(Redacción Imbabura).- A pocos días del inicio oficial de la campaña electoral para las elecciones seccionales de Ecuador, la promoción política ya lleva tiempo haciéndose visible en distintos espacios. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que el periodo autorizado comenzará este jueves 12 de noviembre y se extenderá hasta el 26 de noviembre de 2026, la presencia de aspirantes en eventos públicos, actividades culturales y deportivas, así como la difusión de contenidos con fines promocionales, ha sido una constante que no ha pasado desapercibida para la ciudadanía.
La entrega de regalos, la circulación de vehículos con publicidad de candidatos y la utilización de encuentros públicos para proyectar su imagen forman parte de un secreto a voces en el ambiente político. Estas prácticas también se han evidenciado en cantones como Antonio Ante, donde ciudadanos ha reportado la entrega de bicicletas y otras actividades que generan cuestionamientos sobre una posible promoción electoral anticipada.
Frente a este escenario, el CNE ha advertido sobre las restricciones a la promoción política fuera del calendario electoral y ha intensificado las acciones de vigilancia y fiscalización para detectar posibles actos de campaña anticipada o precampaña, considerados infracciones graves dentro de la normativa electoral. Estas labores buscan frenar el proselitismo fuera de los plazos establecidos, en medio de reportes ciudadanos y publicaciones en redes sociales que evidencian actividades de promoción política antes del inicio oficial de la campaña.
La campaña oficial permitirá a los candidatos promocionar sus nombres, imagen y propuestas durante los 15 días establecidos en el calendario electoral. El desafío para las autoridades electorales será determinar qué actividades previas constituyen verdaderos actos de proselitismo y aplicar los controles correspondientes, garantizando que las organizaciones políticas y sus candidatos compitan bajo las mismas reglas.
En los comicios del próximo 29 de noviembre, los ecuatorianos elegirán 5.749 autoridades principales: 23 prefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales, 4.131 vocales de juntas parroquiales y siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Con la campaña a punto de comenzar, la fiscalización de las actividades políticas y el respeto a los tiempos electorales vuelven a estar en el centro de la atención.
(Redacción Imbabura).- Una investigación realizada por la Universidad Técnica del Norte ubica a Hoy Imbabura entre los dos medios digitales locales más utilizados en la provincia, con el 13,6% de preferencia. El estudio Del Papel a la Pantalla Digital: la reinvención de los medios de comunicación, publicado en 2026, revela además que el 84,3% de los imbabureños consultados utiliza plataformas digitales para informarse.
Hace 11 años, Hoy Imbabura apostó por llevar la información local al entorno digital, cuando las redes sociales todavía comenzaban a transformar los hábitos de consumo de noticias. Más de una década después, esa apuesta se desarrolla en una provincia donde el teléfono y las plataformas digitales se han convertido en herramientas habituales para conocer lo que ocurre.
Según la investigación, la diferencia entre Hoy Imbabura y el medio que ocupa el primer lugar es de apenas 1,5 puntos porcentuales, mientras que el siguiente medio registrado alcanza el 7,8%. Esto evidencia la fuerte competencia por una audiencia que ha cambiado de escenario y que actualmente busca información inmediata, cercana y disponible desde cualquier dispositivo.
El estudio también identifica a Hoy Imbabura como la primera preferencia entre los medios digitales locales según el nivel de instrucción, seguido por Diario El Norte Digital y La Naranja. Por edades, registra una presencia destacada entre personas de 18 a 45 años, especialmente en el grupo de 32 a 38 años; mientras que por ocupación su audiencia incluye estudiantes, comerciantes, empleados privados y empleados públicos.
La investigación fue realizada con una muestra de 1.784 personas de los diferentes cantones de Imbabura, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Al tratarse de un estudio académico de la Universidad Técnica del Norte y no de una medición realizada por el propio medio, sus resultados permiten observar desde una perspectiva externa cómo se comporta actualmente la audiencia digital de la provincia.
En este nuevo escenario, los medios locales enfrentan el desafío de informar con rapidez, pero también de mantener cercanía, contexto y credibilidad. La competencia ya no se limita a periódicos, radios y canales de televisión: ciudadanos, instituciones, empresas y páginas digitales disputan diariamente la atención de una misma audiencia.
A 11 años de haber iniciado su camino en el entorno digital, Hoy Imbabura aparece nuevamente entre las principales preferencias informativas de los imbabureños, en una provincia donde la manera de consumir noticias cambió de forma definitiva. El paso del papel a la pantalla no solo transformó a los medios, sino también la relación de los ciudadanos con la información.
(Redacciòn Imbabura).- A un año del inicio del paro que paralizó Imbabura durante 31 días, las huellas de aquella crisis todavía permanecen en la provincia. La movilización comenzó el 22 de septiembre de 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, y rápidamente convirtió a Otavalo y otros sectores de Imbabura en el epicentro de una protesta que incluyó bloqueos de vías, enfrentamientos con policías y militares, ataques a bienes públicos y privados, muertes, cientos de heridos y millonarias pérdidas económicas. Aunque las carreteras volvieron a habilitarse el 22 de octubre, un año después todavía continúan las consecuencias judiciales, económicas y sociales de aquellas jornadas. El cuartel policial de Otavalo, uno de los principales símbolos de la violencia registrada durante el paro, se encuentra actualmente en aproximadamente un 98 % de operatividad, pero el conflicto dejó daños que trascendieron la infraestructura y permanecen en la memoria de las comunidades.
El origen de la crisis se remonta al 12 de septiembre de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa eliminó mediante el Decreto 126 el subsidio al diésel. La medida provocó rechazo entre transportistas y organizaciones indígenas y desencadenó las primeras movilizaciones. El 15 de septiembre se registraron bloqueos en Julio Andrade, en Carchi, donde transportistas se enfrentaron con las Fuerzas Armadas. Aunque el Gobierno consiguió levantar temporalmente esa protesta mediante beneficios económicos al sector, el conflicto continuó y el 18 de septiembre la CONAIE anunció movilizaciones a nivel nacional. En Imbabura, mientras el Gobierno declaraba el estado de excepción y toque de queda, las organizaciones indígenas preparaban una paralización indefinida que comenzaría el 22 de septiembre.
Ese día comenzaron los bloqueos de la E35 y de otras vías estratégicas de Imbabura, con Otavalo como principal epicentro. Organizaciones como la FICI, UNORCAC, FENOCIN y comunidades Kichwa de distintos pueblos se sumaron a la protesta y bloquearon carreteras, afectando la movilidad hacia el norte y sur del país. La jornada terminó convirtiéndose en uno de los episodios más violentos del paro cuando un grupo de encapuchados atacó, incendió y saqueó el cuartel policial de Otavalo, donde se encontraban aproximadamente 20 policías. Se incendiaron oficinas y vehículos, fueron sustraídos documentos y evidencias y los daños materiales fueron calculados en unos USD 125.000. También se destruyeron cámaras del ECU911 y se produjeron enfrentamientos con la fuerza pública. Por estos hechos fueron detenidas 18 personas, mientras 17 militares fueron retenidos temporalmente por comunidades del cantón Otavalo.
En los días siguientes, lejos de disminuir, la tensión aumentó. El Gobierno cambió a la gobernadora de Imbabura y el presidente Daniel Noboa llegó a Otavalo el 24 de septiembre acompañado de un importante contingente policial y militar, pero su visita no produjo una solución al conflicto. Dos días después, la dirigencia de la CONAIE anunció el levantamiento del paro en varios sectores, pero las bases de Imbabura rechazaron la decisión e incluso retuvieron a su presidente, Marlon Vargas, en Huaycopungo. Los bloqueos continuaron y se extendieron hacia Peguche, Ilumán, Caluquí, González Suárez, Cotacachi, Antonio Ante, Zuleta, Urcuquí, El Juncal y Lita. El 28 de septiembre ocurrió la primera muerte en Imbabura: Efraín Fueres, comunero de Cuicocha, falleció durante una jornada de enfrentamientos después de recibir un disparo que testigos atribuyeron a personal militar.
Durante los primeros días de octubre la protesta adquirió nuevas dimensiones. Se denunciaron agresiones a ciudadanos, amenazas a comerciantes para obligarlos a cerrar, daños a vehículos y problemas de abastecimiento de gasolina, gas y alimentos. Las propias organizaciones indígenas comenzaron a mostrar divisiones sobre cómo continuar la movilización. El 1 de octubre, la decisión de la FICI de plantear una tregua y abrir un diálogo con el Gobierno fue desconocida por varias comunidades de base. Mientras tanto, continuaron los enfrentamientos y acciones de protesta, como la invasión a una finca florícola en Cotacachi el 6 de octubre y la movilización masiva hacia Ibarra el 8 de octubre. Para entonces, el conflicto ya había dejado un importante número de heridos y la FICI posteriormente reportaría 820 manifestantes heridos, de los cuales alrededor de 230 mantenían secuelas.
La situación alcanzó uno de sus momentos más críticos entre el 13 y el 15 de octubre. El Gobierno envió un segundo convoy humanitario hacia Imbabura para transportar alimentos, medicinas, gas y otros productos, pero durante la madrugada del 14 de octubre se produjo un nuevo enfrentamiento en Otavalo después de que un convoy fuera atacado por manifestantes. La ciudad quedó nuevamente paralizada, con calles destruidas, persecuciones y más de 40 detenidos, muchos de los cuales fueron liberados posteriormente. También fueron agredidos miembros de la fuerza pública: durante el paro, según los reportes de la FICI, 111 policías y 27 militares resultaron afectados por agresiones. En medio de los enfrentamientos resultó herido un periodista comunitario y, al día siguiente, murió José Guamán, comunero de Otavalo de 30 años, quien había recibido un disparo en el pecho. Permaneció en cuidados intensivos en Ibarra y falleció durante el traslado en helicóptero hacia Quito.
El 15 de octubre hubo un primer intento de terminar la paralización mediante un acuerdo entre dirigentes indígenas, autoridades locales y el Gobierno. Se anunció un cese de hostilidades y la instalación de mesas de diálogo, pero las bases desconocieron rápidamente el acuerdo y acusaron a sus propios dirigentes de traición. La división se profundizó el 19 de octubre, cuando la FICI asumió el liderazgo de las movilizaciones y reemplazó a Mesías Flores por Sisa Inés Cotacachi, mientras el Gobierno suspendía el diálogo argumentando incumplimientos y nuevos actos violentos. Finalmente, entre el 21 y el 22 de octubre, distintas comunidades comenzaron a regresar a sus territorios y a liberar las carreteras. La CONAIE anunció oficialmente el fin del paro y las Fuerzas Armadas iniciaron el despeje de la E35. Aunque algunas organizaciones, como UNORCAC, anunciaron inicialmente que mantendrían la resistencia, la FICI terminó ordenando la apertura de las vías. Después de 31 días, la paralización llegó a su fin.
El costo humano de la protesta, sin embargo, no terminó con la reapertura de las carreteras. Fueron cuatro las personas que fallecieron en el contexto del paro: Efraín Fueres y José Guamán, ambos comuneros de Imbabura; Rosa Paqui, adulta mayor del pueblo Kichwa Saraguro, en Loja, quien murió el 14 de octubre después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras la inhalación de gases lacrimógenos durante los operativos; y Edison David Farinango Tontaquimba, oriundo de Cotacachi, quien resultó gravemente herido durante las protestas tras recibir impactos de artefactos explosivos. Farinango permaneció cerca de dos meses hospitalizado en Quito y falleció el 27 de diciembre de 2025 debido a complicaciones derivadas de sus lesiones. A este saldo se sumaron cientos de heridos y personas que, según la FICI, quedaron con secuelas físicas.
El impacto económico también se prolongó mucho después del levantamiento del paro. Comercios y negocios permanecieron cerrados, las carreteras estuvieron intransitables, hubo escasez de productos y combustible y se registraron amenazas de saqueos y agresiones contra personas que intentaban movilizarse. La Cámara de Industrias y Producción estimó las pérdidas entre USD 90 millones y USD 100 millones. Imbabura además perdió buena parte de la actividad turística del feriado de la Independencia de Guayaquil, mientras que durante el feriado de Finados se intentó impulsar la recuperación mediante incentivos y una reducción temporal del IVA. Entre el 1 y el 4 de noviembre se registraron 33.400 viajes, USD 1,84 millones de gasto turístico y una ocupación del 38,6 %, una cifra superior al 31,3 % de 2024, pero todavía insuficiente para hablar de una recuperación sostenida.
El caso “12 de Otavalo” tuvo un primer desenlace el pasado 5 de junio de 2026, cuando la justicia ecuatoriana dictó el sobreseimiento de las 18 personas procesadas por los hechos ocurridos durante los disturbios registrados en Otavalo el 22 de septiembre de 2025, jornada en la que fue incendiado el cuartel de Policía de la ciudad. La resolución judicial determinó que no existían elementos probatorios suficientes para vincular a los procesados con el delito investigado, por lo que el proceso penal quedó cerrado para ellos. Sin embargo, la decisión fue revocada el 14 de agosto de 2026, cuando una sala de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dejó sin efecto el auto de sobreseimiento dictado a favor de los 18 procesados. Según consta en el expediente del Consejo de la Judicatura, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dispuso llamar a juicio a los 18 procesados por los presuntos delitos de ataque y resistencia y daño a bien ajeno, por lo que el caso continua abierto.
(Redacción Ecuador).- El calentamiento del océano asociado al fenómeno de El Niño está contribuyendo a que Ecuador y Perú registren temperaturas por encima de lo normal para esta época del año. En la Costa ecuatoriana, por ejemplo, se han registrado anomalías de hasta 5 °C: mientras la temperatura mínima habitual para este periodo bordea los 20 °C, actualmente alcanza alrededor de 25 °C.
Este escenario de altas temperaturas también afecta a sectores de la Sierra y la Amazonía ecuatoriana. El INAMHI mantiene el monitoreo de focos de calor relacionados con posibles incendios activos en el callejón interandino, mientras varias zonas enfrentan condiciones de sequedad que favorecen la propagación del fuego. Imbabura es una de las provincias que ha soportado varios incendios forestales, entre ellos el de gran magnitud registrado en el entorno del volcán Cotacachi y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. A esto se suman los constantes reportes de conatos de incendios en cantones como Otavalo e Ibarra.
Según el INAMHI, Imbabura presenta condiciones de sequía severa. Para esta semana, Ibarra registra temperaturas mínimas cercanas a los 14 °C y máximas de alrededor de 25 °C. Sin embargo, durante los últimos meses la ciudad también ha experimentado episodios de calor por encima de sus valores habituales: en julio de 2026 alcanzó 27,4 °C el 9 de julio, cuando las máximas normales para esa época rondaban los 23–24 °C. Ese mes, el INAMHI calculó para Imbabura una anomalía de aproximadamente +1,2 °C. En agosto, Ibarra volvió a superar los 27 °C, con 27,36 °C registrados el 8 de agosto, mientras que en septiembre el INAMHI volvió a advertir sobre temperaturas que podían superar los 27 °C. El panorama combina, así, temperaturas elevadas, déficit de lluvias y condiciones de sequedad, factores que incrementan la vulnerabilidad frente a los incendios forestales.
El fenómeno de El Niño vuelve a poner a Ecuador frente a un escenario que puede complicarse si las condiciones persisten. El calor fuera de lo habitual, la falta de lluvias y la sequedad del suelo ya se sienten en distintas zonas del país y, en provincias como Imbabura, el fuego encuentra un terreno cada vez más vulnerable. El comportamiento del océano durante las próximas semanas será clave: de mantenerse estas condiciones, el impacto podría ir mucho más allá de unos cuantos días de calor y convertirse en un problema para el agua, los cultivos y los bosques.
(Redacción Ibarra).- A las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026 terminó el plazo para la inscripción de candidaturas para las Elecciones Seccionales 2027. En Imbabura se registraron preliminarmente 2.183 solicitudes para las distintas dignidades. El proceso entra ahora en una nueva etapa: la revisión y calificación de las postulaciones por parte de la Junta Provincial Electoral.
La nómina preliminar incluye 4 candidaturas para prefecto y viceprefecto, 35 para alcaldes, 190 para concejales rurales, 184 para concejales urbanos, 90 para concejales urbanos por circunscripción y 1.680 para vocales de juntas parroquiales rurales. En total, son 2.183 solicitudes de inscripción.
El proceso se realizó exclusivamente en línea, a través del Sistema de Inscripción de Candidaturas del Consejo Nacional Electoral (CNE), que permaneció habilitado de manera ininterrumpida desde el 2 de agosto hasta las 18:00 del 17 de agosto. Para este proceso, el organismo electoral habilitó 10 módulos destinados a brindar asistencia técnica a las organizaciones políticas.
Sin embargo, estas postulaciones aún no son definitivas. Primero deberán pasar por la revisión de requisitos, la etapa de objeciones y, de ser el caso, los recursos correspondientes. El organismo electoral informó que hasta este jueves se podrán presentar objeciones. Una candidatura será considerada oficialmente inscrita cuando la resolución que la califique quede en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes.
Según el calendario electoral, el 9 de noviembre se conocerá el listado definitivo de candidaturas calificadas. La campaña electoral nacional comenzará el 12 de noviembre, por lo que las organizaciones políticas deberán ajustarse a ese periodo y no realizar campaña anticipada.
Anabel Hermosa y una inscripción que quedó en manos de la Junta
Alexandra Alencastro, directora de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, explicó a nuestra redacción los detalles del proceso de inscripción y confirmó que uno de los casos que marcó esta semana fue el de Anabel Hermosa, actual alcaldesa de Otavalo, cuya candidatura quedó a decisión de la Junta Provincial Electoral de Imbabura.
Alencastro explicó que estas observaciones estuvieron relacionadas con las reglas de paridad electoral. Según el reglamento del CNE, el 50% de las listas pluripersonales debe estar encabezado por mujeres. En el caso de las candidaturas unipersonales presentadas en binomio, la paridad se cumple con la participación de una mujer y un hombre, en cualquier orden.
En la alianza integrada por las listas 70-17 Juntos por la Transformación, inicialmente se contemplaban cuatro candidaturas para las alcaldías de Ibarra, Otavalo, Urcuquí y Antonio Ante: dos mujeres y dos hombres. Posteriormente, el movimiento inició el trámite de renuncia de la candidata que ocupaba la plaza de Urcuquí y, en el curso de ese proceso, decidió retirar al candidato de Otavalo para colocar en su lugar a Anabel Hermosa. Sin embargo, este cambio alteraba la distribución de las candidaturas y el sistema no permitía procesarlo bajo las reglas de paridad, por lo que el trámite no pudo avanzar antes del cierre del plazo.
La funcionario explicó que la Delegación Provincial Electoral recibió y procesó la documentación dentro de sus competencias y horarios, pero aclaró que la decisión final sobre la calificación de las candidaturas corresponde a la Junta Provincial Electoral. Será este organismo el que determine si Hermosa cumple con los requisitos para quedar oficialmente inscrita.
El martes por la tarde, varios simpatizantes realizaron un plantón en los exteriores de la Delegación del CNE en Imbabura para exigir que se permita la participación de Hermosa. La alcaldesa también estuvo presente en el lugar. No obstante, Alencastro señaló que pese a que se había presentado un pedido formal ante la Junta para resolver o aclarar el caso, durante el plantón no se produjo ningún acercamiento presencial para buscar informarse sobre el avance del proceso.
La funcionaria también descartó que haya existido algún retraso, falla o inconveniente en el sistema informático del CNE durante la modificación de las candidaturas, frente a versiones que circularon en redes sociales y fueron recogidas por algunos medios de comunicación.
Por ahora, el futuro electoral de Hermosa sigue en discusión y dependerá de la resolución que adopte la Junta Provincial Electoral, una vez concluida la revisión de requisitos y, de ser el caso, la etapa de objeciones. Mientras tanto, en los exteriores de la Delegación Provincial Electoral se colocó un tablero con las diferentes notificaciones dirigidas a los distintos movimientos y partidos políticos para verificaciòn y seguimiento del proceso electoral.
Las suspensiones cambiaron el tablero electoral
El cierre de inscripciones dejó una carrera por la Prefectura de Imbabura más reducida de la que se perfilaba semanas atrás. Las suspensiones de Revolución Ciudadana (lista 5) y AMIGO (lista 16) obligaron a reconfigurar candidaturas y dejaron fuera a varios nombres que habían sido proclamados en procesos internos.
Uno de los principales cambios fue el de Paolina Vercoutère, quien pasó de ser precandidata a viceprefecta a encabezar la candidatura a la Prefectura por la alianza Juntos por la Transformación, listas 17-70, junto a Michael Encalada. La otavaleña encontró en el Partido Socialista Ecuatoriano una estructura para mantenerse en la contienda.
La modificación dejó fuera a Juan Manuel Mantilla, quien había sido escogido como precandidato a prefecto por RC y AMIGO. Con ambas organizaciones suspendidas, la fórmula inicialmente planteada se desarmó y las negociaciones terminaron colocando a Vercoutère al frente de la alianza 17-70.
Otro nombre que quedó fuera en las últimas horas fue Marco Vinicio Jarrín. Su precandidatura se fracturó un día antes del cierre, luego de que Pachakutik y Centro Democrático retiraran su respaldo. Aunque anunció que continuaría, finalmente no apareció entre las cuatro candidaturas registradas para la Prefectura.
(Redacciòn Imbabura).- Los usuarios del transporte interprovincial e intraprovincial en Imbabura podrían enfrentar un incremento de hasta el 25% en el costo de los pasajes, luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) iniciara el análisis de una actualización tarifaria a escala nacional.
La revisión responde al pedido realizado por los gremios del transporte, que argumentan un incremento sostenido en los costos de operación, principalmente por el aumento del precio del diésel y otros insumos necesarios para mantener el servicio. Las tarifas actuales permanecen sin modificaciones desde 2021.
De concretarse la medida, el ajuste impactaría a los pasajeros que diariamente se movilizan entre cantones como Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí, así como a quienes viajan desde Imbabura hacia otras provincias del país.
La ANT informó que el estudio técnico contempla variables como la estructura de costos, las características de las rutas y la operación del servicio. Además, señaló que un eventual incremento estaría condicionado al cumplimiento de medidas que fortalezcan la seguridad de los usuarios, entre ellas la instalación de botones de pánico y sistemas de conteo de pasajeros en las unidades.
El análisis se desarrolla en paralelo a la actualización del mecanismo de compensación económica para el transporte público y comercial anunciada por el Gobierno Nacional, como respuesta a las variaciones en los precios internacionales de los combustibles.
Por el momento, la ANT aclaró que el incremento aún no ha sido aprobado y que la propuesta continúa en fase de análisis y socialización con los representantes del sector transportista. Mientras tanto, los pasajes en Imbabura mantienen las tarifas vigentes hasta que exista una resolución oficial.
(Redacciòn Ibarra).- La Empresa Pública de Movilidad del Norte, Movidelnor EP, ejecuta trabajos de señalización y semaforización en varios cantones mancomunados con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad.
Las intervenciones se realizan en coordinación con los GAD municipales y responden a requerimientos ciudadanos y levantamientos técnicos en territorio.
Según el gerente general, Santiago Chiriboga, las brigadas trabajan de forma permanente en sectores prioritarios, especialmente en zonas escolares y de alto tránsito.
En las últimas semanas, los trabajos se realizaron en cantones como Mira, Eloy Alfaro, Pedro Moncayo, San Lorenzo, Ibarra, Pimampiro, Otavalo y Espejo, con acciones que incluyen pintura de señalización horizontal, instalación de reductores de velocidad, reubicación de señales y mejoras en la red semafórica.
En San Lorenzo, las labores se concentraron en unidades educativas y barrios residenciales, mientras que en Ibarra y Pimampiro se reforzó la señalización en vías urbanas y se construyeron nuevos reductores.
En el área de semaforización se realizaron ajustes de tiempos, reparaciones eléctricas y reposición de componentes en Ibarra, Otavalo y Espejo.
Movidelnor señaló que estas acciones buscan reducir riesgos viales y ordenar el tránsito en puntos de alta circulación.
Ciudadanos de los sectores intervenidos destacaron las mejoras en seguridad y organización vial.
(Redacción Pichincha).- Cerca de las 07:30 de la mañana de este sábado, un accidente de tránsito se registró en el sector de Oyacoto, en la vía Guayllabamba–Quito. Un bus escolar que transportaba a un grupo de personas hacia actividades de catequesis habría perdido el control tras una aparente falla en su sistema de frenos, impactándose contra un camión.
Por efectos de la colisión la carga de pintura del camión quedó dispersa a lo largo de 180 metros de calzada.
La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito y de Pedro Moncayo, así como personal de atención prehospitalaria de otros sectores de la provincia.
Según el reporte, alrededor de 34 personas fueron atendidas en el lugar. Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de dos personas, mientras que al menos 15 resultaron con heridas de consideración.
Debido a la presencia de los vehículos siniestrados y a las diligencias de investigación, las autoridades manifestaron que la vía permanecerá cerrada al tránsito en ambos carriles por aproximadamente una hora y treinta minutos.
(Redacción Imbabura).- A 100 días de su designación, la gestión del gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, empieza a ser objeto de análisis y cuestionamiento por parte de la ciudadanía.
El Gobierno Nacional lo nombró mediante decreto ejecutivo el 17 de diciembre de 2025, en reemplazo de Elsy Maité Landeta Sánchez, en un contexto complejo para la provincia: pérdidas económicas tras la paralización de octubre y un ambiente de descontento ciudadano frente a la administración anterior.
Ortiz, coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, llegó al cargo con un perfil enfocado en seguridad, control territorial y gestión pública. Bajo esa línea, su administración asegura haber impulsado varias acciones en este inicio de gestión.
Entre los principales anuncios oficiales se destacan la activación permanente de un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, operativos de control migratorio y la intervención en la detección de cámaras ilegales en coordinación con el ECU 911. A esto se suman brigadas sociales en el marco del programa “El Nuevo Ecuador”, la entrega de kits agropecuarios, tractores y la implementación de reservorios para el sector agrícola, además de acciones de apoyo a comunidades vulnerables.
Sin embargo, más allá del discurso institucional, la percepción ciudadana parece ir en otra dirección. En lo que va del año, Imbabura ha registrado al menos ocho muertes vinculadas a hechos violentos, entre ellos casos de sicariato, desapariciones y asesinatos, lo que ha generado preocupación en distintos sectores de la provincia. En este contexto, el foco de la migración delincuencial se ha concentrado en Ibarra y Otavalo, donde se han reportado dos casos de doble sicariato en cada cantón.
A pesar de los operativos de control y de la activación de mesas de trabajo en seguridad —particularmente durante feriados—, los reportes ciudadanos reflejan una problemática persistente: la inseguridad continúa en el territorio. Modus operandi como los robos en motocicleta en Ibarra, los asaltos en la vía pública y los robos a locales comerciales se han vuelto recurrentes en el día a día. Este patrón mantiene en alerta a la población y evidencia una brecha entre las acciones anunciadas y la realidad que se vive en las calles.
(Redacción Imbabura).- Aunque el presidente Daniel Noboa destaca una reducción de homicidios a nivel nacional y en El Oro, en la provincia de Imbabura la realidad muestra un escenario distinto. El mandatario atribuye los resultados a medidas como el toque de queda focalizado, controles fronterizos y operativos contra el crimen organizado; sin embargo, Imbabura no fue parte de estas restricciones.
En la provincia, el contingente policial y militar ha concentrado su accionar en sectores como Buenos Aires por la minería ilegal y en la zona norte por problemáticas vinculadas al contrabando y narcotráfico. Mientras tanto, la migración delincuencial se ha focalizado en ciudades como Ibarra y Otavalo. Días atrás, tras la visita del ministro del Interior, John Reimberg, se enfatizó la necesidad de debilitar redes delictivas relacionadas con narcotráfico, extorsión y préstamos ilegales tipo “gota a gota”. Además, se anunció el fortalecimiento del contingente policial en una provincia donde hay cerca de 2.400 uniformados para una población de cerca de 300 mil habitantes.
A pocos días después de la visita ministerial y en medio de las declaraciones de Noboa, las víctimas se siguen contabilizando en la provincia:
01 de enero: José Daniel V., de 31 años. Falleció por proyectil de arma de fuego durante un incidente en Santa Teresita de Alpachaca, en Ibarra.
19 de enero: Edwin Patricio Brazales, de 46 años, y Óscar Daniel Brazales., de 39, reconocidos comerciantes, fueron asesinados al estilo sicariato en Otavalo.
2 de febrero: Matías M., quien había sido reportado como desaparecido tras abordar un vehículo de servicio de transporte de la app inDrive, fue hallado sin vida en Ibarra.
5 de febrero: Deyran P., menor de edad que fue reportado como desaparecido en el sector de Alpachaca, fue encontrado muerto con rasgos de violencia días después.
12 de febrero: Francisca T. víctima de secuestro junto a otros ciudadanos, fue asesinada y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la Policía Nacional.
29 de marzo: Manuel Fabián Franco Cedeño, de 42 años, y Diego Caballero, de 31 años, fueron asesinados en un ajuste de cuentas en el sector de la Cruz Verde, al interior de la licorería y un karaoke aledaño en Ibarra.
Con este hechos, Imbabura cierra el tercer mes del año con al menos ocho muertes vinculadas a desapariciones, asesinatos y sicariatos, reflejando una situación de seguridad que aún genera preocupación, pese a los resultados positivos expuestos a nivel nacional.
