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Ley seca regirá en todo el país en el marco de las elecciones de este domingo

(Redacción Imbabura).- En el marco de las elecciones que se desarrollarán este domingo en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que se aplicará ley seca a nivel nacional como parte de las medidas obligatorias establecidas para garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y sin interferencias.

De acuerdo con el Código de la Democracia, la restricción inicia 36 horas antes del día de los comicios y se mantiene hasta 12 horas después. Para esta jornada, la medida regirá desde las 12h00 del viernes y se extenderá hasta las 12h00 del lunes. Durante ese periodo queda prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, tiendas, bares, restaurantes y cualquier establecimiento comercial.

El CNE aclaró que el incumplimiento de la ley seca conlleva sanciones económicas. Quienes expendan o consuman bebidas alcohólicas durante la vigencia de la prohibición, o quienes intenten ingresar a los recintos electorales en estado etílico, se enfrentarán a una multa equivalente al 50% del Salario Básico Unificado (SBU).
Para 2025, el SBU en Ecuador es de USD 470, por lo que la sanción asciende a USD 235.

Además, los establecimientos que violen esta disposición podrían enfrentar sanciones adicionales, incluyendo clausuras temporales o definitivas según la gravedad de la infracción.

La Policía Nacional y los gobiernos locales ejecutarán operativos de control desde este viernes para garantizar el cumplimiento de la norma en todo el territorio. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y respetar las disposiciones vigentes durante este proceso electoral

Ministerio de Ambiente denunció el ataque a tubería que paralizó suministro de agua potable en Ibarra

(Redacción Ibarra).- El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado tras la suspensión del servicio de agua potable en Ibarra, ocurrida el pasado 28 de septiembre de 2025.

Según la institución, en redes sociales circularon videos que muestran a un grupo de personas dañando intencionalmente tuberías del sistema de distribución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA). La rotura se produjo debajo del puente de Rumipamba, lo que provocó la suspensión del servicio en varios sectores de las parroquias La Esperanza y Caranqui, además de una reducción en la presión del agua en otras zonas de la ciudad. Las cuadrillas de obreros de EMAPA no pudieron acceder al punto afectado para realizar la reparación debido a la presencia de manifestantes, por lo que el servicio permaneció interrumpido hasta el día siguiente.

La denuncia se sustenta en el presunto delito de paralización de servicio público, contemplado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El MAE manifestó su rechazo a cualquier acción que atente contra la infraestructura pública y que ponga en riesgo derechos fundamentales, como el acceso al agua potable. Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno Nacional de proteger los servicios básicos y garantizar que la población tenga acceso a este recurso vital en todo el país.

Dos hermanos sentenciados a 26 años de prisión por asesinato en Urcuquí

(Redacción Urcuquí).- Luego de haber valorado las pruebas presentadas por Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura sentenció a veintiséis años de pena privativa de libertad a los hermanos Fawer Rigoberto N. y Cristian Alexander N., como autores del asesinato de un joven de 22 años.

La Fiscal del caso indició que los hechos ocurrieron en el cantón Urcuquí, la madrugada del 11 de agosto de 2024, cuando la víctima se dirigía a su domicilio luego de participar en una fiesta popular. El joven fue emboscado por los ahora sentenciados, quienes le agredieron hasta acabar con su vida.

Entre los elementos probatorios que presentó Fiscalía constan: la autopsia médico-legal, que determinó que la víctima sufrió una muerte violenta debido a una fractura de cráneo que le provocó una laceración cerebral, hemorragia subaracnoidea postraumática y traumatismo craneoencefálico.

Los testimonios de las peritas de entorno social y psicología concluyeron que la víctima había sido amenazada anteriormente por los sentenciados, quienes pertenecían a un grupo delincuencial que atemorizaba a los jóvenes del cantón; además, señalaron que los condenados tienen una personalidad antisocial.

El informe técnico pericial de audio, video y afines, efectuado a los teléfonos celulares de los procesados, reveló que planificaron el hecho y que el objetivo era acabar con la vida de la víctima.

Asimismo, los testigos presenciales reconocieron a los agresores y detallaron como pusieron en indefensión a la víctima hasta terminar con su vida. Toda esta información fue corroborada por el personal de la Dinased de Imbabura, que participó en la investigación de esta causa.

⚖️ 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚

Este caso se judicializó por el delito de asesinato tipificado en el artículo 140, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Juez constitucional falla a favor del lago San Pablo y ordena ejecutar un plan de remediación ambiental

(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.

El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.

El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.

Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.

Se sustraen una motocicleta con la Gobernación a metros y cámaras de seguridad en la zona

(Redacción Imbabura).- Ni la cercanía con las instituciones públicas disuade a la delincuencia. A las 15:36 de este miércoles, se registró el robo de una motocicleta en plena vía pública, en la calle Sánchez y Cifuentes y Velasco, a escasos pasos de la Gobernación de Imbabura en Ibarra.

Según reportes ciudadanos que llegaron a esta redacción, el hecho quedó grabado por cámaras de videovigilancia del sector. En los registros se observa a un sujeto que, con total tranquilidad, sustrae el vehículo que se encontraba estacionado y se da a la fuga sin mayor dificultad.

Transeúntes, comerciantes y moradores de la zona reclaman mayor presencia policial, mientras que las autoridades ya tendrían en su poder los videos del suceso, lo que permitiría identificar al responsable del delito.

Caso Lago San Pablo: Fiscalía investiga a la Alcaldía de Otavalo por posible delito contra el agua

(Redacción Otavalo).- La situación legal de la alcaldesa de Otavalo podría complicarse tras el reciente pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que confirmó haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Imbabura por un presunto delito contra el agua, en relación con la crítica situación ambiental del lago San Pablo.

El comunicado, emitido el lunes 6 de mayo, también ratifica que el municipio de Otavalo y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-O) se encuentran inmersos en un procedimiento administrativo sancionador abierto por el mismo Ministerio, a la que se suma esta denuncia penal por delitos contra el agua, tipificada en artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes contaminen, desequen o alteren cuerpos de agua y recursos hidrobiológicos, provocando daños graves al ambiente.

Como parte del proceso sancionador, el MAATE espera que en un plazo máximo de quince días, se entreguen los resultados de los análisis realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), los cuales serán incorporados como elementos probatorios en la causa administrativa que lleva adelante el Ministerio.

Por su parte, la Fiscalía será la encarga de recoger las pruebas, elementos de convicción, informes técnicos, testimonios y demás elementos necesarios para determinar el grado de responsabilidad de los actuales administradores de la ciudad, como de la Empresa de Agua Potable de Otavalo y los posibles involucrados en este delito penal.

Como antecedente, un caso similar se registró en Cuenca, en el año 2019. En esa ocasión, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay encontró culpable a Lorenzo C., quién contaminó gravemente el agua de la quebrada Cachihuayco y alteró con esto su estado natural, dentro de las sanciones el ciudadano enfrentó una pena privativa de libertad de tres años, además debió cumplir con medidas de reparación integral como la limpieza del área afectada, la siembra de 1.000 árboles y disculpas públicas en medios de comunicación y espacios comunitarios.

Según el COIP, contaminar o alterar cuerpos de agua es considerado un delito ambiental grave. En caso de comprobarse la responsabilidad de los actuales funcionarios municipales, las sanciones podrían escalar hasta afectar directamente a las autoridades responsables del manejo de los sistemas de tratamiento de agua residual que se descargan en este lago.

El futuro del caso dependerá del avance de las investigaciones y del informe técnico que emitirá ARCA en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía y colectivos ambientales exigen respuestas claras y acciones concretas para proteger el lago San Pablo, frente al silencio de la Alcaldía de Otavalo, que hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, generando desconcierto e incertidumbre en la población.

Ministerio de Ambiente inició un proceso administrativo sancionador en contra de la Alcaldía de Otavalo por contaminación del Lago San Pablo

(Redacción Otavalo).- El lago San Pablo, uno de los cuerpos de agua más emblemáticos del Ecuador y símbolo natural de Imbabura, atraviesa una crisis ambiental alarmante. El nivel de contaminación se sitúa en 7 sobre 10, lo que lo coloca en una categoría crítica según los estándares del Ministerio del Ambiente. Cada hora, aproximadamente 68.000 litros de aguas residuales se vierten directamente en el lago, situación agravada por las 14 plantas de tratamiento que se encuentran inoperativas en la cuenca del lago. Aunque la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, conoce la problemática, no ha presentado un plan de acción concreto para remediar el daño.

Frente a esta situación, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), a través de su Dirección Zonal 1, ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra el Municipio de Otavalo por el incumplimiento de las normativas ambientales vigentes. Este proceso se fundamenta en el artículo 151, literal c) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamientos del Agua, que tipifica como infracción muy grave el vertido de aguas contaminadas al dominio hídrico público sin previo tratamiento y de encontrarse culpables se podrá sancionar hasta con una multa de cinco a once salarios básicos.

La viceministra de Ambiente, María Luisa Cruz, visitó el lago San Pablo junto con personeros de la Agencia de Regulación y Control del Agua, quienes tomaron muestras de agua en puntos estratégicos para evaluar técnicamente el impacto ambiental y contar con la información actualizada. Esta inspección además servirá para sustentar el proceso sancionador que se inició en contra de la Alcaldía de Otavalo, por una infracción ambiental grave. Por su parte, el gobernador de Imbabura, Juan Sebastián Echeverría, fue enfático al indicar que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, advirtiendo que deberán enfrentar sanciones administrativas y posiblemente penales.

El proceso sancionatorio que inició el MAATE en contra de la Alcaldía de Otavalo está en marcha y el Municipio de Otavalo tendrá una semana para mostrar sus descargos sobre las acciones que ha realizado para mitigar el daño causado en el cuerpo de agua.

Nuestra redacción buscó contactarse con las personas encargadas de Ambiente de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, pero hasta el cierre de esta noticia no se recibió una respuesta.

Estas acciones tardías buscan frenar el deterioro del lago, proteger su valor ecológico y evitar que se pierda la denominación como geoparque mundial otorgada por la UNESCO desde 2019.

Cae uno de los cabezillas de una banda que se dedicaba a robar celulares en Ibarra

(Redacción Ibarra).- Tras una persecución ininterrumpida, servidores policiales aprehendieron al ciudadano Pablo Andrés I. P. de 33 años de edad, presunto miembro de una peligrosa organización delictiva que cometía asalto y robo con armas de fuego.

La oportuna denuncia de una víctima a través del ECU 911, permitió la rápida acción de los servidores policiales. En la parroquia San Antonio, a las 19h20 aproximadamente del miércoles 1 de mayo, el sujeto habría amenazado con arma de fuego para sustraerle su teléfono celular.

Los servidores policiales iniciaron el operativo de localización y captura del sujeto, quien fue localizado pocos minutos después en el barrio Pugacho, al sur de la ciudad. En su poder encontraron el arma de fuego tipo revólver calibre 22 mm con 3 cartuchos sin percutir y una vaina percutida.

Además, encontraron una mochila con vestimenta, un gas pimienta, siete teléfonos celulares valorados en un monto aproximado de 3 mil dólares; cinco chip de celulares y dos tarjetas micro SD.

Datos

Alrededor de 6 personas habrían sido las víctimas de este grupo delincuencial, tres de ellas denunciaron los hechos. El sujeto aprehendido fue reconocido como uno de los autores de los delitos.

La investigación da cuenta que este grupo delictivo se moviliza en motocicletas y un vehículo.

Antecedentes

El ciudadano aprehendido registra una detención en el año 2016 por el mismo delito de robo.

Nueva modalidad de delito: El secuestro de mascotas va en aumento

(Redacción Imbabura).- Una nueva modalidad de robo y secuestro a mascotas se denuncia en de redes sociales, se trataría de un tipo de extorsión para devolver a una mascota que fue robada de la casa y secuestrada.

Pilar, (nombre protegido) revela como un día salió a su trabajo normalmente, dejando a su mascota en el patio de su casa hasta ella poder volver a la hora del almuerzo, al llegar a su casa luego de varias horas, se dio cuenta que su perrito «Rocky» un schnauzer mediano no estaba en el patio, consultó con los vecinos buscó cuadras alrededor pero su búsqueda fue infructuosa, ella pensó que «Rocky» saltó la verja de su casa y se fue, sin embargo al revisar las cámaras de seguridad de los vecinos, se observa como un grupo de ciudadanos en situación de movilidad, merodean la casa, ofrecen al parecer comida al canino y cuando llega a la reja se lo llevan con rumbo desconocido.

La historia no termina ahí, ella por medio de redes sociales empezó a generar alertas sobre la desaparición de «Rocky» y a las pocas horas recibió una llamada manifestando que sabía donde se encontraba su perro, pero que tendría que pagar la cantidad de 150 dólares para recuperarlo. «Yo dije está bien hay que pagar una recompensa a una persona que cuidó a mi perro por unas horas, pero no 150 dólares» manifestó.

Los antisociales, que para Pilar tenían acento extranjero, empezaron con amenazas a solicitar el dinero o sino atentarían contra la vida de «Rocky», finalmente ella accedió a dar un poco de dinero, más no la cantidad exigida y fue comunicada que su perro lo encontraría amarrado en el Parque Ciudad Blanca. «Yo al final no les di todo el dinero, todo por la vida de mi «Rocky» finalizó Pilar.

Otro caso similar lo vivió Roberto, morador del barrio Los Ceibos, en este caso los antisociales secuestraron a su perro y se lo llevaron de la casa mientras el se encontraba haciendo unas labores de limpieza, minutos después uno de los cómplices se acercó manifestando que el perrito se había salido y que el lo había encontrado, exigiéndole el pago de 20 dólares para devolverlo. «Cuando yo miro las cámaras de seguridad veo que mi perro no se salió, sino que estos sujetos lo sacaron de la casa y luego vinieron a pedirme recompensa» finalizó.

Varias han sido las denuncias de ciudadanos extranjeros que caminan por las calles de Ibarra con cachorros y con perros de raza, quienes luego de ser retenidos por la Policía no pueden justificar la tenencia de los animales, los mismos que son trasladados a la Clínica Veterinaria Municipal en donde ya se han generado incluso agresiones al personal por la retención de los animales.

La Policía Nacional del Ecuador recomienda en estos casos llamar inmediatamente al 911 y no dejarse extorsionar por estos antisociales.

Ex Prefecto de Imbabura convocado a audiencia de formulación de cargos por presunto delito de peculado

( Redacción Ibarra).- El ex Prefecto de Imbabura, Diego García Pozo fue convocado por la Corte Provincial de Justicia de Imbabura a la audiencia de formulación de cargos dentro de la investigación del presunto delito de peculado que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado siguen en su contra.


Este proceso de data de las actuaciones como Prefecto de Imbabura mismas que asumió desde el año 2009 al año 2014.


García fue gobernador de la provincia de Imbabura, Prefecto y Asambleísta provincial.


Nuestra redacción intentó comunicarse con García para obtener sus comentarios sobre este proceso judicial, pero hasta el cierre de este informe no se obtuvo una respuesta.


La audiencia de formulación de cargos se desarrollará este jueves 20 de abril a las 09h00 am.

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