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Fiscalía, Contraloría y la UAFE investigarán presuntos delitos ligados al doble pago por expropiaciones en Ibarra

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(Redacción Ibarra).- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra ha presentado requerimientos dirigidos a la  Fiscalía General del Estado solicitando se aperture una investigación penal respecto de los hechos analizados dentro del informe de la Comisión Especializada que permita de manera inmediata determinar la responsabilidad y/o participación dolosa por acción u omisión de los ex servidores municipales que inobservaron la Ley y normas de control interno, así como del beneficiario del doble pago.

Se ofició también a la Contraloría General del Estado, solicitando se realice un examen especial que permita de manera inmediata determinar la responsabilidad por acción u omisión de los ex servidores municipales, que inobservaron la Ley y normas de control interno al permitir que un ciudadano reciba un mismo pago dos ocasiones, y que tres años después se intente recuperar esos valores a largo plazo y contraviniendo el contenido señalado en el Código Orgánico Administrativo.

Se ofició también a la Unidad de Análisis Financiero UAFE solicitando se aperture un acto de investigación que permita verificar si dentro de las operaciones económicas realizadas entre el Municipio de Ibarra a través de sus representantes legales y judiciales y dos ciudadanos en los años 2013 y 2016, y si guardan correspondencia con el perfil económico y financiero, para que en efecto no hayan advertido de una acción errada por los servidores municipales en el año 2016, y hayan usufructuado de valores monetario de los Ibarreños.

Comisión Especial del Concejo Municipal de Ibarra confirmó doble pago por expropiaciones

 

IMG_1921(Redacción Ibarra).- El Concejo Municipal de Ibarra trató la mañana de este miércoles 10 de julio del 2019, el informe de la Comisión Especial para investigar el presunto doble pago, materia de una expropiación de un terreno en la ciudad de Ibarra.

La Mgs. Miriam Ayala, presidenta de la Comisión Especial entregó de manera formal a la alcaldesa de Ibarra el informe impreso de la Comisión que recogió los documentos y versiones de los implicados.

La Comisión Especial conformada por las concejalas; Msc. Mirian Ayala como presidenta, Msc. Betty Romero y la concejala Tania Chamorro, trabajó desde el 12 de junio del 2019.

Luego de más de una hora de lectura del informe la Comisión concluyó que dada la documentación recopilada, los análisis a los registros contables, el archivo documental del juicio de expropiación de los terrenos, la comisión determinó que sí se procedió a pagar dos veces por la expropiación de un mismo terreno a nombre de Gonzalo Cristobal Benalcázar Naranjo.

El primer pago se efectuó el 02 de mayo del 2013, a la cuenta de la Procuradora Judicial del señor Gonzalo Cristobal Benalcázar Naranjo, Dra. Lucia Posso Naranjo, en el Banco Internacional por un monto de 86.554.91 USD.

El segundo pago se realizó el  18 de julio del 2016, a la procuradora judicial la Dra. Lucia Posso Naranjo en una cuenta de Control de Depósitos Judiciales de BANEcuador, por una cantidad de 86.554.91 USD, confirmado según documento OPIS, que reposa en la Municipalidad, en los dos casos la comisión determinó que se realizó el doble pago con un mismo número de juicio.

El informe dice además que los ex funcionarios del GAD Municipal, incurrieron en negligencia al no realizar el control previo adeudado, lo cual ocasionó que se proceda a realizar el segundo pago en el año 2016.

La Comisión en su informe recomendó continuar con las acciones en la Fiscalía General del Estado, para que se investigue si existieron responsabilidades penales, civiles o administrativas en este cobro, se recomendó además que sigan los trámites en la Contraloría General del Estado para determinar las responsabilidades de los funcionarios implicados. La Comisión además recomendó que la Unidad de Análisis Financiero UAFE, realice las investigaciones necesarias para determinar si existió algún delito relacionado con el cobro de este dinero.

El Municipio de Ibarra además continuará con el juicio Coactivo para la recuperación del pago duplicado que ascienden a 86.554.81 dólares, más los intereses de ley.

El Concejo Municipal con 10 votos a favor aprobó el informe presentado por la Comisión.

 

Concejo Municipal creo una Comisión Especial para investigar presunto doble pago

 

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(Redacción Ibarra).- El Pleno del Concejo Municipal de Ibarra reunido en Sesión Ordinaria decidió conformar una Comisión Especializada para que investigue el doble pago en la expropiación de un inmueble. Hecho que vincularía presuntamente a la concejala Lucía Posso que intervino como abogada del Sr. Cristóbal Benálcazar, beneficiario en esta transacción.

La decisión de integrar esta Comisión se produjo luego de que la concejala Betty Romero en uso de la palabra mocionó ante el Pleno que se forme este cuerpo legislativo, según indicó “para aclarar cualquier tipo de duda”.

Posteriormente hizo uso de la palabra el concejal Óscar Lomas que al contrario de la concejala Romero mocionó para que se establezca una Comisión que aclare todos los casos de de delimitación de predios, que mencionó existen en Ibarra.

Ante la disyuntiva de estas dos propuestas, la Alcaldesa solicitó al secretario del Pleno que se eleve a votación las dos mociones, resultando la moción de la concejala Romero como la elegida, con un apoyo de 7 votos a favor y 3 en contra.

Los concejalas Mirian Ayala, Tania Chamorro y Betty Romero por decisón del Pleno fueron seleccionados para que conformen está Comisión, que será presidida por la edil Mirian Ayala y la vicepresidencia ocupada por la concejala Tania Chamorro.

El trabajo de este Cuerpo Legislativo será encaminado a dar luces a la ciudadanía si existe dolo o se trata de un error administrativo que sobrevino en presuntos dobles pagos de un predio por expropiación, mientras q se espera recibir el día miercoles 3 de julio de 2019 un primer informe de esta Comisión ante el Concejo Municipal.

El pasado lunes la Alcaldesa Andrea Scacco en rueda de prensa denunció ante los medios de la comunicación que en los años 2013 y 2016 la Municipalidad canceló más de 80.000 dólares  por la expropiación de un inmueble ubicado en la Av. Galo Plaza,  lo cual generó un perjuicio a la ciudadanía de Ibarra.

Empezó el pago para miembros de las Juntas Receptoras del Voto

(Redacción Ibarra).- A partir del lunes 16 de abril, las personas que conformaron las Juntas Receptoras del Voto (JRV), en el Referéndum y Consulta Popular 2018, podrán cobrar la compensación económica de USD 20,00 por su porte cívico y democrático.

Previo al inicio de la cancelación de este valor, el Consejo Nacional Electoral (CNE), en sus 24 Delegaciones Provinciales, revisó exhaustivamente la información de las actas que registraron los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) en la jornada del domingo 4 de febrero.

Según el reporte estadístico del Consejo Nacional Electoral, de los 6.979 MJRV seleccionados para cumplir este rol en la provincia de Imbabura, 5.881 conformaron las mesas electorales; una cifra equivalente al 84.27% de asistencia.

Cumplida esta etapa de validación, el organismo electoral se articuló con el Banco del Pacífico, para que los ciudadanos puedan recibir el pago.

Según el reporte de la Unidad Financiera del CNE Imbabura, 440 vocales de las mesas electorales de los sectores de difícil acceso de los cantones: Ibarra, Otavalo, Pimampiro, Cotacachi, Urcuquí y la Zona Especial de las Golondrinas, recibieron el pago al finalizar la jornada del pasado 4 de febrero.

Santiago Vallejo Vásquez, Director de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, manifestó que el pago se realizará a los ciudadanos que registraron su número de cuenta bancaria y a quienes no lo hicieron, “A partir del lunes 16 podrán acercarse portando su cédula de identidad a cualquier agencia del Banco del Pacífico o sus filiales”, dijo Vallejo.

De acuerdo el art. 292 del Código de la Democracia, los ciudadanos que no asistieron a sufragar deberán cancelar una multa equivalente 10% de una remuneración mensual básica unificada, que representa, USD. 38.60. Los miembros de las Juntas que no cumplieron con esta designación, serán penalizados con USD 57.90 equivalente al 15% de un salario básico.

En el caso de quienes hayan incumplido con las dos últimas obligaciones señaladas, el valor total de la sanción será de USD 96.50.

El litigio que lleva más de 25 años ha llegado a su fin 


(Redacción Ibarra).- La mañana de este domingo 29 de octubre se desarrolló la sesión extraordinaria de Concejo en la Alcaldía de Ibarra. 

El tema que concentraba a los ediles se enfocó en la resolución sobre el Caso de la Familia Morejón. 

La reforma pretendía cambiar la categoría de los bienes que están en litigio, tras el análisis que  hiciera  el procurador síndico del cabildo Hugo Realpe, a la resolución que llegó  del Tribunal Contencioso Administrativo, con fecha 25 de octubre, en el que se niega la posibilidad de devolver estas tierras a sus propietarios, debido a que los bienes de dominio público, no pueden ser objeto de compra – venta, ni de ningún acto jurídico que implique la transferencia.

 Según el funcionario municipal estas tierras todavía no pertenecen al estado, porque no se ha entregado ni un dólar por ellas, “lo que nos da la posibilidad de cambiar su categoría a  bienes adscritos al servicio público, a los que el COOTAD, no los considera fuera del mercado o comercio,  lo que podría hacer posible su devolución,  ítem que también está inmerso en el documento enviado por el tribunal”, dijo.

Además se dio a conocer que desde la Procuraduría General del Estado, se emitió un  documento, luego que el alcalde diera a conocer el caso a esta entidad, donde se pide al Tribunal Contencioso Administrativo el archivo de la causa por las diversas irregularidades que tiene, la principal  el área de terreno del que se exige el pago no es de 67.604 metros cuadrados, sino de 42.929.

El Alcalde de la ciudad Álvaro Castillo afirmó que existe un documento oficial del procurador del estado, con el que se podía continuar el litigio legal. “El documento nos da la razón, pero el tribunal Contencioso no lo toma de esa manera a pesar de que el mismo Tribunal solicita que el procurador se pronuncie” comentó Castillo. 

Juan Manuel Mantilla, concejal de Ibarra que votó en contra, comentó que el artículo 417 del COOTAD manifiesta que esas vías y parques ya son de dominio público. “No se puede cambiar la denominación por bienes “adscritos” es una medida ilegal, ya se agotaron todas las instancias y el alcalde quiere que nos vayamos en contra de la ley” comentó. 

Por su parte William Hidalgo, concejal de cantón manifestó que votó en contra de la resolución en vista de que no existen vias para que se revea la resolución del juez.  “Hemos pagado cientos de miles de dólares a abogados, que han sido sancionados por uso de artimañas y abuso de derecho, y para mi este intento de resolución del alcalde de Ibarra es una estrategia política para dilatar más el tema” afirmó.

Hidalgo comentó además que se debería trabajar para fomentar el diálogo con la familia Morejón, llegar a un acuerdo y un concenso, al tiempo de manifestar que la ciudad no puede pagar dicha cantidad de dinero. 

Finalmente Álvaro Castillo comentó que tiene listos ya los bienes que servirán para cubrir el pago y subsanar este caso que lleva más de 15 años en litigio.

Hoy es el último día en el que se pagará el IVA al 14% 


(Redacción Nacional).- A partir del 1 de junio, tal como lo establece la Ley de Solidaridad, los productos gravados con el 14% del impuesto al valor agregado (IVA) vuelven al 12%, indicó Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

En Quito, los comerciantes se preparan  con promociones para atraer más clientes. Uno de ellos es Juan Cando, dueño de un local de electrodomésticos en el tradicional mercado Ipiales, en el centro de la capital. Él señaló que la reducción del IVA impactará positivamente en el sector. “Ese 2% no es un gran valor, pero se convierte en un mejor rendimiento para el consumidor”, afirmó Cando. En su local, si una cocina a gas ahora cuesta  $ 400, desde junio el precio bajaría a $ 392. “Una rebaja de $ 8 para el cliente no es un descuento significativo; si fuera 4% o 5% de descuento la diferencia sería más notable”, aseguró. 

Con la medida adoptada a raíz del terremoto del 16 de abril para la recuperación económica del país, algunos comerciantes tomaron precauciones. Por ejemplo, disminuyeron los pedidos; si antes adquirían 10 refrigeradoras, ahora solo piden cinco y las venden poco a poco. Jorge Mosquera, proveedor de  electrodomésticos en el mismo  mercado, dijo que el impacto en las ventas por la disminución del IVA será positivo y el movimiento comercial se incrementará. “Desde abril las ventas han mejorado en  todos los segmentos del comercio”, dijo. Esta dinámica también coincide con nuevas ofertas y créditos que surgen por mayo, el mes de las madres. Con el regreso del IVA al 12%, “tenemos la esperanza de vender más”, agregó Mosquera.

 Sin embargo, este comerciante considera que quienes compraron electrodomésticos u otros productos con el 14% transferirán ese costo al consumidor. Indicó que el aumento del IVA no afectó a los vendedores directamente, como sí lo hizo el de las salvaguardias en su momento. 

Esperan que con el levantamiento de estas, que ya está vigente, sus ventas se recuperen. Por su parte Roberto Rosero, del almacén Concresa, menciona que si el IVA baja el beneficio es para todos. “La gente  está con mucha expectativa porque los electrodomésticos se encarecieron, pero con la disminución del impuesto vamos a tener un descuento y  precios más cómodos”, aseguró el ejecutivo de ventas. Explicó que muchos productos adquiridos al 14 % saldrán a la venta con el 12%, y que la ciudadanía ya se acostumbró a pagar el 14%. 

Con esa reducción, un televisor pantalla plana de los más grandes podría disminuir su valor en alrededor de $ 100, dijo. Esmeraldas y Manabí estaban exoneradas del alza del IVA,

 Sin embargo, Lucía Fernández, presidenta de la  Federación de Cámaras de Comercio de Manabí, manifestó que la ley no resultó del todo beneficiosa sobre todo en la adquisición de materias primas, ya que los productos que las empresas requieren no se compran localmente. Destacó que lo positivo fue el consumo interno.

 Las facturas adquiridas en 2016 seguirán vigentes Carlos Calero, director general de la firma Asesor Contable, señaló que mucha gente subió los precios de los productos y servicios a raíz de la aplicación de la medida. No obstante, otros comerciantes  asumieron el 2% para no incrementar los precios finales. Algunos incluso promocionaron sus ventas con mensajes alusivos a que no alteraron los costos para sus clientes. 

Según Calero, la disminución debe reflejarse desde este 1 de junio. “No tiene nada que ver si el almacén adquirió el producto con 14%; la reducción se debe aplicar de inmediato porque el 14% del IVA se lo tomó como crédito tributario”, es decir que no es parte del costo, ni del gasto del comerciante. Para el experto, el poder adquisitivo de la ciudadanía mejorará levemente el próximo mes. 

  En cuanto a las facturas, Calero indicó que mientras estén autorizadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) son válidas hasta el final del periodo. Por ejemplo, si se imprimieron facturas en noviembre de 2016 y en ellas consta el 14% del IVA, esos documentos podrán utilizarse hasta noviembre de 2017, pero calculando el 12%.

 La ley no aplicó para los productos de la canasta básica familiar y algunos servicios como educación, salud, alquiler de vivienda, mientras que el costo del combustible fue asumido por el Estado. Según el Director del Servicio de Rentas Internas, hasta mayo se “superarán los $ 1.500 millones de recaudación (por las contribuciones solidarias), siendo más del 62% de las fuentes de financiamiento”. Agregó que ya están asignados más de $ 1.200 millones en obras y proyectos para la reconstrucción y reactivación económica.

Con información de El Telégrafo