Bajo un fuerte resguardo policial se inició con la audiencia preparatoria de juicio del Caso Mascarilla

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(Redacción Imbabura).- A las 15h00 de este miércoles 28 de noviembre del 2018, se instaló la audiencia preparatoria a juicio del caso “Mascarilla” en donde el joven Andrés Padilla perdió la vida, dentro de un confuso incidente, en el que está involucrado un oficial de policía del GOE.

La audiencia que se venía posponiendo varias ocasiones se instaló en la Corte Provincial de Justicia, en medio de un resguardo policial para evitar incidentes, como los acontecidos en la audiencia de reformulación de cargos efectuada en meses pasados.

El policía David V, único detenido en este caso, y quien se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito, es el único procesado bajo la figura legal de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, mismo que atenderá la audiencia mediante videoconferencia, para precautelar su seguridad.

Cerca de las 16H00 horas se suspendió la audiencia preparatoria de juicio por pedido de la parte defensora en vista de que el alcance de un informe de microscopia

La audiencia fue dirigida por el Juez de la Unidad Judicial Penal el Dr. Niederman Chandi, como secretaria la Abg. Alexandra Loza, fiscal parte acusador el Dr. Edwin Raúl  Andrango Meza.

La fecha y hora de la reinstalación de la audiencia están por confirmarse.

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Familiares de Andrés Padilla solicitan que se reformulen cargos como ejecución extrajudicial

(Redacción Imbabura).- Sebastián Campaña, abogado de la familia de Andrés Padilla, entregó a Fiscalía General del Estado un documento en el que pide reformular los cargos en el caso Mascarilla para que no sea tratado como delito de homicidio o uso excesivo de la fuerza sino como un delito de ejecución extrajudicial.

“Estamos hablando de un futbolista, afroecuatoriano, ex Mushuc Runa, que fue violentado, asesinado por la espalda por parte de un efectivo absolutamente capacitado para diferenciar entre asesinar y hacer uso excesivo de la fuerza”, afirmó Campaña.

En las afueras de la Fiscalía, un grupo de familiares y amigos de Andrés Padilla exigen justicia para el joven ibarreño fallecido el pasado agosto pasado tras una revuelta en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura.

Cabe recordar que, actualmente, se encuentra procesado un integrante de la Policía Nacional, quien es el principal sospechoso de la muerte de Padilla.

Por su parte, Patricio Armijos, abogado del policía procesado, habría presentado un video en el que se puede ver a una mujer disparando el arma. Sin embargo, Campaña, afirmó que dicha mujer ya rindió versión y se descartó que ella portara un arma el día de la revuelta.

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El abogado defensor de David V., confirmó que pericias balísticas descartaron que la bala salió del arma de dotación policial

(Redacción Quito).- Las investigaciones en torno al caso ocurrido en Mascarilla, el pasado 24 de agosto continúan.

Patricio Armijos, abogado de David V., agente de la Policía Nacional investigado por la muerte de Andrés Padilla, en el sector de Mascarrilla, en rueda de prensa realizada en la ciudad de Quito la mañana de este martes, indicó que dentro de la instrucción fiscal que lleva adelante aparecieron nuevos elementos que demostrarían la inocencia de su defendido. “El 5 de septiembre se realizó una experticia de reconocimiento de evidencias, en la Policía Judicial de Ibarra, donde se encontró una esquirla de plomo deformada que no tiene nada ver con el tipo de bala que utiliza la Policía Nacional con sus pistolas de dotación de marca glock”, apuntó el abogado.

Armijos señaló que a partir de esta evidencia se pretende desvirtuar de toda responsabilidad penal a David V. “La esquirla que acabó con la vida de Andrés P. no salió del arma de dotación policial, pero las investigaciones van mucho más allá, presentamos un vídeo que está siendo sometido a análisis, donde se ve que una mujer afrodescendiente disparar un arma artesanal, y presuntamente sería esa bala la que acaba con la vida de Andrés Padilla”.

La mañana de este miércoles se efectuará la audiencia de sustitución de prisión preventiva, en la Corte Provincial de Ibarra, en donde la defensa solicitará la revocatoria a la prisión preventiva del Policía David. V.

Con información de El Telégrafo.

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Ministerio de Salud Pública confirmó caso de Sarampión importado de Venezuela

(Redacción Imbabura),- El Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirma la existencia de un caso de sarampión importado; el paciente es un niño de cinco años de edad, quien ingresó el pasado 27 de marzo por el puente fronterizo de Rumichaca, al norte del país, desde Venezuela.

El paciente presentó síntomas una vez que se instaló al Sur de Quito; el Ministerio de Salud Pública identificó al caso como sospechoso el 29 de marzo, y aisló al paciente en un hospital de la ciudad e instaló el cerco epidemiológico en Quito y Tulcán, con el objetivo de buscar posibles casos en personas que pudieron haber tenido contacto con el niño desde su ingreso al país.

El cerco epidemiológico incluyó la vacunación puerta a puerta en el área de un kilómetro a la redonda del lugar en donde estuvo el niño en Quito y en la zona fronteriza de Rumichaca. Estos protocolos se activan siempre ante un caso sospechoso, aunque no haya sido confirmado por laboratorio (lo que puede tardar varios días), como medida de precaución.

Una vez que fue posible confirmar el caso por laboratorio, este 1 de abril de 2018, las medidas de prevención y el trabajo de los equipos de pronta respuesta continúan a nivel nacional, con la metodología de barrido documentado casa por casa, para la búsqueda activa de casos, y vacunación según el esquema regular temprano o tardío que aplica el Ministerio Salud Pública. El paciente al momento se encuentra evolucionando favorablemente.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa y que puede resultar mortal; afecta sobre todo a niños menores de ocho años. En el Ecuador desde el 2011 no se habían registrado casos de sarampión.

Es importante considerar la vacunación como principal medida de prevención, con una primera dosis que se aplica a los 12 meses de nacido y una segunda dosis a los 18 meses de edad, en el esquema temprano. En caso de no haber recibido la vacuna en esas edades, los menores de 8 años ecuatorianos y menores de 15 años extranjeros deben recibir dos dosis con tiempo intermedio de 6 meses.

El Ministerio de Salud Pública invita a la ciudadanía a colaborar con las brigadas de vacunación que se encuentran desplegadas en todo el territorio, al tiempo que solicita a los padres de familia que verifiquen el esquema completo del carné de vacunación de sus niños y niñas, y en el caso de estar incompleto acudir a la unidad de salud más cercana.

La vacunación se realiza de forma gratuita en todos los centros de salud. Además, brigadas móviles visitan también guarderías, jardines, escuelas, centros comunitarios, mercados, plazas y otros sitios públicos.

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Dentro de la investigación se determinó que eliminaban multas por fotorradares, entre otros trámites

(Redacción Ibarra).- El jueves 20 de abril del 2017, en un operativo sorpresa, se la Policía Nacional desarticuló una supuesta supuesta red de personas, que se encargaban de realizar trámites en la Empresa Pública de Movilidad MOVIDELNOR EP.

Luego de 10 meses de haberse agotado el trabajo en todas las instancias judiciales, se procedió a la realización de la audiencia de juicio, en donde los magistrados luego de escuchar los testimonios de la Fiscalía y de la defensa, determinaron que de los 12 procesados ocho tenían responsabilidad en el caso de asociación ilícita, por su parte determinaron que cuatro de los procesados no tuvieron participación en el delito y fueron declarados inocentes.

Dentro de los sentenciados se encuentran ex funcionarios públicos vinculados a la empresa de movilidad.

Parte de esta asociación ilícita, la misma que se dedicaba a la matriculación de vehículos de dudosa procedencia, además el levantamiento de prohibiciones de enajenar, cómo también a la remisión de los puntos de las licencias de conducir y también a la tramitación de licencias. La investigación inició el 10 de noviembre del 2016.

Esta organización ilícita tenía “altos contactos” dentro de Movildenor, quienes se encargaban de la tramitación de matriculas, sin que los vehículos estén presentes, así como también el levantamiento de prohibiciones de enajenar sin los documentos de descargo y también a la tramitación de licencias a personas que no aprobaban los exámenes, entre otras acciones.  El informe de Fiscalía además determina que se llegaba a cobrar entre 80 a 2200 dólares, dependiendo de los trámites que se tenían que realizar.

La Fiscalía además procedió a la interceptación de 93 llamadas, las mismas que estarían presuntamente vinculadas a funcionarios del departamento de matriculación y revisión vehicular de Movidelnor,  y que se sostenían con los tramitadores de esta red delictiva.

El delito de asociación ilícita previsto en el artículo 370 del Código Orgánico Integral (COIP), establece pena privativa de libertad de tres a cinco años.

(Suspensión Condicional de la ejecución de la pena)

Los sentenciados dentro de las normas jurídicas vigentes en el estado Ecuatoriano y mediante sus abogados defensores, solicitaron al Juzgado que se realice una audiencia y pidieron la Suspensión Condicional de la pena, en esta audiencia se expondrán los motivos para solicitar este recurso, que de ser favorable evitaría que los ocho sentenciados vayan a prisión.

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La Fiscalía solicitará la pena máxima de 40 años de prisión para el responsable de la muerte de Emilia

(Redacción Nacional).- La Fiscalía General del Estado informó este miércoles que tres personas fueron involucradas en el asesinato de la niña lojana Emilia Benavides, de 9 años, cuyo cuerpo apareció incinerado en una quebrada, a un costado de la carretera que conduce a Chuquiribamba, en el noroccidente de Loja.

El Fiscal General del Estado, Carlos Baca, dijo que pedirá la máxima pena de 40 años para el responsable de la muerte de Emilia. Se trata de un caso de trata, violación y asesinato, dijo.

“Estamos consternados por el caso de Emilia y vamos a solicitar a los jueces las penas más severas en contra de los responsables. Tenemos una tarea como sociedad que debemos emprender para que estos hechos no sigan ocurriendo”.

“Luego de las investigaciones en el caso de la niña se formularon cargos en contra de José N., Manuel A., y Tania Y. por concurrencia de delitos”, indicó la entidad en su cuenta de Twitter.

Carlos Baca Mancheno indicó que los tres delitos que se investigan son trata de menores, violación y asesinato.

Por su parte el Gobernador de la provincia de Loja manifestó, que se han encontrado elementos tecnológicos, computadoras que se encuentran en manos de Fiscalía.

Confirmó además que se encuentran en las investigaciones de una presunta red de trata de menores, la misma que según versiones extraoficiales se dedicaría a realizar pornografía infantil en el país, aunque no precisó más detalles comentó que dentro de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, se han allanado algunos domicilios, incluso el local que el presunto autor del crimen arrendaría en el estadio de Loja, fue allanado la mañana de este miércoles por la Policía Nacional.

(Con información de El Universo, Al Momento Loja y EcotelTV)

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La Fiscal recibió este año varias amenazas de muerte, a pesar de ello siguió firme en su trabajo

(Redacción Ibarra).- Diana Salazar recuerda la fecha exacta de su llegada a la Fiscalía. Fue el lunes 16 de julio de 2001, el mismo día que se estrenaba en Ecuador el Código de Procedimiento Penal, una reforma legal que cambió a los fiscales y los convirtió en protagonistas de la investigación penal.

La ibarreña Salazar estudió Jurisprudencia en la Universidad Central, en Quito. Su primer puesto fue como amanuense en las oficinas de la Fiscalía de Pichincha. Aceptó ese cargo, aunque no estaba entre sus preferidos: por su cabeza rondaba la idea de ser una diplomática, pero luego de 16 años y de enamorarse de la investigación criminal se convirtió en la flamante coordinadora de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, liderada por una trilogía de mujeres que ha puesto de cabeza la vida política del país.

Planificación y resultados La creación de la Unidad de Transparencia fue la segunda acción del fiscal de la Nación, Carlos Baca, a su llegada al cargo. Su idea fue contar con un “cuerpo investigativo del más alto nivel profesional, técnico y ético”, para tratar casos de corrupción en el sector público y privado. Para Baca, las agentes Salazar, Ruth Amoroso y Claudia Romero cumplen esos requisitos.

Desde mayo pasado, esa Unidad ocupa el séptimo piso del edificio de Flagrancias de la Fiscalía en Quito. El despacho de Salazar es sencillo. Tiene espacio para un escritorio y una mesa redonda con cuatro sillas donde se reúnen los investigadores para decidir los pasos que darán hasta encontrar la punta del ovillo de los casos asignados. Algunos de ellos han sido tan complicados como el castillo de corrupción que construyó Odebrecht y que ha tocado al vicepresidente Jorge Glas, al excontralor Carlos Pólit, además de varios exfuncionarios y empresarios. Salazar cree, con pasión, que el éxito de una investigación está en la planificación. Cero improvisación.

Por eso exige a sus colegas que desde el inicio se fijen una meta, definan las hipótesis y tracen los caminos para llegar a su objetivo. Esa metodología la conoce Johnny Pallo, alumno de Derecho que trabajó en la Fiscalía. Él está seguro de que la tenacidad y la hoja de vida intachable de Salazar son los pilares de su éxito.

A sus 36 años, Salazar ha dado golpes contundentes contra el crimen organizado y la corrupción transnacional. Lideró el equipo que indagó y encontró a los prófugos de La Roca, la otrora cárcel de máxima seguridad del país; aplacó a la red que sacó toneladas de oro ilegalmente del país y llevó el caso FIFAGate que descubrió los negocios ilegales de Luis Chiriboga, quien fuera el mandamás de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Para la audiencia final de este caso, la joven fiscal preparó a los testigos por un mes y con su equipo afinó los argumentos que presentaría al juez. Todo este trabajo se hizo para que nada fallase y así llegar a la meta: la sentencia contra Luis Chiriboga. Una apuesta por la verdad La investigación contra Luis Chiriboga hizo que Salazar conociera la presión mediática, los apasionamientos y las amenazas.

Por eso prefiere mantener en reserva el nombre de sus familiares, a quienes les debe horas a su lado. Ese esfuerzo -dice- es necesario porque “la ciudadanía requiere saber qué están haciendo los funcionarios públicos”. Y para cumplir ese deseo se creó la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. En 3 meses el trabajo de este equipo ha sido sin respiro.

A la red de Odebrecht se sumaron los escándalos de corrupción en Petroecuador, el IESS y otros que están bajo sigilo. En todos estos expedientes una sombra política está presente y aunque en las manos de Salazar ya no está el caso del vicepresidente Glas, hay otros en carpeta que presume tendrán la misma carga. Ante aquel escenario la respuesta de Salazar es simple: “Yo no soy política”. Ella es fiscal.

(Con información de Diario El Telégrafo)

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