

El 30 de septiembre de 2025, tres de los detenidos —Alfredo P., Luis C. y Diego L.— fueron trasladados bajo resguardo policial en un helicóptero militar hasta la ciudad de Ibarra debido a problemas de salud que requerían atención más cercana.

Días después, el 6 de octubre, la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente una acción de hábeas corpus presentada por la defensa de 10 de los 12 detenidos. Como resultado, se dispuso el retorno inmediato de siete de los privados de libertad que permanecían en la cárcel de El Rodeo.

Finalmente, el 15 de octubre, estos siete procesados regresaron a la provincia de Imbabura para continuar cumpliendo la medida de prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Con ello, los 10 beneficiarios del hábeas corpus quedaron nuevamente bajo jurisdicción de Imbabura.

Cambio de cargos y liberaciones

El 9 de noviembre de 2025 recuperó su libertad Luis Henry Jácome, uno de los integrantes del grupo conocido como los “12 de Otavalo”. Tras permanecer cerca de dos meses detenido, obtuvo medidas alternativas y pudo regresar junto a su familia.

Posteriormente, el 12 de noviembre, durante una audiencia de reformulación de cargos, la Fiscalía anunció modificaciones en la investigación. El fiscal Galiano Balcázar informó que los procesados serían investigados por los presuntos delitos de ataque y resistencia, así como daño a bien público.

Una semana después, el 19 de noviembre, la Fiscalía formalizó el cambio de tipificación penal, retirando el cargo de terrorismo que inicialmente pesaba sobre los detenidos. Esta decisión permitió que los procesados pudieran continuar su defensa en libertad mediante medidas sustitutivas.

Desde entonces, la investigación continuó enfocada en los presuntos delitos de ataque y resistencia y daño al bien público.

El sobreseimiento

Tras varios meses de investigación y diligencias judiciales, el 5 de junio de 2026 la justicia resolvió dictar el sobreseimiento para los 18 procesados adultos relacionados con los hechos ocurridos durante la quema del cuartel policial de Otavalo.

La resolución concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación penal en su contra, cerrando así el proceso judicial.

Luego de conocerse la decisión, integrantes del Pueblo Kichwa Otavalo realizaron una ceremonia de purificación y encuentro comunitario en la Plaza de los Ponchos, donde celebraron el fallo judicial y el cierre de un caso que durante meses generó debate en Imbabura.

¡APAGÓN SORPRENDE A ANTONIO ANTE, OTAVALO Y COTACACHI!

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(Redacciòn Imbabura).- Varios reportes ciudadanos alertaron la mañana de este martes sobre un corte generalizado de energía eléctrica que afecta a distintos sectores de los cantones de Antonio Ante, Otavalo y Cotacachi.

La interrupción del servicio también provocó que varios semáforos quedaran fuera de funcionamiento a lo largo de la vía E35, hasta el límite provincial con Pichincha, generando complicaciones en la movilidad e incrementando el riesgo de accidentes para conductores y peatones.

Ante la situación, EMELNORTE emitió un comunicado en sus canales oficiales informando que se registra una interrupción no programada del servicio eléctrico en varios sectores de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante. Aunque se aseguró que sus equipos técnicos trabajan para solucionar la falla, la empresa aún no ha explicado qué originó el apagón ni la hora en la que se restablecerá el servicio.

Cortes de luz afectan a varios sectores de Ibarra, Otavalo y Tulcán

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(Redacción Ibarra).- La mañana de este jueves se registraron cortes de energía eléctrica en distintos sectores de las provincias de Imbabura y Carchi, generando molestias entre moradores y complicaciones en actividades comerciales y de movilidad.

En el cantón Ibarra, la suspensión del servicio afectó a zonas como la avenida Eugenio Espejo junto a las rieles del tren, La Floresta, Turupamba, Santo Domingo, Santa Marianita, Caranqui, Tanguarín, Naranjito y varios sectores aledaños. También se reportaron interrupciones en áreas cercanas a la Clínica Ibarra, el Parque República de Chile y diferentes avenidas principales del sur de la ciudad.

Ciudadanos indicaron que el apagón comenzó aproximadamente desde las 10:30 y provocó inconvenientes en locales comerciales, semáforos y actividades cotidianas. En algunos barrios, moradores manifestaron su preocupación debido a la falta de información inmediata sobre el restablecimiento del servicio.

En Otavalo, sectores como Ciudadela 31 de Octubre, Eugenio Espejo, Pijal, Puerto Lago, San Rafael, González Suárez y Yanayacu también resultaron afectados. Mientras tanto, en Tulcán, el corte alcanzó barrios y comunidades como El Rosal, San Vicente, Chapués, El Carrizal, La Bonita y Rosa Florida.

Hasta el momento, las autoridades eléctricas no han detallado oficialmente las causas de la interrupción ni el tiempo estimado para la normalización total del servicio en las zonas afectadas.

Se inauguró el mural de la memoria en el partidero de Cotacachi

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(Redacción Imbabura).– Tras la eliminación de los murales que recordaban las movilizaciones de octubre de 2025, ocurrida el pasado 10 de abril en el sector del Partidero, en la vía hacia Cotacachi, comunidades indígenas, colectivos sociales y autoridades locales impulsaron su restauración como un acto de memoria y resistencia.

Las obras, ubicadas a lo largo de la vía E35, habían sido cubiertas con pintura durante trabajos de mantenimiento ejecutados por personal de la empresa Panavial, lo que generó rechazo en distintos sectores de la provincia.

En respuesta, comunidades y colectivos convocaron a artistas y ciudadanos, quienes participaron activamente en la recuperación del mural, destacando que la memoria colectiva no puede ser silenciada.

La inauguración oficial del renovado Mural de la Memoria de los Mártires se llevó a cabo el viernes 1 de mayo, en el mismo sector del Partidero. El acto fue organizado por dirigentes de la UNORCAC y UNICOBICI de Ilumán, e incluyó una ceremonia ritual en el considerado sitio sagrado.

En el mural se plasman los rostros de Efraín Fuerez, Edison David Farinango de Cotacachi, Jorge Guaman de San Rafael y Rosita Paqui de Loja, quienes fallecieron durante el paro nacional de 2025, en hechos atribuidos a la fuerza pública del gobierno de Daniel Noboa.

El espacio se consolida como un lugar de memoria, donde las comunidades buscan preservar la historia reciente y rendir homenaje a quienes consideran mártires de la lucha social.

Contenido íntimo generado con IA nueva herramienta para extorsionar

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(Redacción Ecuador).- El avance acelerado de la Inteligencia Artificial ha traído consigo herramientas capaces de crear imágenes, audios y videos hiperrealistas en cuestión de segundos. Sin embargo, este progreso también ha abierto una preocupante puerta a la generación de contenido íntimo falso —conocido como deepfake— utilizado para acosar, humillar y extorsionar a las personas.

Hoy, cualquier usuario con acceso a ciertas aplicaciones puede tomar una fotografía real y, mediante IA, alterarla para simular desnudos o situaciones sexuales inexistentes. Este tipo de manipulación, además de vulnerar gravemente la privacidad y la dignidad de las víctimas, se ha convertido en un método de presión y extorsión ya que los agresores amenazan con difundir el material si no reciben dinero, favores o silencio.

Este fenómeno, cada vez más frecuente, cobra especial relevancia tras un posible caso registrado en la Unidad Educativa San Roque en el cantón Otavalo. Durante una asamblea de padres de familia realizada el jueves 23 de abril, se denunció que un estudiante de octavo año habría utilizado herramientas de Inteligencia Artificial para manipular fotografías de sus compañeros, generando contenido inapropiado que no solo circuló dentro del plantel, sino que, según los representantes, incluso habría sido comercializado.

La reacción fue inmediata. Padres del curso afectado calificaron el hecho como una grave vulneración a la dignidad de los menores y anunciaron acciones legales tanto contra el estudiante implicado como contra la institución, señalando una falta de control y protección.

La reunión se tornó tensa cuando el padre del menor acusado exigió pruebas antes de aceptar sanciones. Además, se mencionó que el estudiante pertenecería a un grupo con discapacidad, lo que añade complejidad al manejo del caso desde el punto de vista disciplinario y jurídico.

Ante la gravedad de la situación, los padres han advertido con un retiro masivo de alumnos si no se garantizan cambios inmediatos. La crisis ya ha derivado en el anuncio de modificaciones en el rectorado y ha puesto en debate incluso la posibilidad de recurrir a mecanismos como la justicia indígena.

El artículo 166-A del Código Orgánico Integral Penal se establece que la persona que, sin consentimiento, difunda, publique, comparta o entregue a terceros imágenes, audios o videos de carácter íntimo o sexual de otra persona, vulnerando su privacidad, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a seis años, la cual puede agravarse si concurren circunstancias como relación de confianza, finalidad de daño o difusión masiva del contenido.

En el caso de contenido íntimo falso generado con inteligencia artificial, como el ya mencionado “deepfakes”, puede ser sancionado bajo varias figuras del COIP pese a que la normativa no lo regula de forma expresa. En la práctica, estos casos pueden configurarse como delitos de extorsión o extorsión sexual cuando existe chantaje, así como infracciones contra el honor —como la calumnia— si se afecta la reputación de la víctima, e incluso vulneración a la intimidad según las circunstancias.

El caso de Otavalo no es aislado, sino un reflejo de una problemática creciente en la manipulación de la Inteligencia Artificial como herramienta de daño.

La creciente inseguridad pone en debate la efectividad de las acciones en Imbabura

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(Redacción Imbabura).- A 100 días de su designación, la gestión del gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, empieza a ser objeto de análisis y cuestionamiento por parte de la ciudadanía.

El Gobierno Nacional lo nombró mediante decreto ejecutivo el 17 de diciembre de 2025, en reemplazo de Elsy Maité Landeta Sánchez, en un contexto complejo para la provincia: pérdidas económicas tras la paralización de octubre y un ambiente de descontento ciudadano frente a la administración anterior.

Ortiz, coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, llegó al cargo con un perfil enfocado en seguridad, control territorial y gestión pública. Bajo esa línea, su administración asegura haber impulsado varias acciones en este inicio de gestión.

Entre los principales anuncios oficiales se destacan la activación permanente de un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, operativos de control migratorio y la intervención en la detección de cámaras ilegales en coordinación con el ECU 911. A esto se suman brigadas sociales en el marco del programa “El Nuevo Ecuador”, la entrega de kits agropecuarios, tractores y la implementación de reservorios para el sector agrícola, además de acciones de apoyo a comunidades vulnerables.

Sin embargo, más allá del discurso institucional, la percepción ciudadana parece ir en otra dirección. En lo que va del año, Imbabura ha registrado al menos ocho muertes vinculadas a hechos violentos, entre ellos casos de sicariato, desapariciones y asesinatos, lo que ha generado preocupación en distintos sectores de la provincia. En este contexto, el foco de la migración delincuencial se ha concentrado en Ibarra y Otavalo, donde se han reportado dos casos de doble sicariato en cada cantón.

A pesar de los operativos de control y de la activación de mesas de trabajo en seguridad —particularmente durante feriados—, los reportes ciudadanos reflejan una problemática persistente: la inseguridad continúa en el territorio. Modus operandi como los robos en motocicleta en Ibarra, los asaltos en la vía pública y los robos a locales comerciales se han vuelto recurrentes en el día a día. Este patrón mantiene en alerta a la población y evidencia una brecha entre las acciones anunciadas y la realidad que se vive en las calles.

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