La Fiscal recibió este año varias amenazas de muerte, a pesar de ello siguió firme en su trabajo
(Redacción Ibarra).- Diana Salazar recuerda la fecha exacta de su llegada a la Fiscalía. Fue el lunes 16 de julio de 2001, el mismo día que se estrenaba en Ecuador el Código de Procedimiento Penal, una reforma legal que cambió a los fiscales y los convirtió en protagonistas de la investigación penal.
La ibarreña Salazar estudió Jurisprudencia en la Universidad Central, en Quito. Su primer puesto fue como amanuense en las oficinas de la Fiscalía de Pichincha. Aceptó ese cargo, aunque no estaba entre sus preferidos: por su cabeza rondaba la idea de ser una diplomática, pero luego de 16 años y de enamorarse de la investigación criminal se convirtió en la flamante coordinadora de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, liderada por una trilogía de mujeres que ha puesto de cabeza la vida política del país.
Planificación y resultados La creación de la Unidad de Transparencia fue la segunda acción del fiscal de la Nación, Carlos Baca, a su llegada al cargo. Su idea fue contar con un “cuerpo investigativo del más alto nivel profesional, técnico y ético”, para tratar casos de corrupción en el sector público y privado. Para Baca, las agentes Salazar, Ruth Amoroso y Claudia Romero cumplen esos requisitos.
Desde mayo pasado, esa Unidad ocupa el séptimo piso del edificio de Flagrancias de la Fiscalía en Quito. El despacho de Salazar es sencillo. Tiene espacio para un escritorio y una mesa redonda con cuatro sillas donde se reúnen los investigadores para decidir los pasos que darán hasta encontrar la punta del ovillo de los casos asignados. Algunos de ellos han sido tan complicados como el castillo de corrupción que construyó Odebrecht y que ha tocado al vicepresidente Jorge Glas, al excontralor Carlos Pólit, además de varios exfuncionarios y empresarios. Salazar cree, con pasión, que el éxito de una investigación está en la planificación. Cero improvisación.
Por eso exige a sus colegas que desde el inicio se fijen una meta, definan las hipótesis y tracen los caminos para llegar a su objetivo. Esa metodología la conoce Johnny Pallo, alumno de Derecho que trabajó en la Fiscalía. Él está seguro de que la tenacidad y la hoja de vida intachable de Salazar son los pilares de su éxito.
A sus 36 años, Salazar ha dado golpes contundentes contra el crimen organizado y la corrupción transnacional. Lideró el equipo que indagó y encontró a los prófugos de La Roca, la otrora cárcel de máxima seguridad del país; aplacó a la red que sacó toneladas de oro ilegalmente del país y llevó el caso FIFAGate que descubrió los negocios ilegales de Luis Chiriboga, quien fuera el mandamás de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Para la audiencia final de este caso, la joven fiscal preparó a los testigos por un mes y con su equipo afinó los argumentos que presentaría al juez. Todo este trabajo se hizo para que nada fallase y así llegar a la meta: la sentencia contra Luis Chiriboga. Una apuesta por la verdad La investigación contra Luis Chiriboga hizo que Salazar conociera la presión mediática, los apasionamientos y las amenazas.
Por eso prefiere mantener en reserva el nombre de sus familiares, a quienes les debe horas a su lado. Ese esfuerzo -dice- es necesario porque “la ciudadanía requiere saber qué están haciendo los funcionarios públicos”. Y para cumplir ese deseo se creó la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. En 3 meses el trabajo de este equipo ha sido sin respiro.
A la red de Odebrecht se sumaron los escándalos de corrupción en Petroecuador, el IESS y otros que están bajo sigilo. En todos estos expedientes una sombra política está presente y aunque en las manos de Salazar ya no está el caso del vicepresidente Glas, hay otros en carpeta que presume tendrán la misma carga. Ante aquel escenario la respuesta de Salazar es simple: “Yo no soy política”. Ella es fiscal.
(Con información de Diario El Telégrafo)
(Redacción Imbabura).- El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció este miércoles al vicepresidente de la República, Jorge G., a 6 años de prisión como autor del delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción en el caso Odebrecht.
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