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Ministerio de Educación regula el peso de la mochila escolar en Ecuador

(Redacción Nacional).- Ante el pedido de los padres de familia, el Ministerio de Educación emite un Acuerdo que regula el peso de la mochila escolar de los estudiantes de unidades educativas de todo el Sistema Nacional de Educación.

Ello, con el fin de precautelar su salud integral y evitar que sufran lesiones musculares o articulares en la espalda por el exceso de peso.

A partir de varios estudios, se determinó que el peso de la mochila o cualquier otro tipo de soporte utilizado para transportar los útiles escolares, no deberá ser mayor del 10% del peso corporal, para los estudiantes de Educación General Básica en sus subniveles de Preparatoria, Elemental y Media; y, del 15% del peso corporal, para los estudiantes de Educación General Básica: subnivel Básica Superior; y, Bachillerato, de conformidad a la siguiente tabla:

Esta resolución fue emitida este 10 de mayo de 2018 y es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares del país. Para poner en marcha este Acuerdo, el Ministerio de Educación dotará de manera gradual de mobiliario para el material educativo (armarios, anaqueles, estantes o canceles) en las instituciones educativas de sostenimiento fiscal.

Se promoverá también la utilización de herramientas digitales a través de la dotación de plataformas en las instituciones educativas de sostenimiento fiscal y textos digitales, de acuerdo a la infraestructura tecnológica que posea cada institución.

Los docentes del Sistema Nacional de Educación deberán promover la utilización de los libros de texto escolares, dentro del aula de clases, como un recurso educativo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que el estudiante se traslade a su domicilio únicamente con los libros de textos escolares que requieran para el desarrollo de sus tareas escolares.

Para consultar el Acuerdo 049-A, ingrese a: https://goo.gl/ovY7xV

Concejales rechazaron resolución del alcalde y la calificaron de ilegal

(Redacción Ibarra).- En rueda de prensa, tres de los cinco concejales que votaron en contra de la resolución presentada por el Alcalde de Ibarra en el tema de la familia Morejón.  Juan Manuel Mantilla, Willian Hidalgo e Hilda Herrera, dieron su versión sobre este tema.

Mantilla, comentó que la estrategia del alcalde tiene el objetivo de desinformar a la ciudadanía por una falta de defensa de los abogados contratados del municipio, y que ahora se intenta responsabilizar a los Concejales. “En enero del 2017, el Tribunal Contencioso Administrativo sentenció a la municipalidad a pagar 10 millones de dólares y además se establece sanciones para los abogados, donde se establece claramente que se los sanciona por reincidir en el abuso del derecho y el empleo de artimañas, para retardar el litigio” comentó Mantilla.

Por su parte William Hidalgo, quién estuvo como Concejal principal en la sesión extraordinaria de Concejo del día domingo, manifestó su postura en el voto en contra, en vista de que a su criterio, se intentaba hacer caer en error y votar a favor de algo ilegal. “Nos querían hacer ayer votar por un tema ilegal, en vista de que el COOTAD en su artiulo 417 determina cuales son los bienes de uso público, en donde están calles parques y avenidas, que además en su literal H, manifiesta que; son bienes de uso público aunque estén en urbanizaciones particulares, aunque sean de uso privado, y el municipio no tenga documentos o escrituras sobre los mismos.  “Por eso votamos en contra, porque esto es ilegal y que nos pueden acarrear sanciones administrativas, por intentar demorar el proceso y no solucionar el problema de raíz” comentó Hidalgo.

Por su parte Hilda Herrera, quien llegó al país la mañana de este lunes, informó que desde la bancada de Unidad Popular respalda la posición tomada por el concejal Hidalgo. “Nosotros cuando algo ha estado bien, hemos apoyado, pero estamos en contra porque hemos determinado que es ilegal la resolución” comentó Herrera.

El litigio que lleva más de 25 años ha llegado a su fin 


(Redacción Ibarra).- La mañana de este domingo 29 de octubre se desarrolló la sesión extraordinaria de Concejo en la Alcaldía de Ibarra. 

El tema que concentraba a los ediles se enfocó en la resolución sobre el Caso de la Familia Morejón. 

La reforma pretendía cambiar la categoría de los bienes que están en litigio, tras el análisis que  hiciera  el procurador síndico del cabildo Hugo Realpe, a la resolución que llegó  del Tribunal Contencioso Administrativo, con fecha 25 de octubre, en el que se niega la posibilidad de devolver estas tierras a sus propietarios, debido a que los bienes de dominio público, no pueden ser objeto de compra – venta, ni de ningún acto jurídico que implique la transferencia.

 Según el funcionario municipal estas tierras todavía no pertenecen al estado, porque no se ha entregado ni un dólar por ellas, “lo que nos da la posibilidad de cambiar su categoría a  bienes adscritos al servicio público, a los que el COOTAD, no los considera fuera del mercado o comercio,  lo que podría hacer posible su devolución,  ítem que también está inmerso en el documento enviado por el tribunal”, dijo.

Además se dio a conocer que desde la Procuraduría General del Estado, se emitió un  documento, luego que el alcalde diera a conocer el caso a esta entidad, donde se pide al Tribunal Contencioso Administrativo el archivo de la causa por las diversas irregularidades que tiene, la principal  el área de terreno del que se exige el pago no es de 67.604 metros cuadrados, sino de 42.929.

El Alcalde de la ciudad Álvaro Castillo afirmó que existe un documento oficial del procurador del estado, con el que se podía continuar el litigio legal. “El documento nos da la razón, pero el tribunal Contencioso no lo toma de esa manera a pesar de que el mismo Tribunal solicita que el procurador se pronuncie” comentó Castillo. 

Juan Manuel Mantilla, concejal de Ibarra que votó en contra, comentó que el artículo 417 del COOTAD manifiesta que esas vías y parques ya son de dominio público. “No se puede cambiar la denominación por bienes “adscritos” es una medida ilegal, ya se agotaron todas las instancias y el alcalde quiere que nos vayamos en contra de la ley” comentó. 

Por su parte William Hidalgo, concejal de cantón manifestó que votó en contra de la resolución en vista de que no existen vias para que se revea la resolución del juez.  “Hemos pagado cientos de miles de dólares a abogados, que han sido sancionados por uso de artimañas y abuso de derecho, y para mi este intento de resolución del alcalde de Ibarra es una estrategia política para dilatar más el tema” afirmó.

Hidalgo comentó además que se debería trabajar para fomentar el diálogo con la familia Morejón, llegar a un acuerdo y un concenso, al tiempo de manifestar que la ciudad no puede pagar dicha cantidad de dinero. 

Finalmente Álvaro Castillo comentó que tiene listos ya los bienes que servirán para cubrir el pago y subsanar este caso que lleva más de 15 años en litigio.

Municipio de Cotacachi emitió resolución en rechazo a la minería en el cantón 

(Redacción Cotacachi).- El pasado 28 de Junio de 2017 el Concejo Municipal de Cotacachi en pleno aprobó la “Resolución que rechaza las actividades mineras en el cantón”. Tomando como antecedentes importantes el incumplimiento de los estudios de impacto ambiental, el caso omiso a las denuncias por parte de comuneros, sobre las afectaciones a la naturaleza en este primer momento de exploración avanzada en la parroquia García Moreno, Cantón Cotacachi, zona dónde se ejecuta el proyecto minero LLurimagua a manos de la empresa estatal chilena CODELCO.

 

Para Jomar Cevallos, Alcalde de Cotacachi, esta resolución se suma a otras voces en el país que asumen con responsabilidad el cuidado de las fuentes de agua y la potenciación de actividades económicas alternativas, frente a los proyectos mineros:

 

“Este es un acto histórico para Cotacachi. El concejo en pleno, más allá de las diferencias partidistas ha decidido apostar por la vida con una resolución que llegará a manos del Presidente de la República. Este momento de dialogo planteado desde el gobierno debe servir para mostrar con acciones reales e importantes su decisión de apostar por el ser humano. Desde Cotacachi le decimos No a la Minería y planteamos grandes proyectos turísticos y de generación de energía limpia desde la zona de Intag”.

 

Dicha resolución acoge el pronunciamiento de los cotacacheños expresados mediante acuerdo del Consejo de Participación Popular de la Asamblea de Unidad Cantonal — Sistema de Participación del Cantón Cotacachi en el 2014 ; en la XXII – XXII Asamblea de Unidad Cantonal y la II y III Cumbre Cantonal de Cotacachi en los años 2015 y 2016. A más de la resolución del Gobierno Parroquial de Cuellaje que resuelve: “en Cuellaje no es necesario la minería”.

 

Los puntos destacados de la resolución, expresan:

 

Art. 5.- Exigir al Gobierno Nacional las siguientes acciones:

 

a) Suspender la entrega de concesiones para minería metálica en el cantón Cotacachi, dado que la mayor parte de estas se ubican en áreas frágiles, fuentes de agua, zonas de protección y conservación ambiental;

 

c) Suspender las actividades mineras en cualquiera de sus fases en el sector de Junín y Cerro Pelado, parroquia García Moreno;

 

g) Comprometer al Gobierno Nacional a respetar las competencias exclusivas de los GAD Municipales consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, COOTAD y otras Leyes, así evitar la duplicidad de funciones con las Unidades Ejecutoras denominadas empresas públicas como Ecuador Estratégico.

 

h) Realizar un proceso de consulta previa libre e informada en el cantón Cotacachi sobre la minería metálica que pudiere afectar derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; Insistir a las diferentes dependencias del Gobierno Nacional para que se potencialicen las actividades productivas amigables con el ambiente y la sociedad como agricultura orgánica, ganadería sostenible, artesanías, turismo responsable, pequeñas hidroeléctricas entre otras.

 

Se adjunta el cuerpo completo de la resolución:

 

Dato coyuntural:

El 22 de enero de 2017, el Municipio de Cuenca aprueba la “Resolución sobre el estado de actividades de minería metálica dentro del cantón Cuenca”. Cotacachi es el segundo cantón en emitir una resolución de este tipo en lo que va del 2017.


“No hay un solo centavo para pagarles y así lo hubiese no pagaría” Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra 

El Alcalde de Ibarra en rueda de prensa Foto: José Mafla/Cortesía

(Redacción Ibarra).- En rueda de prensa el Alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo manifestó su posición sobre el caso de la familia Morejón. 
Comentó que el se siente tranquilo sobre la resolución y que ahora están a la espera del comunicado del Tribunal, en vista de que se planteó una acción de protección,  sobre la sentencia de pago. 

“El documento que llegó ayer a la alcaldía se basaba en el pedido ingresado en enero del 2016, el tribunal negó la acción, ahora ingresamos el pedido que se basa en la resolución que el Consejo tomó para la devolución del terreno” afirmó el alcalde. 

Confirmó que de las árcas municipales, no se pagará ni un solo centavo y comentó que se tiene listo los terrenos para efectuar la cancelación, de acuerdo a la decisión que tome el Tribunal. “La ciudad perderá quizás el patrimonio, pero intentamos solucionar un problema de hace 25 aňos, que los asumimos nosotros” comentó. 

“Contraloría se deberá encargar de fijar y estudiar a los responsables, de que este proceso haya seguido, en vista que mágicamente los metros calculados en la sentencia han desaparecido, hemos levantado nuestro peritaje y faltan hectáreas, la contraloría determinará las responsabilidades. Finalizó. 

(Noticia en desarrollo) 

Tribunal Contencioso Administrativo ratifica resolución y ordena pago a la familia Morejón por parte del GAD de Ibarra

(Redacción Ibarra).- El Tribunal Contencioso  Administrativo, con sede en Quito emitió la resolución sobre el pedido del GAD de Ibarra, de devolver los terrenos a su estado natural, para que se termine el litigio entre la municipalidad y la familia Morejón, por los terrenos de la avenida Teodoro Gómez, el parque de Pilanquí y parte de la Av. Heleodoro Ayala. 

La resolución de la Corte manifiesta que en un término de 5 días, el GAD de Ibarra, tiene que cancelar a la familia Morejón la cantidad de 10 millones de dólares o dimitir bienes municipales a favor de la familia. 

Esta resolución se da luego del pedido del GAD de devolver los terrenos a su estado natural. 

EN DESARROLLO 

Audiencia sobre cobros irregulares de fotomultas en Ibarra fue suspendida

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(Redacción Ibarra).- La audiencia pública, que se tenía previsto realizar en la Defensoría del Pueblo en Ibarra, para declarar la nulidad de las multas por los fotoradares tuvo que ser suspendida.

Esto en base a un protocolo de seguridad y por la falta de espacio en el lugar donde se realizó, en vista de la cantidad de personas que se dieron cita a realizar sus quejas sobre los cobros de los fotorradares.

A esta audiencia fueron citados 15 peticionarios afectados, además el gerente de Movidelnor, Édgar López, Diego Ordóñez, gerente de Trafficnor y Egma Chica, coordinadora provincial de la Agencia de Tránsito en Imbabura, quien no asistió a la audiencia.

Édgar López, Gerente de Movildernor manifiestó que las sanciones captadas por los radares de la panamericana norte, en el sector de El Prado y del sector del ingreso sur en Chorlaví quedan suspendidas y se procederá a la devolución de los valores cobrados, sin embargo, se mantienen a la espera del mecanismo de devolución, ya que los dineros están en la cuenta única de recaudación de la Agencia Nacional de Tránsito y no han sido transferidos a Movidelnor.

Además confirmó, que las multas registradas en la avenida 17 de julio, si serán cobradas.

Al no haberse concluido la audiencia, no se tiene hasta el momento alguna resolución y se prevé sea retomada la próxima semana, en un espacio más amplio.