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Conductor será procesado tras atropellar intencionalmente a un venado en Macará

(Redaccion Ecuador).- Autoridades ambientales y judiciales en Ecuador iniciaron acciones legales contra un ciudadano que habría atropellado de forma intencional a un venado cola blanca en el sector de El Empalme, en el cantón Macará, en Loja.

El hecho ocurrió el pasado 2 de mayo de 2026, durante el feriado por el Día del Trabajador, y quedó registrado en video por otro conductor que transitaba por la zona. En las imágenes se observa cómo el vehículo embiste al animal cuando este cruzaba la vía, en lugar de intentar esquivarlo.

Tras la difusión del material en redes sociales, el Ministerio de Ambiente y Energía informó que se logró identificar al conductor y al automotor involucrado, lo que permitió iniciar un proceso administrativo sancionatorio conforme al Código Orgánico del Ambiente (COA).

Las autoridades recordaron que las sanciones por este tipo de infracciones pueden oscilar entre 10 y 200 salarios básicos unificados, lo que equivale a una multa de hasta aproximadamente 96.400 dólares, dependiendo de la gravedad del daño causado a la fauna silvestre.

Además del proceso administrativo, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que investiga el hecho como un presunto delito contra la fauna silvestre, tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta infracción puede ser sancionada con penas privativas de libertad de uno a tres años en Ecuador.

El venado cola blanca es una especie nativa de la zona sur del país y forma parte de la fauna silvestre que habita en áreas tropicales y boscosas de la provincia de Loja, especialmente en sectores cercanos a la frontera con Perú.

Las autoridades recalcaron que este tipo de casos refuerza la necesidad de respetar la vida silvestre y conducir con precaución en zonas donde existe presencia de animales.

Controles ambientales limitan la venta de palma de cera por Domingo de Ramos

(Redacción Ibarra).- En Ibarra, en vísperas de la celebración del Domingo de Ramos, era habitual ver a decenas de comerciantes ubicados a lo largo de la avenida Fray Vacas Galindo, frente al mercado La Playita, ofreciendo ramos y adornos elaborados con palma de cera. Cada año, varias familias ibarreñas acudían desde temprano para adquirir estos arreglos como parte del ritual previo a la celebración religiosa.

Sin embargo, esta práctica ha ido desapareciendo debido a los controles ambientales y a una mayor conciencia ciudadana. El uso de ramos en Semana Santa se remonta a los primeros siglos del cristianismo y está inspirado en un pasaje bíblico, la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando la gente lo recibió con ramas de palma como símbolo de reconocimiento. Por tanto, esta tradición no se originó en Ecuador ni en América. La palma es una especie propia de Medio Oriente, pero con el paso del tiempo, en distintas regiones se comenzaron a utilizar ramas locales como olivo, sauce u otras. En la región andina, donde no existen palmas de ese tipo, países como Ecuador, Colombia y Perú adoptaron la palma de cera por ser la especie más similar y disponible en los Andes, utilizándola durante décadas.

Es por esta razón que la palma de cera ha reducido significativamente su presencia en los bosques andinos, siendo considerada una especie amenazada y en peligro de extinción. Su lenta regeneración, que puede tardar aproximadamente 80 años en alcanzar su madurez reproductiva, dificulta su recuperación a corto plazo tras la intervención humana. Además, esta especie cumple un papel fundamental en el ecosistema, ya que es el hábitat de anidación del loro orejiamarillo.

Debido a su importancia ecológica, su uso, transporte y comercialización están prohibidos en el país. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 247 sobre delitos contra la flora y fauna silvestres, establece penas privativas de libertad de uno a tres años para quienes cacen, trafiquen, transporten o comercialicen especies, partes o derivados de flora o fauna silvestre amenazada o en peligro de extinción, con el fin de proteger la biodiversidad.

En Imbabura, el Ministerio del Ambiente y Energía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecuta operativos de control en los días previos al Domingo de Ramos para evitar la deforestación de este recurso natural.

Hoy, en lugar de palma de cera, los ciudadanos optan por alternativas como romero, laurel, trigo, maíz o incluso arreglos artesanales con plantas locales. En algunos puntos de Ibarra, estos nuevos ramos ya forman parte de la oferta de los comerciantes, manteniendo el simbolismo sin generar impacto ambiental.

Caso Las Malvinas se resuelve con condena de 34 años y ocho meses para 11 de los 16 militares de la FAE

(Redacción Ecuador).– Tras seis semanas de audiencia, el juez Jovanny Suárez Chávez emitió sentencia en el denominado caso Las Malvinas, declarando culpables a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por su responsabilidad en la desaparición forzada de cuatro menores, ocurrida en diciembre de 2024.

De los procesados, 11 militares recibieron la pena máxima de 34 años y ocho meses de prisión, mientras que cinco uniformados fueron sentenciados a 30 meses de cárcel tras acogerse a la figura de cooperadores eficaces, en consideración a su colaboración con la Fiscalía General del Estado. En contraste, el teniente coronel Juan Francisco I. fue declarado inocente, al no comprobarse su responsabilidad penal.

Además de las penas privativas de libertad, el Tribunal dispuso una serie de medidas de reparación integral y simbólica, entre ellas el pago de 800 salarios básicos unificados, equivalentes a 376.000 dólares, la identificación del puente donde los adolescentes habrían sido aislados, y la implementación de procesos obligatorios de capacitación en derechos humanos dentro de la institución militar.

Asimismo, se ordenó la emisión de disculpas públicas institucionales en un medio de comunicación de prensa escrita, así como la publicación de un extracto de la sentencia, tanto por parte de la FAE como de los militares sentenciados, dirigido expresamente a los familiares de las víctimas. A estas medidas se suma la colocación de una placa conmemorativa en la base militar de Taura, lugar vinculado a los hechos investigados.

La sentencia, que responde íntegramente al pedido formulado por la Fiscalía en sus alegatos finales, constituye un precedente judicial relevante en materia de derechos humanos, reafirmando el deber del Estado de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias.

Al igual que en el caso Malvinas, otro proceso judicial que concluyó con la imposición de la pena máxima ocurrió con el exteniente de la Policía Nacional Germán Cáceres, que fue condenado por el asesinato de su esposa, la abogada María Belén Bernal. El crimen, que conmocionó al país, fue sancionado con 34 años y 8 meses de prisión, la pena más alta establecida en Ecuador para el delito de femicidio, evidenciando que en ambos casos la justicia aplicó el máximo castigo previsto por la ley ante hechos de extrema gravedad.

Corte Nacional revisará el pedido de hábeas corpus a favor de Luis Jácome, quien permanece detenido y tiene madre con discapacidad

(Redacción Imababura).- La Corte Nacional de Justicia convocó una audiencia de hábeas corpus a favor de Luis Henry Jácome Espinoza, quien es el único de los llamados “12 de Otavalo” que continúa en prisión.

La decisión fue tomada por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional, luego de recibir los documentos enviados por la Fiscalía y la Unidad Judicial de Garantías Penales relacionados con el caso. La diligencia se realizará de forma virtual, el martes 11 de noviembre de 2025 a las 14h00, a través de la plataforma Zoom.

Durante una entrevista, la familia de Luis Henry contó que él era el principal cuidador de su madre, quien tiene una discapacidad del 90% y actualmente se encuentra hospitalizada por problemas de salud. La defensa técnica solicitó la intervención de organismos de derechos humanos para conseguir su pronta liberación, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de su madre.

Asimismo, la Corte ordenó notificar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado, debido a denuncias sobre posibles agresiones sufridas por Jácome durante su detención. El Centro de Rehabilitación Social N.º 1 de Ibarra deberá garantizar que el procesado participe de manera telemática en la audiencia.

Tribunal revoca prisión preventiva a 11 de los 12 detenidos por las protestas en Otavalo

(Redacción Quito).- Durante la mañana de este viernes, se llevó a cabo la audiencia en la que un tribunal de justicia de Pichincha resolvió revocar la prisión preventiva para 11 de los 12 detenidos durante las protestas registradas en Otavalo.

Las personas procesadas enfrentaban cargos por el presunto delito de terrorismo; sin embargo, el tribunal determinó que los elementos presentados por la Fiscalía no cumplen con los presupuestos necesarios para sustentar que los acusados pertenecen a un grupo terrorista o grupo delictivo organizado (GDO).

En su resolución, el tribunal concluyó que no existen elementos suficientes para mantener la privación de libertad, por lo que los procesados deberán ser puestos en libertad en las próximas horas. No obstante, continuarán su proceso judicial en libertad, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Los 12 ciudadanos permanecieron un mes en prisión preventiva, dentro de un proceso que ha generado amplia controversia por las denuncias de posibles excesos ocurridos durante las manifestaciones.

Intentó matar a su esposa con un martillo y fue sentenciado a 14 años de prisión

Ibarra (Imbabura), 01 de marzo de 2024.-Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia de catorce años y ocho meses de prisión para Henry Alexander L., quien –con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado– fue declarado culpable de la tentativa de femicidio perpetrada contra su conviviente.

El hecho investigado ocurrió en 19 de febrero de 2023 en la comunidad El Huatal. A una vivienda de ese lugar llegaron agentes de Policía ante un llamado por una presunta riña y encontraron a varias personas en estado en embriaguez, y a una mujer con una herida en la cabeza.

Por esa razón, la víctima fue trasladada a una casa de salud, donde se pudo salvar su vida.

Posteriormente, se ubicó al presunto agresor (quien había huido del lugar) y fue aprehendido y puesto a órdenes de la Fiscalía para su procesamiento.

Con el inicio del proceso penal, la víctima fue incluida en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos para precautelar su integridad física y psicológica.

En el desarrollo de la audiencia de juicio, la Fiscal del caso presentó como elementos probatorios: el testimonio anticipado de la víctima, en el que narra cómo ella y su hijo vivían en una situación de permanente violencia y que el día en que ocurrieron los hechos el agresor la golpeó con un martillo, cuando se encontraba bajo efectos del alcohol.

Además, se presentaron testimonios que corroboraron los hechos narrados y la situación de violencia que vivía la víctima, la historia clínica que corrobora que producto de la agresión se estableció una incapacidad de treinta y uno a noventa días.

También se expusieron el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias, la pericia médico-legal, el informe psicológico y el de entorno social, que confirma la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y su hijo.

Luego del análisis de las pruebas presentadas, los jueces que integraron el Tribunal declararon la culpabilidad del agresor.

Información jurídica

El delito de femicidio (artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal) es sancionado con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Debido a que el delito no se consumó, en este caso se impuso una pena de catorce años y ocho meses.

Ramiro Gonzáles fue detenido en Lima

 

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(Redacción Nacional).-El expresidente del Consejo Directivo del IEES durante el régimen del expresidente Rafael Correa, Ramiro Gonzáles, ha sido detenido en la ciudad de Lima, Perú.

La información ha sido confirmada por la ministra del interior, María Paula Romo.

“Confirmo la detención de Ramiro González en Perú. Como gobierno y Policía Ecuador hemos trabajado de cerca con las respectivas autoridades y aportado con información clave para lograr esta captura. Esperamos su pronta entrega a la justicia ecuatoriana”, ha dicho Romo.

Ciudadano fue sentenciado a un año de prisión por venta ilegal de periquitos del pacífico

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(Redacción Imbabura)-.- El juez de garantías penales de la ciudad de Ibarra declaró la  sentencia al señor Barzola P.  a un año de prisión, cuatro salarios básicos unificadas y la restauración del daño causado al ambiente en trabajo social de restauración a las aves sobrevivientes por la venta, tenencia y comercialización de especímenes de vida silvestre.

El pasado 17 de noviembre durante un patrullaje de control realizado por motorizados de la Policía Nacional, en los alrededores de la Plaza de Ponchos en la ciudad de Otavalo, lograron identificar a un ciudadano que tenía en su poder 11 jaulas que contenían en su interior 17 aves silvestres quien fue trasladado a la Prevención del Distrito Valle del Amanecer.

Luego de haber sido comunicados, personal del Ministerio del Ambiente de Imbabura, presidido por el Msc. Julio Morán Coordinador Zonal 1 del MAE y miembros de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional acudieron al lugar, quienes identificaron que se trataban de 17 Periquitos del Pacífico (Forpus coelestis), por lo que los miembros de la Policia procedieron a la aprehensión en delito flagrante del ciudadano A. Barzola de 30 años de edad, por presunto Delito de Flora y Fauna Silvestre.

Según La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) el Periquito del Pacífico se encuentra en categoría de amenaza de preocupación menor que tienen relación con lo que establece la Guía para la Identificación de especies de fauna silvestre sujetas al tráfico y comercio ilegal.

En cuanto a las aves, Morán recalcó que “las aves tienen cortadas sus guías, lo cual impide su liberación inmediata, razón por la cual permanecerán en el Centro entre 6 meses y 1 año en un proceso de recuperación y rehabilitación”.

Joffre Cruz Ochoa conductor del bus accidentado de la Coop San Gabriel fue encontrado culpable

(Redacción Otavalo).- La mañana de este miércoles 14 de marzo en el complejo judicial del cantón Otavalo finalizó la audiencia del fatal accidente de tránsito registrado el pasado 24 de septiembre de 2017 en el redondel de González Suárez, en el cantón Otavalo.

En este accidente estuvo involucrado el bus número 10 de la Cooperativa San Gabriel, y dejó como saldó fatal 14 personas fallecidas y más de 30 heridos.

La jueza que Dr. Verónica Burbano encontró las causales de la ley para determinar qué el sentenciado Joffre Cruz Ochoa conducía el vehículo siniestrado a exceso de velocidad, con exceso de pasajeros y sin licencia de conducir, con todo esto se determinó la culpabilidad de Ochoa y lo sentenció a 5 años de reclusión menor por el delito de muerte culposa.

Además dispuso la suspension de la licencia por 60 días y el pago de 12 salarios,ademas se ha garantizado la reparación integral mediante la presentación de facturas de gastos y de 15mil dólares a los familiares de cada uno de los fallecidos, además de 10 mil dólares a las víctimas del accidente con incapacidad mayor a 90 días y 5mil dólares a las víctimas con incapacidad menor a 90 días, esta reparación integral se la deberá realizar solidariamente entre los propietarios del bus, el sentenciado y la cooperativa San Gabriel en un plazo de 6 meses.

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Dentro de la investigación se determinó que eliminaban multas por fotorradares, entre otros trámites

(Redacción Ibarra).- El jueves 20 de abril del 2017, en un operativo sorpresa, se la Policía Nacional desarticuló una supuesta supuesta red de personas, que se encargaban de realizar trámites en la Empresa Pública de Movilidad MOVIDELNOR EP.

Luego de 10 meses de haberse agotado el trabajo en todas las instancias judiciales, se procedió a la realización de la audiencia de juicio, en donde los magistrados luego de escuchar los testimonios de la Fiscalía y de la defensa, determinaron que de los 12 procesados ocho tenían responsabilidad en el caso de asociación ilícita, por su parte determinaron que cuatro de los procesados no tuvieron participación en el delito y fueron declarados inocentes.

Dentro de los sentenciados se encuentran ex funcionarios públicos vinculados a la empresa de movilidad.

Parte de esta asociación ilícita, la misma que se dedicaba a la matriculación de vehículos de dudosa procedencia, además el levantamiento de prohibiciones de enajenar, cómo también a la remisión de los puntos de las licencias de conducir y también a la tramitación de licencias. La investigación inició el 10 de noviembre del 2016.

Esta organización ilícita tenía “altos contactos” dentro de Movildenor, quienes se encargaban de la tramitación de matriculas, sin que los vehículos estén presentes, así como también el levantamiento de prohibiciones de enajenar sin los documentos de descargo y también a la tramitación de licencias a personas que no aprobaban los exámenes, entre otras acciones.  El informe de Fiscalía además determina que se llegaba a cobrar entre 80 a 2200 dólares, dependiendo de los trámites que se tenían que realizar.

La Fiscalía además procedió a la interceptación de 93 llamadas, las mismas que estarían presuntamente vinculadas a funcionarios del departamento de matriculación y revisión vehicular de Movidelnor,  y que se sostenían con los tramitadores de esta red delictiva.

El delito de asociación ilícita previsto en el artículo 370 del Código Orgánico Integral (COIP), establece pena privativa de libertad de tres a cinco años.

(Suspensión Condicional de la ejecución de la pena)

Los sentenciados dentro de las normas jurídicas vigentes en el estado Ecuatoriano y mediante sus abogados defensores, solicitaron al Juzgado que se realice una audiencia y pidieron la Suspensión Condicional de la pena, en esta audiencia se expondrán los motivos para solicitar este recurso, que de ser favorable evitaría que los ocho sentenciados vayan a prisión.

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