(Redacciòn Imbabura).- La situación energética de Ecuador vuelve a generar preocupación. Según las cifras analizadas este miércoles 14 de octubre de 2026, las principales hidroeléctricas del país —Coca Codo Sinclair, Paute Integral, Delsitanisagua, San Francisco y Agoyán— tienen una capacidad instalada de 3.805 megavatios (MW), pero actualmente estarían produciendo apenas 2.080 MW, es decir, el 55% de su capacidad máxima, con una diferencia de 1.725 MW que no se están generando. Mientras tanto, la demanda eléctrica nacional actual alcanza los 3.446 MW, según el dato reportado de CENACE.
Esto significa que la producción de estas principales centrales hidroeléctricas equivale apenas al 60% de la electricidad que el país necesita en este momento, dejando una diferencia de 1.366 MW que debe ser cubierta por otras fuentes de generación eléctrica, como centrales térmicas, otras hidroeléctricas e importaciones. Esta diferencia denota un déficit nacional de suministro, los cortes de luz no programados registrados en Imbabura y otros sectores del país generan incertidumbre, especialmente después de los anuncios gubernamentales de que no habría nuevos apagones.
(Redacción Ibarra).- En lo que va de 2026, Imbabura registra 25 muertes violentas: 18 hombres y 7 mujeres perdieron la vida, entre ellas tres menores de edad. Además, cuatro casos fueron catalogados como femicidios y nueve estarían relacionados con sicariatos. La inseguridad y la violencia criminal continúan dejando una estela de muerte en la provincia. Solo en septiembre se registraron nueve muertes violentas, convirtiéndose hasta el momento en el mes más sangriento del año.
El año comenzó con hechos violentos que dejaron varias víctimas. El 1 de enero, José Daniel V., de 31 años, falleció tras recibir un impacto de arma de fuego durante un incidente ocurrido en Santa Teresita de Alpachaca, en Ibarra.
El 14 de enero, el cuerpo de un joven de nacionalidad colombiana fue localizado en la laguna de Yahuarcocha. De manera extraoficial se manejó la hipótesis de que habría sido asesinado y posteriormente abandonado en el lugar.
Cinco días después, el 19 de enero, los comerciantes Edwin Patricio Brazales, de 46 años, y Óscar Daniel Brazales, de 39, fueron asesinados al estilo sicariato en Otavalo.
La violencia continuó en febrero. El 2 de febrero, Matías M., quien había sido reportado como desaparecido luego de abordar un vehículo solicitado mediante la aplicación inDrive, fue encontrado sin vida en Ibarra.
El 5 de febrero, Deyran P., menor de edad reportado como desaparecido en Alpachaca, fue encontrado muerto días después con aparentes signos de violencia. Otro caso relacionado con un imbabureño ocurrió fuera de la provincia. El 25 de febrero, Héctor Enríquez, oriundo de Otavalo, fue localizado sin vida en la vía Alóag-Santo Domingo, en Pichincha, después de haber sido reportado como desaparecido en Quito.
13 de febrero: Francisca T., de 31 años, fue encontrada muerta y maniatada en el sector de La Cruz, en San Antonio de Ibarra, tras un presunto secuestro. La mujer habría sido retenida cuando se movilizaba en un vehículo junto a otros ciudadanos. Su cuerpo fue localizado posteriormente por la Policía.
El 29 de marzo, Manuel Fabián Franco Cedeño, de 42 años, y Diego Caballero, de 31, fueron asesinados en un presunto ajuste de cuentas registrado en el sector de la Cruz Verde, en Ibarra.
El 4 de abril, una mujer murió en Bellavista de San Antonio luego de una discusión de pareja. Según las primeras investigaciones, Segundo M., de 49 años, le habría propinado varias puñaladas.
12 de abril: Un hombre de 29 años fue atacado con un cuchillo en Otavalo por su sobrino político, Antony D. P., quien habría reaccionado violentamente al encontrarlo junto a su pareja. El agresor lo hirió en la espalda y posteriormente en el pecho cuando la víctima intentó defender a la joven, a quien también habría lanzado al piso y ahorcado. La mujer logró escapar y pedir ayuda a una vecina, quien alertó a la Policía.
14 de abril: Maberlyn Miley de 3 años murió en Ibarra con múltiples lesiones en su cuerpo. Su madre, Valentina Ch. P., y su padrastro, Bryan T. T., fueron procesados por su presunta participación en el caso. Posteriormente, los cargos fueron reformulados a femicidio.
En junio también se registraron casos que conmocionaron a la provincia. El 12 de junio, Mishell Guaranga de 22 años fue víctima de femicidio en el sector Plan Venezuela, en Otavalo. Jefferson G., de 25 años, fue detenido como presunto responsable.
Cuatro días después, el 16 de junio, Rita H., de 85 años, fue encontrada sin vida en la laguna de Yahuarcocha. Aunque inicialmente se manejó un posible ahogamiento, las circunstancias de su muerte no fueron esclarecidas.
20 de junio: Britany Chávez, de 16 años, murió tras recibir una bala perdida durante la denominada Calle del Sabor, en las calles Flores y Bolívar, en Ibarra. El ataque, atribuido a presuntos sicarios en un posible ajuste de cuentas, también dejó a otras dos personas heridas.
16 de julio: Mateo Andrade, de 26 años, murió tras ser agredido físicamente por varios sujetos durante una riña. El joven logró llegar hasta su domicilio, donde se desplomó y fue trasladado a un hospital. El certificado de defunción determinó que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.
El 7 de agosto, un hombre identificado como Francisco C., alias “Happy” fue asesinado a tiros en las calles Zamora y Galápagos, en el barrio Imbabura de Ibarra. La víctima acababa de estacionar su camioneta frente a su domicilio cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron y dispararon.
Septiembre concentró la mayor violencia
El escenario se agravó en septiembre. El 10 de septiembre, Antonio Guadalema, obispo de la Iglesia Unida del Ecuador, fue encontrado muerto en su domicilio, en Atuntaqui. Presentaba varias heridas provocadas con un arma blanca.
El 11 de septiembre, en Chalguayacu, un hombre de 23 años fue asesinado presuntamente por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Luego del ataque, moradores interceptaron a los sospechosos, quienes fueron golpeados e incinerados y fallecieron en el lugar.
El 16 de septiembre, tres hombres fueron encontrados muertos en la comunidad de Santa Cecilia, en Lita, cantón Ibarra. Las víctimas fueron identificadas como Geovanny B., de 45 años; Pablo Ramón H., de 36; y Armando Patricio H., de 32. Los tres presentaban impactos de bala.
El 19 de septiembre, Hugo Jácome, de 51 años, fue localizado sin vida en una quebrada de Urcuquí. Había sido reportado como desaparecido tres días antes en Atuntaqui.
Y el 25 de septiembre, Yudy Vanessa Merino Gaona, comerciante de 35 años y oriunda de Guayaquil, fue baleada en las inmediaciones del mercado Amazonas, en Ibarra.
Octubre comenzó con otro ataque armado
La violencia no se detuvo con el cambio de mes. Este 5 de octubre, un nuevo ataque al estilo sicariato se registró en las calles Carlos Emilio Grijalva y Camilo Ponce, en el sector de Pilanquí, en Ibarra. Sujetos que se movilizaban en un vehículo dispararon varias veces contra los ocupantes de un KIA Rio blanco. Uno de los ocupantes murió en el ataque. La víctima registraba antecedentes penales por asesinato.
Con este nuevo hecho se agregan dos casos registrados como ahogamientos, lo que eleva a 27 el total de muertes contabilizadas en la provincia durante el año.
(Redacciòn Imbabura).- A un año del inicio del paro que paralizó Imbabura durante 31 días, las huellas de aquella crisis todavía permanecen en la provincia. La movilización comenzó el 22 de septiembre de 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, y rápidamente convirtió a Otavalo y otros sectores de Imbabura en el epicentro de una protesta que incluyó bloqueos de vías, enfrentamientos con policías y militares, ataques a bienes públicos y privados, muertes, cientos de heridos y millonarias pérdidas económicas. Aunque las carreteras volvieron a habilitarse el 22 de octubre, un año después todavía continúan las consecuencias judiciales, económicas y sociales de aquellas jornadas. El cuartel policial de Otavalo, uno de los principales símbolos de la violencia registrada durante el paro, se encuentra actualmente en aproximadamente un 98 % de operatividad, pero el conflicto dejó daños que trascendieron la infraestructura y permanecen en la memoria de las comunidades.
El origen de la crisis se remonta al 12 de septiembre de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa eliminó mediante el Decreto 126 el subsidio al diésel. La medida provocó rechazo entre transportistas y organizaciones indígenas y desencadenó las primeras movilizaciones. El 15 de septiembre se registraron bloqueos en Julio Andrade, en Carchi, donde transportistas se enfrentaron con las Fuerzas Armadas. Aunque el Gobierno consiguió levantar temporalmente esa protesta mediante beneficios económicos al sector, el conflicto continuó y el 18 de septiembre la CONAIE anunció movilizaciones a nivel nacional. En Imbabura, mientras el Gobierno declaraba el estado de excepción y toque de queda, las organizaciones indígenas preparaban una paralización indefinida que comenzaría el 22 de septiembre.
Ese día comenzaron los bloqueos de la E35 y de otras vías estratégicas de Imbabura, con Otavalo como principal epicentro. Organizaciones como la FICI, UNORCAC, FENOCIN y comunidades Kichwa de distintos pueblos se sumaron a la protesta y bloquearon carreteras, afectando la movilidad hacia el norte y sur del país. La jornada terminó convirtiéndose en uno de los episodios más violentos del paro cuando un grupo de encapuchados atacó, incendió y saqueó el cuartel policial de Otavalo, donde se encontraban aproximadamente 20 policías. Se incendiaron oficinas y vehículos, fueron sustraídos documentos y evidencias y los daños materiales fueron calculados en unos USD 125.000. También se destruyeron cámaras del ECU911 y se produjeron enfrentamientos con la fuerza pública. Por estos hechos fueron detenidas 18 personas, mientras 17 militares fueron retenidos temporalmente por comunidades del cantón Otavalo.
En los días siguientes, lejos de disminuir, la tensión aumentó. El Gobierno cambió a la gobernadora de Imbabura y el presidente Daniel Noboa llegó a Otavalo el 24 de septiembre acompañado de un importante contingente policial y militar, pero su visita no produjo una solución al conflicto. Dos días después, la dirigencia de la CONAIE anunció el levantamiento del paro en varios sectores, pero las bases de Imbabura rechazaron la decisión e incluso retuvieron a su presidente, Marlon Vargas, en Huaycopungo. Los bloqueos continuaron y se extendieron hacia Peguche, Ilumán, Caluquí, González Suárez, Cotacachi, Antonio Ante, Zuleta, Urcuquí, El Juncal y Lita. El 28 de septiembre ocurrió la primera muerte en Imbabura: Efraín Fueres, comunero de Cuicocha, falleció durante una jornada de enfrentamientos después de recibir un disparo que testigos atribuyeron a personal militar.
Durante los primeros días de octubre la protesta adquirió nuevas dimensiones. Se denunciaron agresiones a ciudadanos, amenazas a comerciantes para obligarlos a cerrar, daños a vehículos y problemas de abastecimiento de gasolina, gas y alimentos. Las propias organizaciones indígenas comenzaron a mostrar divisiones sobre cómo continuar la movilización. El 1 de octubre, la decisión de la FICI de plantear una tregua y abrir un diálogo con el Gobierno fue desconocida por varias comunidades de base. Mientras tanto, continuaron los enfrentamientos y acciones de protesta, como la invasión a una finca florícola en Cotacachi el 6 de octubre y la movilización masiva hacia Ibarra el 8 de octubre. Para entonces, el conflicto ya había dejado un importante número de heridos y la FICI posteriormente reportaría 820 manifestantes heridos, de los cuales alrededor de 230 mantenían secuelas.
La situación alcanzó uno de sus momentos más críticos entre el 13 y el 15 de octubre. El Gobierno envió un segundo convoy humanitario hacia Imbabura para transportar alimentos, medicinas, gas y otros productos, pero durante la madrugada del 14 de octubre se produjo un nuevo enfrentamiento en Otavalo después de que un convoy fuera atacado por manifestantes. La ciudad quedó nuevamente paralizada, con calles destruidas, persecuciones y más de 40 detenidos, muchos de los cuales fueron liberados posteriormente. También fueron agredidos miembros de la fuerza pública: durante el paro, según los reportes de la FICI, 111 policías y 27 militares resultaron afectados por agresiones. En medio de los enfrentamientos resultó herido un periodista comunitario y, al día siguiente, murió José Guamán, comunero de Otavalo de 30 años, quien había recibido un disparo en el pecho. Permaneció en cuidados intensivos en Ibarra y falleció durante el traslado en helicóptero hacia Quito.
El 15 de octubre hubo un primer intento de terminar la paralización mediante un acuerdo entre dirigentes indígenas, autoridades locales y el Gobierno. Se anunció un cese de hostilidades y la instalación de mesas de diálogo, pero las bases desconocieron rápidamente el acuerdo y acusaron a sus propios dirigentes de traición. La división se profundizó el 19 de octubre, cuando la FICI asumió el liderazgo de las movilizaciones y reemplazó a Mesías Flores por Sisa Inés Cotacachi, mientras el Gobierno suspendía el diálogo argumentando incumplimientos y nuevos actos violentos. Finalmente, entre el 21 y el 22 de octubre, distintas comunidades comenzaron a regresar a sus territorios y a liberar las carreteras. La CONAIE anunció oficialmente el fin del paro y las Fuerzas Armadas iniciaron el despeje de la E35. Aunque algunas organizaciones, como UNORCAC, anunciaron inicialmente que mantendrían la resistencia, la FICI terminó ordenando la apertura de las vías. Después de 31 días, la paralización llegó a su fin.
El costo humano de la protesta, sin embargo, no terminó con la reapertura de las carreteras. Fueron cuatro las personas que fallecieron en el contexto del paro: Efraín Fueres y José Guamán, ambos comuneros de Imbabura; Rosa Paqui, adulta mayor del pueblo Kichwa Saraguro, en Loja, quien murió el 14 de octubre después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras la inhalación de gases lacrimógenos durante los operativos; y Edison David Farinango Tontaquimba, oriundo de Cotacachi, quien resultó gravemente herido durante las protestas tras recibir impactos de artefactos explosivos. Farinango permaneció cerca de dos meses hospitalizado en Quito y falleció el 27 de diciembre de 2025 debido a complicaciones derivadas de sus lesiones. A este saldo se sumaron cientos de heridos y personas que, según la FICI, quedaron con secuelas físicas.
El impacto económico también se prolongó mucho después del levantamiento del paro. Comercios y negocios permanecieron cerrados, las carreteras estuvieron intransitables, hubo escasez de productos y combustible y se registraron amenazas de saqueos y agresiones contra personas que intentaban movilizarse. La Cámara de Industrias y Producción estimó las pérdidas entre USD 90 millones y USD 100 millones. Imbabura además perdió buena parte de la actividad turística del feriado de la Independencia de Guayaquil, mientras que durante el feriado de Finados se intentó impulsar la recuperación mediante incentivos y una reducción temporal del IVA. Entre el 1 y el 4 de noviembre se registraron 33.400 viajes, USD 1,84 millones de gasto turístico y una ocupación del 38,6 %, una cifra superior al 31,3 % de 2024, pero todavía insuficiente para hablar de una recuperación sostenida.
El caso “12 de Otavalo” tuvo un primer desenlace el pasado 5 de junio de 2026, cuando la justicia ecuatoriana dictó el sobreseimiento de las 18 personas procesadas por los hechos ocurridos durante los disturbios registrados en Otavalo el 22 de septiembre de 2025, jornada en la que fue incendiado el cuartel de Policía de la ciudad. La resolución judicial determinó que no existían elementos probatorios suficientes para vincular a los procesados con el delito investigado, por lo que el proceso penal quedó cerrado para ellos. Sin embargo, la decisión fue revocada el 14 de agosto de 2026, cuando una sala de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dejó sin efecto el auto de sobreseimiento dictado a favor de los 18 procesados. Según consta en el expediente del Consejo de la Judicatura, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dispuso llamar a juicio a los 18 procesados por los presuntos delitos de ataque y resistencia y daño a bien ajeno, por lo que el caso continua abierto.
(Redacciòn Ibarra).- Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de noviembre. La carrera se desarrollará el 14 de noviembre con rutas de 5K y 10K por distintos espacios de la ciudad. Correr, recorrer la ciudad y disfrutar de sus espacios desde una nueva perspectiva. Esa es la propuesta de MOVIRUTA 10K, una iniciativa impulsada por la Empresa Pública de Movilidad del Norte, Movidelnor EP, con el apoyo de la Prefectura de Imbabura, que busca unir deporte, movilidad, espacio público, ciudadanía y turismo.
La jornada deportiva se realizará el próximo 14 de noviembre y tendrá como punto de partida la matriz de Movidelnor EP en las calles Rocafuerte y Mariano Peñaherrera. Los participantes podrán elegir entre dos distancias: 5 y 10 kilómetros, en recorridos que atravesarán diferentes espacios del centro histórico de Ibarra.
Para Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor EP, la MOVIRUTA 10K representa una oportunidad para mirar y vivir la ciudad de una manera diferente, donde se promueve una movilidad activa y el peatón cobra un papel protagonista. “Moviruta nace con la idea de conectar a las personas con la ciudad. Queremos que los participantes disfruten de sus calles, sus espacios y su patrimonio, y que podamos generar un encuentro ciudadano alrededor de la movilidad alternativa.
Carlos Revelo, gerente administrativo de Movidelnor, explicó que las dos rutas han sido estructuradas considerando las características del recorrido y las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de la jornada deportiva. “Contaremos con dos distancias para que más personas puedan ser parte de esta experiencia. Tanto la ruta de 5K como la de 10K permitirán a los participantes recorrer diferentes espacios de Ibarra, con una planificación técnica orientada a brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de la carrera” dijo.
De esta manera, la propuesta invita tanto a quienes ya tienen experiencia en carreras como a quienes buscan asumir por primera vez el reto de recorrer 5 o 10 kilómetros.
Las inscripciones para la MOVIRUTA 10K estarán disponibles hasta el 4 de noviembre en la página oficial www.movidelnor.gob.ec. El valor es de USD 20 e incluye la camiseta oficial de la carrera, medalla, hidratación y productos de las marcas auspiciantes. La organización invita a la ciudadanía a no dejar la inscripción para el último momento y sumarse a esta experiencia deportiva que busca convertir las calles de Ibarra en un espacio de encuentro, actividad física y disfrute de la ciudad.
(Redacciòn Otavalo).- Un incendio forestal que, aparentemente, habría comenzado alrededor de las 11:00 de la mañana mantiene en alerta a varias comunidades de Otavalo. Pese al contingente de bomberos y comuneros desplegado para combatir las llamas, el fuego continúa avanzando por las laderas del volcán Imbabura, favorecido por la sequía, la vegetación seca y el viento.
Cortesía: Robert Gibson Z
El incendio presenta al menos tres puntos de propagación. Uno de los frentes se ubica en la parte alta de Tuparina, en el sector Tupatán de La Compañía; otro avanza por el corazón del Imbabura y un tercero se dirige hacia la montaña conocida como la Warmi Imbabura. La distancia y las condiciones del terreno complican el ingreso de los equipos de emergencia.
Carlos López, jefe del Cuerpo de Bomberos de Otavalo, informó que el personal bomberil tuvo que retirarse de la zona para diseñar una nueva estrategia de combate. El jefe del organismo señaló que se requiere el apoyo de las comunidades y también asistencia aérea para transportar al personal hasta los puntos de la emergencia, debido a la dificultad para acceder por tierra.
Hasta el momento, la emergencia continúa en desarrollo. Hora de corte; 21:00 horas.
(Redacciòn Otavalo).- A cuatro días de la culminación de las fiestas del Yamor 2026, un grupo de emprendedores que participó en la denominada 593 Expo Yamor expresa su malestar por las condiciones en las que se desarrolla la feria instalada en la explanada del parque San Sebastián, en Otavalo.
La feria fue anunciada durante el lanzamiento oficial de las festividades como parte de una programación de diez días, del 4 al 13 de septiembre, con la participación de emprendedores y presentaciones artísticas nacionales e internacionales y desde el Concejo Municipal se designó a Jhoselin Armas como Directora del Yamor.
Sin embargo, según denuncias de comerciantes y emprendedores, varios de los compromisos relacionados con la organización de la feria no se habrían cumplido.
Reclamos por los stands
De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, alrededor de 200 emprendedores habrían adquirido estands para participar en la feria, con valores que oscilarían entre 250 y 350 dólares.
No obstante, actualmente únicamente alrededor de 35 estands permanecerían instalados en el lugar. Los comerciantes que continúan en la explanada denuncian que deben trabajar en medio del polvo y el viento y señalan la falta de algunos servicios que, según manifiestan, esperaban encontrar durante el desarrollo del evento, entre ellos carpas, agua y baterías sanitarias.
La situación ha generado preocupación entre quienes realizaron una inversión para participar en la feria y esperaban recuperar sus recursos mediante las ventas durante las festividades.
Se anuncia traslado para los últimos días
Según una entrevista concedida al medio Sarance Visión, una de las alternativas planteadas por la Alcaldía de Otavalo sería trasladar a los emprendedores que permanecen en la feria hacia la calle Modesto Jaramillo durante los tres últimos días del evento, con el objetivo de generar mejores condiciones para que puedan recuperar parte de la inversión realizada.
Los comerciantes, sin embargo, cuestionan que esta alternativa haya sido planteada cuando las festividades se encuentran próximas a finalizar.
Además, algunos de los afectados aseguran que han tenido dificultades para comunicarse con los organizadores del evento y manifiestan su preocupación ante la posibilidad de que situaciones similares puedan repetirse en futuras ferias. A los reclamos de los emprendedores se suma la suspensión de una de las presentaciones artísticas anunciadas para la Expoferia.
El cantante argentino Nene Malo, uno de los artistas internacionales incluidos en la programación, debía presentarse el sábado 5 de septiembre. La actuación finalmente no se realizó, debido, según la información difundida, a problemas relacionados con el espacio disponible para el espectáculo.
El hecho también generó cuestionamientos entre quienes esperaban la presentación como parte de la programación artística del Yamor 2026.
¿Quién organizó la feria?
En el material promocional del evento aparece como productora la Asociación Nacional de Ferias y Emprendedores del Ecuador (ANAFE).
Ante los reclamos surgidos durante el desarrollo de la feria, queda pendiente conocer la versión oficial tanto de los organizadores como de la Alcaldía de Otavalo, particularmente respecto a los compromisos adquiridos con los emprendedores, los servicios ofrecidos y las razones por las que una parte importante de los participantes habría abandonado el recinto.
Para este viernes 11 de septiembre se espera una rueda de prensa en la que se conocerían las medidas que se adoptarán frente a los reclamos de los emprendedores y el futuro de la feria durante los últimos días de las fiestas del Yamor.
Mientras tanto, los comerciantes que permanecen en el lugar esperan una solución que les permita aprovechar los días restantes de las festividades y reducir las pérdidas ocasionadas por una feria que, según sus testimonios, no habría cumplido con las condiciones que esperaban al momento de adquirir sus estands.
(Redacciòn Imbabura).- Una nueva tragedia enluta a la Panamericana E35. Cerca de las 05:35 de esta madrugada, un ciudadano perdió la vida tras ser atropellado en el sector de Natabuela en Atuntaqui.
Tras la emergencia, personal de la Policía Nacional acudió al lugar a bordo de un patrullero para constatar el hecho, mientras una ambulancia del Ministerio de Salud Pública (MSP) también se movilizó hasta el sitio. Pese a la atención de la emergencia, el ciudadano falleció.
DOS MUERTES EN POCOS DÍAS
El nuevo atropellamiento ocurre apenas unos días después de que un adulto mayor falleciera tras ser atropellado en la Panamericana E35, en el sector de Ilumán. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y personal de Criminalística para cumplir con los procedimientos correspondientes.
Estos dos hechos, registrados con pocos días de diferencia, vuelven a poner en evidencia el riesgo al que están expuestos peatones y conductores en distintos tramos de esta vía. Conductores que circulan diariamente por la zona señalan que, en algunos sectores, peatones cruzan directamente la carretera pese a la existencia de puentes peatonales. A esto se suma el presunto irrespeto a las señales de tránsito y a las normas de circulación por parte de algunos usuarios de la vía.
La situación genera preocupación entre quienes utilizan esta importante arteria vial, donde la imprudencia y la falta de precaución pueden terminar en consecuencias fatales.
(Redacción Imbabura).- Momentos de tensión se registraron la mañana de ayer, cuando moradores de las comunidades de La Playita-Camuendo, ubicada a orillas del lago San Pablo, y La Compañía, situada cerca de Pucará Bajo, protagonizaron un enfrentamiento relacionado con una disputa por límites territoriales que se mantiene desde hace décadas.
La controversia entre ambos sectores no es reciente. Las dos comunidades colindan en la zona rural y periférica de la parroquia urbana El Jordán, en el cantón Otavalo, donde mantienen una disputa por la delimitación de sus territorios que, pese a los intentos de sus dirigentes por alcanzar acuerdos, todavía no ha encontrado una solución definitiva.
Videos difundidos ayer en redes sociales muestran a hombres y mujeres de ambas comunidades enfrentándose y protagonizando agresiones físicas e intercambios verbales. Según información preliminar, el conflicto se habría intensificado tras el derribo de un muro construido en el sitio, que contaba con varias pintadas. Los escombros del muro habrían sido utilizados por los involucrados para amedrentarse durante el enfrentamiento.
De acuerdo con la información conocida, alrededor de 40 metros de territorio estarían en disputa, una diferencia que habría vuelto a elevar la tensión entre ambas comunidades. El enfrentamiento se habría prolongado durante varias horas, hasta que el párroco y miembros de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús intervinieron para mediar y evitar que la confrontación escalara.
Por la tarde, en la casa comunal de La Compañía, se desarrolló un diálogo entre dirigentes de ambas comunidades y miembros de la Iglesia, con el objetivo de buscar una salida al conflicto y establecer posibles acuerdos que permitan solucionar la disputa territorial. Las partes analizaron la situación en una asamblea comunitaria mientras la ciudadnia continua a la espera de la resoluciòn. El enfrentamiento dejo varios heridos y una persona retenida.
(Redacciòn Ibarra).- Entre el domingo 30 de agosto y este lunes 31 varios siniestros de trànsito se suscitaron en varios cantones como Ibarra Otavalo y Antonio Ante. El primero ocurrió la noche del domingo en el sector La Joya, en Otavalo, donde un vehículo cayó a una quebrada ante la mirada de varios moradores. El conductor quedó atrapado en el interior del automotor y, pese a la llegada de agentes de la Policía Nacional y una ambulancia, se confirmó su fallecimiento.
Moradores señalaron que el conductor habría estado en aparente estado de embriaguez; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Posteriormente, una unidad de rescate realizó el remolque del vehículo, mientras agentes del SIAT y DINASED efectuaron el procedimiento correspondiente para determinar las causas del siniestro.
Minutos después, a las 20:29, otro accidente cobró la vida de una persona en la vía E35, a la altura de San Roque. Un motociclista sufrió un violento impacto y falleció en el lugar. Personal de la Policía Nacional y una ambulancia de Panavial acudieron para atender la emergencia. El SIAT realizó el levantamiento del cuerpo y las pericias para establecer cómo ocurrió el accidente.
La mañana de este lunes, alrededor de las 07:30, un nuevo siniestro elevó a cuatro el número de víctimas mortales. Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas tras un violento choque registrado en el sector de Salinas.
Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional, una ambulancia del Ministerio de Salud Pública y unidades del Cuerpo de Bomberos. De manera preliminar, el accidente se habría producido luego de que agua proveniente de una acequia cercana llegara a la vía, provocando que un automóvil perdiera pista y terminara impactándose contra un taxi.
La vía permaneció cerrada al tránsito vehicular durante varias horas mientras se atendía la emergencia y se realizaban los procedimientos correspondientes.
(Redacción Otavalo).- Una serie de accidentes registrados durante el último año volvió a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad de la Terminal Terrestre de Otavalo y la necesidad de contar con una infraestructura que responda al crecimiento de la ciudad y al constante flujo de pasajeros y buses.
En agosto de 2025, una joven de 25 años murió luego de ser impactada por un bus en los exteriores de la terminal. La mujer se movilizaba en bicicleta mientras utilizaba su teléfono celular cuando ocurrió el siniestro.
En julio de 2026, un adulto mayor fue atropellado durante la mañana en el mismo sector, precisamente en una zona caracterizada por el permanente ingreso y salida de buses interprovinciales e intercantonales.
El 12 de agosto de este año, otro joven fue atropellado en las inmediaciones de la Terminal Terrestre. A pesar de la gravedad del hecho, resultó prácticamente ileso. Doce días después, otro siniestro se susitò luego de que una mujer fuese atropellada y sufriera graves lesiones que derivaron en la pérdida de una pierna y afectaciones en el tejido abdominal. El hecho ocurrió ante la mirada de pasajeros y conductores.
Estos hechos han reavivado los reclamos de ciudadanos y transportistas, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado a la Alcaldía de Otavalo la construcción de una nueva terminal terrestre o una intervención integral que permita mejorar las condiciones de seguridad y movilidad.
La discusión sobre una nueva terminal no es reciente. Durante años han existido debates técnicos y sociales respecto a su ubicación, características y la forma de ejecutar el proyecto sin comprometer de manera desproporcionada los recursos municipales.
En julio de 2024 y julio de 2025 resepctivamente, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, anunció el proyecto para la construcción de una nueva terminal terrestre en el sector de Carabuela. Según lo anunciado en ese momento, hasta septiembre de 2025 se esperaba contar con los estudios definitivos y definir los mecanismos de financiamiento, con la proyección de iniciar las obras ese mismo mes. La propuesta contemplaba trasladar las operaciones principales fuera del casco urbano, con el objetivo de descongestionar el centro de la ciudad. Ese proceso contarìa con la aprobación de la categorización del nuevo terminal por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que establece los parámetros técnicos que deberá cumplir la infraestructura proyectada.
Sin embargo, la propuesta también generó rechazo entre parte de la ciudadanía debido a la distancia de aproximadamente 6,3 kilómetros que existiría entre la nueva terminal y el centro de Otavalo. El traslado implicaría que los usuarios deban tomar un autobús adicional para llegar hasta el nuevo punto de embarque, lo que representaría un costo y tiempo extra para quienes utilizan diariamente el transporte público.
Además, se ha señalado que el actual patio de operaciones no desaparecería con la construcción de la nueva terminal. De acuerdo con la propuesta, este espacio sería reconvertido en una estación de transferencia destinada a atender los circuitos internos de transporte. A esto se sumaría la construcción de una segunda estación en el sur de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso de pasajeros provenientes de Quito, Cayambe y otras localidades.
El proyecto aún no ha avanzado y, mientras tanto, la actual terminal continúa operando en medio de cuestionamientos por sus condiciones de seguridad. El reducido espacio, frente al constante flujo de pasajeros y buses, dificulta la circulación vehicular y peatonal, a lo que se suman accesos con escasa iluminación, problemas de visibilidad, deficiente señalética y ausencia de pantallas informativas, factores que generan preocupación entre quienes utilizan diariamente estas instalaciones. A esto se añade el deterioro de parte de la infraestructura y los siniestros registrados tanto en el interior como en los exteriores del terminal, situaciones que han incrementado el reclamo ciudadano por una solución definitiva.
Para Otavalo, la construcción de una nueva terminal representa un proyecto esperado durante más de dos décadas. La ciudad, considerada uno de los principales destinos turísticos de Imbabura, mantiene el desafío de contar con una infraestructura de transporte acorde con el crecimiento urbano, el movimiento comercial y turístico y el número de pasajeros que diariamente llegan y salen del cantón.
Los recientes accidentes han vuelto a poner una pregunta sobre la mesa: ¿cuánto tiempo más deberá esperar Otavalo para contar con una terminal terrestre segura, moderna y acorde con las necesidades de una ciudad que recibe cada año a miles de visitantes?
