(Redacciòn Carchi).- Polylepis Lodge, ubicado en los Andes del norte de Ecuador, fue reconocido como Mejor Hotel Romántico 2026 durante la séptima edición internacional de los Latin American Wedding Awards (LAWAs), uno de los principales reconocimientos de la industria de bodas, eventos y turismo de romance en Latinoamérica.
El establecimiento se encuentra a 180 kilómetros al norte de Quito en El Àngel a 3.581 metros sobre el nivel del mar, dentro de una reserva privada dedicada a la conservación del bosque milenario de Polylepis incana.
El lodge cuenta con 20 habitaciones de lujo ubicadas en medio del bosque y ofrece una experiencia vinculada al paisaje andino, donde también destacan los frailejones, especie característica de la Reserva Ecológica El Ángel.
Los LAWAs reconocen a profesionales, hoteles, venues, proveedores y entidades vinculadas con las industrias de bodas, eventos corporativos, turismo de romance y reuniones. En su séptima edición se entregaron premios en más de 30 categorías.
El reconocimiento posiciona a Polylepis Lodge y a Ecuador como un destino destacado para el turismo de romance, al combinar alojamiento, naturaleza y conservación en uno de los paisajes más particulares de los Andes ecuatorianos.
(Redacción Ecuador).- Andrés Guerrero, de 34 años, murió la noche de este martes tras ser atropellado por una motocicleta eléctrica tipo scooter en la intersección de las avenidas De los Shyris y Naciones Unidas, en Quito.
Este hecho desencadenó un debate sobre el uso y control de este tipo de vehículos. En este contexto, la Asamblea Nacional analiza una reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que plantea nuevos mecanismos de regulación y control para los vehículos y las distintas formas de movilidad en Ecuador. El proyecto fue aprobado con 78 votos a favor e incluye un paquete de reformas orientado a fortalecer la seguridad vial, incorporar herramientas tecnológicas y mejorar los mecanismos de control sobre el transporte.
Delivery tendrá un registro nacional
La reforma plantea crear un Registro Nacional de Delivery mediante un còdigo QR para identificar a los repartidores y los vehículos utilizados en esta actividad. Los motociclistas deberán cumplir requisitos de seguridad, como utilizar cascos homologados y chalecos reflectivos que permitan identificar su actividad.
Vehículos tendrán identificación electrónica
El proyecto propone un Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular, similar a una tercera placa, que permitirá verificar información del automotor. La información estaría integrada a una base nacional administrada por la ANT y coordinada con la Policía Nacional y el ECU 911 para fortalecer los controles.
Peajes con sistema electrónico
La reforma plantea crear un Sistema Nacional Unificado de Recaudación y Gestión de Peajes, que permitirá utilizar dispositivos electrónicos, lectura de placas y sistemas de prepago o pospago. Las estaciones tendrían hasta un año para habilitar al menos un carril de cobro electrónico, con el objetivo de agilizar el paso y mejorar el control de la recaudación con un solo tag que permita pasar todos los peajes del paìs.
Nuevas reglas para los fotorradares
Los fotorradares deberán estar autorizados, homologados y correctamente señalizados tanto en el punto de control como al menos 500 metros antes. La propuesta también busca impedir que empresas privadas reciban porcentajes o incentivos económicos relacionados con el dinero recaudado mediante multas.
Mayor control sobre los municipios
La ANT podrá evaluar la gestión de los municipios que tienen competencias de tránsito. Ante incumplimientos o falta de capacidad operativa, estas atribuciones podrían ser suspendidas temporalmente. La propuesta también contempla la participación del Ministerio del Interior en el Directorio de la ANT para mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas del control vial, ademàs se buscarà la evaluaciòn de escuelas de conducciòn en el paìs.
(Redacciòn Ibarra).- TVN Canal 9, uno de los medios de comunicación con trayectoria en la zona norte del Ecuador, inició un proceso de disolución y liquidación, de acuerdo con información registrada ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
El medio mantenía presencia en la provincia de Imbabura a través del canal 9 y en Tulcán, Carchi, mediante el canal 25, con una programación que incluía espacios informativos, música y entretenimiento.
Durante sus 28 años de trayectoria, TVN Canal 9 se consolidó como un medio de referencia para los televidentes de la región, con producciones locales como Prisma Informativo. El proceso de disolución y liquidación marca un nuevo capítulo para este medio de comunicación regional. Hasta el momento, se espera conocer mayores detalles sobre el procedimiento y el futuro de sus señales y contenidos.
(Redacciòn Imbabura).- Las personas con discapacidad pueden acceder a beneficios tributarios para la adquisición de vehículos destinados a su uso o traslado. En Ecuador, este beneficio está dirigido a quienes cuenten con un grado de discapacidad igual o superior al 30 %, determinado por la autoridad sanitaria, y cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
El porcentaje de exoneración depende del grado de discapacidad registrado. Para quienes tienen entre el 30 % y 49 %, la exoneración tributaria es del 60 %; entre el 50 % y 74 %, alcanza el 70 %; entre el 75 % y 84 %, llega al 80 %; mientras que las personas con una discapacidad de entre el 85 % y 100 % pueden acceder a una exoneración del 100 %.
Es importante aclarar que estos porcentajes corresponden a la exoneración de tributos y no representan un descuento equivalente sobre el precio total del vehículo. La aprobación del beneficio y los valores definitivos son determinados por las autoridades competentes.
Un ejemplo del ahorro
Para dimensionar el beneficio, un Mazda CX-30 con un precio regular de $32.499 podría llegar a costar aproximadamente $21.990 bajo una exoneración tributaria del 100 %. Esto representaría un ahorro referencial de $10.509 frente al precio regular, siempre sujeto a la aprobación correspondiente.
La exoneración permite así acceder a vehículos nuevos que incorporan características de seguridad, tecnología y comodidad, reduciendo el impacto económico de su adquisición.
¿Qué documentos se necesitan?
Para iniciar el proceso de exoneración con Comercial Hidrobo, el beneficiario debe presentar:
Copia a color y legible de la cédula del beneficiario.
Hasta tres licencias de conducir, acompañadas de copias legibles de ambos lados de las cédulas de los conductores. Estos podrán tener hasta tercer grado de consanguinidad con el beneficiario.
Copia actualizada de un servicio básico del domicilio.
Token o firma electrónica en archivo.
Dependiendo de las características de cada caso, las autoridades competentes pueden solicitar documentación o validaciones adicionales. El vehículo deberá estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad y cumplir con los límites y condiciones establecidos por la normativa ecuatoriana.
Opciones y acompañamiento durante el proceso
Comercial Hidrobo cuenta con un portafolio de vehículos nuevos de marcas como Mazda, Chery, Dongfeng, Toyota, Changan, entre otras, con modelos que pueden aplicar al beneficio de exoneración.
Además de ofrecer distintas alternativas de vehículos, la empresa brinda asesoría personalizada para orientar a los clientes sobre los modelos disponibles y acompañarlos durante el proceso de exoneración y gestión de la documentación.
Las personas con carné o registro de discapacidad vigente pueden acercarse a Comercial Hidrobo para conocer las alternativas disponibles y recibir orientación sobre el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades de movilidad.
(Redacciòn Ecuador).- Durante años, los conductores que realizaban transporte de pasajeros sin contar con la autorización correspondiente podían ser sancionados con una multa de dos salarios básicos, la reducción de 10 puntos en la licencia y la retención del vehículo. Sin embargo, la Sentencia 106-20-IN/24 de la Corte Constitucional cambió el alcance de estas sanciones al establecer que no se puede exigir una autorización para una actividad cuando el propio Estado no ha creado un mecanismo legal para obtenerla.
Esto generó un nuevo escenario para los conductores que utilizan plataformas como Uber, DiDi e inDrive. La sentencia no significa que estas aplicaciones estén automáticamente autorizadas ni que sus conductores tengan libertad para incumplir las normas de tránsito. Lo que establece es que la falta de una autorización no puede convertirse automáticamente en una sanción penal cuando no existe una vía legal para obtener ese permiso.
Otro de los cambios importantes fue la retención de los vehículos. Antes, el artículo 386 del COIP establecía un período mínimo de siete días; la Corte declaró inconstitucional esa condición y determinó que el plazo debe ser de hasta siete días como máximo. Por ello, la sentencia no significa que un agente nunca pueda retener un vehículo, sino que esa medida debe aplicarse dentro de los límites establecidos por la normativa y la interpretación constitucional.
La situación también mantiene abierta la disputa con los taxis de cooperativa, cuyos conductores argumentan que han realizado inversiones para obtener permisos, cupos, placas y cumplir controles técnicos y administrativos. El gremio sostiene que los conductores de plataformas deberían estar sujetos a obligaciones similares para evitar una competencia desigual.
Por su parte, los conductores de aplicaciones defienden su derecho al trabajo y señalan que el Estado todavía no ha creado un sistema específico que les permita regularizar esta modalidad de transporte. Además, la discusión es aún más compleja porque algunos taxis convencionales también utilizan plataformas digitales para conseguir pasajeros.
La Corte Constitucional no eliminó los taxis ni legalizó el transporte informal. Su decisión obliga a que las autoridades y la Asamblea Nacional establezcan reglas claras para las nuevas modalidades de transporte digital. El objetivo es que, en lugar de mantener una disputa entre taxis y aplicaciones, exista una regulación que determine qué requisitos, controles, impuestos y obligaciones debe cumplir cada modalidad.
(Redacción Ibarra).- La calle Camilo Ponce Enríquez, donde se ubica una tarima al costado de la vía, en el parque Ciudad Blanca, y la avenida Monseñor Leonidas Proaño, vía que conecta con el Anillo Vial, en Ibarra, habrían sido escenario en los ùltimos dìas de “piques” o carreras ilegales, con una concentración masiva de ciudadanos y conductores a bordo de vehículos modificados y, en algunos casos, automotores de servicio público, entre ellos taxis.
Videos aficionados difundidos a través de redes sociales, principalmente en TikTok, muestran la presencia de numerosos vehículos que ocupan la vía, mientras algunos conductores realizarían maniobras y carreras en medio de la concentración. Las imágenes han generado preocupación entre quienes utilizan este sector, debido al riesgo que este tipo de actividades podría representar para conductores, peatones y demás usuarios de la vía.
En algunos de los videos también se observa la presencia de agentes de tránsito y miembros de la Policía Nacional con personasl y autobuses policiales. Incluso, uno de los vehículos aparece siendo remolcado por agentes de tránsito durante el operativo.
Ante la presencia de uniformados durante estos hechos, también surgen interrogantes sobre el control ejercido en el lugar y las acciones adoptadas para evitar este tipo de prácticas, que podrían poner en riesgo la integridad de quienes participan y de terceros.
Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre estos hechos.
(Redacciòn Ibarra).- El pasado viernes fueron presentadas oficialmente las siete candidatas que participarán en el certamen Reina de San Miguel de Ibarra 2026-2027, en un acto que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Álvaro Castillo, y representantes de varios medios de comunicación.
Las jóvenes fueron presentadas como las aspirantes a llevarse la banda y la corona, pero también a asumir el compromiso de trabajar en favor de los grupos prioritarios del cantón, como parte de las actividades sociales que acompañarán su participación en el certamen.
Las candidatas son: Tamara Santamaría, Natalia Medrano, Katy Keery, Janny Ortega, Diana Montesdeoca, Daniela Mejía y Cecibel Pozo.
Janny Ortega representante de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-IMalena Pozo representante de Imagen TeenNatalia Medrano representante del Registro de la Propiedad del Gad IbarraDiana Montesdeoca representante del Cuerpo de Bomberos de IbarraDaniela Mejìa representante de EDC ModelKatty Kerry representante de INNOVA EPTamara Santamarìa representante de Delta Seguridad
La presentación marca el inicio de las actividades previas a la gala de elección y coronación, que se desarrollará en el marco de las fiestas septembrinas por la fundación de San Miguel de Ibarra.
(Redacciòn Ibarra).-El precandidato a la Alcaldía de Ibarra, Juan Manuel Mantilla, confirmó que la defensa legal de Lucía Posso interpuso una demanda en su contra y que en ella se reclama una indemnización de medio millón de dólares.
El origen del conflicto se remonta a junio de este año cuando Mantilla participó en una entrevista radial y pidió al periodista Leonardo Yépez que consultara a Posso si su campaña había recibido respaldo del Frente Democrático Universitario (FDU), organización que mantiene una histórica presencia e influencia en la Universidad Técnica del Norte.
En ese momento, el planteamiento abrió un debate político en Ibarra sobre el origen y financiamiento de los recursos utilizados por los precandidatos durante la etapa previa a las elecciones. Sin embargo, Mantilla no presentó públicamente pruebas que acreditaran que Posso hubiera recibido aportes del FDU y la acusación quedó planteada como una interrogante dentro de la entrevista.
Esta semana y tras permanecer aproximadamente un mes fuera del país por motivos personales, Mantilla aseguró que a su regreso fue notificado de la demanda presentada por Posso, en la que, según su versión, se solicita el pago de $500.000 a raíz de aquellas declaraciones.
El político respondió públicamente a través de sus redes sociales y cuestionó la decisión de recurrir a la justicia. Sostuvo que una pregunta relacionada con el financiamiento político debería ser respondida con transparencia y afirmó que no teme enfrentar el proceso judicial.
Pese a que Mantilla quedó fuera de la candidatura a la Prefectura y su futuro político es incierto por ahora, el conflicto se mantiene en dos frentes: el político, donde insiste en exigir explicaciones sobre el supuesto respaldo al que hizo referencia en junio; y el judicial, donde deberá responder por sus declaraciones tras la demanda presentada por Posso.
(Redacciòn Ecuador).- En Ecuador, la normativa sobre violencia y acoso laboral también contempla conductas que pueden darse a través del celular, correo electrónico, redes sociales y otras plataformas digitales.
Por ejemplo, si un empleador mantiene a un trabajador bajo presión constante, le exige estar pendiente del teléfono fuera de su jornada, lo amenaza o lo contacta de manera insistente fuera de su horario laboral, estas acciones podrían constituir acoso laboral, dependiendo de las circunstancias del caso.
La norma contempla diferentes formas de violencia y acoso: física, psicológica, sexual, económica, política y digital. Estas conductas pueden ocurrir una sola vez o de manera repetitiva.
Si un trabajador es vìctima de esto puede acudir al Ministerio del Trabajo y presentar una denuncia. Un inspector podrá investigar el caso y, si se determina la existencia de una infracción, pueden aplicarse sanciones al responsable, además de medidas de protección y reparación para la víctima. La normativa también contempla sanciones económicas, medidas de reparación y apoyo, así como disculpas públicas por parte del agresor. Además, el trabajador que denuncie no puede ser despedido ni amenazado como represalia. Estas disposiciones rigen tanto para el sector público como para el privado.
La normativa fue aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2024, con 128 votos a favor. Sin embargo, aunque ya está vigente, muchos trabajadores todavía desconocen que este tipo de situaciones también pueden ser denunciadas.
(Redacción Ibarra).- A las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026 terminó el plazo para la inscripción de candidaturas para las Elecciones Seccionales 2027. En Imbabura se registraron preliminarmente 2.183 solicitudes para las distintas dignidades. El proceso entra ahora en una nueva etapa: la revisión y calificación de las postulaciones por parte de la Junta Provincial Electoral.
La nómina preliminar incluye 4 candidaturas para prefecto y viceprefecto, 35 para alcaldes, 190 para concejales rurales, 184 para concejales urbanos, 90 para concejales urbanos por circunscripción y 1.680 para vocales de juntas parroquiales rurales. En total, son 2.183 solicitudes de inscripción.
El proceso se realizó exclusivamente en línea, a través del Sistema de Inscripción de Candidaturas del Consejo Nacional Electoral (CNE), que permaneció habilitado de manera ininterrumpida desde el 2 de agosto hasta las 18:00 del 17 de agosto. Para este proceso, el organismo electoral habilitó 10 módulos destinados a brindar asistencia técnica a las organizaciones políticas.
Sin embargo, estas postulaciones aún no son definitivas. Primero deberán pasar por la revisión de requisitos, la etapa de objeciones y, de ser el caso, los recursos correspondientes. El organismo electoral informó que hasta este jueves se podrán presentar objeciones. Una candidatura será considerada oficialmente inscrita cuando la resolución que la califique quede en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes.
Según el calendario electoral, el 9 de noviembre se conocerá el listado definitivo de candidaturas calificadas. La campaña electoral nacional comenzará el 12 de noviembre, por lo que las organizaciones políticas deberán ajustarse a ese periodo y no realizar campaña anticipada.
Anabel Hermosa y una inscripción que quedó en manos de la Junta
Alexandra Alencastro, directora de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, explicó a nuestra redacción los detalles del proceso de inscripción y confirmó que uno de los casos que marcó esta semana fue el de Anabel Hermosa, actual alcaldesa de Otavalo, cuya candidatura quedó a decisión de la Junta Provincial Electoral de Imbabura.
Alencastro explicó que estas observaciones estuvieron relacionadas con las reglas de paridad electoral. Según el reglamento del CNE, el 50% de las listas pluripersonales debe estar encabezado por mujeres. En el caso de las candidaturas unipersonales presentadas en binomio, la paridad se cumple con la participación de una mujer y un hombre, en cualquier orden.
En la alianza integrada por las listas 70-17 Juntos por la Transformación, inicialmente se contemplaban cuatro candidaturas para las alcaldías de Ibarra, Otavalo, Urcuquí y Antonio Ante: dos mujeres y dos hombres. Posteriormente, el movimiento inició el trámite de renuncia de la candidata que ocupaba la plaza de Urcuquí y, en el curso de ese proceso, decidió retirar al candidato de Otavalo para colocar en su lugar a Anabel Hermosa. Sin embargo, este cambio alteraba la distribución de las candidaturas y el sistema no permitía procesarlo bajo las reglas de paridad, por lo que el trámite no pudo avanzar antes del cierre del plazo.
La funcionario explicó que la Delegación Provincial Electoral recibió y procesó la documentación dentro de sus competencias y horarios, pero aclaró que la decisión final sobre la calificación de las candidaturas corresponde a la Junta Provincial Electoral. Será este organismo el que determine si Hermosa cumple con los requisitos para quedar oficialmente inscrita.
El martes por la tarde, varios simpatizantes realizaron un plantón en los exteriores de la Delegación del CNE en Imbabura para exigir que se permita la participación de Hermosa. La alcaldesa también estuvo presente en el lugar. No obstante, Alencastro señaló que pese a que se había presentado un pedido formal ante la Junta para resolver o aclarar el caso, durante el plantón no se produjo ningún acercamiento presencial para buscar informarse sobre el avance del proceso.
La funcionaria también descartó que haya existido algún retraso, falla o inconveniente en el sistema informático del CNE durante la modificación de las candidaturas, frente a versiones que circularon en redes sociales y fueron recogidas por algunos medios de comunicación.
Por ahora, el futuro electoral de Hermosa sigue en discusión y dependerá de la resolución que adopte la Junta Provincial Electoral, una vez concluida la revisión de requisitos y, de ser el caso, la etapa de objeciones. Mientras tanto, en los exteriores de la Delegación Provincial Electoral se colocó un tablero con las diferentes notificaciones dirigidas a los distintos movimientos y partidos políticos para verificaciòn y seguimiento del proceso electoral.
Las suspensiones cambiaron el tablero electoral
El cierre de inscripciones dejó una carrera por la Prefectura de Imbabura más reducida de la que se perfilaba semanas atrás. Las suspensiones de Revolución Ciudadana (lista 5) y AMIGO (lista 16) obligaron a reconfigurar candidaturas y dejaron fuera a varios nombres que habían sido proclamados en procesos internos.
Uno de los principales cambios fue el de Paolina Vercoutère, quien pasó de ser precandidata a viceprefecta a encabezar la candidatura a la Prefectura por la alianza Juntos por la Transformación, listas 17-70, junto a Michael Encalada. La otavaleña encontró en el Partido Socialista Ecuatoriano una estructura para mantenerse en la contienda.
La modificación dejó fuera a Juan Manuel Mantilla, quien había sido escogido como precandidato a prefecto por RC y AMIGO. Con ambas organizaciones suspendidas, la fórmula inicialmente planteada se desarmó y las negociaciones terminaron colocando a Vercoutère al frente de la alianza 17-70.
Otro nombre que quedó fuera en las últimas horas fue Marco Vinicio Jarrín. Su precandidatura se fracturó un día antes del cierre, luego de que Pachakutik y Centro Democrático retiraran su respaldo. Aunque anunció que continuaría, finalmente no apareció entre las cuatro candidaturas registradas para la Prefectura.