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Contraloría confirmó varias irregularidades en la construcción de la vía Cuicocha, Apuela, Aguagrum

(Redacción Ibarra).- La Contraloría General del Estado confirmó la responsabilidad civil por USD 3’342.307 del ex prefecto de Imbabura, tres funcionarios del gobierno provincial, la constructora y el fiscalizador externo que participaron en los procesos de contratación, efectuados entre julio de 2012 y diciembre de 2018, para el proyecto de asfaltado de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum, en el cantón Cotacachi.


A partir del análisis documental y de las condiciones físicas de la vía, el equipo de control advirtió que, durante el periodo de prueba, el contratista dio mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, derrumbes, trabajos emergentes), pero no intervino la carpeta asfáltica y no reparó los daños en la estructura de la vía como baches, hundimientos, grietas, fisuras longitudinales y tramos colapsados que ponían en riesgo el tránsito vehicular.


La Contraloría determinó que el gobierno provincial realizó pagos, por rubros mal ejecutados, por el monto de la responsabilidad civil. Esto ocurrió debido a que el prefecto, en su periodo de actuación como máxima autoridad, no dispuso que se adopten las medidas necesarias para evitar el deterioro prematuro de la carretera y garantizar así su operación.


Por su parte, el director general de Fiscalización de la Prefectura y el administrador del contrato de obra no supervisaron las acciones de la constructora, ni comunicaron el estado de la vía y el avance de los trabajos para que se tomen decisiones oportunas que aseguren la reparación y mantenimiento de la carretera.


Además, la compañía contratada para realizar la fiscalización externa no verificó que las capas de la estructura del pavimento cumplan los espesores determinados en las especificaciones técnicas, ni exigió a la constructora la ejecución de rubros contractuales como muros de gaviones, hormigones y drenajes, aspectos necesarios para la conservación y buen funcionamiento de la vía.


A pesar de los incumplimientos, el administrador de ese contrato gestionó los desembolsos en favor de la fiscalizadora.


Pagos no justificados por volúmenes y especificaciones de obra


Producto del análisis del mismo examen especial, el organismo de control también confirmó otra glosa por USD 1’327.476 para el fiscalizador de la Prefectura designado para la liquidación de los contratos principal y complementario de obra.
Durante el examen se estableció que el funcionario no verificó la exactitud de los trabajos registrados en las planillas e incluyó actividades que no formaron parte del contrato, relacionadas con reasfaltado, bacheo, reposición de materiales por contaminación y lluvias, ocasionando que la Prefectura realice desembolsos injustificados al contratista por el valor de la glosa.


Recursos de revisión


En concordancia con la normativa vigente, las personas naturales y jurídicas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Fiscalía, Contraloría y la UAFE investigarán presuntos delitos ligados al doble pago por expropiaciones en Ibarra

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(Redacción Ibarra).- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra ha presentado requerimientos dirigidos a la  Fiscalía General del Estado solicitando se aperture una investigación penal respecto de los hechos analizados dentro del informe de la Comisión Especializada que permita de manera inmediata determinar la responsabilidad y/o participación dolosa por acción u omisión de los ex servidores municipales que inobservaron la Ley y normas de control interno, así como del beneficiario del doble pago.

Se ofició también a la Contraloría General del Estado, solicitando se realice un examen especial que permita de manera inmediata determinar la responsabilidad por acción u omisión de los ex servidores municipales, que inobservaron la Ley y normas de control interno al permitir que un ciudadano reciba un mismo pago dos ocasiones, y que tres años después se intente recuperar esos valores a largo plazo y contraviniendo el contenido señalado en el Código Orgánico Administrativo.

Se ofició también a la Unidad de Análisis Financiero UAFE solicitando se aperture un acto de investigación que permita verificar si dentro de las operaciones económicas realizadas entre el Municipio de Ibarra a través de sus representantes legales y judiciales y dos ciudadanos en los años 2013 y 2016, y si guardan correspondencia con el perfil económico y financiero, para que en efecto no hayan advertido de una acción errada por los servidores municipales en el año 2016, y hayan usufructuado de valores monetario de los Ibarreños.

Polideportivos construidos en Ibarra fueron adjudicados en base a documentos presuntamente falsificados

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(Redacción Ibarra).- La Contraloría General del Estado, en su informe borrador de la auditoria realizada al municipio de Ibarra, señala varias irregularidades en la construcción de 7 de los 21 polideportivos y el cerramiento de la cancha de Pelota Nacional en Yacucalle, construidos en la ciudad de Ibarra, en la administración de Álvaro Castillo.

Los polideportivos en la mira de Contraloría, son el de 4 Esquinas, ubicado en la parroquia el Priorato, el polideportivo en el Olivo Alto, el polideportivo en San Antonio de Ibarra, el polideportivo de La Esperanza, en Azaya Centro, Guayaquil de Caranqui y Carpuela.

La Contraloría en su informe borrador menciona que en la construcción del Polideportivo 4 Esquinas y Olivo Alto, fijado con el código de proceso COTO-GAD-I-007-2014, adjudicada por el alcalde de Ibarra el 8 de diciembre del 2018 al Consorcio Olimpia,  fue realizada sin verificar la información de contratación pública, incumpliendo con la condición de residencia y actividad comercial en la ciudad de Ibarra, que dictamina el SERCOP para estos procesos. Además se presentó un documento  presuntamente adulterado, que certificaba la construcción de una obra similar en el GAD parroquial de Tabiazo, provincia de Esmeraldas, obra que según el oficio remitido por el GAD de Tabiazo y dirigida a la Contraloría, nunca fue realizada en dicha localidad.

En una situación similar se encuentra la construcción del cerramiento de la cancha de pelota nacional,  adjudicada por el alcalde de Ibarra al Consorcio San Antonio, el 06 de agosto del 2015, en la que no se verificó la información de residencia y actividad comercial en Ibarra de todos los miembros consorciados. Y además así como sucedió en la construcción del Polideportivo 4 Esquinas, Olivo Alto, se usó un documento presuntamente adulterado, para acreditar la experiencia del oferente, en donde se menciona que uno sus miembros fue parte de la construcción de un polideportivo y remodelación del parque central de Tabiazo en Esmeraldas, sin que esta obra se haya ejecutado nunca en dicha parroquia, según la certificación emitida por el GAD parroquial de Tabiazo.

Misma situación sucedió en el proceso COTO-GAD-I-017-2015, que hace referencia a la construcción del Polideportivo La Esperanza, en donde dos de los miembros del Consorcio RELCO ESP, adjudicado a la construcción, presentaron unos documentos que les acreditaban la experiencia como superintendente y residente de obra en la Construcción del Parque Céntrica Boulevar de Ibarra. Sin embargo en una certificación del SERCOB, entidad ejecutora de la obra, se evidencia que el personal detallado en la oferta por el Consorcio RELCO ESP, no registran las planillas de pago como personal que laboró en el proyecto.

En la construcción del Polideportivo Azaya Centro, que fue adjudicada por el alcalde de Ibarra, el 31 de octubre del 2016, al Consorcio RELCO AZY, en donde para calificar la experiencia del oferente se entregó un documento que acreditaba que uno de los miembros participó en la construcción de dos obras similares, una para la IV División del Ejército “Amazonas” y la Dirección Distrital 10D01-Ibarra del Ministerio de Salud, sin embargo la Contraloría encontró una variación de precios en las construcciones realizadas y las presentadas por el miembro del Consorcio RELCO AZY.

Finalmente en la construcción de los Polideportivos Guayaquil de Caranqui y Polideportivo de Carpuela, adjudicados por el alcalde de Ibarra a los consorcios INGDEP y POLCAR, se usó la misma certificación del GAD parroquial de Tabiazo en Esmeraldas, misma que certificaba a uno los miembros del Consorcio como residente de obra de la construcción de un polideportivo y la remodelación del parque en la parroquia Tabiazo del cantón Esmeraldas, sin embargo como en los anteriores procesos el GAD parroquial de Tabiazo negó que esa obra se haya ejecutado en su parroquia.

En su parte final el informe borrador concluye que los miembros de la comisión técnica asignaron puntuación en parámetros como experiencia específica, experiencia mínima del Superintendente y Residentes de obra, sin verificar la información presentada por los oferentes y de todos los miembros, incumpliendo los requisitos de localidad, que determina el SERCOP, en los procesos de contratación pública.

Además el alcalde de Ibarra adjudicó a cinco consorcios, la construcción de seis polideportivos, con oferentes que no cumplieron con todos los requisitos establecidos en los pliegos y que certificaron experiencia con documentos que no fueron verificados por la comisión técnica, ocasionando que se adjudiquen procesos a oferentes que no cumplían con los parámetros establecidos en los pliegos, afectando el principio de Contratación Pública.

 

 

 

 

Alcalde amenaza con demandar penalmente a nuestro medio de comunicación por publicar noticia de informe borrador de Contraloría que habla de sobreprecios

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(Redacción Ibarra).- El alcalde de la ciudad y candidato a la reelección Álvaro Castillo en una entrevista realizada en la cadena radial América, realizada el martes 05 de febrero del 2019, se refirió al informe borrador de Contraloría, que habla de los sobreprecios en la construcción de la primera etapa del Mercado Amazonas y sobre la noticia publicada en nuestra redacción.

El primer personero de la ciudad hizo un llamado a la ciudadanía a que busque la información en la página web de la Contraloría “Le pido a la ciudadanía que vaya a la página web y que busque en donde están todos los informes de Contraloría a ver si es cierto” comentó.

Luego amenazó a nuestro medio de comunicación, con iniciar una demanda penal por la noticia publicada la noche del domingo; “Ya es hora de pararles a estos canallas” afirmó el burgomaestre, en referencia a la noticia publicada en nuestro medio.

Hemos buscado la reacción de los concejales que ya tienen el informe borrador, sin embargo ninguno se pronunció con relación a los sobreprecios encontrados en la posible construcción de la segunda fase del Mercado Amazonas, según datos que recoge el informe borrador de Contraloría.

(Nuestro informe en el siguiente link) 

https://hoyenimbabura.com/2019/02/03/contraloria-encontro-sobreprecios-en-la-construccion-del-nuevo-mercado-amazonas/

Contraloría encontró sobreprecios en la construcción del nuevo mercado Amazonas

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(Redacción Ibarra).- Como parte del plan anual de las acciones de control, la Contraloría General del Estado, Delegación Provincial de Imbabura realizó el examen especial de control a los procedimientos de contratación ejecutados en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de agosto de 2018.

Nuestra redacción tuvo acceso a los documentos del informe borrador, en donde se realizan observaciones al proceso de construcción y contratación de la Fase 1 y 2 del Nuevo Mercado de Ibarra.

La Contraloría luego de un análisis minucioso a la documentación y procedimientos por parte del GAD Municipal, encontró varias novedades.

La primera, los estudios de prefactibilidad, proyecto arquitectónico, constructivo, solución estructural, propuesta de ejecución de la obra y puesta en marcha del proyecto Nuevo Mercado Amazonas, daban cuenta de la construcción del proyecto en una sola etapa. El consultor contratado para este estudio, tomando en cuenta las características del suelo, el nivel freático y demás parámetros, recomendó que la construcción se la realice en una sola etapa y que las actividades constructivas estén relacionadas secuencialmente entre las diferentes ingenierías, desde la concepción de infraestructura y superestructura.

Sin embargo, el GAD Municipal el 05 de octubre del 2015 suscribió el contrato de licitación de obras, para iniciar con la Fase Uno del proyecto, sin tomar en cuenta los  recomendado en los estudios de prefactibilidad.

En enero del 2017, se entregó la fase uno del proyecto a un costo inicial de 5 034 649, 44 USD y se firmó un contrato complementario por un valor de 1 015 474, 27 USD, dando un gran total de  6 050 123, 71 USD invertidos en la primera fase.

En este proceso y al relacionar los precios unitarios de los rubros más representativos del presupuesto referencial, la Contraloría encontró un sobreprecio de alrededor de 910.845.02 USD en siete elementos utilizados en la construcción de la Fase Uno, que van desde Acero de refuerzo en barras, hasta Hormigón premezclado, mejoramiento de suelos entre otros.

El 22 de julio del 2016, el alcalde de Ibarra resolvió terminar con el proceso de contratación de la segunda fase del nuevo mercado con la empresa SEYSE, por varias irregularidades en la entrega de la documentación, que terminó en el descubrimiento y la utilización de documentos falsos, en los procesos precontractuales que fueron denunciados por varios concejales, en ese entonces.

Inmediatamente el alcalde, inició el proceso de contratación mediante la figura de Préstamo Proveedor, bajo la recomendación de un informe elaborado por la comisión especial creada para esta segunda etapa,  que en su parte medular dice “La ejecución de la obra del Nuevo Mercado Amazonas está vinculada con la operación de endeudamiento público, por lo que su contratación se exceptúa del trámite previsto en la LOSNCP”

Sin embargo, el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, mediante oficio dirigido al alcalde el 09 de febrero del 2018,  le recomienda  ceñirse a lo que dice la ley de Contratación Pública, para llevar a cabo la contratación de la segunda fase del Mercado Amazonas y que se deben cumplir con todas las disposiciones que la misma ley dice.

Con respecto a esta fase, la Controlaría señala enfáticamente la presencia de una segunda sobrevaloración en el contrato de la segunda etapa, en vista de que en este segundo contrato, que salió a licitación se toma en cuenta el primer rubro que se realizó en la fase uno del proyecto, mismo que ya fue pagado y ejecutado.

Por ende, la Contraloría determina en su informe borrador que el presupuesto referencial de la etapa dos, que elaboró la Comisión Especial, conformada por Director de la Unidad de Macro Proyectos, el Director de Gestión Financiera y el Procurador Síndico, tiene un sobreprecio de alrededor de 6 050 123.71 USD, en vista de que incluyó en el rubro los trabajos que ya se realizaron y pagaron en la etapa uno del proyecto.

En sus conclusiones la Contraloría determinó que existió una inobservancia al estudio de prefactibilidad del proyecto Nuevo Mercado Amazonas, que decía que la obra se debió construir en una sola etapa y no en dos.

Además resalta el informe que se inobservó los precios unitarios facilitados por el GAD de Ibarra y se registró una sobrevaloración en 7 rubros, por un monto de más de 900 mil dólares.

También menciona que el proceso de contratación no sigue los procedimientos que determina el SERCOP, mismos que han desencadenado en la paralización por más de 2 años de la obra, haciendo que todo lo invertido se encuentre en deterioro y abandono sin prestar el servicio a la colectividad.

Finalmente, menciona que los presupuestos referenciales de la etapa dos, que detalló la comisión especial tienen un sobreprecio de más de 6 millones de dólares, en vista de que incluye los valores que ya se ejecutaron y pagaron en la fase uno del proyecto.

Concejal Mantilla entregó pedido de examen especial a Contraloría sobre proceso de dimisión de bienes de la familia Morejón

(Redacción Ibarra).- Este miércoles 22 de agosto del 2018, el concejal de Ibarra Juan Manuel Mantilla, entregó a la Contraloría General del Estado en la ciudad de Quito, un pedido para un  examen especial al proceso judicial que lleva adelante la familia Morejón en contra de la Municipalidad de Ibarra.

El pedido del edil Ibarreño se centra en la gestión de la primera autoridad de la ciudad Álvaro Castillo y el procurador síndico, al dimitir bienes por más de 10 millones de dólares a favor de la familia, sin contar con la autorización del Concejo Municipal.

“Hemos venido ahora a Quito para ingresar el pedido de auditoría al alcalde de Ibarra en vista de que no se ha respetado el procedimiento contemplado en el COOTAD, firmando dimisión de bienes sin que haya recibido la aprobación del Concejo Municipal” comentó Mantilla.

El alcalde de la ciudad tenía hasta el 15 de agosto para cumplir con la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y pagar o dimitir bienes por la cantidad de 10`193.347.71 dólares. Para cumplir con esta sentencia el alcalde dimitió 25 bienes de la ciudad, en los que se encuentran el edificio del ex patronato, la Gallera Municipal y varios terrenos en la ciudad.

“El alcalde ha decidido unilateralmente la dimisión de bienes cuando lo importante es llegar a un acuerdo de pago a plazos, el prefiere dimitir bienes que al final terminarán costando más a Ibarra en vez de generar un acuerdo de pago y pagar poco a poco, nosotros estamos intentando impedir que se afecte a Ibarra” finalizó

Fabián Posso alcalde de Antonio Ante entregó documentación a la Contraloría sobre irregularidades en la anterior administración municipal

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(Redacción Antonio Ante).- Como se había anunciado en semanas anteriores por parte de Fabián Posso, alcalde de Antonio Ante, la lucha contra la corrupción debe ser frontal en todos los estamentos del estado, por lo que se dio  inicio a  una investigación sobre un contrato con posibles irregularidades, ejecutado entre el GAD municipal de Antonio Ante y la empresa JACMAR, en pleno auge del correísmo en el 2012.

Para hacer pública y formal esta denuncia, el Alcalde de Antonio Ante acompañado del asambleísta por Imbabura  Marcelo Simbaña, acudieron hasta la Contraloría General del Estado en la ciudad de Quito, para hacer la entrega de un expediente nutrido con la documentación debidamente sustentada y certificada sobre el caso.

Así lo dio a conocer el primer personero municipal del cantón Antonio Ante. “Los recursos públicos que le pertenecen al cantón Antonio Ante ¡se respetan! Y deben ser invertidos con responsabilidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; es la misión de la actual Administración municipal hacer que se cumpla ese derecho de los anteños y sus familias con gestión y transparencia administrativa”, acotó el Burgomaestre.

De su parte Marcelo Simbaña, asambleísta por Imbabura, expresó el respaldo a la iniciativa  de hacer públicos los posibles casos de corrupción que se registren en la provincia.

“Ahora si hay  un trabajo responsable de fiscalización dentro de la Asamblea y daremos seguimiento a este caso presentado por el Alcalde de Antonio Ante, Fabián Posso Padilla”, acotó.

Contraloría iniciará con auditoría al Municipio de Ibarra

(Redacción Ibarra).- Mediante un comunicado, la Contraloría General del Estado anuncia que en septiembre iniciará un examen especial a la Municipalidad de Ibarra.

Como parte del plan anual de las acciones de control de 2018, la Delegación Provincial de Imbabura tiene programado el “Examen especial a los procedimientos de contratación, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de infraestructura educativa, infraestructura deportiva, sistemas eléctricos, de voz y datos, contra incendios, climatización, agua potable, saneamiento ambiental, vías, aceras y bordillos, edificaciones, cerramientos, riego, de consultoría, de aspectos ambientales; y a los gastos para la ejecución de actividades culturales y fiestas; en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de agosto de 2018”.

Se incluirá además que el componente de auditoría, tome en cuenta “los gastos para la ejecución de actividades culturales y fiestas”, en vista de los pedidos formulados por los concejales de Ibarra, Carina Rivadeneira, Carlos Arias y del Alcalde de la ciudad, emitidos a través de tres oficios desde enero y octubre de 2017.

Se tiene previsto que el próximo 3 de septiembre de 2018 la Contraloría inicie con el proceso de fiscalización y se tomará en cuenta las actividades de abril y julio del año 2018.

En la sesión de Concejo del lunes pasado la mayoría de concejales rechazaron el informe de fiestas y coincidieron en que sea la Contraloría la que determine si es que en verdad existieron o no las irregularidades.

La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en contra de Correa y ex ministros de economía

(Redacción Nacional).- La Contraloría General del Estado ha establecido indicios de responsabilidad penal en contra de expresidente Rafael Correa, exministros de Económia, subsecretarios, directores de Financiamiento Público y Coordinador Jurídico del Ministerio de Finanzas por la deuda pública.

El informe de la Contraloría indica que las autoridades económicas del pasado período, entre otras situaciones, incluyeron:

-Incluyeron una metodología para el cálculo de la relación deuda/PIB no prevista en la ley.
-Mantuvieron y aplicaron resoluciones respecto a la calidad de secreta y reservada de la documentación relacionada con operaciones del endeudamiento que difiere del ordenamiento legal.
-Incumplieron los requisitos previstos para la contratación de endeudamiento público una vez superado su límite.
-No registraron como deuda operaciones de preventa de crudo, a pesar de que estas fueron satisfechas incluso mediante el pago de valores monetarios y generaron el pago de intereses al Estado.
-La deuda interna en su conjunto no fue considerada en la estadística, sin que exista evidencia de su pago.
-La reducción se realizó cuando la deuda pública estaba a punto de sobrepasar el límite legal previsto en el COPLAFIP, lo que habilitó la contratación de créditos sin cumplir con la norma legal.

La Contraloría ha dispuesto al Ministerio de Economía y Finanzas la derogatoria de los acuerdos ministeriales y otras resoluciones sobre reserva de las operaciones de deuda.

El informe también cuestiona que las preventas de petróleo no hayan sido contabilizadas como deuda y recomienda gestionar la derogatoria del convenio de cooperación institucional con China, y que el Ministerio de Hidrocarburos disponga que, de requerirse créditos, estos se limiten al objeto y misión de Petroecuador.

La Contraloría, además, dispuso exámenes especiales a:

-Examen especial a la emisión, colocación, pago y/o canje de Certificados de Tesorería.
-Examen especial a las condiciones financieras, plazos, garantías, comisiones de las operaciones de endeudamiento público.
-Examen especial a la dación en pago de las acciones de la banca pública al Banco Central.
-Examen especial a la contratación de abogados y agentes para las operaciones de endeudamiento (colocación de bonos soberanos)
-Examen especial a la inversión de oro monetario y bonos globales con Goldman Sachs.
-Examen especial al servicio de la deuda pública (capital, intereses, otros costos financieros).
-Examen especial a la utilización de los recursos provenientes de las operaciones de endeudamiento.

Informe de Contraloría ratifica responsabilidades civiles en construcción del proyecto Yachay

(Redacción Urcuquí).- Para que se realice las investigaciones pertinentes, el pasado miércoles 04 de abril se envió a la Fiscalía un examen especial de la Contraloría General del Estado que determinó un perjuicio de USD $ 31,4 millones en la ingeniería, estudios, fiscalización y construcción de los cincos edificios de la universidad de Yachay. Se establece responsabilidades por parte de tres exautoridades de la empresa pública Yachay, la firma consultora Hospiplan, la constructora ConEcuakor y el consorcio fiscalizador HP.C.

De acuerdo a una publicación de El Comercio, en el informe DNA2-0015-2018 de la Contraloría, la construcción de los cinco edificios está detenida durante dos años.

El documento explica la suspensión responde a las deflexiones y las fisuras en vigas, losas y escaleras. Por ello, fueron deshabilitadas hasta corregir las fallas.

Señalan que los auditores comprobaron que hubo cambios en los diseños sin una base técnica y explican que estas modificaciones se hicieron con el aval de las exautoridades de la empresa pública Yachay. Esto provocó que se comprometan las estructuras de los 5 edificios  (laboratorios, administración y gestión, auditorio y los denominados de transferencia de tecnología -TT1 y TT2-) y termine en la paralización y cierre.

Por esta razón, la Contraloría determinó que los USD $ 31,4 millones que fueron destinados para el estudio de diseños, la construcción y la fiscalización de estos edificios no representa “una inversión técnicamente sustentada” y la califica de un perjuicio económico. Además, detallan que se crearon nuevos rubros debido a que los exdirectivos no tramitaron los recursos económicos necesarios para el cambio de diseños y de los materiales.

La entidad de control también estableció que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Pública, la consultora Hospiplan es responsable por sus diseños hasta cinco años después de que se recibieron sus estudios. Cargas verticales exageradas, la existencia de pisos completos que no constan en los planos, son algunos de los errores que se identificaron en estos diseños.

Según la consultora, los estudios que ellos realizaron estuvieron bien, pero el consorcio fiscalizador HP.C., que también forma parte Hospiplan, no proporcionó las memorias de cálculo y los planos estructurales de las modificaciones que se implementaron en la obra.

Pese a que el consorcio entregó un informe técnico y planteó soluciones a los inconvenientes registrados, los auditores señalan que no se adoptaron medidas correctivas en su momento y tampoco se realizó la supervisión correspondiente.

Con información de : Platinum, El Comercio

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