Se ordenó la liberación de cinco policías acusados de recibir coimas en temas mineros

(Redacción Imbabura).- La mañana del miércoles 25 de abril del 2018, se produjo la detención de cinco elementos policiales, en el sector de Cahuasquí en el cantón Urcuquí, de los que se presume estarían cobrando coimas por dejar pasar el material minero de la zona.

Cinco elementos policiales de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional del Ecuador, que prestaban servicio en el sector de Buenos Aires, fueron detenidos y puestos a órdenes de la autoridad por un presunto delito de cohecho en el que se decía que cobraban una cantidad de dinero para dejar pasar a las camionetas o camiones, que de madrugada sacaban el material aurífero de la zona de El Triunfo. La Juez de turno calificó la flagrancia y se ordenó su detención para continuar con las investigaciones.

Luego de un mes de investigaciones los abogados defensores de los miembros policiales; Dr. Carlos Carrera, Dr. Fausto Rivadeneira, Dr. Galo Plazas y el Dr. Diego Sarabia solicitaron la audiencia de revocatoria de la prisión preventiva en vista de que se a decir de ellos se encontraron inconsistencias de las pruebas presentadas por Fiscalía.

Luego de las intervenciones de los abogados defensores de los procesados, la señora Jueza de conformidad al numeral 1 de Art. 535 del COIP, que establece la revocatoria de la prisión preventiva, ordenó la inmediata libertad de los uniformados, por cuanto de la misma exposición realizada por la fiscal de la causa se llegó a establecer que los indicios por los cuales se dictó prision preventiva se habían desvanecido y que existían nuevos elementos que valorar, por lo que en base al principio constitucional de presunción de inocencia y de igualdad ante la ley, resolvió disponer la revocatoria de la medida cautelar dictada en su contra.

Adicionalmente, se vinculó a la instrucción fiscal a dos policías de servicio urbano, que según la teoría de Fiscalía tendrían cierto grado de participación en el ilícito que se investiga, por lo que se amplió el plazo de la instrucción fiscal por 30 días más, tiempo durante el cual los sujetos procesales podrán presentar sus descargos en estricta observancia de las garantías básicas del debido proceso.

Según el Consorcio de abogados defensores, los elementos han variado desde que se dio inicio a la fase procesal penal y por lo tanto habrá que esperar al cierre de la instrucción fiscal, para saber cuál será el dictamen de la titular de la investigación, misma que además se encuentra siendo observada también por la Delegada del Defensor del Pueblo de Imbabura, mediante una acción de vigilancia del debido proceso.

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