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Video viral en Quito abre debate sobre derecho a la intimidad y la difusión de procedimiento policial

(Redacción Ecuador).- La difusión de un video en el que se observa a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo en Quito ha reactivado el debate sobre los límites legales de este tipo de actos en espacios públicos y el alcance de la intervención policial. El hecho se registró en el sector de La Mariscal, cerca de la Plaza Foch, donde agentes de la Policía Nacional, durante un patrullaje nocturno, sorprendieron a la pareja en el interior de un automóvil estacionado.

En Ecuador, mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo en un espacio público no constituye un delito, ya que esta conducta no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). No obstante, los ocupantes podrían estar expuestos a sanciones administrativas de carácter municipal por el uso indebido del espacio público, así como a intervenciones derivadas de denuncias ciudadanas si se considera que el acto afecta el orden público o la convivencia.

Además, podrían generarse otras infracciones si el vehículo se encuentra estacionado en un lugar no permitido o agravantes como la participación de menores de edad, la falta de consentimiento o la presencia de violencia, casos en los que se configuraría un delito contra la integridad sexual.

Expertos señalan que, si bien los agentes están facultados para realizar controles en espacios públicos, deben actuar bajo principios de proporcionalidad y respeto a los derechos ciudadanos. La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la privacidad, la honra y la imagen personal. Aunque un vehículo no tiene la misma protección que un domicilio, sí existe una expectativa razonable de intimidad que exige intervenciones prudentes.

CASOS ANTERIORES EN EL PAÍS

En marzo de 2022, se difundió un video en el que se observaba a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo estacionado en un terreno baldío en Guayaquil, situación en la que intervinieron agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). En ese entonces, la entidad aclaró que el material no fue grabado por su personal, sino que fue difundido por un ciudadano.

Otro hecho ocurrió el 24 de junio de 2023, cuando una pareja fue captada manteniendo relaciones sexuales en una cabina de la Aerovía, un sistema que prohíbe expresamente la realización de “actos indebidos que atenten contra las buenas costumbres”. El video fue posteriormente viralizado en redes sociales por un operador, a partir de imágenes obtenidas del sistema de vigilancia del Consorcio Aerosuspendido Guayaquil.

En estos casos, la difusión de este tipo de contenido sin consentimiento podría constituir el delito de violación a la intimidad, sancionado con penas de uno a tres años de prisión, de acuerdo con el artículo 178 del COIP. En el ámbito administrativo, algunos municipios han regulado estas conductas; por ejemplo, el Municipio de Pastaza mantiene vigente, desde 2016, una ordenanza que prohíbe mantener relaciones sexuales en espacios públicos como calles, plazas, aceras, parques y escenarios deportivos.

Este nuevo suceso en Quito evidencia los vacíos y límites de la normativa ecuatoriana frente a conductas en espacios públicos. Aunque mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo no constituye un delito penal, sí puede generar sanciones administrativas y la intervención de las autoridades cuando se considera que afecta el orden o la convivencia. Sin embargo, la polémica se centra en el manejo del procedimiento y la posible vulneración a la intimidad, especialmente por la grabación y difusión del hecho.

Publicación en redes sociales genera inquietud en la comunidad universitaria de Ibarra

Redacción Ibarra.– Publicaciones difundidas recientemente a través de redes sociales han generado preocupación en parte de la comunidad universitaria, luego de que una estudiante expusiera públicamente presuntas situaciones de intimidación, abuso de confianza y posible acoso que, según su relato, involucrarían a un docente vinculado a la Universidad Técnica del Norte. De acuerdo con lo compartido en internet, el docente estaría relacionado con la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología (FECYT), en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Matemática.

La información fue publicada inicialmente por una estudiante en sus redes sociales y posteriormente comenzó a circular con rapidez, generando comentarios y reacciones de otros usuarios. En dichas publicaciones, algunas personas que se identifican como estudiantes también habrían compartido experiencias o testimonios similares; sin embargo, hasta el momento se trata de versiones difundidas en el ámbito digital.

Según lo expuesto en esas publicaciones, el docente —quien habría desempeñado funciones de coordinación académica— presuntamente habría utilizado su posición de autoridad para ejercer presión sobre estudiantes, mencionándose supuestos ofrecimientos de beneficios académicos a cambio de encuentros personales.

Entre los señalamientos que circulan en redes se mencionan presuntas propuestas relacionadas con la aprobación de exámenes complexivos a cambio de “salir a comer”, insinuaciones vinculadas al pago de arriendos a cambio de favores personales y reiteradas invitaciones para que estudiantes abordaran su vehículo particular. Asimismo, se afirma en estas publicaciones que el docente habría enviado mensajes privados solicitando ser invitado a los dormitorios de algunas alumnas.

Otro de los aspectos mencionados en los testimonios difundidos en redes sociales es el supuesto uso de advertencias relacionadas con evaluaciones académicas. De acuerdo con lo publicado por las denunciantes, el docente habría manifestado que podía identificar a los estudiantes que emitían calificaciones negativas en las evaluaciones docentes, lo que habría sido interpretado por algunas alumnas como una posible insinuación de represalias.

Las estudiantes también sostienen que estos hechos habrían sido reportados con anterioridad ante instancias internas de la universidad, entre ellas el Departamento de Bienestar Estudiantil, incluso con la presentación de material audiovisual como evidencia. Sin embargo, aseguran que no se habrían adoptado medidas concretas y que el docente continuó impartiendo clases, situación que —según indican— generó temor entre quienes decidieron denunciar.

Ante esta situación, este medio solicitó un pronunciamiento a la Universidad Técnica del Norte. Desde la Dirección de Comunicación de la institución se informó que la universidad ha actuado dentro de sus competencias y respetando la normativa interna que regula este tipo de casos, garantizando los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria.

Además, señalaron que, para verificar la información difundida en redes sociales, solicitaron que se remita la denuncia pública completa con el fin de revisar su contenido de manera formal. Desde la institución también indicaron que no es posible emitir pronunciamientos sobre hechos presuntos o información no verificada, ya que —según manifestaron— esto podría afectar la honra y los derechos de las personas eventualmente involucradas.

La detención de un sospechoso reabre el caso del asesinato del artista Dany Javier

(Redacción Ibarra).- La muerte del artista imbabureño Javier Renán Burbano, conocido en el ambiente artístico como “Dany Javier”, vuelve a ocupar la atención pública tras la reciente detención del principal sospechoso en el caso ocurrido en diciembre de 2020.

El cuerpo del cantante fue hallado el 23 de diciembre de ese año en una quebrada del cantón. El artista había sido reportado como desaparecido desde el 20 de diciembre por sus familiares. Según la información proporcionada en ese entonces, fue encontrado con varios golpes contundentes en su cuerpo. Su fallecimiento dejó en la orfandad a cuatro menores de edad y causó profunda consternación en la comunidad cultural de Imbabura.

Cinco años después, en un operativo de control y vigilancia ejecutado por las fuerzas del orden, se confirmó la detención del ciudadano Milton A., quien mantenía una boleta de captura vigente por su presunta participación en el delito de asesinato. El ciudadano es señalado por las autoridades como el principal sospechoso en la muerte violenta del artista pimampireño.

La captura se registró en el centro de la ciudad de Ibarra, en las calles Sánchez y Cifuentes, junto al Parque Germán Grijalva. De acuerdo con el parte policial, los agentes procedieron a la verificación de datos del individuo mediante el sistema informático institucional, el cual arrojó una alerta de restricción de libertad emitida por autoridades judiciales competentes. El ciudadano transitaba por la vía pública al momento de su intercepción y no habría presentado resistencia inicial.

Según información del proceso investigativo, las pruebas recabadas por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) lo identifican como el principal sospechoso del crimen. No obstante, fuentes cercanas al caso señalan que, de no realizarse oportunamente las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía, el detenido podría recuperar su libertad en un plazo de 24 horas, conforme a los plazos legales establecidos.

Ecuador cierra el año con cifras positivas, pero Imbabura no logró recuperarse

(Redacción Imbabura).– Ecuador concluye el año 2025 con resultados económicos favorables, pese a las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, entre ellas el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 %, vigente desde el 1 de abril de 2024 para financiar el conflicto armado interno y reforzar la seguridad, y que se mantuvo durante todo 2025. Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) y el INEC, el país logró sostener el crecimiento económico a pesar de un contexto internacional adverso y de la caída del precio del petróleo WTI a USD 57,44 por barril. En este escenario, el riesgo país se redujo de 1.211 a 508 puntos, reflejando una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para la inversión y el financiamiento.

El fortalecimiento económico se refleja en la solidez del sistema financiero. El Banco Central reporta que las reservas internacionales crecieron 37,9 %, alcanzando USD 9.516 millones, mientras que los depósitos de la banca privada aumentaron 15,1 %, hasta USD 59.336 millones. A esto se suma un crecimiento del 8 % en las exportaciones y la recuperación de sectores clave como la construcción (6,7 %) y la agricultura (10,1 %).

Estos avances también se evidencian en los hogares. Según el INEC, la inflación bajó de 1,51 % a 1,05 %, el empleo adecuado subió de 33 % a 37,4 %, y la pobreza total se redujo de 28 % a 24 %. El mayor dinamismo económico se reflejó en el consumo interno, con ventas proyectadas por USD 231.530 millones, superiores a las registradas en 2024.

No obstante, esta recuperación nacional no se ha reflejado con la misma intensidad en la provincia de Imbabura. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) estima pérdidas económicas de entre USD 90 millones y USD 100 millones tras más de un mes de protestas y paralizaciones. A estas afectaciones se sumaron pérdidas cuantiosas para la provincia al perder el feriado de cuatro días por la Independencia de Guayaquil, del 9 al 12 de octubre, periodo en el que, a escala nacional, la reducción temporal del IVA al 8 % impulsó significativamente la actividad turística. Mientras otras provincias registraron alta afluencia de visitantes, Imbabura permaneció sitiada y sin turismo, profundizando el impacto económico del paro. Posteriormente, durante el feriado de Finados de noviembre, pese a los esfuerzos de reactivación y a la reducción temporal del IVA del 15 % al 8 % para servicios turísticos específicos en Carchi, Imbabura, Cayambe y Pedro Moncayo, entre el 1 y el 4 de noviembre, la provincia apenas reportó un crecimiento económico del 6,4 % y una ocupación turística del 38,6 %. Aunque esta cifra superó el 31,3 % registrado en 2024, sigue siendo insuficiente para una recuperación sostenida. En ese período se contabilizaron 33.400 viajes, con un gasto turístico total de USD 1,84 millones.

Tras el paro indígena de 2025, que afectó gravemente a Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha, el Gobierno del presidente Daniel Noboa implementó el plan de reactivación “Firmes con Noboa”, que incluyó el Bono Emprende de USD 1.000 dirigido a comerciantes y pequeños emprendedores afectados por el cierre de vías y la paralización de actividades. De manera complementaria, la Prefectura de Imbabura y las alcaldías de los cinco cantones de la provincia articularon eventos y actividades orientadas a impulsar la reactivación económica local; sin embargo, estas acciones no lograron generar resultados sostenidos ni de alto impacto. Si bien estos incentivos representaron un alivio temporal y permitieron inyectar liquidez en la economía local, los indicadores reflejan que, al cierre de 2025, Imbabura aún no logra una recuperación plena, convirtiéndose en una excepción dentro del balance económico positivo que registra el país.

Delincuentes amedrentan a conductor, lo despojan de su vehículo y lo abandonan en la vía E35 rumbo a San Lorenzo

(Redacción Imbabura).- Un nuevo caso de robo bajo engaño se registró la tarde de ayer en Ibarra. Según la denuncia presentada por la familia de la víctima, dos individuos contactaron a un ciudadano que se dedica a realizar fletes, solicitando sus servicios para trasladar una supuesta nevera vieja desde el domicilio a un depósito de chatarra.

El viaje, inicialmente acordado dentro de la ciudad, cambió de rumbo cuando los supuestos clientes indicaron que el destino final sería San Lorenzo. Al circular por la vía E35, a la altura de la Estación de Transferencia de Socapamba, los delincuentes amenazaron al conductor con un cuchillo y lo obligaron a detener la marcha. Luego se apoderaron de la camioneta, intercambiaron asientos y lo mantuvieron retenido dentro del vehículo mientras lo amedrentaban.

El afectado fue abandonado varios kilómetros más adelante, en plena vía, durante la noche. Según relató su hija, tras permanecer retenido por varias horas, el hombre logró comunicarse para pedir ayuda y alertar sobre lo ocurrido. El hecho ya fue reportado a la Policía Nacional, mientras que las autoridades recomiendan a los transportistas extremar precauciones y evitar realizar viajes con desconocidos sin una verificación previa del servicio.

Asesinan testigo protegido en el caso de sicariato en Bellavista de San Antonio

(Redacción Imbabura).- Un testigo protegido, considerado pieza fundamental en la investigación por el asesinato de tres personas ocurrido el pasado 13 de febrero en el sector Bellavista de San Antonio, fue asesinado la madrugada de este miércoles 21 de mayo en el barrio El Empedrado.

La víctima, cuya identidad permanece en reserva por disposiciones legales, fue hallada con tres impactos de bala. Según fuentes judiciales, el testimonio que había entregado resultaba clave para sustentar los cargos de la Fiscalía contra los presuntos autores intelectuales y materiales del crimen.

De acuerdo con información preliminar, el hombre se encontraba bajo custodia del programa de protección de testigos, pero habría abandonado su lugar de resguardo por motivos que aún se investigan.

EL CASO

El pasado 13 de febrero, tres personas fueron asesinadas mediante sicariato en el sector de Bellavista. Las víctimas viajaban en una camioneta de transporte público cuando fueron interceptadas por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el vehículo. El conductor sobrevivió con heridas.

La policía informó que las víctimas posiblemente estarían vinculadas a un grupo delictivo organizado (GDO), una hipótesis que sigue bajo análisis en el proceso investigativo.

Caso Lago San Pablo: Fiscalía investiga a la Alcaldía de Otavalo por posible delito contra el agua

(Redacción Otavalo).- La situación legal de la alcaldesa de Otavalo podría complicarse tras el reciente pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que confirmó haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Imbabura por un presunto delito contra el agua, en relación con la crítica situación ambiental del lago San Pablo.

El comunicado, emitido el lunes 6 de mayo, también ratifica que el municipio de Otavalo y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-O) se encuentran inmersos en un procedimiento administrativo sancionador abierto por el mismo Ministerio, a la que se suma esta denuncia penal por delitos contra el agua, tipificada en artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes contaminen, desequen o alteren cuerpos de agua y recursos hidrobiológicos, provocando daños graves al ambiente.

Como parte del proceso sancionador, el MAATE espera que en un plazo máximo de quince días, se entreguen los resultados de los análisis realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), los cuales serán incorporados como elementos probatorios en la causa administrativa que lleva adelante el Ministerio.

Por su parte, la Fiscalía será la encarga de recoger las pruebas, elementos de convicción, informes técnicos, testimonios y demás elementos necesarios para determinar el grado de responsabilidad de los actuales administradores de la ciudad, como de la Empresa de Agua Potable de Otavalo y los posibles involucrados en este delito penal.

Como antecedente, un caso similar se registró en Cuenca, en el año 2019. En esa ocasión, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay encontró culpable a Lorenzo C., quién contaminó gravemente el agua de la quebrada Cachihuayco y alteró con esto su estado natural, dentro de las sanciones el ciudadano enfrentó una pena privativa de libertad de tres años, además debió cumplir con medidas de reparación integral como la limpieza del área afectada, la siembra de 1.000 árboles y disculpas públicas en medios de comunicación y espacios comunitarios.

Según el COIP, contaminar o alterar cuerpos de agua es considerado un delito ambiental grave. En caso de comprobarse la responsabilidad de los actuales funcionarios municipales, las sanciones podrían escalar hasta afectar directamente a las autoridades responsables del manejo de los sistemas de tratamiento de agua residual que se descargan en este lago.

El futuro del caso dependerá del avance de las investigaciones y del informe técnico que emitirá ARCA en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía y colectivos ambientales exigen respuestas claras y acciones concretas para proteger el lago San Pablo, frente al silencio de la Alcaldía de Otavalo, que hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, generando desconcierto e incertidumbre en la población.

Galo O. decía que es el Intendente de Policía para recibir licor y atenciones gratuitas en bares, karaokes y centros de tolerancia

(Redacción Ibarra).- La novela de un presunto caso de corrupción en la liberación de vehículos en Movidelnor da un nuevo giro. Galo O., quien se encuentra investigado por presuntamente cobrar para liberar vehículos en la Empresa de Movilidad, enfrenta un nuevo proceso judicial, esta vez por usurpación y simulación de funciones públicas; según una denuncia, se hacía pasar por Intendente de Policía para solicitar favores en bares y centros de tolerancia.

En la denuncia que llegó el pasado 14 de marzo al despacho del Gobernador de Imbabura, Juan Sebastián Echeverría, una ciudadana propietaria de un bar en la ciudad de Ibarra manifestó que Galo O, se acercó el 22 de febrero del 2025 a las 23h35 diciendo que es el Intendente de Policía de Imbabura y le solicitaba los permisos de funcionamiento del bar. La propietaria del establecimiento entregó los permisos, pero le faltaba un papel. En ese instante, Galo O. manifestó que la situación se podría resolver si la propietaria le daba una botella de licor para ayudarle con este trámite.

La propietaria, por el miedo a una inminente clausura, procedió a atenderle a él y a un servidor policial que también está siendo investigado. En las cámaras de seguridad del sitio quedó registrado cómo Galo O. disfrutaba del licor y las atenciones de los propietarios, quienes tuvieron incluso que abrir hasta altas horas de la noche, para que los acompañantes de Galo O. pudieran disfrutar de la velada.

Sin embargo, la diversión le duró poco. La propietaria del bar se llevó la sorpresa de su vida cuando miró una entrevista en un medio de comunicación local, en donde el presunto intendente de Policía de Imbabura se presentaba como exfuncionario de Movidelnor EP y, además, manifestó que había laborado por más de dos años y, para sorpresa, se defendía y presentaba pruebas de descargo de un presunto caso de cobros indebidos en la liberación de vehículos en Movidelnor EP, por lo que fue despedido de la institución.

La indignación de la propietaria fue tal que, con el patrocinio de su abogado, dirigió una carta a la Gobernación de Imbabura para poner en conocimiento de la primera autoridad de la provincia este caso. El Gobernador, por su parte, acudió a la fiscalía de Administración Pública, en donde se aperturó una investigación por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

Esta no sería la única denuncia que recae sobre Galo O., ya que según se conoce en la Gobernación de Imbabura, existirían al menos tres propietarios más que han sido abordados por el presunto intendente de Policía.

Según el artículo 287 del Código Integral Penal (COIP), ese delito es sancionado con cárcel de uno a tres años. 

Dos policías en servicio activo vinculados como presuntos responsables de la desaparición y muerte de Francisco Cajigas en Yahuarcocha

(Redacción Ibarra).- Más de nueve años tuvieron que pasar para que la justicia ecuatoriana determine responsabilidades de la desaparición y muerte de Francisco Cajigas, un colombiano oriundo de Pasto que murió en el año 2015 en Ibarra.

Francisco desapareció el 17 de noviembre de 2015 en la ciudad de Ibarra, luego de ser detenido por miembros de la Policía Nacional, por un escándalo público. Trece días después, 30 de noviembre de ese año, fue localizado sin vida en las inmediaciones de la laguna de Yahuarcocha.

Desde ese día el calvario para la familia Cajigas Botina empezó, el cuerpo de Francisco fue trasladado al Centro de Investigación de Ciencias Forenses de la Fiscalía General en la ciudad de Esmeraldas para la realización del protocolo de autopsia. El 12 de diciembre del 2015, el cuerpo fue entregado luego de que, supuestamente, se le realizará la necropsia. Ese día, las personas de Medicina Legal advirtieron a los familiares de que el cuerpo por su alto estado de descomposición está embalado y listo y que no abran la bolsa de embajale, ya que causaría un gran impacto para la familia.

El 20 de mayo de 2016, por pedido de la familia y por disposición de Jefferson Ibarra, fiscal del caso, se realizó la exhumación del cuerpo de Francisco que fue enterrado en el cementerio de la ciudad de Pasto en Colombia. Tras realizar, la exhumación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el equipo de Medicina Legal de Nariño, el antropólogo de la ciudad de Bogotá, el fiscal del caso, los miembros de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y el representante del Ministerio del Interior- Ecuador informaron que el cuerpo de Francisco no estaba completo, le faltaba su cabeza.

El 25 de mayo, el director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado, Fidel Jaramillo se comprometió a darnos respuesta de lo ocurrido con el cráneo: su ubicación y su estado, en un período de 15 días; la identificación ADN del cráneo para confirmar la identidad de Francisco Javier; y a realizar un acto de entrega del cráneo y pedido de disculpas a los familiares, según el informe del perito colombiano, el cráneo fue sometido a un proceso químico el mismo que permitió que se borraran los indicios del mismo.

Luego de varias protestas, marchas y plantones por parte de los familiares de Francisco, tanto en Ecuador como en Colombia, el Fiscal que lleva el caso la mañana de este jueves 27 de junio del 2024, solicitó al juez Mauricio Cahueñas, la vinculación, formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal para dos miembros de la Policía Nacional, quienes serían los presuntos responsables de la detención, muerte y desaparición de Francisco Cajigas.

Los uniformados se encuentran, desde ayer, con medidas sustitutivas y deberán presentarse de forma semanal en el juzgado además de que se les impuso una prohibición de ausentarse del país. En este mismo caso fueron procesados y declarados inocentes, tres funcionarios del Centro Forense de Esmeraldas, sin que aún se esclarezca la situación del quién borró las evidencias del cráneo de Cajigas.

Los policías que fueron vinculados a esta desaparición con resultado de muerte, tuvieron varias contradicciones e inconsistencias en sus versiones, las mismas que fueron determinantes para tomar la decisión de vincularles como presuntos autores de este crimen.

En uno de los casos, la fiscalía determinó que no existió concordancia con las versiones rendidas por los policías, los mismos que manifestaron diferentes versiones producto de la detención del ciudadano colombiano, además no se pudo comprobar con las cámaras de videovigilancia del sector los momentos que narraron los servidores policiales.

Fredy Estévez, candidato a la Alcaldía de Ibarra habría participado en el ocultamiento de un caso de violación a una menor de edad

(Redacción Ibarra).- La mañana de este sábado 07 de enero del 2023, trascendió en redes sociales un audio del candidato a la Alcaldía de Ibarra, por la Izquierda Democrática Fredy Estévez, que hablaría de un supuesto caso de violación del que habría participado años atrás.

El audio de más de 10 min, en el que se escucha en interacción a Estévez, habla de un caso de presunta violación que habría sucedido cuando el ahora candidato era Gerente en Coca Cola.

En el audio Estévez se identifica como Concejal del Municipio (de Ibarra) “Yo estaba en el municipio y la señora vino a presentarme una denuncia porque es una conocida mía; yo soy concejal de Ibarra por si acaso le aviso”

Luego, se escucha decir al entonces concejal, que una persona se ha acercado a la oficina a ponerle una denuncia sobre un caso de violación, a lo que Estévez responde   “Yo le entiendo, yo soy hombre a mi me pasó algo parecido a mi me hicieron eso, me sacaron plata a mi me estafaron, yo era gerente de Coca Cola y una mocosa de 16 años fue y se pegó trago conmigo y los Policías se hicieron con ella y me cayeron a mi, me tocó pagar 5 mil dólares por haberle dado a la -guambra eh mierda esa-“ cierra la acotación recalcando que pagó 5 mil dólares.

Para Marcela Mena, miembro de la Colectiva Feminista «Mujeres con Nombre» este tipo de violaciones son recurrentes en el sistema ecuatoriano, existen muchos casos en los que el violador, llega a «un acuerdo», acuerdos que muchas veces son gestionados por quienes «representa» a las menores, para evitar la cárcel o judicializar el caso. «Se ha normalizado estos «acuerdos» y así las victimas son silenciadas por terceros y esto hace que la violencia en el país sea sistémica y las violaciones a «las menores» se resuelvan en acuerdos económicos y no se judicialicen.» Agregó Mena.

Nuestra redacción consultó con el candidato Estévez y solicitó comentarios sobre este audio, sin embargo hasta el cierre de edición no recibimos respuesta alguna, ni tampoco de su equipo de campaña.

AUDIO FREDY ESTEVEZ

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