(Redaccion Ibarra).- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Yachay Tech, ascendió 13 posiciones en la edición 2027 del QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean. La institución pasó del puesto 136, que ocupó en 2026, al 123 en la clasificación regional.
El resultado también ubica a Yachay Tech como la tercera universidad pública del Ecuador, séptima entre las instituciones de educación superior del país y en el puesto 100 de Sudamérica, según los resultados difundidos por la universidad.
Uno de los principales resultados de la institución está relacionado con su producción científica. Yachay Tech alcanzó el puesto 17 regional en Citations per Paper, indicador que mide las citas recibidas por sus artículos científicos, y el puesto 25 en Papers per Faculty, relacionado con la cantidad de publicaciones por docente.
La universidad atribuye estos resultados al trabajo desarrollado por estudiantes, docentes e investigadores en áreas de producción científica, formación académica e innovación.
El rector de Yachay Tech, Andrés Rosales Acosta, calificó el ascenso como un resultado colectivo de la comunidad universitaria.
“Pasar del puesto 136 al 123 en América Latina y el Caribe es un resultado que nos llena de satisfacción y que, sobre todo, refleja el trabajo comprometido que realizan diariamente nuestros estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo”, señaló.
El QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean evalúa a instituciones de educación superior de la región mediante diferentes indicadores académicos y de investigación.
(Redaccion Ibarra).- A dos meses de las elecciones seccionales, Álvaro Castillo Monge registra el 27,9 % de intención de voto para la Alcaldía de Ibarra, según un sondeo de opinión realizado por CEDATOS en agosto de 2026 entre ciudadanos de los sectores urbano y rural del cantón.
La medición ubica a Juan Arias con 19,3 %, Lucía Posso con 15,8 %, Israel Cabezas con 5 % y José Moncayo con 3,1 %.
Los resultados fueron dados a conocer durante una entrevista realizada la mañana de este miércoles por la comunicadora Mónica Vaca, de radio Vocú. En ese espacio, el investigador de opinión Polibio Córdova señaló que Castillo Monge registra el mayor potencial político e intención de voto entre las candidaturas a la Alcaldía de Ibarra.
Cinco candidatos están en firme para competir por la administración municipal de Ibarra. Castillo Monge participa como candidato por el AVANZA, lista 8. Es ingeniero civil y cuenta con una maestría en Administración Pública. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el sector privado, vinculada a la construcción y fiscalización de obras.
(Redacción Ecuador).- La nueva Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ya está vigente en Ecuador desde este 30 de septiembre de 2026, luego de su publicación en el Séptimo Suplemento del Registro Oficial N.° 380.
La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de septiembre y sancionada por el Ejecutivo el 29 de septiembre. La normativa modifica varias reglas relacionadas con el control de las vías, el servicio de delivery, la micromovilidad, las licencias, las multas, los municipios, los sistemas de identificación vehicular, los peajes y la seguridad vial.
Policía y Comisión de Tránsito tendrán nuevas competencias de control
Uno de los cambios está relacionado con el control de la Red Vial Estatal. La Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador tendrán competencias para realizar controles operativos en la red vial estatal, corredores estratégicos y vías colectoras, además de los cantones ubicados en zonas fronterizas.
La reforma también modifica la integración del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), incorporando al organismo encargado de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público.
Además, la Policía Nacional tendrá a su cargo la formación y capacitación del personal civil especializado de los gobiernos autónomos descentralizados.
Repartidores en moto deberán cumplir nuevos requisitos
Los motociclistas que realizan servicios de entrega a domicilio o delivery deberán cumplir nuevas condiciones para circular y trabajar.
Entre los requisitos están contar con licencia para conducir motocicletas, utilizar casco homologado y chaleco reflectivo con el número de placa visible. También deberán utilizar mochilas, cajas o contenedores que no afecten la estabilidad de la motocicleta ni obstruyan la placa, las luces, elementos reflectivos o la identificación del conductor.
Los repartidores deberán, además, inscribirse en el Registro Nacional de Conductores y Vehículos destinado a esta actividad, administrado por la autoridad nacional de tránsito. Mientras realizan el servicio, tampoco podrán transportar pasajeros.
El incumplimiento de estas disposiciones constituye una contravención de cuarta clase y puede ser sancionado con una multa equivalente al 30 % del Salario Básico Unificado.
En el caso de conductores extranjeros que circulen con licencias emitidas en sus países de residencia y debidamente homologadas, deberán portar su pasaporte original, donde conste la visa o el sello de ingreso que permita verificar su tiempo de permanencia en Ecuador.
Scooters, motos eléctricas y otros vehículos de micromovilidad
La reforma también establece nuevas reglas para los vehículos de movilidad personal, entre ellos scooters, motos eléctricas, ciclomotores y monopatines.
Estos vehículos están destinados principalmente a desplazamientos urbanos de corta distancia y deberán cumplir las condiciones técnicas, límites de velocidad y requisitos de seguridad que establezca la autoridad de tránsito.
Su circulación deberá realizarse en espacios habilitados por la normativa nacional y las ordenanzas de los gobiernos autónomos descentralizados.
No podrán circular por la Red Vial Estatal, autopistas ni vías perimetrales, ni por otros tramos que sean restringidos por razones de seguridad vial. Además, deberán respetar la prioridad de peatones y demás usuarios vulnerables de las vías.
Los municipios serán evaluados en sus competencias de tránsito
La nueva normativa también establece mecanismos de control sobre las competencias que ejercen los gobiernos autónomos descentralizados en materia de tránsito y transporte terrestre.
La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial deberá elaborar informes técnicos sobre el ejercicio de estas competencias.
Cuando se determinen irregularidades previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los informes serán remitidos al Consejo Nacional de Competencias, que podrá disponer la intervención correspondiente y, de ser el caso, suspender temporalmente determinadas competencias.
Además, dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la reforma, la autoridad de control deberá elaborar un informe sobre el ejercicio de las competencias de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los gobiernos regionales, metropolitanos y municipales del país.
Se crea una identificación electrónica para los vehículos
La reforma incorpora una especie de identificación electrónica vehicular que complementará la placa física y permitirá fortalecer la identificación, trazabilidad y control automatizado de los vehículos.
Este sistema estará articulado con las plataformas estatales de seguridad y será administrado por las instituciones competentes, entre ellas la ANT, la Policía Nacional y el ECU 911.
Los vehículos de transporte público y comercial, además, deberán contar con rastreo satelital GPS conectado en tiempo real con las plataformas estatales de control.
La normativa también establece que la emisión de placas será responsabilidad exclusiva de la autoridad nacional de tránsito.
Nuevas reglas para fotorradares y peajes
La ley establece que las empresas privadas no podrán recibir porcentajes o incentivos económicos calculados en función del valor de las multas recaudadas mediante fotorradares. También se crea un Sistema Nacional Unificado de Peajes para la Red Vial Estatal.
Licencias podrán ser físicas o digitales
Los conductores podrán contar con licencias en formato físico o digital, mediante mecanismos coordinados con el Registro Civil. Para las licencias no profesionales se establece como requisito mínimo haber alcanzado la educación básica media.
La reforma también fija límites para los intentos de los exámenes de conducción y establece en 30 puntos el máximo de recuperación acumulada durante la vigencia de una licencia.
Pago de multas con descuento
Los conductores que reciban una infracción podrán acceder a un 50 % de descuento en la multa si la pagan dentro de los 20 días posteriores a la notificación y no presentan una impugnación. Esta disposición se suma a los cambios incorporados al régimen de sanciones de tránsito.
Motos nuevas deberán incluir casco homologado
Las casas comerciales que vendan motocicletas nuevas deberán entregar un casco homologado por cada unidad comercializada. La medida forma parte de las nuevas disposiciones de seguridad incorporadas en la reforma.
Vehículos a motor no podrán circular por playas y dunas
La nueva normativa también establece una restricción ambiental: los vehículos a motor no podrán circular por las playas y dunas del país. Asimismo, la tasa correspondiente al Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito se extiende a los vehículos con matrícula extranjera que ingresen al Ecuador.
(Redacciòn Imbabura).- A un año del inicio del paro que paralizó Imbabura durante 31 días, las huellas de aquella crisis todavía permanecen en la provincia. La movilización comenzó el 22 de septiembre de 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, y rápidamente convirtió a Otavalo y otros sectores de Imbabura en el epicentro de una protesta que incluyó bloqueos de vías, enfrentamientos con policías y militares, ataques a bienes públicos y privados, muertes, cientos de heridos y millonarias pérdidas económicas. Aunque las carreteras volvieron a habilitarse el 22 de octubre, un año después todavía continúan las consecuencias judiciales, económicas y sociales de aquellas jornadas. El cuartel policial de Otavalo, uno de los principales símbolos de la violencia registrada durante el paro, se encuentra actualmente en aproximadamente un 98 % de operatividad, pero el conflicto dejó daños que trascendieron la infraestructura y permanecen en la memoria de las comunidades.
El origen de la crisis se remonta al 12 de septiembre de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa eliminó mediante el Decreto 126 el subsidio al diésel. La medida provocó rechazo entre transportistas y organizaciones indígenas y desencadenó las primeras movilizaciones. El 15 de septiembre se registraron bloqueos en Julio Andrade, en Carchi, donde transportistas se enfrentaron con las Fuerzas Armadas. Aunque el Gobierno consiguió levantar temporalmente esa protesta mediante beneficios económicos al sector, el conflicto continuó y el 18 de septiembre la CONAIE anunció movilizaciones a nivel nacional. En Imbabura, mientras el Gobierno declaraba el estado de excepción y toque de queda, las organizaciones indígenas preparaban una paralización indefinida que comenzaría el 22 de septiembre.
Ese día comenzaron los bloqueos de la E35 y de otras vías estratégicas de Imbabura, con Otavalo como principal epicentro. Organizaciones como la FICI, UNORCAC, FENOCIN y comunidades Kichwa de distintos pueblos se sumaron a la protesta y bloquearon carreteras, afectando la movilidad hacia el norte y sur del país. La jornada terminó convirtiéndose en uno de los episodios más violentos del paro cuando un grupo de encapuchados atacó, incendió y saqueó el cuartel policial de Otavalo, donde se encontraban aproximadamente 20 policías. Se incendiaron oficinas y vehículos, fueron sustraídos documentos y evidencias y los daños materiales fueron calculados en unos USD 125.000. También se destruyeron cámaras del ECU911 y se produjeron enfrentamientos con la fuerza pública. Por estos hechos fueron detenidas 18 personas, mientras 17 militares fueron retenidos temporalmente por comunidades del cantón Otavalo.
En los días siguientes, lejos de disminuir, la tensión aumentó. El Gobierno cambió a la gobernadora de Imbabura y el presidente Daniel Noboa llegó a Otavalo el 24 de septiembre acompañado de un importante contingente policial y militar, pero su visita no produjo una solución al conflicto. Dos días después, la dirigencia de la CONAIE anunció el levantamiento del paro en varios sectores, pero las bases de Imbabura rechazaron la decisión e incluso retuvieron a su presidente, Marlon Vargas, en Huaycopungo. Los bloqueos continuaron y se extendieron hacia Peguche, Ilumán, Caluquí, González Suárez, Cotacachi, Antonio Ante, Zuleta, Urcuquí, El Juncal y Lita. El 28 de septiembre ocurrió la primera muerte en Imbabura: Efraín Fueres, comunero de Cuicocha, falleció durante una jornada de enfrentamientos después de recibir un disparo que testigos atribuyeron a personal militar.
Durante los primeros días de octubre la protesta adquirió nuevas dimensiones. Se denunciaron agresiones a ciudadanos, amenazas a comerciantes para obligarlos a cerrar, daños a vehículos y problemas de abastecimiento de gasolina, gas y alimentos. Las propias organizaciones indígenas comenzaron a mostrar divisiones sobre cómo continuar la movilización. El 1 de octubre, la decisión de la FICI de plantear una tregua y abrir un diálogo con el Gobierno fue desconocida por varias comunidades de base. Mientras tanto, continuaron los enfrentamientos y acciones de protesta, como la invasión a una finca florícola en Cotacachi el 6 de octubre y la movilización masiva hacia Ibarra el 8 de octubre. Para entonces, el conflicto ya había dejado un importante número de heridos y la FICI posteriormente reportaría 820 manifestantes heridos, de los cuales alrededor de 230 mantenían secuelas.
La situación alcanzó uno de sus momentos más críticos entre el 13 y el 15 de octubre. El Gobierno envió un segundo convoy humanitario hacia Imbabura para transportar alimentos, medicinas, gas y otros productos, pero durante la madrugada del 14 de octubre se produjo un nuevo enfrentamiento en Otavalo después de que un convoy fuera atacado por manifestantes. La ciudad quedó nuevamente paralizada, con calles destruidas, persecuciones y más de 40 detenidos, muchos de los cuales fueron liberados posteriormente. También fueron agredidos miembros de la fuerza pública: durante el paro, según los reportes de la FICI, 111 policías y 27 militares resultaron afectados por agresiones. En medio de los enfrentamientos resultó herido un periodista comunitario y, al día siguiente, murió José Guamán, comunero de Otavalo de 30 años, quien había recibido un disparo en el pecho. Permaneció en cuidados intensivos en Ibarra y falleció durante el traslado en helicóptero hacia Quito.
El 15 de octubre hubo un primer intento de terminar la paralización mediante un acuerdo entre dirigentes indígenas, autoridades locales y el Gobierno. Se anunció un cese de hostilidades y la instalación de mesas de diálogo, pero las bases desconocieron rápidamente el acuerdo y acusaron a sus propios dirigentes de traición. La división se profundizó el 19 de octubre, cuando la FICI asumió el liderazgo de las movilizaciones y reemplazó a Mesías Flores por Sisa Inés Cotacachi, mientras el Gobierno suspendía el diálogo argumentando incumplimientos y nuevos actos violentos. Finalmente, entre el 21 y el 22 de octubre, distintas comunidades comenzaron a regresar a sus territorios y a liberar las carreteras. La CONAIE anunció oficialmente el fin del paro y las Fuerzas Armadas iniciaron el despeje de la E35. Aunque algunas organizaciones, como UNORCAC, anunciaron inicialmente que mantendrían la resistencia, la FICI terminó ordenando la apertura de las vías. Después de 31 días, la paralización llegó a su fin.
El costo humano de la protesta, sin embargo, no terminó con la reapertura de las carreteras. Fueron cuatro las personas que fallecieron en el contexto del paro: Efraín Fueres y José Guamán, ambos comuneros de Imbabura; Rosa Paqui, adulta mayor del pueblo Kichwa Saraguro, en Loja, quien murió el 14 de octubre después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras la inhalación de gases lacrimógenos durante los operativos; y Edison David Farinango Tontaquimba, oriundo de Cotacachi, quien resultó gravemente herido durante las protestas tras recibir impactos de artefactos explosivos. Farinango permaneció cerca de dos meses hospitalizado en Quito y falleció el 27 de diciembre de 2025 debido a complicaciones derivadas de sus lesiones. A este saldo se sumaron cientos de heridos y personas que, según la FICI, quedaron con secuelas físicas.
El impacto económico también se prolongó mucho después del levantamiento del paro. Comercios y negocios permanecieron cerrados, las carreteras estuvieron intransitables, hubo escasez de productos y combustible y se registraron amenazas de saqueos y agresiones contra personas que intentaban movilizarse. La Cámara de Industrias y Producción estimó las pérdidas entre USD 90 millones y USD 100 millones. Imbabura además perdió buena parte de la actividad turística del feriado de la Independencia de Guayaquil, mientras que durante el feriado de Finados se intentó impulsar la recuperación mediante incentivos y una reducción temporal del IVA. Entre el 1 y el 4 de noviembre se registraron 33.400 viajes, USD 1,84 millones de gasto turístico y una ocupación del 38,6 %, una cifra superior al 31,3 % de 2024, pero todavía insuficiente para hablar de una recuperación sostenida.
El caso “12 de Otavalo” tuvo un primer desenlace el pasado 5 de junio de 2026, cuando la justicia ecuatoriana dictó el sobreseimiento de las 18 personas procesadas por los hechos ocurridos durante los disturbios registrados en Otavalo el 22 de septiembre de 2025, jornada en la que fue incendiado el cuartel de Policía de la ciudad. La resolución judicial determinó que no existían elementos probatorios suficientes para vincular a los procesados con el delito investigado, por lo que el proceso penal quedó cerrado para ellos. Sin embargo, la decisión fue revocada el 14 de agosto de 2026, cuando una sala de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dejó sin efecto el auto de sobreseimiento dictado a favor de los 18 procesados. Según consta en el expediente del Consejo de la Judicatura, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dispuso llamar a juicio a los 18 procesados por los presuntos delitos de ataque y resistencia y daño a bien ajeno, por lo que el caso continua abierto.
(Redacciòn Ibarra).- Tres hombres fueron hallados sin vida en el sector Santa Cecilia, de la parroquia Lita, en Ibarra. La Policía Nacional ateindo la alerta cerca de las 12:13, por lo que varios efectivos acudieron al sitio y constataron la presencia de los tres cuerpos, que presentaban múltiples orificios provocados por impactos de bala.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el triple homicidio estaría relacionado con posibles represalias entre grupos armados que se disputarían el control territorial de recursos vinculados a la minería ilegal en esta zona fronteriza de Imbabura.
Según la información preliminar, los tres hombres habrían salido a bordo de una camioneta para realizar una carrera hacia la comunidad de El Verde. Sin embargo, terminaron siendo encontrados muertos en el sector Santa Cecilia.
Las víctimas fueron identificadas como Geovanny B., de 45 años; Pablo Ramón H., de 36; y Armando Patricio H., de 32 años. Los tres registraban antecedentes o procesos judiciales. Geovanny B. tenía registros por tenencia de droga, tentativa de asesinato y tenencia de armas de fuego.
Pablo Ramón H. tenía un proceso judicial relacionado con minería ilegal, mientras que Armando Patricio H. registraba antecedentes por tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita.
Durante las diligencias investigativas, los agentes realizaron el allanamiento de dos inmuebles y recogieron versiones de moradores de la zona. En el lugar fueron fijados como indicios 17 vainas percutidas, una pistola, una camioneta Chevrolet con placas de la vecina provincia de Carchi, un teléfono celular y varias prendas de vestir.
Los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue del hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque, y determinar el móvil del triple homicidio.
(Redacción Pimampiro).- Ayer, a las 13:47, se registró un presunto caso de ajuste de cuentas en el sector de Chalguayacu. Según información preliminar, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta habrían disparado contra las personas que se encontraban en el interior de una camioneta Chevrolet Luv D-Max, de color gris.
Como consecuencia del ataque, Dilan Garcìa. C. de 23 años falleció. Una adolescente de 16 años de nacionalidad venezolana, quien sería su pareja sentimental, resultó con una herida en sus piernas, al igual que un hombre de 60 años que se encontraba cerca del vehículo.
Tras el ataque, el conductor de la camioneta perdió el control y el automotor terminó impactándose contra un poste de alumbrado público.
Según información proporcionada por la Policía Nacional, posteriormente, moradores del sector emprendieron la búsqueda de los presuntos responsables y lograron retener a dos sospechosos cerca del estadio de Chalguayacu. Los dos retenidos fueron agredidos por los moradores y posteriormente incinerados, provocando su muerte.
El hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas: una durante el ataque armado y dos presuntos implicados. Las dos personas heridas fueron atendidas inicialmente en el Centro de Salud de Chalguayacu y posteriormente trasladadas a hospitales de Ibarra. Una fue derivada al Hospital del IESS y la otra al Hospital San Vicente de Paúl.
La Policía Nacional informó que alrededor de 200 moradores permanecían en los alrededores del estadio, lo que impedía inicialmente el ingreso de los uniformados para realizar los procedimientos correspondientes. Como resultado del hecho, fue aprehendido Brandon B., en el marco de las investigaciones por el presunto caso de sicariato. Una de las principales interrogantes es determinar si los dos sujetos señalados como presuntos responsables participaron efectivamente en el incidente. Este aspecto deberá ser esclarecido durante el proceso investigativo.
(Redacciòn Imbabura).- Una nueva tragedia enluta a la Panamericana E35. Cerca de las 05:35 de esta madrugada, un ciudadano perdió la vida tras ser atropellado en el sector de Natabuela en Atuntaqui.
Tras la emergencia, personal de la Policía Nacional acudió al lugar a bordo de un patrullero para constatar el hecho, mientras una ambulancia del Ministerio de Salud Pública (MSP) también se movilizó hasta el sitio. Pese a la atención de la emergencia, el ciudadano falleció.
DOS MUERTES EN POCOS DÍAS
El nuevo atropellamiento ocurre apenas unos días después de que un adulto mayor falleciera tras ser atropellado en la Panamericana E35, en el sector de Ilumán. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y personal de Criminalística para cumplir con los procedimientos correspondientes.
Estos dos hechos, registrados con pocos días de diferencia, vuelven a poner en evidencia el riesgo al que están expuestos peatones y conductores en distintos tramos de esta vía. Conductores que circulan diariamente por la zona señalan que, en algunos sectores, peatones cruzan directamente la carretera pese a la existencia de puentes peatonales. A esto se suma el presunto irrespeto a las señales de tránsito y a las normas de circulación por parte de algunos usuarios de la vía.
La situación genera preocupación entre quienes utilizan esta importante arteria vial, donde la imprudencia y la falta de precaución pueden terminar en consecuencias fatales.
(Redacciòn Ibarra).- El pasado 3 de septiembre según el nuevo reporte de la Organización Meteorológica Mundial el fenómeno de El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses hasta alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026.
De acuerdo con el último informe del organismo, existe una probabilidad cercana al 100 % de que El Niño persista hasta febrero de 2027, aunque sus efectos sobre las temperaturas y las precipitaciones podrían extenderse durante buena parte del próximo año.
El fenómeno se produce por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental, alterando la circulación atmosférica y modificando los patrones habituales de lluvias y temperaturas a miles de kilómetros de distancia.
La OMM advierte que este episodio podría provocar cambios importantes en las precipitaciones, temperaturas superiores a lo normal y un incremento del riesgo de inundaciones, sequías y episodios de calor extremo en diferentes regiones del planeta. Para septiembre-noviembre de 2026, los pronósticos apuntan a temperaturas por encima de lo normal en casi todas las zonas terrestres.
Ecuador se prepara ante un escenario de riesgo
En Ecuador, la amenaza ya genera medidas de preparación. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos presentó el visualizador “Alístate Ecuador”, una herramienta que permite identificar las zonas con mayor exposición a los posibles efectos de El Niño y conocer las capacidades disponibles para responder ante una emergencia.
La plataforma reúne información sobre alojamientos temporales, voluntarios de Protección Civil, comités comunitarios, bodegas y kits de asistencia humanitaria, además de datos históricos de eventos asociados con El Niño registrados entre 2010 y 2026.
La información también permite a las autoridades y comunidades identificar sectores vulnerables y fortalecer las acciones de prevención antes de que se produzcan los eventos extremos.
El calentamiento global podría agravar sus efectos
Aunque El Niño es un fenómeno natural y no es provocado por el cambio climático, el calentamiento global puede intensificar algunas de sus consecuencias, especialmente sobre las temperaturas extremas.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lanzó una contundente advertencia sobre el escenario climático mundial y afirmó que “El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos”, mientras alertó que el planeta se encuentra en una zona de peligro frente a los fenómenos climáticos extremos.
El impacto no será igual en todos los países. La intensidad de El Niño, la época del año y otros factores oceánicos y atmosféricos determinarán si una región enfrenta mayores lluvias, sequías, temperaturas extremas u otros fenómenos.
Un fenómeno que llegará con fuerza a 2027
La previsión internacional marca un escenario que podría extenderse más allá de este año: El Niño alcanzaría su máxima intensidad hacia finales de 2026, pero sus efectos climáticos continuarán hasta bien entrado 2027.
Para Ecuador, el llamado de las autoridades es claro: fortalecer la prevención, identificar las zonas de mayor riesgo y estar preparados ante posibles inundaciones, deslizamientos, sequías y otros eventos asociados a la alteración del clima.
El fenómeno ya está presente. Ahora, la atención está puesta en los próximos meses y en la capacidad de los países para anticiparse a sus impactos.
(Redacción Ecuador).- Andrés Guerrero, de 34 años, murió la noche de este martes tras ser atropellado por una motocicleta eléctrica tipo scooter en la intersección de las avenidas De los Shyris y Naciones Unidas, en Quito.
Este hecho desencadenó un debate sobre el uso y control de este tipo de vehículos. En este contexto, la Asamblea Nacional analiza una reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que plantea nuevos mecanismos de regulación y control para los vehículos y las distintas formas de movilidad en Ecuador. El proyecto fue aprobado con 78 votos a favor e incluye un paquete de reformas orientado a fortalecer la seguridad vial, incorporar herramientas tecnológicas y mejorar los mecanismos de control sobre el transporte.
Delivery tendrá un registro nacional
La reforma plantea crear un Registro Nacional de Delivery mediante un còdigo QR para identificar a los repartidores y los vehículos utilizados en esta actividad. Los motociclistas deberán cumplir requisitos de seguridad, como utilizar cascos homologados y chalecos reflectivos que permitan identificar su actividad.
Vehículos tendrán identificación electrónica
El proyecto propone un Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular, similar a una tercera placa, que permitirá verificar información del automotor. La información estaría integrada a una base nacional administrada por la ANT y coordinada con la Policía Nacional y el ECU 911 para fortalecer los controles.
Peajes con sistema electrónico
La reforma plantea crear un Sistema Nacional Unificado de Recaudación y Gestión de Peajes, que permitirá utilizar dispositivos electrónicos, lectura de placas y sistemas de prepago o pospago. Las estaciones tendrían hasta un año para habilitar al menos un carril de cobro electrónico, con el objetivo de agilizar el paso y mejorar el control de la recaudación con un solo tag que permita pasar todos los peajes del paìs.
Nuevas reglas para los fotorradares
Los fotorradares deberán estar autorizados, homologados y correctamente señalizados tanto en el punto de control como al menos 500 metros antes. La propuesta también busca impedir que empresas privadas reciban porcentajes o incentivos económicos relacionados con el dinero recaudado mediante multas.
Mayor control sobre los municipios
La ANT podrá evaluar la gestión de los municipios que tienen competencias de tránsito. Ante incumplimientos o falta de capacidad operativa, estas atribuciones podrían ser suspendidas temporalmente. La propuesta también contempla la participación del Ministerio del Interior en el Directorio de la ANT para mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas del control vial, ademàs se buscarà la evaluaciòn de escuelas de conducciòn en el paìs.
(Redacción Ecuador).- La Fiscalía General del Estado registra más de 400 denuncias relacionadas con robos cometidos mediante el uso de escopolamina. Quito concentra la mayor incidencia, especialmente en zonas comerciales, exteriores de entidades bancarias y sectores universitarios.
Especialistas advierten que la sustancia puede ingresar al organismo al ser ingerida en bebidas o alimentos contaminados, inhalada mediante aerosoles o por contacto con las mucosas de los ojos, la nariz o la boca.
Entre los modus operandi más frecuentes está la colocación de la sustancia en bebidas dentro de discotecas y establecimientos donde se consume alcohol. También se han reportado casos en espacios públicos y otros en los que mujeres habrían utilizado aplicaciones de citas u otros métodos de acercamiento para captar a sus posibles víctimas, principalmente hombres de entre 25 y 40 años.
La escopolamina, conocida también como burundanga o “aliento del diablo”, es una sustancia que puede provocar desorientación, sedación, sometimiento y amnesia. No tiene olor ni sabor perceptibles y, bajo sus efectos, las víctimas pueden quedar en un estado de vulnerabilidad que es aprovechado por delincuentes para despojarlas de dinero y pertenencias. Sus efectos pueden comenzar entre 15 y 30 minutos después de la exposición y alcanzar su mayor intensidad alrededor de las dos horas.
Pichincha concentra casi la mitad de los casos reportados a escala nacional, con Quito, Guayaquil y Cuenca entre las ciudades con mayor incidencia. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 461 denuncias oficiales en el país, un 27,7 % más que en el mismo periodo de 2025, según los datos citados.
En Imbabura, nuestra redacciòn ha dado seguimiento desde el año pasado a varios casos relacionados con esta modalidad delictiva. El más reciente ocurrió el 1 de agosto, cuando dos ciudadanos habrían sido escopolaminados en una reconocida discoteca de la urbe y posteriormente despojados de su dinero en la ciudad de Cotacachi mediante retiros sin tarjeta.
En Otavalo, el último caso público fue en el mes de febrero de este año, cuando un adulto mayor habría sido escopolaminado y posteriormente llevado hasta una entidad bancaria, donde realizó un retiro de dinero de manera involuntaria.
Ante estos hechos, ciudadanos han adoptado medidas de precaución. De manera extraoficial, algunos aseguran que incluso optan por cubrirse al acudir a entidades bancarias o utilizar cajeros automáticos para reducir una eventual exposición a la sustancia.
Especialistas recomiendan no aceptar bebidas o alimentos de desconocidos, evitar el contacto con aerosoles o sustancias de procedencia desconocida y mantener las manos limpias, procurando no llevarlas a los ojos, la nariz o la boca. También aconsejan estar atentos ante acercamientos inusuales de desconocidos.
Si una persona presenta mareos repentinos, visión borrosa, confusión, desorientación o cambios inusuales de conciencia después de una posible exposición, debe acudir de inmediato a un centro de salud u hospital.
En un caso reciente ocurrido en Quito, la Policía Nacional descartó que cinco personas —tres hombres y dos mujeres— halladas inconscientes en las calles Ajaví y Sozoranga, en el sector de Solanda, hayan sido escopolaminadas. Según la institución, su estado sería compatible con una intoxicación alcohólica.
