(Redacción Ibarra).- El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el pasado 3 de abril la nueva delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, en función de su crecimiento poblacional y conforme a la normativa vigente.
Como parte de esta actualización, Ibarra pasará de tener 9 a 11 concejales en su Concejo Municipal. La nueva distribución establece que 9 serán urbanos y 2 rurales, alineándose con ciudades como Esmeraldas, Riobamba, Daule, Loja, Quevedo y Manta, que también aplican este sistema.
En Imbabura, dos cantones como es el caso de Cotacachi y Antonio Ante también aumentarán su número de concejales de 5 a 7 mientras que los otros cantones de la provincia mantendrán el mismo número de autoridades para elección.
La medida responde al incremento demográfico del cantón y busca garantizar una representación más proporcional de la población en el gobierno local. Este cambio se implementará en las próximas Elecciones Seccionales de Ecuador 2026, previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.
En esa jornada electoral, a nivel nacional, se elegirán 5.742 autoridades principales, entre prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales, así como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), junto con sus respectivos suplentes.
La adopción de circunscripciones electorales en estos cantones forma parte de un proceso de ajuste institucional orientado a fortalecer la representatividad y organización territorial de los gobiernos locales en el país.
(Redacción Imbabura).- La revocatoria del mandato es un derecho constitucional y una herramienta de participación ciudadana que permite a los ecuatorianos solicitar la salida anticipada de una autoridad elegida por votación popular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Este mecanismo de democracia directa, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, puede aplicarse a alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas e incluso al Presidente de la República.
Según la normativa vigente, cualquier ciudadano ecuatoriano que goce de sus derechos políticos puede solicitar una revocatoria de mandato, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la posesión de la autoridad en funciones y no se esté en el último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. Además, deben presentarse motivos claros y documentados que sustenten el pedido. La solicitud debe ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral, y una vez ingresada, la autoridad señalada tendrá siete días para impugnarla. Luego, el CNE dispondrá de siete días más para resolver si acepta o niega el pedido.
Una vez que el CNE admite la solicitud, los proponentes deben recolectar un número de firmas equivalente al 10% del padrón electoral correspondiente al territorio donde fue electa la autoridad. En el caso de Ibarra, donde existen aproximadamente 170 mil electores, se necesitan cerca de 17 mil firmas válidas. El CNE entrega formularios oficiales para la recolección y los ciudadanos tienen un plazo de 180 días para completar esta etapa.
Una vez entregadas las firmas, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para verificar su autenticidad. Si las firmas son válidas y se confirma el cumplimiento de todos los requisitos legales, el CNE debe convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de tres días. La consulta popular debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la convocatoria.
Esta sería la línea de tiempo que se debería seguir en el caso de que el proceso de revocatoria inicie este 01 de julio del 2025.
01 de Julio del 2025 : Inicio del pedido de revocatoria, formalización de documentos en el CNE.
07 de Julio del 2025 : Fin del periodo de impugnación de la revocatoria
14 de Julio del 2025: Fin del plazo para que el CNE califique o deseche el pedido de revocatoria.
15 de Julio del 2025: En el caso de aprobar el CNE entregará los formularios para la recolección de firmas.
28 de Diciembre del 2025: Fin del plazo para la entrega de las más de 17 mil firmas validas.
12 de Enero del 2026: Fin del plazo para que el CNE verifique las firmas.
15 de enero del 2026: En caso de encontrar las firmas válidas necesarias, el CNE convocará al proceso de revocatoria.
16 de enero del 2026: Inicio de campaña política a favor o en contra de la revocatoria.
15 de marzo del 2026: Elecciones para decidir sobre la revocatoria del mandato.
Desde 2010, seis alcaldes en el país han sido revocados de su cargo:
1. Jorge Tsenkush (Tiwintza, Morona Santiago) – octubre de 2010: El alcalde Jorge Tsenkush fue el primer caso tras la reforma constitucional de 2009. En octubre de 2010, el CNE validó las firmas presentadas por Hernán Uwijint en apoyo a la revocatoria y convocó a la consulta dentro de los 60 días siguientes.
2. Doris López (Jaramijó, Manabí) – julio de 2011: En la consulta del 24 de julio de 2011, la ciudad de Jaramijó decidió revocar a su alcaldesa Doris López. El 46,7% votó por su destitución, siendo uno de los cuatro alcaldes revocados en esa fecha.
3. Víctor González (Pablo Sexto, Morona Santiago) – julio de 2011: Ese mismo 24 de julio, Pablo Sexto removió al alcalde Víctor González mediante consulta popular, con aproximadamente 49 % de votos a favor.
4. Hugo Pineda (Baños, Tungurahua) – julio de 2011: El 24 de julio de 2011, Baños optó por destituir a su alcalde Hugo Pineda, con un 52,1 % de votos a favor de la revocatoria.
5. Segundo Mejía (Palanda, Zamora Chinchipe) – julio de 2011: El alcalde Segundo Mejía fue destituido el 24 de julio de 2011, con un 50,6 % de respaldo a la revocatoria, convirtiéndose en uno de los seis alcaldes removidos en ese proceso masivo.
6. José Bolívar Castillo (Loja, Loja) – junio de 2018: En junio de 2018, la ciudadanía lojana revocó el mandato del entonces alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. El proceso fue impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi, quien argumentó que el exalcalde cometió arbitrariedades con el sistema de fotomultas. En la votación, el 70,8 por ciento de los ciudadanos apoyó su salida del cargo.
Existen procesos abiertos actualmente en el país; en los primeros tres meses de este año, se han presentado pedidos de revocatoria de mandato y remoción de los alcaldes de Riobamba y Quito.
El alcalde John Vinueza enfrentó ya tres procesos de revocatoria de mandato y, además, un pedido ciudadano para su remoción en 2025. El último caso llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó a Vinueza en el cargo, este 26 de junio se inició un nuevo pedido de revocatoria impulsado por Juan Carlos Romero y actúa en calidad de ciudadano y no representa ningún partido político.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, también enfrenta un proceso de revocatoria de mandato. En su caso, se lo acusa de hacer campaña política a favor de Luisa González, de Revolución Ciudadana, organización política a la que ambos pertenecen. El colectivo Cuida tu voto ha recolectado hasta el momento un total de 165 000 firmas, lo que representa el 80,4% del total requerido. La meta establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 205 000 firmas válidas, que deben presentarse hasta el 5 de octubre de 2025.
Por otro lado, algunos actores políticos en Ibarra han mencionado, a través de plataformas como TikTok, que existe un supuesto clamor ciudadano para iniciar un proceso de recolección de firmas con miras a una revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, el CNE no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentación oficial por parte de movimientos o partidos políticos que respalden dicha iniciativa.
(Redacción Ibarra).- Con seis votos a favor, el Concejo Municipal de Ibarra aprobó este jueves, la declaratoria de prioridad al proyecto del Sistema de Mercados Centrales de la ciudad y disponer la entrega formal de los estudios técnicos a la empresa pública INNOVA EP, paso clave para estructurar el modelo de gestión y viabilizar su ejecución.
Esta iniciativa responde al objetivo del alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo Aguirre, ante la necesidad de modernizar la infraestructura comercial, brindar condiciones dignas a comerciantes y usuarios y fortalecer el desarrollo urbano de la ciudad.
“Modernizar nuestros mercados no es solo una necesidad técnica, es un compromiso social. Avanzar en este proyecto significa dar un paso firme hacia una ciudad más ordenada, inclusiva y con visión de futuro”, señaló el alcalde tras la votación.
Durante el debate, los cuatro concejales de oposición: Belén Jáuregui, Mirian Ayala, José Chalá y Diego Palacios plantearon la propuesta de postergar el tratamiento del tema, bajo el argumento de esperar una socialización y la presentación del modelo de gestión, sin embargo, la moción no prosperó. Los votos en contra reflejaron posturas que, si bien se presentan como cautelosas, terminan aplazando decisiones estratégicas para el crecimiento ordenado de Ibarra y la mejora de servicios que la ciudadanía demanda desde hace años.
La declaratoria como proyecto prioritario permite continuar con responsabilidad un proceso técnico ya avanzado, articulando esfuerzos institucionales para transformar los mercados en espacios modernos, seguros y funcionales.
Al finalizar la sesión de concejo, el burgomaestre agradeció a los concejales que apoyan el desarrollo de la ciudad y sentenció que la oposición siempre será vencida en referencia a la postura permanente de los ediles de la RC5.
(Redacción Ibarra).- En una acalorada sesión de Concejo realizada la mañana de este jueves 13 de septiembre del 2018, el alcalde de Ibarra Álvaro Castillo informó al Concejo sobre la dimisión de bienes, en el proceso judicial que lleva adelante la familia Morejón.
La sesión inició con una explicación por parte del Procurador Síndico del Municipio de Ibarra, Hugo Realpe, quien realizó una reseña sobre lo actuado por la defensa municipal. “Nosotros recibimos la notificación de una sentencia ejecutoriada, la misma dice que se pague los 10 millones 200 mil dólares o se dimita bienes y en lo que derecho corresponde, tenemos que cumplir lo que la sentencia determina” afirmó Realpe, al término de criticar la actuación de las anteriores administraciones municipales por no actuar conforme a derecho en los plazos establecidos por la ley y que ahora le causan un perjuicio enorme a la ciudad.
Hilda Herrera, en su intervención por su parte criticó varias de las acciones generadas por la defensa municipal, “Se han pagado grandes cantidades de dinero a abogados –chimbos- que no han logrado revertir la sentencia o darle una solución a este problema”. Criticó además la poca voluntad política del alcalde Castillo en fomentar el diálogo y el entendimiento entre las partes involucradas, para llegar a un buen acuerdo.
“Nosotros propusimos la creación de una Comisión Mediadora, que al final de cuentas fue bloqueada por el alcalde para que no se llegue a concretar una mediación entre la familia Morejón y la Alcaldía de Ibarra” puntualizó Herrera.
Juan Manuel Mantilla, por su parte expuso la documentación sobre el pedido que realizó a la Contraloría, para que audite la entrega de bienes a la Familia Morejón, “Hemos entregado a la Contraloría y nos encantaría que se pronuncie sobre la actuación del alcalde y del procurador síndico, en vista de que se ha inobservado al máximo organismo que tiene Ibarra, que es el Concejo Municipal al dimitir bienes sin nuestra autorización”.
Argumentó que el artículo 436 del COOTAD, obliga al alcalde pedir la autorización al Concejo Municipal para todo lo relacionado con la entrega de bienes.
Comentó además que la mejor solución para Ibarra, sería llegar a un acuerdo de pago en buenos términos y poder solucionar este conflicto.
Por su parte el Álcalde de Ibarra Álvaro Castillo comentó que en vista a la premura de una sentencia ejecutoriada y con el peligro de que se inicie un proceso legal en su contra por incumplimiento de una orden judicial, tuvo que firmar luego de un estudio y varios análisis la dimisión de los 25 bienes, en el caso Morejón. “Luego de recibir un informe por parte del Procurador Síndico, en donde se confirmó que no necesitaba la autorización del Concejo Municipal procedimos a la dimisión de bienes, en materia legal hicimos lo correcto” dijo el alcalde Castillo.
Confirmó además que el Tribunal cometió un error de cálculo, en vista de que para la primera autoridad de la ciudad, la extensión en perjuicio que se le debe pagar a la familia Morejón es de tan solo 42 mil metros cuadrados y no los 67 mil que se encuentran en la sentencia. “Cuando paguemos los 10 millones, nos tienen que entregar los 67 mil metros, y ahí les quiero ver de donde sacan esos terrenos” puntualizó.
Finalmente, el ex vicealcalde de la ciudad Ramiro Páez rechazó la forma en la que se dimitieron los bienes y manifestó que la mejor manera hubiese sido consultando al Concejo Municipal. “No es posible que para una donación, para un traspaso o incluso hasta para dar de baja un vaso en la alcaldía se consulte al Concejo, pero para un litigio de más de 10 millones de dólares, que tiene de por medio una entrega de bienes de la ciudad nosotros no hayamos sido consultados” puntualizó.
Los Concejales, Carlos Arias, Carmen Luisa Zhender, Carla Proaño por su parte propusieron al Concejo Municipal, una mediación extrajudicial entre la familia y la alcaldía para poner punto final a un problema que tiene más de 30 años, el debate en la sesión de Concejo concluyó cerca de las 12h00 horas.
(Redacción Ibarra).- En la sesión de Concejo de Ibarra este lunes 02 de julio del 2018, dentro de un punto del orden del día, el Concejo Municipal trató el informe de la Comisión de Fiestas y de la Dirección de Cultura, sobre las festividades de la batalla de Ibarra.
Franz Del Castillo, director de Cultura del GAD de Ibarra, conjuntamente con la Comisión de Fiestas, presentó dos agendas para conmemorar los 195 años de la Batalla de Ibarra, la primera con un costo de 30 mil dólares y la segunda con un costo de 45 mil dólares, las dos encaminadas a generar una mayor cantidad de eventos, para celebrar esta fecha de importante recordación para los ibarreños.
“Nuestra labor es transparente y sobre todo haciendo hemos preparado una agenda para que que la gente participe” comentó Del Castillo.
Este informe de la Comisión de Fiestas, con la programación de las fiestas de Julio, fue llevado al debate en el seno del Concejo y varios fueron los criterios que se pusieron en la mesa de discusión.
Carmen Luisa Zehnder, comentó que el informe de la Comisión de Fiestas puso en consideración del Concejo Municipal, la aprobación de una de las dos propuestas para las fiestas de Julio. “La comisión eleva dos presupuestos el uno enmarcado en lo que dice el POA de la Dirección de Cultura en su presupuesto anual, y el otro un presupuesto de 45 mil dólares, en donde se contemplaban muchas de las peticiones de la sociedad civil y varias actividades de carácter cultural” agregó.
Sin embargo, cuando se realizó la votación los Concejales Juan Manuel Mantilla, Carina Rivadeneira, Andrea Scacco, Diana Harrington e Hilda Herrera, votaron en contra del informe de la Comisión de Fiestas y por ende, a decir de Zehnder, no se podrán realizar las fiestas julianas como estaban planificadas.
“Lamentablemente el Concejo Municipal se ha pronunciado en contra de los dos presupuestos, es decir no tendremos la realización de las fiestas julianas y ahora se tendrá que trabajar administrativamente para cumplir con lo que dice el POA, es decir la programación de las Fiestas de Julio tan solo contemplará la Presentación de Fiestas, la Noche Bolivariana, la Parada Militar, la Misa de Honras y Sesión Solemne” finalizó Zehnder.
Por su parte Diana Harrington, mencionó que su malestar se basa en que no se han respetado las decisiones del Concejo Municipal en lo referente a la aprobación de presupuestos, mencionó además que no se debe entender como un voto en contra a las fiestas de Julio, sino más bien como una acción para cuidar las arcas municipales.
“A inicios de año se aprobó el Plan Operativo Anual y se destinó 941 mil 192.96 dólares para la programación anual de fiestas y ahora resulta que el POA ha sufrido una reforma que no fue notificada y es ahí donde nace la intriga de la Comisión, en vista de que se pide la certificación presupuestaria y resulta que del presupuesto que un inicio era de 56 mil dólares, ahora solo existen 30 mil dólares para las fiestas Julianas” agregó.
Comentó además que existiría un déficit que bordea los 300 mil dólares al presupuesto aprobado a inicios de año para la totalidad de Fiestas de Ibarra, en vista de que en el cierre financiero, el ex director de Cultura no pasó el arrastre económico para el respectivo pago y a su criterio es ahí en donde existe el error administrativo.
“La Dirección Financiera procedió a restar de todos los presupuestos aprobados de las actividades programadas, para cubrir el pago de varias actividades ejecutadas y es ahí donde nace el déficit de presupuesto, no solo en estas fiestas, sino también en las próximas fiestas de septiembre, además el Concejo Municipal no puede utilizarse para ser manejado a conveniencia de una o dos direcciones municipales y sería una irresponsabilidad en alguna otra instancia aprobar una reforma al presupuesto de fiestas” finalizó Harrington.
Hilda Herrera por su parte argumentó que no está en contra de la realización de las Fiestas de la Batalla de Ibarra, sino más bien su negativa se da porque se está se está infringiendo un procedimiento establecido para la programación de fiestas. Comentó además que el art 112 de la ordenanza de Funcionamiento del Concejo Municipal, habla claramente sobre las competencias que tiene la comisión.
“Se cumplió con enviar un presupuestos de 56 mil dólares, como estaba programado en el Plan Anual de Contratación, pero al final ciertos funcionarios siguen burlándose de la Comisión y del Concejo Municipal cuando a estas alturas del camino, les dicen que no hay 56 mil dólares sino tan solo los 30 mil, lo que estamos haciendo con este voto de rechazo es exigiendo el respeto al Concejo Municipal y obviamente a la ciudad, porque desde luego que hubiese sido mejor tener un presupuesto como el de los años pasados, pero resulta que ahora existe menos presupuesto” finalizó.
Para el Director de Cultura Franz del Castillo, ahora solo resta actuar administrativamente sobre los eventos, que se podrían realizar en este mes, y solo se podrían realizar la Parada Militar, la Noche Bolivariana, la Sesión Solemne y la Misa de Honras.
(Redacción Ibarra).- Mediante un comunicado, la Contraloría General del Estado anuncia que en septiembre iniciará un examen especial a la Municipalidad de Ibarra.
Como parte del plan anual de las acciones de control de 2018, la Delegación Provincial de Imbabura tiene programado el “Examen especial a los procedimientos de contratación, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de infraestructura educativa, infraestructura deportiva, sistemas eléctricos, de voz y datos, contra incendios, climatización, agua potable, saneamiento ambiental, vías, aceras y bordillos, edificaciones, cerramientos, riego, de consultoría, de aspectos ambientales; y a los gastos para la ejecución de actividades culturales y fiestas; en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de agosto de 2018”.
Se incluirá además que el componente de auditoría, tome en cuenta “los gastos para la ejecución de actividades culturales y fiestas”, en vista de los pedidos formulados por los concejales de Ibarra, Carina Rivadeneira, Carlos Arias y del Alcalde de la ciudad, emitidos a través de tres oficios desde enero y octubre de 2017.
Se tiene previsto que el próximo 3 de septiembre de 2018 la Contraloría inicie con el proceso de fiscalización y se tomará en cuenta las actividades de abril y julio del año 2018.
En la sesión de Concejo del lunes pasado la mayoría de concejales rechazaron el informe de fiestas y coincidieron en que sea la Contraloría la que determine si es que en verdad existieron o no las irregularidades.
(Redacción Ibarra).- En una sesión de concejo bastante acalorada fueron recibidos tanto el Director de Cultura Laureano Alencastro y la proveedora María Belén Ramos de la empresa MBR Eventos, para argumentar sobre la polémica sobre presupuesto en las fiestas de Ibarra.
Laureano Alencastro en su intervención manifestó que la ley no le permite exigir informes al proveedor sobre los dineros que han sido entregados por los contratos suscritos en el tema de fiestas de Ibarra, comentó además que dentro de sus funciones el solicitó el pago sobre un contrato establecido “Lo único que he hecho yo es autorizar la liquidación de un contrato en base a lo que dice la ley, de acuerdo a los informes y los TDR’s, yo cumplo con la ley” comentó.
María Belén Ramos de la Empresa MBR Eventos manifestó que ha encontrado el momento oportuno para defender el trabajo de su empresa. “He venido aquí a defender mi empresa y el trabajo honesto que hemos realizado por la ciudad”
Comentó que desde el 2015 presentó un proyecto denominado ‘Domingos Culturales’ que al decir de ella, fue el primer contrato que suscribió con la municipalidad y le permitió comprobar su seriedad y la confianza para obtener más contratos sobre el tema de fiestas y eventos.
Con respecto al informe económico del mes de julio presentado, manifestó que su empresa nunca ha cobrado por el vallaje o alquiler de vallas. “Yo no cobró de vallas, si leen el informe xile solo montaje y desmontaje de tarimas de medios de comunicación, sistema de amplificación, sillas vestidas, montaje y desmontaje con personal de apoyo de vallas de seguridad” señaló que existe una mala interpretación de los ítems propuestos, los mismos que se enmarcan sobre los términos de referencia que se propusieron en la contratación.
Por su parte la presidenta de la comisión de Fiestas, Carmen Luisa Zehnder respondió de forma personal a los dichos del Director de Cultura, Laureano Alencastro. “Usted fue mi maestro, el respeto y la consideración que le tenia eran únicos (…) yo le dije a partir de enero las cosas no son así, no cuenten conmigo a mi me gustan las cosas por la derecha y se lo dije a usted, porque usted quiso que yo sea su marioneta y que haga las cosas que usted quería”
Argumentó además que este tema de convirtió en personal en vista de que no se prestó para algunas cosas y que no permitirá que su nombre y el de su familia sean manchados.
En referencia al informe, manifestó que surgen las dudas sobre los documentos que se presentaron a la Comisión. “Nos encontramos inconsistencias absurdas, hablaban de un número de beneficiarios y era otro número de asistentes, incluso en el anillado”
La Concejala Hilda Herrera por su parte solicitó trabajar en una solución sobre este problema que lleva tramitándose mucho tiempo y que se ha ido de las manos. “Para mi esto sigue sin estar claro, se habla sobre las cuentas y se sigue hablando y hasta ahora nada queda claro, ni con la intervención de la proveedora, ni con la intervención del director de Cultura, hemos podido entender dónde está el problema. La ciudadanía necesita una respuesta clara sobre esto que se ha convertido ya en un gran escándalo”.
Agregó además que se debería tomar una decisión sobre la situación entre la Comisión de Fiestas y la Dirección de Cultura, en vista de la falta de confianza y coordinación. La concejala solicitó que Alencastro dimita de la Dirección de Cultura del GAD Ibarra, en vista de que este problema entre la comisión y la dirección no tiene una esperanza de solución.
Por su parte Juan Manuel Mantilla solicitó que dentro de todos los procesos de control se debería reformar la ordenanza de Fiestas para que los proveedores tengan la obligación de justificar los gastos y la inversión de fiestas. “Debemos crear un sistema que pueda medir si en realidad la inversión que se realiza en fiestas de Ibarra se está convirtiendo en empleo, producción y sobre todo turismo”
El alcalde de Ibarra Álvaro Castillo, agregó que los organismos de control deberán ser los que se pronuncien sobre las presuntas irregularidades. “Nadie en esta reunión ha probado que hubo una malversación de fondos, serán los organismos de control los que se pronuncien sobre este tema”. Agregó además que por el bien de la ciudad y para el desarrollo responsable de las fiestas que ya se acercan deberá en estos días tomar una decisión sobre el futuro del director de Cultura del GAD Ibarra, para que la ciudadanía no sea la afectada.
“Hay que además reformar la ordenanza de fiestas, que indique las reglas claras sobre las acciones para poder pagar sobre los eventos en fiestas de Ibarra, en donde existe un desglose de gastos e inversiones”
(Redacción Ibarra).- Luego de que se vuelva viral en redes sociales, sobre un supuesto incremento del sueldo para el alcalde de Ibarra Álvaro Castillo y los concejales del cantón, el alcalde de la ciudad mediante un comunicado colgado en la cuenta oficial de la Alcaldía de Ibarra se refirió a este tema.
“Queridos conciudadanos, toda la miseria humana se refleja en perfiles de canallas que quieren entrar en las próximas elecciones, se han puesto de acuerdo para mentir una vez más. No existe ningún incremento de sueldo del alcalde y los concejales. La verdad es esa» dice el comunicado.
Agrega además que cualquier intento por hacer lo contrario tendrá el total veto por parte de la primera autoridad de la ciudad.
«Quienes amamos el servicio a la comunidad no necesitamos más salario que el que recibimos ahora, farsantes jueguen limpio» finaliza el comunicado del actual alcalde de Ibarra.
Según la información recogida por el portal Expectativa, en una sesión extraordinaria de Concejo se aprobaría la ordenanza que regula los salarios dentro de la Municipalidad.
En un documento que nuestra redacción tuvo acceso se conoció que la sesión fue presidida por el vicealcalde Ramiro Páez y tuvo el voto a favor de los concejales Diana Harrington, Carla Proaño, Janeth Landeta, Ramiro Páez en contra votaron Carlos Arias y Karina Rivadeneira, por su parte las concejalas Andrea Scacco e Hilda Herrera no estuvieron presentes y el concejal Juan Manuel Mantilla presentó una excusa por no encontrarse en la ciudad.
(Redacción Ibarra).- En rueda de prensa, tres de los cinco concejales que votaron en contra de la resolución presentada por el Alcalde de Ibarra en el tema de la familia Morejón. Juan Manuel Mantilla, Willian Hidalgo e Hilda Herrera, dieron su versión sobre este tema.
Mantilla, comentó que la estrategia del alcalde tiene el objetivo de desinformar a la ciudadanía por una falta de defensa de los abogados contratados del municipio, y que ahora se intenta responsabilizar a los Concejales. “En enero del 2017, el Tribunal Contencioso Administrativo sentenció a la municipalidad a pagar 10 millones de dólares y además se establece sanciones para los abogados, donde se establece claramente que se los sanciona por reincidir en el abuso del derecho y el empleo de artimañas, para retardar el litigio” comentó Mantilla.
Por su parte William Hidalgo, quién estuvo como Concejal principal en la sesión extraordinaria de Concejo del día domingo, manifestó su postura en el voto en contra, en vista de que a su criterio, se intentaba hacer caer en error y votar a favor de algo ilegal. “Nos querían hacer ayer votar por un tema ilegal, en vista de que el COOTAD en su artiulo 417 determina cuales son los bienes de uso público, en donde están calles parques y avenidas, que además en su literal H, manifiesta que; son bienes de uso público aunque estén en urbanizaciones particulares, aunque sean de uso privado, y el municipio no tenga documentos o escrituras sobre los mismos. “Por eso votamos en contra, porque esto es ilegal y que nos pueden acarrear sanciones administrativas, por intentar demorar el proceso y no solucionar el problema de raíz” comentó Hidalgo.
Por su parte Hilda Herrera, quien llegó al país la mañana de este lunes, informó que desde la bancada de Unidad Popular respalda la posición tomada por el concejal Hidalgo. “Nosotros cuando algo ha estado bien, hemos apoyado, pero estamos en contra porque hemos determinado que es ilegal la resolución” comentó Herrera.
(Redacción Ibarra).- Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal realizada el 21 de agosto, se tenía que socializar con los señores concejales el tema del endeudamiento de la ciudad para la construcción de la segunda fase del mercado Amazonas, sin embargo ese punto en el orden del día no fue incluido. El concejal Carlos Arias y Juan Manuel Mantilla, solicitaron al señor Alcalde de Ibarra, se incluya en la próxima sesión de concejo el tratamiento de este tema.
Carlos Arias Concejal de Ibarra, solicitó a la primera que se incluya este punto en la próxima sesión para debatir al respecto y fundamentalmente conocer el proceso, considerando que se trata de una obra que mantiene en expectativa a la población de todo el cantón. “Esta es una obra de vital importancia para la ciudad y es necesario que conozcamos como se lleva el proceso, inclusive para poder emitir criterios cuando los medios de comunicación así lo requieren para mantener informada a la población…” sostuvo el Concejal.
Por su parte, Juan Manuel Mantilla, solicitó al alcalde de la ciudad, la información sobre el proceso precontractual con el consorcio Ecuatoriano Español, que sería el encargado de construir esta obra, el edil acudió hasta secretaría general y posteriormente a la secretaría del Alcalde, en donde se le manifestó que no se le podía entregar los documentos, en vista de que la persona encargada de los mismos se encontraba de vacaciones. «El alcalde quiere tomarnos nuevamente el pelo a los ibarreños, no es posible que la información de un proceso que conlleva endeudamiento para la ciudad, no esté disponible para los concejales, nosotros exigimos transparencia» manifestó el edil.
Por su parte, el Alcalde Álvaro Castillo respondió que todo el proceso está siendo fotocopiado para entregar un ejemplar a cada Concejal, pero que por la cantidad de páginas que engloba es muy complicado determinar un día exacto en el que se entregue la documentación para el análisis de los Concejales.
Al momento se mantienen a la espera de la entrega de la documentación y esperan que se incluya en el orden del día de la próxima sesión de Concejo para su análisis y debate.
