(Redacciòn Ibarra).- La acción de protección presentada contra el nuevo pliego tarifario de agua potable de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I) fue rechazada este miércoles 20 de mayo de 2026 por una jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de Ibarra.
El proceso constitucional se originó el pasado 10 de marzo, cuando Jorge Aníbal Llanos Pizanan, en calidad de usuario de la empresa municipal, interpuso una acción de protección con medida cautelar en contra de Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra; Hugo Realpe, procurador síndico del Municipio; y Giovani Rivadeneira, gerente de EMAPA-I, cuestionando la legalidad del nuevo esquema tarifario aplicado en el cantón.
Según el accionante, la empresa municipal implementó un nuevo estudio tarifario y un plan de gradualidad para el servicio de agua potable y saneamiento, amparados en la Resolución N.º 006-RSD/08-12-2025, emitida por el directorio de EMAPA-I el 8 de diciembre de 2025, y en una resolución posterior suscrita por la gerencia el 13 de febrero de este año.
En la demanda, Llanos argumentó que las nuevas tarifas fueron aprobadas mediante resoluciones administrativas, sin cumplir —según sostuvo— con el procedimiento y los requisitos establecidos en la normativa vigente. Además, señaló que estas decisiones imponían obligaciones económicas a los usuarios sin el debido sustento legal.
Como parte de sus pretensiones, solicitó que se declare la vulneración de sus derechos constitucionales, se deje sin efecto la resolución que aprobó el nuevo pliego tarifario y se dispongan medidas de no repetición para garantizar procesos transparentes y ajustados al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y a la normativa de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).
La audiencia se desarrolló la mañana de este miércoles con la participación de representantes de EMAPA-I y de los accionantes. El director jurídico de la empresa, Marco Nicolalde, intervino en representación de la entidad municipal.
Tras analizar los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes, la magistrada resolvió negar la acción constitucional, dejando vigente el nuevo esquema tarifario impulsado por la empresa pública.
Luego de conocerse la decisión judicial, el gerente de EMAPA-I, Giovani Rivadeneira, defendió la aplicación de las nuevas tarifas y aseguró que los recursos permitirán ejecutar obras de inversión para mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad.
Según indicó, los fondos recaudados estarán destinados a ampliar la cobertura del servicio, fortalecer el mantenimiento de los sistemas sanitarios, impulsar programas ambientales y garantizar continuidad y calidad en el abastecimiento de agua potable.
Rivadeneira señaló además que uno de los objetivos prioritarios es mejorar el suministro en los sectores altos de Ibarra, donde históricamente se han reportado problemas de presión y continuidad del servicio.
El gerente también cuestionó la postura de algunos sectores políticos que, según afirmó, intentaron frenar la aplicación del nuevo esquema tarifario y el plan de inversiones previsto por la empresa municipal.
(Redacción Otavalo).- Durante una entrevista en el medio digital APAK TV de Otavalo, el abogado Washington Ruiz informó la situación en la que se encuentra la acción de protección presentada a favor del lago San Pablo que fue aceptada en primera instancia el año pasado.
Explicó que la sentencia de primera instancia fue considerada ambigua y poco específica, por lo que se interpuso un recurso de apelación. En segunda instancia, los jueces provinciales ratificaron la protección del lago y fallaron nuevamente a favor, esta vez por unanimidad. En relación con la demanda, señaló que en segunda instancia la sentencia fue ampliada, fortalecida y precisada por los jueces, especialmente en lo referente a la reparación integral, estableciendo con mayor claridad las obligaciones que deben cumplirse. Posteriormente, el Municipio de Otavalo interpuso un recurso de ampliación y aclaración; sin embargo, este fue negado en su totalidad por los magistrados.
Ruiz leyó textualmente en la entrevista: “La sentencia definitiva (sentencia de apelación), en la parte de la reparación integral 4.1, los jueces constitucionales de la Corte Provincial de Imbabura resolvieron que, en el término de 60 días hábiles después de haber emitido esta sentencia, el Municipio propicie una reunión ampliada entre los actores institucionales, sociales, económicos y deportivos, para establecer una hoja de ruta en la que se precisen las acciones realizadas por cada estamento público y privado hasta la presente fecha y, a partir de allí, definir las obligaciones y compromisos de cada una de las instituciones y demás organismos involucrados”.
Seguidamente, manifestó que ante esta situación, la semana pasada el Municipio extendió una invitación a varios dirigentes para participar en un conversatorio sobre el lago San Pablo. Sin embargo, la mayoría de asistentes fueron funcionarios municipales y no estuvieron presentes todos los actores involucrados, entre ellos dirigentes de cerca de 40 comunidades, actores turísticos y propietarios de embarcaciones. Además, se señaló que a dicha reunión no asistió la alcaldesa Anabel Hermosa.
En la entrevista, a su vez, afirmó que no existiría voluntad política ni un plan integral con presupuesto asignado para atender la problemática del lago, pese a que el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), en sus artículos 55 y 60, faculta a la alcaldesa a realizar traspasos presupuestarios cuando exista una declaratoria legalmente sustentada.
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;
Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa:
o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;
Por su parte, Diego Conejo, dirigente de la comunidad de Pucará de Velásquez, sostuvo que en el cantón la prioridad debería ser la intervención del sistema de alcantarillado y la construcción de colectores marginales, a fin de evitar los puntos de vertido hacia el lago, y anunció que desde la comunidad de Pucará de Velásquez se ejecuta un plan de manejo de residuos de origen textil, debido a que este tipo de desechos son los que más se generan en su comunidad.
(Redacción Imbabura).- Aunque las elecciones del Sindicato de Choferes de Imbabura se llevaron a cabo el pasado 5 de abril de 2025, recién se conoce que la acción de protección presentada por el concejal Edwin Vásquez Mera para frenar el proceso fue negada, confirmando la proclamación de Cristóbal Moncayo como nuevo secretario general y marcando el fin de los 16 años de liderazgo de Vásquez al frente del gremio.
Días antes de los comicios, el Tribunal Electoral del Sindicato descalificó la candidatura de Vásquez para la reelección, lo que generó controversia y tensión entre los socios. En respuesta, Vásquez, quien también es concejal de Ibarra y hasta entonces secretario general del sindicato, presentó una acción de protección que, en primera instancia, fue acogida por el juez Jhonny Gustavo Palacios Soria, ordenando la suspensión de las elecciones.
A pesar de esta decisión judicial, el Tribunal Electoral del sindicato decidió continuar con las votaciones, alegando que sus estatutos internos respaldaban la realización del proceso, lo que derivó en un clima de incertidumbre.
Tras la apelación, la justicia revocó la sentencia de primera instancia y negó la acción de protección, concluyendo que no se vulneraron los derechos constitucionales de participación, debido proceso ni seguridad jurídica. La resolución emitida dejó sin efecto la suspensión de las elecciones y ratificó la validez de los comicios, habilitando a la lista encabezada por Cristóbal Moncayo para asumir la conducción del Sindicato.
Edwin Vásquez Mera dirigió el Sindicato de Choferes de Imbabura durante 16 años consecutivos (2009–2025), tras suceder a Milton Ramírez, y logró cuatro reelecciones seguidas, consolidándose como uno de los dirigentes gremiales de mayor trayectoria en la provincia. Con el fallo judicial y la proclamación de resultados Vásquez ya no podrá postularse en futuros procesos electorales dentro del sindicato.
(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.
El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.
El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.
Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.
(Redacción Imbabura).- El proceso electoral del Sindicato de Choferes Profesionales de Imbabura, realizado el pasado fin de semana, estuvo marcado por denuncias e irregularidades. Días antes de los comicios, el concejal de Ibarra y hasta entonces secretario general del Sindicato, Edwin Vásquez, fue notificado de que su candidatura a la reelección no había sido calificada por el Tribunal Electoral del gremio, generando controversia. Vásquez presentó una acción de protección ante la justicia para frenar las elecciones. Un juez de Imbabura (Jhonny Gustavo Palacios Soria) acogió la acción y ordenó suspender el proceso electoral previsto para el sábado 5 de abril de 2025. Sin embargo, el Tribunal Electoral del sindicato decidió continuar con las votaciones a pesar de dicha orden judicial, argumentando apego a sus estatutos internos, por lo que los comicios se llevaron a cabo en medio de un clima tenso y de incertidumbre jurídica.
No es la primera vez que una elección de este gremio se judicializa. Ya en 2019, los comicios fueron suspendidos por orden de un juez tras impugnaciones legales de los candidatos, debiendo postergarse hasta el año siguiente. Asimismo, tras las elecciones de 2015, un grupo de socios inconformes legó a tomarse las instalaciones del sindicato en protesta, denunciando irregularidades en el proceso y en la gestión de la directiva vigente. En aquel entonces, incluso se presentó una acusación penal por un supuesto secuestro de funcionarios durante la ocupación, lo que evidencia el historial de conflictos poselectorales en la institución. En esta última elección de 2025, a pesar de las acciones judiciales en curso, finalmente se logró realizar el escrutinio. Según reportes locales, los resultados dieron un estrecho triunfo a la Lista 1, y las demás candidaturas aceptaron los cómputos preliminares, aunque no se descarta que las disputas legales continúen en los tribunales en las semanas posteriores. Los socios del gremio esperan que, superada la pugna electoral, la nueva directiva pueda trabajar con normalidad y recuperar la estabilidad institucional.
Edwin Vásquez Mera estuvo al frente del Sindicato de Choferes de Imbabura durante 16 años consecutivos, periodo en el que obtuvo cuatro reelecciones seguidas. Su liderazgo comenzó en 2009 (tras suceder a Milton Ramírez) y se extendió hasta 2025, convirtiéndolo en uno de los dirigentes gremiales de más larga data en la provincia. Bajo su gestión, el sindicato logró importantes avances institucionales. En 2018, por ejemplo, la entidad obtuvo la acreditación nacional para brindar servicios de capacitación profesional a conductores, tras una evaluación de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones. Esto permitió reactivar la escuela de conducción del sindicato –que años atrás había estado envuelta en escándalos por presunta venta de licencias– y ofrecer nuevamente cursos de perfeccionamiento a nivel local y nacional. Gracias a esta legitimación, hacia 2018 unos 800 alumnos se formaban en la escuela de conducción, incluso con programas de recuperación de puntos de licencias. Otro logro destacado de la administración Vásquez fue la adquisición de un nuevo predio de 4.500 m² en Ibarra para ampliar la infraestructura del gremio y eventualmente construir un centro de capacitación más moderno. Estos hitos, junto con la estabilidad administrativa, fueron presentados por sus partidarios como indicadores del fortalecimiento institucional logrado en su mandato.
No obstante, la prolongada permanencia de Vásquez en el poder también generó controversias y críticas. En las elecciones de diciembre de 2015, su lista ganó por escaso margen –346 votos contra 325 de su principal contendor, Napoleón Játiva– lo que desató denuncias de fraude y protestas por parte de la oposición interna. A inicios de 2016, un grupo de socios descontentos llegó a ocupar pacíficamente la sede sindical exigiendo una asamblea para tratar su malestar con la dirigencia, a la que acusaban de irregularidades administrativas. Aquella crisis terminó con la intervención policial y la detención temporal de dirigentes opositores, evidenciando la polarización dentro del gremio.
En años posteriores, cada proceso electoral sindical bajo la dirección de Vásquez estuvo marcado por impugnaciones legales: en 2019, su entonces rival Abdón Cervantes impugnó el proceso logrando frenarlo temporalmente en tribunales, y en 2024-2025 ocurrió algo similar con la acción judicial que buscó impedir los comicios. Críticos acusaron a Vásquez de aferrarse al cargo y no dar paso a la renovación dirigencial, señalando un “continuismo” en el poder. De hecho, durante su gestión, Edwin Vásquez también incursionó en la política local: en 2023 fue elegido concejal de Ibarra por el partido Avanza, aprovechando su proyección como líder sindical. Este rol dual de político y dirigente gremial generó roces; algunos opositores dentro del sindicato cuestionaban si podía atender ambos frentes sin conflictos de interés. Vásquez, por su parte, siempre defendió su administración señalando mejoras en beneficio de los choferes y atribuyendo las denuncias en su contra a disputas de poder internas. Con su salida tras 16 años, deja un sindicato con logros en capacitación y patrimonio, pero también con el reto de recomponer la unidad luego de años de divisiones.
El pasado fin de semana, Cristóbal Moncayo Taboada fue electo como nuevo Secretario General del Sindicato de Choferes de Imbabura, poniendo fin a la era de Edwin Vásquez. Moncayo obtuvo 284 votos, imponiéndose por un estrecho margen sobre sus contendientes Abdón Cervantes (262 votos), Fausto Vásquez (141) y Mario Esparza (101). Su victoria en unos comicios muy disputados le otorga el mando del gremio para el período 2025–2029. Moncayo no es ajeno al sindicato: es un dirigente de larga trayectoria en la institución. En elecciones anteriores se había desempeñado como presidente del Tribunal Electoral del sindicato, lo que le dio experiencia en la organización interna y en la normativa gremial. También encabezó la Lista 1 en esta contienda, rodeado de colaboradores cercanos al directorio saliente, aunque durante la campaña enfatizó la necesidad de cambio y reconciliación entre los choferes tras las disputas de los últimos años, su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito sindical y profesional del transporte.
Moncayo llega a la Secretaría General con varios retos inmediatos. El principal desafío será unificar al gremio después de un proceso electoral tan polarizado. Deberá tender puentes con la facción de Abdón Cervantes y otros grupos que han sido opositores al régimen anterior, para así evitar nuevas fracturas internas. Asimismo, enfrenta la posible judicialización pendiente: la acción de protección impulsada por Edwin Vásquez podría seguir su curso legal, por lo que Moncayo tendrá que lidiar con eventuales fallos judiciales que intenten revertir o cuestionar su elección.
En cuanto a la gestión, prometió mantener y mejorar los logros alcanzados en capacitación de conductores; esto implica consolidar la reciente acreditación nacional de la escuela de manejo del sindicato y quizás ampliar la infraestructura educativa aprovechando el terreno adquirido en 2018. También ha ofrecido mayor transparencia administrativa y reformar estatutos si es necesario para evitar vacíos legales como los que permitieron reelecciones indefinidas.
Algunos observadores señalan que su triunfo podría significar un “continuismo” de la era Vásquez, dado que Moncayo formó parte del aparato sindical anterior. Sin embargo, en sus primeras declaraciones el nuevo dirigente ha asegurado que actuará con independencia y que “se viene una nueva etapa” para el sindicato, enfocada en el bienestar de los socios. Entre sus propuestas están impulsar convenios para mejorar la seguridad social de los choferes, programas de educación vial para sus agremiados y gestionar apoyo público para proyectos del gremio a nivel provincial.
La tarea que tiene por delante Cristóbal Moncayo no es menor: deberá demostrar con hechos que puede romper con las prácticas cuestionadas del pasado cuando sea necesario, sin descuidar los aciertos logrados. Su éxito dependerá de lograr pacificar al sindicato, modernizar la gestión y responder a las necesidades de aproximadamente 1.000 miembros (entre socios activos y jubilados) que conforman el gremio de choferes profesionales de Imbabura. Los próximos meses serán clave para ver si Moncayo consolida su liderazgo con legitimidad y si cumple las expectativas de renovación que muchos conductores de la provincia demandan tras 16 años de la misma administración.
(Redacción Ibarra).- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador INAMHI, emitió una alerta de radiación ultravioleta extremadamente alta para la provincia de Imbabura.
Según el Instituto el nivel de radiación para este día martes 17 de julio del 2024, llegará a 11, categorizado como extremadamente alto y el máximo registrado en la región junto con Pichincha.
En este nivel de radiación se recomienda usar protector solar, gorra, camisas manga larga, gafas de sol o paraguas, así como también evitar la exposición prolongada al sol.
(Redacción Imbabura).- La mañana de este jueves 21 de marzo del 2024 se reinstaló la audiencia de acción de protección, interpuesta por un grupo de ciudadanos de Ibarra, la misma que pretendía detener el proceso de venta de un terreno adjunto al parque Ciudad Blanca.
La acción de protección por sorteo de ley recayó en el doctor Mauricio Cahueñas, juez de la Unidad de Garantías Penales de Imbabura, quien luego de leer todas las motivaciones jurídicas y en apego a la ley declaró improcedente esta acción por no existir vulneración de derechos.
El juez que conoció la causa determinó que no se vulneraron derechos constitucionales y de la seguridad jurídica, por lo que calificó de legal todo el procedimiento jurídico administrativo que envuelve la venta del terreno.
Además, luego de analizar toda la documentación presentada el juez determinó que no encontró falencias en el proceso administrativo que llevó adelante la municipalidad de Ibarra.
Más de dos horas le tomo al juez argumentar su decisión, y dar su veredicto.
Finalmente se determinó que el terreno en venta no pertenece al parque y por ende se trata de un bien público de dominio privado.
El juez recalcó además en su decisión final que el grupo de ciudadanos no pueden interponer una acción de protección a nombre de toda la ciudad de Ibarra, y determinó que no existe vulneración de derechos constitucionales ni individuales ni colectivos.
Con medios de comunicación realizaron el presunto ingreso de la acción de protección al Consejo de la Judicatura. / Foto Internet
(Redacción Ibarra).- El proyecto de regeneración urbana de los Ceibos, sigue levantando polvo. Esta vez la autodenominada Junta Cívica de Los Ceibos, con alrededor de 12 personas se acercaron a las instalaciones del Consejo de la Judicatura para ingresar una acción de protección, misma a decir de Raiza Zamora, pre candidata a concejal por el Movimiento Avanza 8 y procuradora de la Junta Cívica, intentaba frenar el avance del proyecto por existir violaciones directas a derechos constitucionales.
´Estamos aquí ingresando al Consejo de la Judicatura esta acción de protección que frenará esta obra mal concebida, hemos agotado todas las instancias administrativas y es momento que las autoridades de justicia fallen a favor nuestro y detengan la obra´ afirmó Zamora.
Sin embargo, nuestra redacción en consulta con un miembro del Consejo de la Judicatura pudo verificar que dicha acción de protección no fue ingresada y no consta en el sistema SATJE de la Función Judicial en línea.
Una fuente cercana a nuestra redacción, confirmó existirían conflictos internos en la autodenominada Junta Cívica de los Ceibos, razón por la cual desistieron de ingresar esta acción de protección, sin embargo al ser consultados manifestaron que se encuentran en pie de lucha y que continuarán con las acciones necesarias, sin afirmar cuales serían.
La Acción de Protección se encuentra establecida en el artículo 88 de la Constitución del Ecuador desde el año 2008 y tiene por objeto el amparo directo y eficaz de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
(Redacción Imbabura).- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Ibarra, presidido por la concejala Hilda Herrera, en rueda de prensa la mañana de este jueves, manifestaron su rechazo en contra de la campaña “Con mis hijos no te metas”, promovida por varios sectores de la sociedad civil de Ibarra.
Herrera, manifestó que estas manifestaciones y marchas programadas promueven el odio, la homofobia y la xenofobia y es anti derechos humanos. “Existe una serie de tergiversaciones, no existe determinada ideología de género, el género es una construcción social, que nos ha permitido identificar los roles históricos sobre la inequidad social que tenemos las mujeres sobre los hombres, no hay ideología de género, eso no existe”
Se refirió además sobre la supuesta injerencia de que la ideología de género que promueve esta ley, trate de incidir en la orientación sexual “Es un derecho humano, la orientación sexual la construye cada ser humano con su convencimiento y no tiene nada que ver con estas otras perspectivas. Es un derecho que debemos respetar” acotó.
Finalmente resaltó que este proyecto de ley, presentado a la Asamblea Nacional y que se encuentra en debate, nace de la lucha histórica que las mujeres han realizado en el Ecuador para la prevención de la violencia. “Se dice que se estaría promoviendo “perversiones” en esta ley. No es así y nada tiene que ver con esto, con esta ley el estado puede invertir para que las mujeres dejemos de ser violentadas, es una garantía para vivir en libertad” finalizó.
En redes sociales, el padre César Piechestein se mostró activo con esta campaña. “Porque no vamos a una marcha política o revanchismo ni nada, simplemente es para defender los derechos de los padres de familia a educar a sus hijos según su conciencia y además a defender la vida, la familia y todos los valores que tenemos los cristianos en común”, indicó el religioso, quien es vocero de la Arquidiócesis de Guayaquil.
El Ministerio de Educación por su parte mediante un comunicado emitido el 05 de octubre del 2017, el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, pidió no prestar atención a mensajes falsos. “Nos preocupa que han circulado algunos documentos, que son totalmente falsos, pero evidentemente tienen una intencionalidad (…). Los rechazamos porque además podrían tener una intención manipuladora hacia las familias y hacia los chicos”, dijo en el comunicado.
En Ibarra, Luis Chasiquiza quien preside la agrupación de Laicos, comentó que la marcha reunirá a católicos y no católicos de los diferentes cantones, quienes en forma pacífica se reunirán a las 09h00am en el Parque Ciudad Blanca y marcharán hasta el obelisco de la Estación en donde se leerá un manifiesto en rechazo a este supuesto proyecto de ley presentado.
(Redacción Ibarra).- El Ing. Álvaro Castillo Aguirre, alcalde de Ibarra, en el conversatorio con la prensa de este martes 22 de agosto dio a conocer de primera mano la aprobación de un crédito por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador, para la construcción de la cubierta provisional de la Catedral.
El costo de esta obra es de 280.000 dólares, de los cuales 175.247.74 dólares, fueron aprobados por la institución estatal, rubro que el Gobierno adeudaba al GAD – Ibarra. El Municipio deberá asumir los 100.000 dólares restantes para completar el trabajo.
El burgomaestre señaló que esta obra es prioritaria, a fin evitar desgracias que lamentar, debido a que se acerca la época invernal y se teme que el techo y el cielo raso de La Catedral colapsen.
Mencionó además que la obra de recuperación integral tanto de la Capilla Episcopal como de la Catedral, suman un monto de 3 millones de dólares, rubro con el que la municipalidad no cuenta, por ello se deberá buscar soluciones conjuntamente con el Obispo de Ibarra, Valter Maggi y las entidades Gubernamentales.
