(Redacción Otavalo).- La Defensoría Pública del Ecuador emitió la Resolución N.º DP-DPG-DASJ-2025-087, como parte del expediente 003-2025-DENCJ, en respuesta a una queja presentada contra el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Otavalo. El caso fue revisado por el Defensor Público General, Ricardo Wladimir Morales Vela, y concluye con una sanción institucional al consultorio universitario.

De acuerdo con el documento oficial, la queja fue presentada por una persona en situación de vulnerabilidad, quien alegó haber recibido atención negligente y fuera de los estándares mínimos establecidos por la Defensoría Pública para los servicios de defensa gratuita. Tras el análisis jurídico y técnico del caso, se evidenció que la clínica jurídica universitaria no garantizó una atención oportuna, eficiente y de calidad, tal como exige la normativa vigente.

En la parte resolutiva del documento, la Defensoría determina que: “Se sanciona al Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Otavalo con la suspensión de su acreditación por el plazo de 7 días, contados a partir de la ejecutoría de la presente resolución.”

La medida se ampara en las atribuciones conferidas por el artículo 193 de la Constitución y por el Código Orgánico de la Función Judicial, que establecen que los consultorios jurídicos universitarios deben cumplir con estándares estrictos de calidad y estar sujetos a control y evaluación de la Defensoría Pública.

Esta es la primera vez en el año 2025 que se aplica una sanción de esta naturaleza en la provincia de Imbabura. La suspensión implica que durante este período el consultorio jurídico no podrá prestar servicios de defensa legal gratuita bajo aval estatal, afectando directamente a su operatividad dentro del sistema de justicia gratuito.

La Universidad de Otavalo es una de las instituciones académicas autorizadas para brindar asesoría legal a personas de escasos recursos. Con esta resolución, la Defensoría Pública busca reforzar el control sobre la calidad de los servicios jurídicos gratuitos, exigiendo que se cumpla con los principios de legalidad, celeridad y tutela efectiva consagrados en la Constitución.

Se espera que, tras el cumplimiento de la sanción, el consultorio jurídico pueda solicitar nuevamente su acreditación, previa evaluación por parte del ente regulador.