(Redacción Ibarra).- El jueves 20 de abril del 2017, en un operativo sorpresa, se la Policía Nacional desarticuló una supuesta supuesta red de personas, que se encargaban de realizar trámites en la Empresa Pública de Movilidad MOVIDELNOR EP.

Luego de 10 meses de haberse agotado el trabajo en todas las instancias judiciales, se procedió a la realización de la audiencia de juicio, en donde los magistrados luego de escuchar los testimonios de la Fiscalía y de la defensa, determinaron que de los 12 procesados ocho tenían responsabilidad en el caso de asociación ilícita, por su parte determinaron que cuatro de los procesados no tuvieron participación en el delito y fueron declarados inocentes.

Dentro de los sentenciados se encuentran ex funcionarios públicos vinculados a la empresa de movilidad.

Parte de esta asociación ilícita, la misma que se dedicaba a la matriculación de vehículos de dudosa procedencia, además el levantamiento de prohibiciones de enajenar, cómo también a la remisión de los puntos de las licencias de conducir y también a la tramitación de licencias. La investigación inició el 10 de noviembre del 2016.

Esta organización ilícita tenía “altos contactos” dentro de Movildenor, quienes se encargaban de la tramitación de matriculas, sin que los vehículos estén presentes, así como también el levantamiento de prohibiciones de enajenar sin los documentos de descargo y también a la tramitación de licencias a personas que no aprobaban los exámenes, entre otras acciones.  El informe de Fiscalía además determina que se llegaba a cobrar entre 80 a 2200 dólares, dependiendo de los trámites que se tenían que realizar.

La Fiscalía además procedió a la interceptación de 93 llamadas, las mismas que estarían presuntamente vinculadas a funcionarios del departamento de matriculación y revisión vehicular de Movidelnor,  y que se sostenían con los tramitadores de esta red delictiva.

El delito de asociación ilícita previsto en el artículo 370 del Código Orgánico Integral (COIP), establece pena privativa de libertad de tres a cinco años.

(Suspensión Condicional de la ejecución de la pena)

Los sentenciados dentro de las normas jurídicas vigentes en el estado Ecuatoriano y mediante sus abogados defensores, solicitaron al Juzgado que se realice una audiencia y pidieron la Suspensión Condicional de la pena, en esta audiencia se expondrán los motivos para solicitar este recurso, que de ser favorable evitaría que los ocho sentenciados vayan a prisión.

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