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Altercados por minería ilegal dejan nueve personas detenidas en MonteOlivo, provincia del Carchi

(Redacción Bolívar).- Por más de cinco horas la Panamericana E 35, a la altura de Piquiucho, en el límite provincial entre Carchi e Imbabura estuvo obstaculizada al tránsito vehicular.

Un grupo de afroecuatorianos intentó “rescatar” a nueve personas que fueron retenidas en la parroquia de San Rafael (varios kilómetros antes de Monte Olivo).

Los detenidos en los que están también ciudadanos venezolanos fueron movilizados en un camión del Ejército hacia el Distrito de Policía de San Gabriel, a la altura de la parroquia Los Andes, un automotor cruzado en la calzada pretendió detener la marcha del vehículo castrense.

En ese momento, habitantes de las comunidades afros con piedras y machetes atacaron a la unidad militar y dañaron la carrocería y parabrisas del automotor. Los uniformados usaron gases lacrimógenos para dispersar a los agresores.

Se presume que los nueve retenidos (cinco afroecuatorianos y cuatro venezolanos) se dedican a actividades de minería ilegal y pretendían llegar hasta el sector de Monte Olivo – El Riñón, zona militarizada y con presencia de personal policial que evitan que personas que se dedican a la minería ilegal lleguen a la zona  a realizar esta actividad y afecten las fuentes de agua que sirven de consumo y riego a varias comunidades de Carchi e Imbabura.

Según información de los pobladores del sector, militares que realizan el control anti minero evitaron el paso de personas que se dedican a esta actividad, ellos impidieron los “mineros  ilegales” continúen con su recorrido y empezó el altercado entre la fuerza pública y civiles. Carlos Toro presidente de la Junta Parroquial de San Rafael explicó que ellos apoyan los operativos en contra de la minería.

Hace más de dos semanas antes de la militarización y el aumento de personal policial en la zona, habitantes del sector se organizaron para evitar que personas ajenas a las comunidades pasen a El Riñón y pernoctaban en la vía.

El Monte Olivo las personas en grupos se encargaban de la vigilancia del sector, ellos se conocen entre sí, muchos no quisieron ser identificados por temor a las amenazas, su posición es clara, no quieren que se realice minería de ningún tipo en su territorio, más aún cuando ésta afectaría la fuente de agua.

Entérese.- Hace dos meses aproximadamente cuatro extranjeros fueron detenidos en Monte Olivo cuando transportaban material minero, ellos fueron puestos en libertad.

La Gobernadora de Imbabura confirmó el inicio del proceso judicial para los implicados

(Redacción Imbabura).- La Gobernación de Imbabura en conjunto con la Policía Nacional del Ecuador y La Fiscalía General del Estado Ecuador en la provincia de Imbabura, dieron a conocer los hechos ocurridos en el sector de Mascarilla. Marisol Peñafiel Montesdeoca Gobernadora de Imbabura dijo que de acuerdo al reporte policial, en un operativo de control permanente, miembros policiales proceden a la detención de dos vehículos que presumiblemente transportaba material aurífero. Sin embargo, ellos evaden las disposición y se registra una persecución a la altura del Control Integrado.

Al encontrarse con la vía cerrada, se suben al parterre y huyen por la vía contraria. En ese momento se produce la denotación de una arma de fuego, atentando contra la integridad de las personas que circulaban por esa vía y poniendo en riesgo sus vidas; así como la de los miembros policiales.

“Las autoridades de forma inmediata hemos actuado, amparados en lo que señala la ley, el respeto al debido proceso y presunción de inocencia, pero sobretodo en nuestra obligación de garantizar la paz, la seguridad y el orden público, hemos procedido a tomar acciones. Se ha judicializado, existen evidencias fotografícas, videos y reportes de las cámaras de video- vigilancia del ECU911. De acuerdo a las pruebas y las investigaciones se procederá a determinar la responsabilidad de los presuntos infractores”.

En el tema de la minería ilegal, manifestó que hay personas que actúan al margen de la ley y buscan utilizar a ciertos grupos, para no cumplir con las normas establecidas. “Hoy hemos mirado que se pretende utilizar a un grupo determinado del sector de El Juncal y no permitiremos que nadie ponga en riesgo la paz y la seguridad de Imbabura. La ley es clara aquel que no cumpla que realice ataque o resistencia, el Código Integral Penal, establece la sanción correspondiente”.

Por su Parte, Carlos Pozo, Comandante de Policía de Imbabura, dijo que se ha puesto en riesgo la vida de los uniformados y de los ciudadanos al detonar un arma de fuego. “Dentro de los protocolos internacionales, la Policía sabe en qué momento utilizar el arma de fuego, el uso progresivo e irracional de su arma estará en caminada a proteger la vida de las personas, derechos e incluso del infractor de la ley”.

“Este tipo de acontecimientos nos permiten preocuparnos y fortalecer aún más por la seguridad ciudadana”, indicó Gen Rhea, Fiscal Provincial, quien aclaró que no existen personas ni vehículos detenidos y que las investigaciones que se realizan determinarán a los posibles responsables y el grado de participación.

“Hacemos un llamado a nuestro pueblo afrodescendiente al pueblo afrochoteño, sabemos de su identidad con su pueblo y esperamos que no estén las persona apoyando al cometimiento de ilícitos, para luego verse involucrados en hechos que judicialmente y de acuerdo a la norma lleguen a la sanción e incluso a la privación de la libertad.

Por eso hacemos el llamado a la comunidad, una vez judicializado no es que la Gobernadora o la Policía está persiguiendo a las personas, se persigue al delito al delincuente y lo que se hace es administrar justicia, porque tienen que hacerse responsables de las acciones u omisiones”, dijo la representante del Ejecutivo en la provincia.

El Código Penal en el artículo 283 establece penas de 1 a 3 años, de 3 a 5 años e incluso una pena privativa de 22 a 26 años. #JuntosMásSeguros.

Cerca de 200 personas de la zona de Íntag bloquearon el paso de técnicos de la empresa minera ENAMI EP

(Redacción Imbabura).- Cerca de 200 personas de la cuenca del Río Nangulvi, de las comunidades de Nangulvi Bajo, El Paraíso, Santa Elena, La Loma, se reunieron en la comunidad de El Paraíso, la tarde de este miércoles para detener el paso de técnicos de la empresa minera ENAMI EP, CORNESTONE y Presidenta del GAD de Peñaherrera, quienes fueron invitados por la directiva de la comuna El Mirador de Las Palmas para socializar las concesiones mineras Playa Rica 1, 2 y 3, lo cual fue desmentido por el secretario de la comunidad Ciro Benalcázar, quien señaló que nadie les ha invitado, sino que la empresa ha pedido a la comunidad que se les invite.

La comunidad solicitó que se lea el art. 57. literal 7. que hace referencia a la consulta previa; señalando que de haber la socialización en el Mirador sería muy importante conocer la versión de que está pasando en la comunidad de Junin.

Con presencia y resguardo policial, las comunidades negaron el paso de la Empresa Minera, en el lugar también estuvo el Teniente Político de la Comunidad, finalmente tras varias horas de negociación y sin registrarse enfrentamientos, los miembros de la Fuerza Pública y ENAMI EP, conjuntamente con los miembros de la Junta Parroquial abandonaron el lugar sin haber realizado la socialización.

Se ordenó la liberación de cinco policías acusados de recibir coimas en temas mineros

(Redacción Imbabura).- La mañana del miércoles 25 de abril del 2018, se produjo la detención de cinco elementos policiales, en el sector de Cahuasquí en el cantón Urcuquí, de los que se presume estarían cobrando coimas por dejar pasar el material minero de la zona.

Cinco elementos policiales de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional del Ecuador, que prestaban servicio en el sector de Buenos Aires, fueron detenidos y puestos a órdenes de la autoridad por un presunto delito de cohecho en el que se decía que cobraban una cantidad de dinero para dejar pasar a las camionetas o camiones, que de madrugada sacaban el material aurífero de la zona de El Triunfo. La Juez de turno calificó la flagrancia y se ordenó su detención para continuar con las investigaciones.

Luego de un mes de investigaciones los abogados defensores de los miembros policiales; Dr. Carlos Carrera, Dr. Fausto Rivadeneira, Dr. Galo Plazas y el Dr. Diego Sarabia solicitaron la audiencia de revocatoria de la prisión preventiva en vista de que se a decir de ellos se encontraron inconsistencias de las pruebas presentadas por Fiscalía.

Luego de las intervenciones de los abogados defensores de los procesados, la señora Jueza de conformidad al numeral 1 de Art. 535 del COIP, que establece la revocatoria de la prisión preventiva, ordenó la inmediata libertad de los uniformados, por cuanto de la misma exposición realizada por la fiscal de la causa se llegó a establecer que los indicios por los cuales se dictó prision preventiva se habían desvanecido y que existían nuevos elementos que valorar, por lo que en base al principio constitucional de presunción de inocencia y de igualdad ante la ley, resolvió disponer la revocatoria de la medida cautelar dictada en su contra.

Adicionalmente, se vinculó a la instrucción fiscal a dos policías de servicio urbano, que según la teoría de Fiscalía tendrían cierto grado de participación en el ilícito que se investiga, por lo que se amplió el plazo de la instrucción fiscal por 30 días más, tiempo durante el cual los sujetos procesales podrán presentar sus descargos en estricta observancia de las garantías básicas del debido proceso.

Según el Consorcio de abogados defensores, los elementos han variado desde que se dio inicio a la fase procesal penal y por lo tanto habrá que esperar al cierre de la instrucción fiscal, para saber cuál será el dictamen de la titular de la investigación, misma que además se encuentra siendo observada también por la Delegada del Defensor del Pueblo de Imbabura, mediante una acción de vigilancia del debido proceso.

La volqueta estaba cargada de material aurífero almacenado ilegalmente

(Redacción Ibarra).- El Prefecto de Imbabura Pablo Jurado Moreno, en rueda de prensa informó sobre la retención de maquinaría del Gobierno Provincial de Imbabura, por parte de un grupo de mineros del sector de Palacara.

La mañana del domingo 29 de abril, mediante un operativo policial se detuvo a 25 personas en el sector de Palacara, al noroccidente de la provincia de Imbabura, por transporte y acopio de material minero.

Dentro de este caso, la Gobernadora de Imbabura Marisol Peñafiel solicitó al Prefecto de Imbabura Pablo Jurado la colaboración con maquinaria y volquetas del organismo provincial para poder trasladar desde el lugar hasta los patios de revisión de Ibarra.

En este proceso, se empezó a realizar la extracción del material minero “Cuando se realizaba el segundo viaje de los cuatro programados, un grupo de personas a bordo de dos camionetas interceptaron a un conductor y con armas de fuego amedrentaron al mismo y lo hicieron que gire con dirección al Valle del Chota” afirmó el Prefecto Pablo Jurado.

El conductor del vehículo en su afán de precautelar su vida, se arrojó del vehículo y lo dejó en medio de la vía. Los ciudadanos abordaron la volqueta y procedieron a emprender marcha con rumbo norte.

Pasaron el Control Integrado de Mascarilla y se dirigieron a la comunidad de Chalguayacu, en donde dejaron abandonado el vehículo pesado.

El Prefecto además informó que se en este operativo hubo un cruce de balas que afortunadamente no dejó personas heridas, horas más tarde el vehículo fue localizado en un camino de tercer orden.

25 mineros ilegales fueron detenidos en Imbabura

(Redacción Imbabura).- El Gobierno continúa su lucha contra la minería ilegal. Durante un operativo de control, el domingo 29 de abril, 25 personas fueron detenidas en Imbabura por almacenar y transportar ilegalmente material aurífero. Además se decomisaron 260 bultos.

Las detenciones y decomiso se realizaron en la concesión minera de material pétreo “Palacara”, lugar en donde se almacenaban los minerales que luego eran camuflados en volquetes cubiertos con una capa de ripio. Posteriormente eran transportados hasta la provincia de El Oro para su procesamiento.

Durante la audiencia realizada esta tarde, se dictaron medidas cautelares para tres de los detenidos, mientras que los otros 22 permanecerán privados de su libertad en espera del juicio.

Los detenidos son oriundos de las provincias de El Oro e Imbabura. Entre ellos también se encuentran ciudadanos extranjeros.

La minería ilegal es un delito tipificado en el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal. Establece que “la persona que, sin autorización de la autoridad competente, extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

El Ministerio de Minería colabora con las instituciones públicas que conforman la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, (Cecmi) para controlar y erradicar la minería ilegal en el territorio nacional, a través de una política pública de Estado que incluye intervenciones multisectoriales.

Hasta el momento se han detenido más de 10 millones de dólares en material aurífero

(Redacción Ibarra).- La Policía Nacional del Ecuador realizó el allanamiento la mañana de este jueves 12 de abril del 2018, de un inmueble ubicado en San Antonio de Ibarra, en donde presuntamente se almacenaba material aurífero extraído ilegalmente del sector de Buenos Aires.

El Crnl. Carlos Pozo, comandante de la Sub Zona Imbabura, en rueda de prensa brindó los detalles de la operación, la misma que habría sido coordinada con Inteligencia y la Policía Judicial.

Luego de realizado el allanamiento se pudo detener a tres personas, además se decomisó 800 sacos de material aurífero y dos camionetas doble cabina, 3 armas de fuego y equipo de comunicación tipo Handy. Las tres personas fueron puestas  a órdenes de la autoridad competente.

El Crnl. Pozo informó que hasta el momento se han decomisado más de 280 toneladas de material aurífero, 154 personas han sido detenidas y además se han retenido más de 86 vehículos, desde que iniciaron los operativos de control, en la zona de Imbabura.

El material aurífero estaría valorado en alrededor de los 10 millones de dólares.

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