(Redacción Imbabura).- A pocos días del inicio oficial de la campaña electoral para las elecciones seccionales de Ecuador, la promoción política ya lleva tiempo haciéndose visible en distintos espacios. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que el periodo autorizado comenzará este jueves 12 de noviembre y se extenderá hasta el 26 de noviembre de 2026, la presencia de aspirantes en eventos públicos, actividades culturales y deportivas, así como la difusión de contenidos con fines promocionales, ha sido una constante que no ha pasado desapercibida para la ciudadanía.

La entrega de regalos, la circulación de vehículos con publicidad de candidatos y la utilización de encuentros públicos para proyectar su imagen forman parte de un secreto a voces en el ambiente político. Estas prácticas también se han evidenciado en cantones como Antonio Ante, donde se ha reportado la entrega de bicicletas y otras actividades que generan cuestionamientos sobre una posible promoción electoral anticipada.

Frente a este escenario, el CNE ha advertido sobre las restricciones a la promoción política fuera del calendario electoral y ha intensificado las acciones de vigilancia y fiscalización para detectar posibles actos de campaña anticipada o precampaña, considerados infracciones graves dentro de la normativa electoral. Estas labores buscan frenar el proselitismo fuera de los plazos establecidos, en medio de reportes ciudadanos y publicaciones en redes sociales que evidencian actividades de promoción política antes del inicio oficial de la campaña.

La campaña oficial permitirá a los candidatos promocionar sus nombres, imagen y propuestas durante los 15 días establecidos en el calendario electoral. El desafío para las autoridades electorales será determinar qué actividades previas constituyen verdaderos actos de proselitismo y aplicar los controles correspondientes, garantizando que las organizaciones políticas y sus candidatos compitan bajo las mismas reglas.

En los comicios del próximo 29 de noviembre, los ecuatorianos elegirán 5.749 autoridades principales: 23 prefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales, 4.131 vocales de juntas parroquiales y siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Con la campaña a punto de comenzar, la fiscalización de las actividades políticas y el respeto a los tiempos electorales vuelven a estar en el centro de la atención.