(Redacciòn Ecuador).- El presidente Daniel Noboa anunció que desde el 12 de agosto los precios de los combustibles en Ecuador registrarán una leve reducción, manteniendo la tendencia de disminución aplicada durante julio.
La rebaja se dará gracias a la continuidad del sistema de bandas, mecanismo que busca amortiguar el impacto de la volatilidad del mercado internacional del petróleo, afectado en los últimos meses por las tensiones en Medio Oriente.
En julio, el galón de gasolina Extra y Ecopaís se ubicó en USD 3,26, mientras que el Diésel quedó en USD 3,20. Según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), sin este mecanismo los precios habrían alcanzado los USD 3,68 y USD 3,83, respectivamente.
Noboa explicó que el comportamiento del precio internacional del petróleo no se refleja de forma inmediata en el consumidor, debido a un desfase de entre 45 y 60 días, por lo que el Gobierno mantendrá la política para favorecer a productores y transportistas.
Además, el mandatario informó que en los últimos tres meses se han invertido más de USD 60 millones en el sector eléctrico para fortalecer la transmisión, generación y mantenimiento de infraestructura, con el objetivo de reducir el consumo de diésel y fuel oil en el sistema eléctrico nacional.
(Redacciòn Imbabura).– La decisión de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), oficializada el pasado 28 de julio y que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto, de incrementar en un 25 % las tarifas del transporte intraprovincial e interprovincial ha generado diversas reacciones entre los usuarios que diariamente utilizan este servicio para trasladarse entre los cantones de Imbabura por motivos de trabajo, estudio y otras actividades.
Muchos ciudadanos expresan su inconformidad al considerar que el incremento representa una nueva carga para la economía de los hogares ecuatorianos, que en los últimos años han enfrentado el aumento de varios bienes y servicios, entre ellos el IVA, el precio de los combustibles y otros productos de la canasta básica. Además, señalan que el Salario Básico Unificado, fijado en USD 482, resulta insuficiente para cubrir los gastos familiares.
Aunque cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), dice que la inflación mensual para mayo aumento un -0,62 %, en contraste con el 0,53 % de abril y que el costo de la Canasta Familiar Básica en la región Sierra alcanzó los USD 821,47, con una disminución del 0,90 % respecto al mes anterior, en el caso del transporte, muestra que este rubro ha mantenido una tendencia al alza durante 2026, evidenciando un incremento sostenido y paulatino.
Otro aspecto que los usuarios comentan es la calidad del servicio, pues consideran que existe un alto nivel de indulgencia hacia los conductores, a pesar de las deficiencias en la forma en que conducen y prestan el servicio. Asimismo, señalan que las unidades no reúnen las condiciones necesarias para brindar un transporte adecuado, lo que repercute negativamente en la experiencia de los pasajeros. En este contexto, manifiestan su inconformidad con el incremento de las tarifas del transporte público, ya que consideran que dicho aumento no se justifica mientras no se hayan subsanado las deficiencias relacionadas con la calidad de la atención, el estado de las unidades y la prestación del servicio en general.
Incremento del 25% en en el transporte interprovincial e intraprovincial (intercantonal):
En el caso de Imbabura, el impacto económico recaerá principalmente en los trabajadores, estudiantes y profesionales que usan las rutas entre Ibarra y los seis cantones de Imbabura (Atuntaqui, Otavalo, Cotacachi, Urcuquí y Pimampiro) y considerando 22 días laborables al mes (44 viajes entre ida y vuelta), el impacto económico sería el siguiente:
El incremento representará un gasto adicional de entre 4,40 y 15,84 dólares mensuales, dependiendo de la ruta que recorran los usuarios. En el transcurso de un año, este aumento significará un desembolso extra de entre 52,80 y 190,08 dólares. Los pasajeros que se movilizan entre Ibarra y Pimampiro serán los más afectados, al registrar el mayor incremento acumulado en sus gastos de transporte. En términos generales, la medida ejercerá una mayor presión sobre el presupuesto de las familias, trabajadores, estudiantes y profesionales que dependen diariamente del transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio u otros destinos.
(Redacciòn Ibarra).- El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) resolvió incrementar en un 25 % las tarifas del transporte público terrestre de pasajeros en las modalidades interprovincial e intraprovincial, mediante la Resolución 020-DIR-2026-ANT, firmada el 25 de julio de 2026. La decisión constituye el primer ajuste tarifario desde 2021 y busca responder a la necesidad de actualizar los valores frente al incremento de los costos de operación que enfrenta el sector transportista.
La medida tendrá un carácter temporal y permanecerá vigente mientras la ANT culmina el proceso de revisión e implementación de una nueva metodología para la fijación de tarifas a nivel nacional. De esta manera, el incremento funcionará como un ajuste transitorio hasta que entre en vigencia un nuevo esquema tarifario definitivo.
El aumento fue solicitado por los gremios del transporte, que desde el año 2025 han insistido en la necesidad de revisar las tarifas debido al incremento de los costos operativos, principalmente por el alza en el precio del diésel y la eliminación del mecanismo de compensación aplicado tras la reforma a los combustibles.
Aunque inicialmente se había previsto que las nuevas tarifas empezaran a regir desde el 1 de agosto, el director de la ANT, Luis Villacres, confirmó el 28 de julio que la resolución ya fue emitida y que su aplicación se realizará en los próximos días, una vez se cumplan los procedimientos correspondientes.
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que las tarifas del transporte público deben ser revisadas cada dos años. Sin embargo, el último ajuste se realizó en 2021, por lo que el sector transportista sostenía que era necesario actualizar los valores para garantizar la sostenibilidad del servicio.
Hasta el momento, la ANT no ha difundido el cuadro oficial con las nuevas tarifas por ruta, por lo que se espera que en los próximos días se publique el detalle de los valores que deberán cancelar los usuarios del transporte interprovincial e intraprovincial en todo el país.
El incremento del 25 % se aplicaría sobre las siguientes tarifas vigentes:
(Redacciòn Ibarra).- Cada vez son más los jóvenes que optan por comprar una motocicleta como alternativa para reducir los tiempos de traslado y enfrentar el costo del transporte. Lo que comenzó como una solución económica y práctica se ha convertido también en un factor de preocupación en Ibarra.
Las cifras evidencian esta realidad. De acuerdo con estadísticas del portal de Movidelnor, hasta mayo de este año se registraron 193 accidentes de tránsito que involucraron motocicletas y dejaron ocho personas fallecidas en el cantòn Ibarra, una tendencia que continúa en aumento.
Detrás de estos números hay historias que se repiten: jornadas laborales extensas, tráfico cada vez más congestionado, la necesidad de llegar a tiempo al trabajo o a la universidad y, en muchos casos, la poca experiencia al conducir un vehículo recién adquirido. Para muchos jóvenes, la primera motocicleta representa independencia y una oportunidad para mejorar su movilidad; sin embargo, también implica una mayor exposiciòn al riesgo.
Especialistas señalan que los choques laterales y la pérdida de pista continúan siendo los siniestros más frecuentes entre motociclistas. A ello se suman dos factores recurrentes: el exceso de velocidad y la impericia al volante, un patrón que se mantiene desde 2019.
Las estadísticas reflejan la magnitud del problema. Solo hasta mayo de este año se contabilizan 193 accidentes con motocicletas, una cifra que supera el total anual registrado en 2020, cuando se reportaron 105 siniestros, y en 2021, que cerró con 110. En comparación, durante el año 2025 se registraron 298 accidentes relacionados con motocicletas y 10 personas fallecidas.
En cuanto a la siniestralidad vial general, en lo que va del año se han registrado 779 accidentes de tránsito. Como consecuencia de estos hechos, 50 personas resultaron lesionadas y 5 fallecieron. Si bien los vehículos concentran el mayor número de eventos registrados, las motocicletas continúan siendo un factor de preocupación debido a la vulnerabilidad de sus ocupantes y a que los siniestros que las involucran suelen tener consecuencias más graves.
La Panamericana Sur, el ingreso norte a la ciudad, la avenida 17 de Julio y el Anillo Vial figuran entre los corredores con mayor incidencia de siniestros. Las franjas horarias de las 12:00, 13:00 y 19:00 concentran el mayor número de casos, coincidiendo con los horarios de ingreso y salida de las jornadas laborales y académicas, ademas los dias con mayor siniestraldiad son los dias domingo.
Mientras el parque de motocicletas continúa creciendo en Ibarra, las estadísticas también aumentan. Y detrás de cada nuevo registro existe una historia que comienza de la misma manera: alguien salió temprano rumbo a su trabajo, a clases o a casa, pero nunca logró regresar.
(Redacción Ibarra).- Recorrer ocho kilómetros en vehículo puede mostrar dos realidades distintas entre Quito e Ibarra. Mientras en la capital del país un trayecto similar puede tomar alrededor de 30 minutos debido a la alta congestión vehicular, en Ibarra ese mismo recorrido suele realizarse entre 10 y 15 minutos, dependiendo del horario y del sector.
En Quito, los tiempos de traslado se han incrementado en los últimos años debido al crecimiento del parque automotor y la saturación de sus principales vías. Informes de movilidad urbana señalan que los quiteños pierden alrededor de 70 horas al año atrapados en el tráfico, especialmente durante las horas pico de la mañana y la tarde, cuando los principales corredores viales presentan mayor carga vehicular.
La realidad de Ibarra todavía es diferente. La ciudad mantiene tiempos de desplazamiento más cortos, aunque la congestión empieza a ser una preocupación en determinados puntos donde coinciden actividades comerciales, educativas y transporte público.
Un recorrido de ocho kilómetros dentro de la ciudad puede tomar entre 10 y 15 minutos en condiciones normales. Sin embargo, durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada laboral, sectores específicos registran mayor acumulación de vehículos.
Entre los puntos con mayor presión vehicular se encuentra el ingreso a la Universidad Técnica del Norte, donde coinciden estudiantes, transporte público y vehículos particulares en horas tempranas. También está el Mercado Amazonas, debido al constante movimiento comercial, y la calle Sucre y sus alrededores, donde confluyen tránsito local, comercio, transporte público y los trabajos recientes de adoquinado que han generado demoras en la circulación.
Aunque Ibarra todavía mantiene una movilidad más fluida frente a ciudades como Quito, el crecimiento del parque automotor y la concentración de actividades en determinadas zonas empiezan a modificar la dinámica vial de la ciudad.
El tiempo que un ibarreño pasa al volante
Bajo un escenario promedio, un conductor que realiza dos desplazamientos diarios de ocho kilómetros —ida y regreso— durante 250 días al año podría pasar entre 83 y 125 horas dentro de su vehículo, dependiendo de si cada trayecto toma 10 o 15 minutos.
La cifra no representa horas perdidas exclusivamente por congestión, como ocurre con el dato de Quito, sino el tiempo total destinado a movilizarse diariamente. Aun así, permite dimensionar cuánto espacio ocupa el transporte en la rutina de los ciudadanos.
Mientras Quito enfrenta un problema marcado por las horas que sus habitantes pierden debido al tráfico, Ibarra todavía conserva recorridos más rápidos, aunque el aumento progresivo de vehículos plantea un desafío para mantener una movilidad eficiente antes de que los tiempos de traslado sigan creciendo.
(Redacciòn Imbabura).- Los usuarios del transporte interprovincial e intraprovincial en Imbabura podrían enfrentar un incremento de hasta el 25% en el costo de los pasajes, luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) iniciara el análisis de una actualización tarifaria a escala nacional.
La revisión responde al pedido realizado por los gremios del transporte, que argumentan un incremento sostenido en los costos de operación, principalmente por el aumento del precio del diésel y otros insumos necesarios para mantener el servicio. Las tarifas actuales permanecen sin modificaciones desde 2021.
De concretarse la medida, el ajuste impactaría a los pasajeros que diariamente se movilizan entre cantones como Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí, así como a quienes viajan desde Imbabura hacia otras provincias del país.
La ANT informó que el estudio técnico contempla variables como la estructura de costos, las características de las rutas y la operación del servicio. Además, señaló que un eventual incremento estaría condicionado al cumplimiento de medidas que fortalezcan la seguridad de los usuarios, entre ellas la instalación de botones de pánico y sistemas de conteo de pasajeros en las unidades.
El análisis se desarrolla en paralelo a la actualización del mecanismo de compensación económica para el transporte público y comercial anunciada por el Gobierno Nacional, como respuesta a las variaciones en los precios internacionales de los combustibles.
Por el momento, la ANT aclaró que el incremento aún no ha sido aprobado y que la propuesta continúa en fase de análisis y socialización con los representantes del sector transportista. Mientras tanto, los pasajes en Imbabura mantienen las tarifas vigentes hasta que exista una resolución oficial.
(Redacciòn Imbabura).- Más de 42.500 personas fueron beneficiadas entre enero y junio de 2026 mediante los programas de seguridad vial desarrollados por la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), a través de su Unidad de Seguridad Vial. Las iniciativas estuvieron enfocadas en fortalecer los conocimientos y hábitos responsables de estudiantes, conductores, adultos mayores, funcionarios y ciudadanía en general.
Uno de los principales programas ejecutados fue el Programa de Participación Estudiantil en Seguridad Vial, que llegó a 33 instituciones educativas, donde 2.026 estudiantes culminaron su proceso formativo. A través de capacitaciones teóricas y prácticas, los jóvenes aprendieron sobre normativa de tránsito, convivencia vial y prevención de siniestros, convirtiéndose en agentes multiplicadores de una movilidad responsable dentro de sus entornos.
La educación vial también llegó a los más pequeños mediante la Biciescuelita, una iniciativa que permitió capacitar a 3.699 niños y niñas en diferentes unidades educativas. Con actividades lúdicas y dinámicas prácticas, los participantes fortalecieron sus conocimientos sobre circulación segura, respeto entre actores viales y uso adecuado de la bicicleta.
Como parte del trabajo permanente en territorio, Movidelnor desarrolló campañas de sensibilización dirigidas a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, alcanzando a 7.022 ciudadanos mediante jornadas educativas, activaciones comunitarias y espacios de concienciación orientados a prevenir accidentes de tránsito.
Dentro de las acciones enfocadas a grupos prioritarios, 1.156 adultos mayores participaron en talleres de movilidad segura, donde recibieron herramientas para identificar riesgos y fortalecer su autoprotección como usuarios vulnerables de las vías.
Además, la institución reforzó la formación dirigida al sector transporte mediante capacitaciones para 1.413 conductores pertenecientes a operadoras e instituciones públicas y privadas. Estos espacios permitieron actualizar conocimientos sobre normativa vial, conducción preventiva y responsabilidad al momento de movilizarse.
Las actividades se complementaron con ferias ciudadanas, casas abiertas, jornadas comunitarias y otros espacios de interacción que permitieron acercar los mensajes de prevención a miles de habitantes de los 15 cantones que conforman la Mancomunidad de Tránsito Norte.
El gerente general de Movidelnor EP, Santiago Chiriboga, destacó que la seguridad vial es uno de los ejes prioritarios de la administración y aseguró que la educación constituye una herramienta fundamental para generar cambios positivos.
“Nuestro compromiso es construir una cultura vial basada en el respeto, la responsabilidad y la prevención. La educación es la herramienta más efectiva para salvar vidas y por ello seguiremos impulsando programas que formen ciudadanos más conscientes desde la niñez hasta la edad adulta”, señaló.
De su lado, el gerente de Operaciones de Tránsito, Emerson Ubidia, resaltó el alcance territorial de estas acciones y afirmó que el trabajo preventivo continuará fortaleciéndose en beneficio de todos los actores viales.
“Hemos recorrido los 15 cantones llevando capacitación, campañas de sensibilización y espacios de aprendizaje a instituciones educativas, operadoras de transporte, entidades públicas y comunidades. La seguridad vial es una responsabilidad compartida y solo con educación permanente lograremos generar cambios positivos en el comportamiento de todos los actores viales”, manifestó.
Con estas acciones, Movidelnor EP reafirma su compromiso de impulsar una movilidad segura, promoviendo la prevención y la formación ciudadana como pilares para reducir los siniestros de tránsito y proteger la vida de quienes utilizan las vías.
(Redacciòn Ibarra).- Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron retenidas por comuneros de la parroquia La Esperanza, en el cantón Ibarra, tras ser señaladas como presuntas responsables del robo de un ternero.
El hecho ocurrió ayer, cuando un ternero que había sido sustraído de una comunidad fue localizado antes de que pudiera ser sacado de la zona. Según los testimonios, los sospechosos habrían introducido al animal a la fuerza en un automóvil de pequeñas dimensiones para ocultarlo y facilitar su traslado, provocándole maltrato durante la maniobra.
Tras la intervención de comuneros y autoridades, el ganado fue recuperado y los cinco sospechosos fueron llevados ante la asamblea comunitaria, donde se resolvió aplicar procedimientos de justicia indígena.
Videos difundidos en redes sociales muestran a los implicados caminando descalzos y cargando bolsas con piedras, como parte de las sanciones impuestas por las autoridades comunitarias.
La justicia indígena está reconocida en la Constitución del Ecuador, que faculta a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, de acuerdo con sus normas y tradiciones, siempre que sus decisiones respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales. Para comuneros de Zuleta el robo de ganado representa pérdidas económicas que afectan directamente el sustento de numerosas familias.
(Redacciòn Ibarra).- Es una imagen que se repite a diario en diferentes calles de la ciudad. Padre al volante, madre como pasajera, un niño sostenido en brazos y otro menor sentado sobre el tanque de combustible. En muchos casos, ninguno utiliza casco de protección.
Aunque para algunos se ha convertido en una escena «normal» debido a la necesidad de movilizarse, especialistas en seguridad vial advierten que esta práctica representa un alto riesgo, especialmente para los menores de edad, quienes son los más vulnerables en caso de una caída o un siniestro de tránsito.
La normativa ecuatoriana es clara. El Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que conductores y pasajeros de motocicletas están obligados a utilizar casco de seguridad homologado correctamente colocado durante todo el recorrido. No utilizar casco de seguridad homologado, tanto el conductor como el pasajero, constituye una contravención de tránsito sancionada con una multa equivalente al 30 % del Salario Básico Unificado que corresponde USD 144,60. Además, la normativa dispone la reducción de seis puntos en la licencia de conducir del infractor.
En cuanto al transporte de más personas de las permitidas por la capacidad de la motocicleta, la legislación también contempla una multa equivalente al 30 % del SBU (USD 144,60), al tratarse de una contravención de tránsito.
Por otra parte, el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre establece que los pasajeros deben ocupar únicamente el asiento destinado para ellos y ubicarse detrás del conductor. Está prohibido viajar sobre el tanque de combustible o entre el conductor y el manubrio. Cuando estas disposiciones no se cumplen, el vehículo puede ser retenido por la autoridad hasta que se subsane la infracción.
Más allá de una posible sanción, el principal problema es el riesgo que implica esta forma de movilización. En una motocicleta no existen estructuras de protección como las que ofrece un automóvil. Una frenada brusca, una colisión o incluso una maniobra para esquivar un obstáculo puede provocar que los menores salgan despedidos, con consecuencias que pueden ser fatales.
La seguridad vial no depende únicamente de los controles de las autoridades. También requiere conciencia ciudadana y responsabilidad de quienes utilizan este medio de transporte. Un viaje de pocos minutos puede cambiar una vida para siempre cuando se ignoran las normas básicas de protección.
(Redacciòn Ibarra).- Un caso de disposición ilegal de residuos generó preocupación entre los moradores en Ibarra, luego de que se denunciara el abandono de una gran cantidad de productos alimenticios en una quebrada ubicada en el sector La Violeta, sobre la conocida Ruta de las Haciendas. El hecho quedó registrado en un video el pasado mièrcoles 1 de julio, en el que se observa a presuntos trabajadores descargando los residuos desde un camión que portaba la imagen de la reconocida empresa ecuatoriana de embutidos y productos cárnicos La Italiana.
Tras la publicación de la noticia por parte de nuestro medio, el dia sabado 4 de julio personal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Ibarra realizó una inspección en el sitio, constatando que los desechos correspondían a embutidos en mal estado y productos lácteos con su fecha de caducidad vencida.
Con estos antecedentes, las autoridades se pusieron en contacto con la empresa relacionada con los productos encontrados para notificar lo ocurrido y, posteriormente, emitieron la respectiva citación a la Comisaría Ambiental del GAD de Ibarra, dando inicio al proceso administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente.
La comisaria ambiental del GAD de Ibarra, Paola Molina, manifestó que, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas municipales, además del proceso sancionador y las posibles multas económicas, se exige la restitución del sitio afectado a sus condiciones originales.
Por su parte, el director de Medio Ambiente del GAD de Ibarra, Diego Villalba, explicó que cuando existe un volumen considerable de residuos provenientes de empresas o establecimientos, estas deben notificar al Municipio para coordinar el acompañamiento técnico y el traslado del material al relleno sanitario de San Alfonso, donde se garantiza una disposición final adecuada mediante la destrucción de productos caducados.
Villalba enfatizó que este procedimiento evita la contaminación de las cuencas hídricas, la vegetación y otros ecosistemas, reduciendo los riesgos ambientales derivados del abandono de este tipo de residuos.
Tras conocerse el caso, Juan Pablo Madero, gerente de Marketing de La Italiana, manifestó que «el camión pertenece a un distribuidor de la zona, es un servicio externo, que no es de su total control pero que sí debe responder a su filosofía». Además, señaló que «este tipo de camiones, disponen de un sistema de refrigeración, lo que en algunas ocasiones genera un excedente de hielo» y que lo que se está «desechando» es el exceso de hielo. Asimismo, indicó que » la práctica o ejecución no es la correcta, ya que existe un tratamiento y proceso para cada uno de estos casos».
Finalmente, afirmó: «Hemos tomado las correcciones internas necesarias, para que este tipo de prácticas no se repitan y cada uno de los actores, internos o externos, se apeguen a nuestras políticas, normativas y filosofía.»
En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente (COA) prohíbe este tipo de prácticas por los daños que ocasionan al ambiente y a las fuentes hídricas. Dependiendo de la gravedad del caso, los responsables enfrentan sanciones administrativas, económicas e incluso penales, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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