FOTO: Archivo Manuel España. Fotografía de la destruída iglesia La Compañía

(Redacción Ibarra).-  El conocido “Terremoto de Ibarra” ocurrió el 16 de agosto de 1868 destruyó varias poblaciones de las provincias de Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha. Es considerado uno de los 10 eventos sísmicos de mayor magnitud en Ecuador.

 Según estudios del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, se registraron dos eventos sísmicos de gran magnitud. El sismo del 15 de agosto fue generado en una de las fallas del sistema El Ángel, en Carchi y el terremoto del 16 de agosto en la falla Otavalo, en Imbabura.

 Cerca de las 16h00 del 15 de agosto, horas antes del terremoto principal, en la zona de El Ángel, ocurrió un sismo de magnitud estimada 6,6 grado en escala de Richter que ocasionó docenas de víctimas, destrucción de viviendas e iglesias en las poblaciones de El Ángel y Mira. Fue sentido en toda la provincia de Carchi. Se calcula una intensidad máxima de 7 grados en la escala.

 El evento principal del 16 de agosto fue en la madrugada, con magnitud probable de 7,2. De las más de 7.200 personas que aproximadamente vivían en Ibarra, murieron 5.000. Deslizamientos y profundas grietas en el suelo afectaron carreteras y haciendas; impedían la comunicación entre Ibarra y Quito.

Casi la totalidad de las edificaciones cercanas a los epicentros quedaron reducidas a escombros y dejaron miles de víctimas mortales según registra la historia. En ese entonces existía vulnerabilidad física alta de la infraestructura. Las viviendas eran en su mayoría de adobe y tapia. Además, el desconocimiento de la amenaza sísmica y el grado de exposición provocó que muchas personas quedaran atrapadas y murieran.

Pasaron cuatro años para que Ibarra logre recuperarse y reconstruirse nuevamente. La ciudad recibió el apoyo de gobiernos como Perú, Chile, Gran Bretaña, Francia y donaciones de otras provincias de Ecuador. Según el cronista Tobar Subía,  fue García Moreno quien ordenó el trazado de  planos de la ciudad, tomando como punto de referencia a una palmera de coco que había soportado la magnitud del terremoto.

EN LA ACTUALIDAD.-  

Desde la Constitución – redactada en Montecristi, Manabí – en 2008, el Estado incorpora a la gestión de riesgos como parte de la política pública de seguridad integral, con la finalidad de proteger a las personas, colectividades y naturaleza frente a los eventos negativos y desastres de origen natural y antrópico.

La Secretaría de Gestión de Riesgos, como ente rector de la gestión de riesgos,  coordina acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos; así como, para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de un evento adverso. Esto aplicando el principio de descentralización subsidiaridad en coordinación con los gobiernos autónomos (GAD) municipales, quienes son los responsables de la gestión de riesgos en su territorio.

 Un eje fundamental de trabajo de la SGR se desarrolla a través de  la Subsecretaría de Reducción de Riesgos, que incrementa las capacidades de gestión de riesgos de los actores del  Sistema mediante la implementación de planes y programas de capacitación, la elaboración de planes comunitarios, el asesoramiento a los GAD y Comités de Gestión de Riesgos en la elaboración de agendas de reducción de riesgos y la creación de las Unidades de Gestión de Riesgos.

Realiza acciones de prevención en centros educativos, comunidades e instituciones públicas y privadas para fortalecer las capacidades de gestión de riesgos para reducir las afectaciones por la posible ocurrencia de sismos y terremotos.

En lo que corresponde a Imbabura en el 2016 se ha capacitado en medidas de autoprotección y procesos de evacuación ante sismos alrededor de 4500 familias.

En el marco del Proyecto Dipecho NEC Ibarra, se elaboró conjuntamente con los moradores del Barrio Mirador de Alpachaca, PNUD y GAD Ibarra el plan comunitario de gestión de riesgos. También se capacitó en medidas de autoprotección ante sismos a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “17 de julio” con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad sísmica.