(Redacción Ecuador).- El presidente Daniel Noboa dispuso, mediante el Decreto Ejecutivo 519, un nuevo toque de queda que regirá del 1 al 10 de noviembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00. La restricción se aplicará en cinco provincias: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, en todos sus cantones. Imbabura, no está contemplada en esta disposición.
La medida coincidirá con el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, por lo que durante esos diez días se intensificarán los controles militares y policiales en las zonas intervenidas, especialmente durante la madrugada.
Este será el cuarto toque de queda dispuesto en Ecuador desde inicios de 2026, como parte de las acciones gubernamentales para contener la violencia y frenar las actividades del crimen organizado. El primero se aplicó desde el 13 de marzo en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo 270, se estableció una segunda restricción que entró en vigencia el 3 de mayo y abarcó varias provincias y cantones, entre ellos sectores de Pichincha, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos.
El tercer toque de queda se desarrolló entre el 17 y el 30 de septiembre en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Ahora, el Ejecutivo vuelve a recurrir a esta medida en cinco provincias, en medio de un escenario de violencia que mantiene a Ecuador entre los países con mayores índices de homicidios de la región.
Un análisis de Latinometrics, difundido por la revista Mercado, ubicó a Ecuador con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes durante 2025, una de las más elevadas de América Latina. No obstante, la comparación regional requiere ciertas consideraciones. Lupa Media advirtió sobre limitaciones metodológicas en el ranking, debido a que combina cifras de distintas fuentes y utiliza estimaciones para algunos territorios. La tasa correspondiente a Ecuador, sin embargo, coincide con los registros oficiales.
Frente a este panorama, el Gobierno ha defendido los resultados de sus intervenciones. En abril de 2026, el Ejecutivo informó una reducción del 28 % en los homicidios intencionales, al comparar marzo de 2025 con marzo de 2026. Según la Presidencia, este descenso estuvo relacionado con los operativos del Bloque de Seguridad y las intervenciones militares y policiales en zonas consideradas conflictivas.
Asimismo, en octubre, el presidente Daniel Noboa aseguró que el toque de queda aplicado entre el 17 y el 30 de septiembre permitió reducir en más del 30 % los homicidios y otros delitos. También sostuvo que las semanas posteriores registraron algunas de las cifras más bajas de muertes violentas en lo que va del año.
La nueva restricción constituye otro intento del Ejecutivo por contener la violencia y debilitar las estructuras del crimen organizado.
(Redacción Ibarra).- La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPAI) inauguró la edición 21 del programa educativo Guardianes del Agua, una iniciativa que se desarrolla desde 2005 para fomentar la conciencia ambiental y los hábitos responsables de consumo y cuidado del recurso hídrico.
El programa se ejecutará durante todo el año lectivo con la participación de estudiantes de las unidades educativas Sánchez y Cifuentes, Bethlemitas, Alfredo Albuja y Baruch Espinoza. El objetivo es formar niños y jóvenes comprometidos con la protección del agua, capaces de transmitir este mensaje en sus hogares y comunidades.
La iniciativa también busca generar conciencia sobre la importancia del uso responsable del agua y la prevención de su desperdicio, frente a los desafíos de acceso y disponibilidad de este recurso esencial para la vida.
(Redacción Imbabura).- El Servicio de Rentas Internas (SRI) extinguió 315 obligaciones tributarias en la Zona 1, integrada por Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. La medida representa USD 31.010,40 en deudas eliminadas y forma parte de un proceso que abarcó ocho provincias del país.
En total, el SRI extinguió obligaciones por USD 337.818,46 en 8 provincias, correspondientes a los años fiscales de 2018 a 2022. La medida contempla las multas e intereses asociados a las deudas que cumplen los requisitos establecidos. Pichincha fue la provincia con mayor número de obligaciones eliminadas, con 2.091.
La medida responde al principio de recuperación onerosa, que permite extinguir determinadas obligaciones cuando los costos de cobro superan el monto que el Estado espera recaudar. Para acogerse a esta disposición, las deudas no deben superar los USD 482 y deben cumplir los plazos legales de prescripción de la acción de cobro, independientemente de que se haya iniciado o no un proceso coactivo.
Los contribuyentes beneficiados no necesitan realizar trámites adicionales, pues el SRI dispuso que las extinciones se registren automáticamente en su sistema institucional. Quienes deseen verificar si una obligación fue eliminada pueden consultar las resoluciones emitidas en octubre de 2026 en la Gaceta Tributaria Digital, a través del portal web http://www.sri.gob.ec.
(Redacción Ibarra).- Cuatro de los cinco candidatos a la Alcaldía de Ibarra no acudieron al foro convocado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura (CICI), un espacio planteado para exponer propuestas técnicas sobre temas estratégicos para el desarrollo del cantón. La única aspirante que asistió fue la candidata por el movimento Somos Libres, Lucía Posso Naranjo.
El encuentro se desarrolló la noche del sábado, desde las 19:00, en el auditorio del CICI. Aunque la organización esperaba la participación de los cinco aspirantes, solo una ocupó su lugar frente a periodistas, representantes del gremio y ciudadanos que siguieron la transmisión en vivo.
De los cuatro candidatos ausentes, únicamente uno presentó una justificación formal alegando compromisos de agenda. Los otros tres, según informó el Colegio de Ingenieros Civiles, no respondieron a la invitación.
Cuestionamientos durante la transmisión
Durante el desarrollo del evento, usuarios en redes sociales cuestionaron la designación del periodista Fabricio Rosero como moderador, al considerar que su participación podría generar dudas sobre la imparcialidad del encuentro y abrir la puerta a posibles conflictos de intereses.
Según explicaron a varios medios de comunicación los asesores de tres candidatos a la Alcaldía de Ibarra, la decisión de no asistir al panel respondió a la falta de garantías que, a su criterio, ofrecía el espacio. Los asesores señalaron que Rosero es docente de la Universidad Técnica del Norte (UTN) y Lucía Posso es sobrina del actual rector de esta institución, un vínculo que, según argumentaron, podría comprometer la neutralidad de la moderación.
El presidente del CICI aclaró que la jornada no fue concebida como un debate político entre candidatos, sino como un panel técnico para evaluar la consistencia de sus propuestas frente a problemas concretos de la ciudad. La metodología contemplaba exposiciones individuales y preguntas formuladas por integrantes del directorio del gremio sobre la viabilidad de las iniciativas planteadas. Entre los ejes previstos figuraban movilidad, desarrollo urbano, infraestructura, servicios básicos, centros de comercialización, control de obras públicas y la posición de los candidatos frente al proyecto minero Cascabel, uno de los temas de mayor impacto para el futuro de Ibarra y la provincia.
Lucía Posso clarificó sus propuestas
En una entrevista con radio XFM 94.7 esta mañana, Lucía Posso se refirio a su participación en el espacio organizado por el CICI y entre otros temas profundizó en algunas obras prioritarias para la urbe.
Señaló que la rehabilitación del río Tahuando permitirá mejorar la calidad del agua y evitar que el afluente llegue a niveles de contaminación como los del río Machángara, en Quito. Además, busca frenar el arrojo de escombros y desechos a cielo abierto en sus riberas, una problemática que esta redacción ha constatado a partir de recientes reportes ciudadanos.
Sobre el puente de Los Molinos, destacó la urgencia e importancia de ejecutar obras que permitan mejorar la movilidad de la ciudad. “Hoy la E35 pasa por la sala de nuestra casa, avenida Mariano Acosta y Cristóbal de Troya”, manifestó. Explicó que reforzar el puente y sus pilotes tendría un costo de USD 8 millones, con una garantía de 20 años, mientras que construir uno nuevo costaría USD 18 millones. Esta última alternativa contemplaría trabajos de ampliación, cruces y pasos peatonales, con seis carriles hasta La Aduana en una primera fase y hasta Los Cañaverales en una segunda etapa, lo que contribuiría a aliviar el tráfico urbano. Sin embargo, señaló que el paso lateral también es una obra necesaria para mejorar la conexión con otras provincias y que su ejecución está pendiente del Gobierno central.
Posso también planteó la posibilidad de construir un centro de transferencia en el sector del anillo vial, como una alternativa para ordenar el transporte y generar un nuevo polo de desarrollo. Según explicó, esta infraestructura permitiría evitar el ingreso de vehículos de carga pesada al centro urbano, reducir el riesgo de accidentes y el caos vehicular, así como proteger las calles cuya capacidad de carga es limitada y que cuentan con señalización para prevenir daños y hundimientos.
En cuanto al mercado Amazonas, señaló que la construcción de una nueva infraestructura tendría un costo aproximado de USD 50 millones, por lo que consideró la posibilidad de ejecutarla por etapas. Asimismo, se refirió a la implementación de unos 1.300 parqueaderos, previo a un estudio técnico, y a la necesidad de establecer mecanismos que permitan entregar escrituras horizontales a los propietarios de los puestos. Esta medida, según indicó, contribuiría a evitar los monopolios en la compraventa de espacios comerciales, una práctica que calificó como un secreto a voces.
Finalmente, mencionó que la renovación del mercado podría impulsar la plusvalía de los sectores aledaños, mejorar la seguridad en puntos críticos, como el conocido «barrio chino», y recuperar el uso adecuado de las vías para la circulación de vehículos y peatones, en lugar de que sean ocupadas por comerciantes.
(Redacción Ibarra).- El agua que desciende desde las partes altas del volcán Imbabura sigue una ruta natural hacia la ciudad. La lluvia y la escorrentía se concentran en las vertientes y quebradas que atraviesan las laderas, formando cauces que, desde hace décadas, han conducido el agua hacia Ibarra. Comprender ese recorrido permite observar un problema que va más allá del cauce natural del río Ajaví, su embovedado y el colector construido en 1989, que evacúa aguas residuales, escorrentía y aportes de agua de las quebradas Las Flores y Grande, por el suroeste, y San Clemente conduciendo el 42,26 % del volumen total hacia el río Tahuando. El problema surge cuando el agua deja de circular por esta vía.
Para entender por qué el agua se acumula en determinadas calles e intersecciones, es necesario mirar hacia las partes altas de la ciudad y seguir el recorrido de la lluvia desde que cae sobre las laderas hasta que llega a las zonas urbanizadas. En superficies cubiertas de asfalto, hormigón o adoquines, el agua no logra infiltrarse fácilmente en el suelo, por lo que escurre hacia las calles y debe ser evacuada a través del sistema de drenaje de la ciudad.
Es en ese recorrido donde pueden aparecer los puntos críticos de inundación. Cuando el volumen de agua supera la capacidad de captación y conducción de los sumideros y colectores, o existen obstrucciones y deficiencias en la infraestructura, el agua permanece sobre la calzada y puede acumularse en determinadas intersecciones. A esto se suma la expansión de la frontera urbana y la modificación del uso del suelo, factores que han incrementado la presión sobre el sistema de drenaje y generado limitaciones en su capacidad operativa.
La zona de la terminal terrestre de Ibarra
Las vías que confluyen en el sector de la Terminal Terrestre de Ibarra, como las avenidas Luis Abel Tafur y Eugenio Espejo, así como las calles Lucila Benalcázar Beltrán y Eduardo Almeida Proaño, reciben el agua lluvia que desciende desde las zonas altas de la ciudad. Esta concentración de escorrentía incrementa el volumen de agua que circula por estas intersecciones y, cuando coincide con sumideros obstruidos o una capacidad insuficiente del sistema de alcantarillado, favorece la acumulación de agua sobre la calzada. A esto se suma el paso de la línea férrea por la avenida Eugenio Espejo, cuya infraestructura podría interferir en el flujo del agua, en el caso de la avenida Teodoro Gómez de la Torre diseñada con bombeo —una ligera inclinación desde el centro hacia los costados— para facilitar el drenaje de la lluvia, no logra fluir por esa vía y provoca anegamientos recurrentes cada año.
Esta situación no solo se evidencia en el sector de la Terminal Terrestre, sino también en barrios como Los Ceibos y La Victoria, Azaya, Avenida 17 de Julio, Caranqui,Barrio José Miguel Leoro, donde las precipitaciones provocan anegamientos recurrentes. Frente a este escenario, se requiere inversión y un estudio técnico integral que permita conocer el estado de la infraestructura subterránea y determinar la capacidad real de sumideros. Entre las alternativas que podrían analizarse están la apertura de la calle Teodoro Gómez de la Torre para conectarla con un sistema de descarga hacia la quebrada del río Tahuando, o una posible conexión desde la avenida Eleodoro Ayala hacia el colector del río Ajaví, cuya capacidad también presenta limitaciones.
El desafío de Ibarra es revisar qué ocurre bajo sus calles y determinar si su infraestructura de drenaje sigue respondiendo a las necesidades de una ciudad que ha crecido y cambiado desde que fue diseñada. Aunque esta problemática ha estado presente en las administraciones municipales entrantes y salientes, las soluciones de fondo siguen pendientes. En lugar de una intervención integral que permita corregir las deficiencias desde su origen, las respuestas han sido principalmente reactivas, centradas en atender las emergencias una vez que los problemas se manifiestan.
(Redacciòn Ecuador).- El sistema eléctrico ecuatoriano enfrenta una disminución de las reservas hídricas y la suspensión de las importaciones de electricidad desde Colombia. Los niveles de los embalses y la generación de varias centrales hidroeléctricas mantienen la atención sobre la capacidad del país para cubrir la demanda nacional.
El embalse de Mazar registró una cota de 2.124,99 metros sobre el nivel del mar (msnm) el dia de ayer de octubre, su nivel más bajo en lo que va del año y a unos 10 metros de su límite mínimo de operación.
La situación también genera preocupación en el complejo hidroeléctrico Paute. Durante el feriado, las centrales Mazar, Molino y Sopladora operaron a alta capacidad, mientras sus reservas no lograron recuperarse. Molino registró una cota de 1.981 msnm, apenas seis metros por encima de su nivel mínimo de 1.975 msnm. Por su parte, Sopladora se ubicó en 1.315 msnm, tres metros sobre su cota mínima de 1.312 msnm.
Otro punto de atención es la central hidroeléctrica Minas San Francisco, ubicada entre las provincias de Azuay y El Oro. Pese a contar con una capacidad instalada de 270 megavatios (MW), durante el fin de semana habría generado apenas 10 MW, mientras el nivel de su embalse se encontraba a cuatro metros de la cota mínima.
En contraste, Coca Codo Sinclair, situada en la Amazonía ecuatoriana, produjo cerca de 1.000 MW durante el fin de semana. Esta central constituye una de las principales fuentes de generación del país y puede aportar una parte importante de la electricidad que requiere la demanda nacional.
A este escenario se suma la suspensión de la venta de energía eléctrica de Colombia a Ecuador, vigente desde el 7 de septiembre debido a restricciones por riesgo de desabastecimiento en territorio colombiano y la priorización de su demanda nacional.
La falta de estas importaciones obliga a mantener la atención sobre la generación nacional y las alternativas disponibles para garantizar el suministro.
(Redacciòn Imbabura).- Las lluvias regresaron con fuerza a la provincia de Imbabura entre el martes y miércoles de esta semana, generando aguaceros de gran intensidad que provocaron inundaciones, daños en vías y viviendas, deslizamientos y afectaciones en distintos sectores. La magnitud de las precipitaciones puso a prueba la capacidad de respuesta de varios municipios.
El martes, una lluvia de 48,85 milímetros en apenas tres horas provocó el colapso de varios sistemas de drenaje y generó anegamientos en distintos puntos de la provincia.
Lluvias en Antonio Ante
En Antonio Ante, uno de los sectores afectados fue el barrio Santa Isabel, en Andrade Marín, donde la fuerza del agua desprendió parte de la calzada y adoquines, además de ocasionar daños en la vía férrea.
La situación también complicó la circulación vehicular en la autovía E35, en el tramo Atuntaqui-Ibarra, donde los anegamientos provocaron que varios conductores quedaran atrapados. El agua llegó hasta sectores como el parque Antonio José de Sucre, en Atuntaqui. Moradores observaron cómo el agua descendía con fuerza por las calles de la ciudad.
Afectaciones en Ibarra y San Antonio
Durante el miércoles, las lluvias se distribuyeron en diferentes cantones de la provincia. En Ibarra, el Cuerpo de Bomberos reportó inconvenientes en sectores como La Primavera, El Alpargate y Los Ceibos.
En otros puntos de la ciudad, como Azaya y el área céntrica, también se registraron anegamientos, principalmente debido a residuos y taponamientos en los sumideros, lo que dificultó el desfogue del agua.
En la parroquia San Antonio de Ibarra, la situación también generó daños. En barrios como Tanguarín, la fuerza del agua provocó desprendimientos de calzada y adoquines, además de afectar la vía férrea.
El agua incluso ingresó a algunas viviendas, obligando a los moradores a realizar labores para evacuarla durante la noche. Tras el descenso del caudal quedaron escombros, maleza, ramas y otros residuos arrastrados por el agua.
Afectaciones en Cotacachi
En el cantón Cotacachi, la comunidad de El Cercado reportó afectaciones en varias viviendas y vías. Ante la emergencia, durante la noche el Municipio de Cotacachi desplegó personal técnico y maquinaria para realizar una evaluación de los daños y atender las zonas afectadas.
Vía Ibarra-Imantag permanece cerrada
Las lluvias también obligaron a suspender los trabajos de asfaltado de la vía Cotacachi – Imantag, una maquinaria que realizaba labores en el sector cayó a la quebrada de Perenfán, mientras que varios deslizamientos y desprendimientos afectaron la vía.
Debido a estas condiciones, el tramo permanece cerrado al tránsito vehicular, mientras se evalúan los daños y las condiciones de seguridad para determinar cuándo podrá ser habilitado nuevamente.
Las autoridades mantienen las labores de evaluación y atención en los sectores afectados, mientras las condiciones climáticas continúan siendo monitoreadas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.
(Redacciòn Ibarra).- La construcción de un hospital municipal, nuevos puentes, una vía de seis carriles, la recuperación de las riberas del río Tahuando y la reconstrucción del mercado Amazonas son algunas de las propuestas que los candidatos a la Alcaldía de Ibarra han expuesto durante sus intervenciones en medios de comunicación, entrevistas y videos difundidos durante la campaña.
Uno de los planteamientos corresponde a Álvaro Castillo Monge, quien ha hablado de la creación de un hospital municipal, como una alternativa para ampliar los servicios de salud en la ciudad. La propuesta ha sido expuesta por el candidato en intervenciones difundidas a través de medios de comunicación.
En el ámbito de la movilidad, Lucía Posso ha puesto sobre la mesa la construcción de un nuevo puente de Los Molinos, acompañado de una vía de seis carriles. La propuesta busca generar una nueva conexión vial y mejorar la circulación vehicular en uno de los sectores de ingreso y salida de Ibarra.
Pero su planteamiento no se limita a la infraestructura vial. Posso también ha propuesto transformar las riberas del río Tahuando mediante la creación de un corredor ecológico y parque lineal, con espacios destinados a áreas verdes, recreación, circulación peatonal y movilidad alternativa.
Mientras tanto, el futuro del mercado Amazonas también forma parte del debate electoral. Juan Arias ha planteado reconstruir y modernizar este centro de abasto sin trasladarlo de su actual ubicación, manteniendo al mercado como parte de la actividad comercial del centro de Ibarra, Asimismo, impulsa la creación de una red de miradores turísticos que permita ampliar y diversificar la oferta turística de la urbe. Arias también ha propuesto la construcción de un puente que conecte el sector de Huertos Familiares con Yahuarcocha, como parte de sus planteamientos para mejorar la conectividad vial de la ciudad.
Sobre el mercado Amazonas también se ha pronunciado José Moncayo, quien plantea su reconstrucción y reacondicionamiento, en lugar de trasladar esta infraestructura a otro sector de la ciudad. Ademàs propone un Centro Municipal de Bienestar Emocional y Atención Psicológica con tarifas solidarias y atención gratuita para personas en situación de vulnerabilidad.
Entre sus principales ofrecimientos, Israel Cabezas plantea impulsar la atención y el desarrollo de las comunidades rurales y pueblos tradicionalmente olvidados a lo largo de la vía Ibarra–San Lorenzo, como Lita, El Limonal, Guallupe, La Carolina, Concepción y Cachaco, buscando integrarlos como puntos de interés y desarrollo local. Además, propone trabajar por una ciudad más ordenada, moderna e incluyente, mediante la articulación con los gobiernos provincial y nacional, y plantea una administración municipal de puertas abiertas, con atención a las necesidades de las familias de los sectores urbanos y rurales del cantón.
Los proyectos corresponden a planteamientos realizados por los candidatos durante la campaña. Su eventual ejecución dependerá de estudios técnicos, planificación, disponibilidad de recursos y los procedimientos que correspondan a la administración municipal.
(Redacción Ibarra).- En lo que va de 2026, Imbabura registra 25 muertes violentas: 18 hombres y 7 mujeres perdieron la vida, entre ellas tres menores de edad. Además, cuatro casos fueron catalogados como femicidios y nueve estarían relacionados con sicariatos. La inseguridad y la violencia criminal continúan dejando una estela de muerte en la provincia. Solo en septiembre se registraron nueve muertes violentas, convirtiéndose hasta el momento en el mes más sangriento del año.
El año comenzó con hechos violentos que dejaron varias víctimas. El 1 de enero, José Daniel V., de 31 años, falleció tras recibir un impacto de arma de fuego durante un incidente ocurrido en Santa Teresita de Alpachaca, en Ibarra.
El 14 de enero, el cuerpo de un joven de nacionalidad colombiana fue localizado en la laguna de Yahuarcocha. De manera extraoficial se manejó la hipótesis de que habría sido asesinado y posteriormente abandonado en el lugar.
Cinco días después, el 19 de enero, los comerciantes Edwin Patricio Brazales, de 46 años, y Óscar Daniel Brazales, de 39, fueron asesinados al estilo sicariato en Otavalo.
La violencia continuó en febrero. El 2 de febrero, Matías M., quien había sido reportado como desaparecido luego de abordar un vehículo solicitado mediante la aplicación inDrive, fue encontrado sin vida en Ibarra.
El 5 de febrero, Deyran P., menor de edad reportado como desaparecido en Alpachaca, fue encontrado muerto días después con aparentes signos de violencia. Otro caso relacionado con un imbabureño ocurrió fuera de la provincia. El 25 de febrero, Héctor Enríquez, oriundo de Otavalo, fue localizado sin vida en la vía Alóag-Santo Domingo, en Pichincha, después de haber sido reportado como desaparecido en Quito.
13 de febrero: Francisca T., de 31 años, fue encontrada muerta y maniatada en el sector de La Cruz, en San Antonio de Ibarra, tras un presunto secuestro. La mujer habría sido retenida cuando se movilizaba en un vehículo junto a otros ciudadanos. Su cuerpo fue localizado posteriormente por la Policía.
El 29 de marzo, Manuel Fabián Franco Cedeño, de 42 años, y Diego Caballero, de 31, fueron asesinados en un presunto ajuste de cuentas registrado en el sector de la Cruz Verde, en Ibarra.
El 4 de abril, una mujer murió en Bellavista de San Antonio luego de una discusión de pareja. Según las primeras investigaciones, Segundo M., de 49 años, le habría propinado varias puñaladas.
12 de abril: Un hombre de 29 años fue atacado con un cuchillo en Otavalo por su sobrino político, Antony D. P., quien habría reaccionado violentamente al encontrarlo junto a su pareja. El agresor lo hirió en la espalda y posteriormente en el pecho cuando la víctima intentó defender a la joven, a quien también habría lanzado al piso y ahorcado. La mujer logró escapar y pedir ayuda a una vecina, quien alertó a la Policía.
14 de abril: Maberlyn Miley de 3 años murió en Ibarra con múltiples lesiones en su cuerpo. Su madre, Valentina Ch. P., y su padrastro, Bryan T. T., fueron procesados por su presunta participación en el caso. Posteriormente, los cargos fueron reformulados a femicidio.
En junio también se registraron casos que conmocionaron a la provincia. El 12 de junio, Mishell Guaranga de 22 años fue víctima de femicidio en el sector Plan Venezuela, en Otavalo. Jefferson G., de 25 años, fue detenido como presunto responsable.
Cuatro días después, el 16 de junio, Rita H., de 85 años, fue encontrada sin vida en la laguna de Yahuarcocha. Aunque inicialmente se manejó un posible ahogamiento, las circunstancias de su muerte no fueron esclarecidas.
20 de junio: Britany Chávez, de 16 años, murió tras recibir una bala perdida durante la denominada Calle del Sabor, en las calles Flores y Bolívar, en Ibarra. El ataque, atribuido a presuntos sicarios en un posible ajuste de cuentas, también dejó a otras dos personas heridas.
16 de julio: Mateo Andrade, de 26 años, murió tras ser agredido físicamente por varios sujetos durante una riña. El joven logró llegar hasta su domicilio, donde se desplomó y fue trasladado a un hospital. El certificado de defunción determinó que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.
El 7 de agosto, un hombre identificado como Francisco C., alias “Happy” fue asesinado a tiros en las calles Zamora y Galápagos, en el barrio Imbabura de Ibarra. La víctima acababa de estacionar su camioneta frente a su domicilio cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron y dispararon.
Septiembre concentró la mayor violencia
El escenario se agravó en septiembre. El 10 de septiembre, Antonio Guadalema, obispo de la Iglesia Unida del Ecuador, fue encontrado muerto en su domicilio, en Atuntaqui. Presentaba varias heridas provocadas con un arma blanca.
El 11 de septiembre, en Chalguayacu, un hombre de 23 años fue asesinado presuntamente por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Luego del ataque, moradores interceptaron a los sospechosos, quienes fueron golpeados e incinerados y fallecieron en el lugar.
El 16 de septiembre, tres hombres fueron encontrados muertos en la comunidad de Santa Cecilia, en Lita, cantón Ibarra. Las víctimas fueron identificadas como Geovanny B., de 45 años; Pablo Ramón H., de 36; y Armando Patricio H., de 32. Los tres presentaban impactos de bala.
El 19 de septiembre, Hugo Jácome, de 51 años, fue localizado sin vida en una quebrada de Urcuquí. Había sido reportado como desaparecido tres días antes en Atuntaqui.
Y el 25 de septiembre, Yudy Vanessa Merino Gaona, comerciante de 35 años y oriunda de Guayaquil, fue baleada en las inmediaciones del mercado Amazonas, en Ibarra.
Octubre comenzó con otro ataque armado
La violencia no se detuvo con el cambio de mes. Este 5 de octubre, un nuevo ataque al estilo sicariato se registró en las calles Carlos Emilio Grijalva y Camilo Ponce, en el sector de Pilanquí, en Ibarra. Sujetos que se movilizaban en un vehículo dispararon varias veces contra los ocupantes de un KIA Rio blanco. Uno de los ocupantes murió en el ataque. La víctima registraba antecedentes penales por asesinato.
Con este nuevo hecho se agregan dos casos registrados como ahogamientos, lo que eleva a 27 el total de muertes contabilizadas en la provincia durante el año.
(Redacciòn Ibarra).- Un hombre falleció y una joven de 21 años resultó herida tras un ataque armado registrado la noche del domingo 4 de octubre, en el sector de Pilanquí, en Ibarra.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 23:48, en la intersección de las calles Carlos Emilio Grijalva y Camilo Ponce. Según la información preliminar, sujetos desconocidos que se movilizaban en un automóvil dispararon en reiteradas ocasiones contra los ocupantes de un vehículo KIA Rio blanco, con placas de Pichincha, y posteriormente huyeron del lugar.
Personal de la Policía Nacional constató el fallecimiento de uno de los ocupantes, quien presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Una joven de 21 años sobrevivió al ataque y sufrió heridas abiertas en la región lumbosacra y en el antebrazo. Fue trasladada por personal del Ministerio de Salud Pública al Hospital San Vicente de Paúl, donde se activó el protocolo Código Plata y se reforzó la seguridad policial.
Durante el procedimiento, agentes de Criminalística y Dinased levantaron como indicios 10 vainas percutidas, una bala, un fragmento de plomo y un arma de fuego. El vehículo atacado fue trasladado a los patios de la Policía Judicial, donde continuará el proceso investigativo.
El fallecido fue identificado como Jason G. y registraba antecedentes penales por asesinato, en 2020, y tenencia de armas, en 2021.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial.
