(Redacción Imbabura).- Durante la presentación oficial de la tercera edición del programa «Jóvenes en Acción», impulsado por el Gobierno Nacional y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se informó que la iniciativa beneficiará con un incentivo económico a 811 jóvenes imbabureños de entre 18 y 29 años. Durante tres meses, los participantes adquirirán experiencia práctica y colaborarán en actividades orientadas a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de comunidades más resilientes.
El evento contó con la presencia del gobernador de Imbabura, Jorge Ortíz; delegados de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; y del precandidato a la Alcaldía de Ibarra, Israel Cabezas. Durante el acto de carácter institucional, Cabezas intervino con un discurso de contenido político, utilizando el espacio para proyectar su precandidatura y transmitir una imagen de cercanía y respaldo desde la entidad gubernamental presente en la actividad.
Posteriormente, un video de su intervención fue publicado en las redes sociales personales del precandidato. Este hecho ha generado cuestionamientos, ya que podría ser objeto de análisis por parte de las autoridades electorales respecto al artículo 278, numeral 3, del Código de la Democracia, que tipifica como infracción electoral grave la inducción al voto por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones a favor de una determinada preferencia electoral, siempre que se configuren los elementos establecidos por la normativa.
(Redacciòn Imbabura).- Los usuarios del transporte interprovincial e intraprovincial en Imbabura podrían enfrentar un incremento de hasta el 25% en el costo de los pasajes, luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) iniciara el análisis de una actualización tarifaria a escala nacional.
La revisión responde al pedido realizado por los gremios del transporte, que argumentan un incremento sostenido en los costos de operación, principalmente por el aumento del precio del diésel y otros insumos necesarios para mantener el servicio. Las tarifas actuales permanecen sin modificaciones desde 2021.
De concretarse la medida, el ajuste impactaría a los pasajeros que diariamente se movilizan entre cantones como Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí, así como a quienes viajan desde Imbabura hacia otras provincias del país.
La ANT informó que el estudio técnico contempla variables como la estructura de costos, las características de las rutas y la operación del servicio. Además, señaló que un eventual incremento estaría condicionado al cumplimiento de medidas que fortalezcan la seguridad de los usuarios, entre ellas la instalación de botones de pánico y sistemas de conteo de pasajeros en las unidades.
El análisis se desarrolla en paralelo a la actualización del mecanismo de compensación económica para el transporte público y comercial anunciada por el Gobierno Nacional, como respuesta a las variaciones en los precios internacionales de los combustibles.
Por el momento, la ANT aclaró que el incremento aún no ha sido aprobado y que la propuesta continúa en fase de análisis y socialización con los representantes del sector transportista. Mientras tanto, los pasajes en Imbabura mantienen las tarifas vigentes hasta que exista una resolución oficial.
(Redacciòn Ibarra).- Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron retenidas por comuneros de la parroquia La Esperanza, en el cantón Ibarra, tras ser señaladas como presuntas responsables del robo de un ternero.
El hecho ocurrió ayer, cuando un ternero que había sido sustraído de una comunidad fue localizado antes de que pudiera ser sacado de la zona. Según los testimonios, los sospechosos habrían introducido al animal a la fuerza en un automóvil de pequeñas dimensiones para ocultarlo y facilitar su traslado, provocándole maltrato durante la maniobra.
Tras la intervención de comuneros y autoridades, el ganado fue recuperado y los cinco sospechosos fueron llevados ante la asamblea comunitaria, donde se resolvió aplicar procedimientos de justicia indígena.
Videos difundidos en redes sociales muestran a los implicados caminando descalzos y cargando bolsas con piedras, como parte de las sanciones impuestas por las autoridades comunitarias.
La justicia indígena está reconocida en la Constitución del Ecuador, que faculta a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, de acuerdo con sus normas y tradiciones, siempre que sus decisiones respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales. Para comuneros de Zuleta el robo de ganado representa pérdidas económicas que afectan directamente el sustento de numerosas familias.
(Redacciòn Ibarra).- Es una imagen que se repite a diario en diferentes calles de la ciudad. Padre al volante, madre como pasajera, un niño sostenido en brazos y otro menor sentado sobre el tanque de combustible. En muchos casos, ninguno utiliza casco de protección.
Aunque para algunos se ha convertido en una escena «normal» debido a la necesidad de movilizarse, especialistas en seguridad vial advierten que esta práctica representa un alto riesgo, especialmente para los menores de edad, quienes son los más vulnerables en caso de una caída o un siniestro de tránsito.
La normativa ecuatoriana es clara. El Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que conductores y pasajeros de motocicletas están obligados a utilizar casco de seguridad homologado correctamente colocado durante todo el recorrido. No utilizar casco de seguridad homologado, tanto el conductor como el pasajero, constituye una contravención de tránsito sancionada con una multa equivalente al 30 % del Salario Básico Unificado que corresponde USD 144,60. Además, la normativa dispone la reducción de seis puntos en la licencia de conducir del infractor.
En cuanto al transporte de más personas de las permitidas por la capacidad de la motocicleta, la legislación también contempla una multa equivalente al 30 % del SBU (USD 144,60), al tratarse de una contravención de tránsito.
Por otra parte, el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre establece que los pasajeros deben ocupar únicamente el asiento destinado para ellos y ubicarse detrás del conductor. Está prohibido viajar sobre el tanque de combustible o entre el conductor y el manubrio. Cuando estas disposiciones no se cumplen, el vehículo puede ser retenido por la autoridad hasta que se subsane la infracción.
Más allá de una posible sanción, el principal problema es el riesgo que implica esta forma de movilización. En una motocicleta no existen estructuras de protección como las que ofrece un automóvil. Una frenada brusca, una colisión o incluso una maniobra para esquivar un obstáculo puede provocar que los menores salgan despedidos, con consecuencias que pueden ser fatales.
La seguridad vial no depende únicamente de los controles de las autoridades. También requiere conciencia ciudadana y responsabilidad de quienes utilizan este medio de transporte. Un viaje de pocos minutos puede cambiar una vida para siempre cuando se ignoran las normas básicas de protección.
(Redacciòn Ibarra).- Un caso de disposición ilegal de residuos generó preocupación entre los moradores en Ibarra, luego de que se denunciara el abandono de una gran cantidad de productos alimenticios en una quebrada ubicada en el sector La Violeta, sobre la conocida Ruta de las Haciendas. El hecho quedó registrado en un video el pasado mièrcoles 1 de julio, en el que se observa a presuntos trabajadores descargando los residuos desde un camión que portaba la imagen de la reconocida empresa ecuatoriana de embutidos y productos cárnicos La Italiana.
Tras la publicación de la noticia por parte de nuestro medio, el dia sabado 4 de julio personal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Ibarra realizó una inspección en el sitio, constatando que los desechos correspondían a embutidos en mal estado y productos lácteos con su fecha de caducidad vencida.
Con estos antecedentes, las autoridades se pusieron en contacto con la empresa relacionada con los productos encontrados para notificar lo ocurrido y, posteriormente, emitieron la respectiva citación a la Comisaría Ambiental del GAD de Ibarra, dando inicio al proceso administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente.
La comisaria ambiental del GAD de Ibarra, Paola Molina, manifestó que, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas municipales, además del proceso sancionador y las posibles multas económicas, se exige la restitución del sitio afectado a sus condiciones originales.
Por su parte, el director de Medio Ambiente del GAD de Ibarra, Diego Villalba, explicó que cuando existe un volumen considerable de residuos provenientes de empresas o establecimientos, estas deben notificar al Municipio para coordinar el acompañamiento técnico y el traslado del material al relleno sanitario de San Alfonso, donde se garantiza una disposición final adecuada mediante la destrucción de productos caducados.
Villalba enfatizó que este procedimiento evita la contaminación de las cuencas hídricas, la vegetación y otros ecosistemas, reduciendo los riesgos ambientales derivados del abandono de este tipo de residuos.
Tras conocerse el caso, Juan Pablo Madero, gerente de Marketing de La Italiana, manifestó que «el camión pertenece a un distribuidor de la zona, es un servicio externo, que no es de su total control pero que sí debe responder a su filosofía». Además, señaló que «este tipo de camiones, disponen de un sistema de refrigeración, lo que en algunas ocasiones genera un excedente de hielo» y que lo que se está «desechando» es el exceso de hielo. Asimismo, indicó que » la práctica o ejecución no es la correcta, ya que existe un tratamiento y proceso para cada uno de estos casos».
Finalmente, afirmó: «Hemos tomado las correcciones internas necesarias, para que este tipo de prácticas no se repitan y cada uno de los actores, internos o externos, se apeguen a nuestras políticas, normativas y filosofía.»
En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente (COA) prohíbe este tipo de prácticas por los daños que ocasionan al ambiente y a las fuentes hídricas. Dependiendo de la gravedad del caso, los responsables enfrentan sanciones administrativas, económicas e incluso penales, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
(Redacciòn Ibarra).- La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP) anunció la suspensión indefinida del servicio de transporte público intra e interprovincial a escala nacional, medida que entraría en vigencia a partir de las 00:00 de este viernes 3 de julio de 2026.
La decisión fue oficializada mediante la Circular N.º 037-SEF-AGAF-2026, en la que el gremio argumenta que el sector atraviesa una grave crisis económica, provocada por la insuficiencia de ingresos para cubrir los costos operativos y la falta de respuestas oportunas por parte del Gobierno Nacional.
Según la organización, la paralización se ampara en el derecho constitucional a la resistencia y se mantendrá de manera indefinida mientras persistan las causas que motivan la protesta. Además, la dirigencia exhortó a todas las cooperativas afiliadas a mantener la unidad, actuar con responsabilidad y seguir únicamente la información emitida por los voceros oficiales de la federación.
Uno de los principales reclamos del sector es la revisión técnico-económica de las tarifas del transporte, petición que, según FENACOTIP, aún no ha recibido una respuesta concreta por parte de las autoridades. El gremio espera la instalación de una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones antes de que la medida genere mayores afectaciones a la movilidad en el país.
ANT advierte con sanciones
Frente al anuncio de la paralización, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) recordó que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial considera como una infracción administrativa muy grave la interrupción o suspensión del servicio de transporte sin una causa legalmente justificada.
La entidad señaló que esta infracción puede ser sancionada con una multa equivalente a ocho remuneraciones básicas unificadas.
Asimismo, la ANT indicó que la Resolución N.º 045-DIR-2014-ANT, que regula los contratos de operación, prohíbe la suspensión del servicio, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o por disposición expresa de la autoridad competente.
La institución advirtió que, si se confirma una suspensión injustificada del servicio, iniciará los procedimientos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la normativa vigente.
Entre las medidas que podrían adoptarse constan la intervención de las operadoras, la suspensión de rutas o unidades, revisiones técnicas extraordinarias, la reevaluación de conductores e incluso la reversión de rutas, frecuencias o títulos habilitantes, cuando el interés público se vea comprometido.
Actualizaciòn:
Pese a lo anunciado ayer, esta mañana los buses de transporte intra e interprovincial ofrecieron el servicio con normalidad, luego de que mediante un comunicado se informara el levantamiento de la medida.
(Redacciòn Imbabura).- La parroquia San José de Quichinche, en Otavalo, cuenta con un nuevo espacio destinado a fortalecer la organización comunitaria, preservar las tradiciones ancestrales y promover nuevas oportunidades para el desarrollo local. Se trata de Casa UCINQUI, una obra impulsada por UNACEM Ecuador y su marca emblema Cemento Selvalegre, que beneficia a 24 comunidades indígenas y campesinas de la zona.
Este proyecto forma parte de las 344 obras de infraestructura social que la compañía ha ejecutado entre 2017 y 2026 en la provincia de Imbabura, con una inversión superior a los USD 3 millones y un impacto positivo en cerca de 90.000 personas.
La recientemente inaugurada Casa UCINQUI cuenta con salones comunitarios y un techado multipropósito, diseñado para acoger ferias, capacitaciones, encuentros culturales, reuniones organizativas y actividades productivas.
Este nuevo espacio busca convertirse en un centro permanente para el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y la dinamización de la economía local. Además, como parte de la articulación con instituciones públicas y organizaciones sociales, Casa UCINQUI promoverá la participación de productores locales y el rescate de prácticas tradicionales como el trueque ancestral.
Con iniciativas como esta, UNACEM Ecuador y Cemento Selvalegre reafirman su compromiso con la construcción de bienestar sostenible y el desarrollo de las comunidades donde operan.
(Redacción Imbabura).- La política imbabureña sumó un nuevo episodio de tensión. Mario Conejo Maldonado rompió el silencio mediante una carta pública difundida este martes, apenas días después de que se frustrara su anunciada candidatura a la Prefectura de Imbabura.
Lo llamativo no es únicamente que su nombre desapareciera de la papeleta interna. Lo verdaderamente político es el contenido del mensaje.
Sin mencionar a Juan Arias ni al movimiento Juntos Lista 70, Conejo escribe que “los proyectos políticos no pueden construirse sobre imposiciones, intereses particulares o decisiones alejadas de la ciudadanía”, una frase que muchos interpretan como una referencia directa a las negociaciones que terminaron por romper la alianza que ambos venían promoviendo.
La sorpresa es mayor porque durante varias semanas Juan Arias y Mario Conejo recorrieron la provincia juntos. En entrevistas, fotografías y transmisiones en vivo, Arias lo presentó públicamente como “nuestro candidato a la Prefectura de Imbabura”, proyectando una dupla que buscaba convertirse en uno de los principales bloques políticos para las elecciones seccionales.
Pero esa imagen cambió abruptamente.
Al oficializarse las candidaturas para las elecciones primarias, Mario Conejo ya no apareció como candidato provincial.
En su pronunciamiento, el exalcalde de Otavalo también asegura que nunca ha construido su trayectoria mediante “acuerdos de conveniencia” y que su compromiso sigue siendo con las comunidades y con una política basada en el diálogo, el respeto y la confianza ciudadana.
Mario Conejo no es un actor menor dentro del escenario político provincial. Sociólogo, dirigente kichwa y uno de los fundadores de Pachakutik, fue el primer alcalde indígena de Otavalo y gobernó el cantón durante 18 años en distintos períodos, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de Imbabura.
Hasta el momento, ni Juan Arias ni su equipo político han explicado públicamente por qué una candidatura que ya había sido anunciada y promocionada terminó desapareciendo antes de oficializarse.
Hoy, la carta de Mario Conejo deja una pregunta abierta en el escenario político imbabureño:
¿Qué ocurrió para que una alianza que ya se presentaba como un hecho terminara rompiéndose antes de iniciar oficialmente la campaña?
(Redacciòn Ecuador).- Cada vez es más frecuente que consumidores se encuentren con una sorpresa al momento de cancelar un producto o servicio: el establecimiento les informa que deberán pagar un recargo adicional por utilizar una tarjeta de crédito. Aunque muchos aceptan el cobro para evitar inconvenientes, esta práctica es ilegal en Ecuador.
De acuerdo con la normativa vigente de la ley del consumidor en el Art. 50.- Pagos con Tarjeta de Crédito se establece que El precio para el pago con tarjeta de crédito, será el mismo precio que al contado. Toda oferta, promoción, rebaja o descuento exigible respecto a la modalidad de pago al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento oportuna y adecuadamente, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo contrario.
En 2016, mediante una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria, se estableció que las comisiones derivadas de este servicio deben ser asumidas por el comercio y no por el consumidor.
Especialistas señalan que algunos negocios aplican estos recargos con el objetivo de mantener mayor liquidez y reducir los costos asociados a las transacciones electrónicas. Sin embargo, esta decisión no puede afectar el precio final que paga el cliente.
También se ha aclarado que la Superintendencia de Bancos no es la entidad encargada de controlar este tipo de prácticas, ya que el contrato por la prestación del servicio de tarjetas de crédito corresponde a la relación entre los establecimientos y las instituciones financieras emisoras.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a la ciudadanía a denunciar los casos en los que se cobren valores adicionales por pagar con tarjeta de crédito, recordando que el precio anunciado debe ser el mismo que el consumidor cancele, independientemente del medio de pago utilizado.
Las autoridades recomiendan a los consumidores solicitar comprobantes de pago y conservar cualquier evidencia que permita sustentar una denuncia en caso de que se les cobre un recargo no autorizado.
(Redacciòn Ibarra).- La Empresa Pública de Movilidad del Norte, Movidelnor EP, ejecuta trabajos de señalización y semaforización en varios cantones mancomunados con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad.
Las intervenciones se realizan en coordinación con los GAD municipales y responden a requerimientos ciudadanos y levantamientos técnicos en territorio.
Según el gerente general, Santiago Chiriboga, las brigadas trabajan de forma permanente en sectores prioritarios, especialmente en zonas escolares y de alto tránsito.
En las últimas semanas, los trabajos se realizaron en cantones como Mira, Eloy Alfaro, Pedro Moncayo, San Lorenzo, Ibarra, Pimampiro, Otavalo y Espejo, con acciones que incluyen pintura de señalización horizontal, instalación de reductores de velocidad, reubicación de señales y mejoras en la red semafórica.
En San Lorenzo, las labores se concentraron en unidades educativas y barrios residenciales, mientras que en Ibarra y Pimampiro se reforzó la señalización en vías urbanas y se construyeron nuevos reductores.
En el área de semaforización se realizaron ajustes de tiempos, reparaciones eléctricas y reposición de componentes en Ibarra, Otavalo y Espejo.
Movidelnor señaló que estas acciones buscan reducir riesgos viales y ordenar el tránsito en puntos de alta circulación.
Ciudadanos de los sectores intervenidos destacaron las mejoras en seguridad y organización vial.