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“¡Viví de milagro!”: comerciante denuncia que policías le dispararon tras confundirlo con un delincuente

(Redacción Ibarra).- Eran aproximadamente las 03:12 de la madrugada del 25 de agosto cuando Juan Carlos Sánchez Ramos, de 37 años, salió de su domicilio rumbo al sector de Santa Rosa del Tejar, en Ibarra, para realizar labores de cuidado de los cultivos de su huerta. Lo que parecía ser una jornada habitual de trabajo terminó de manera inesperada pues recibió un impacto de bala en la pierna, tuvo que ser sometido a una cirugía y ahora enfrenta una incapacidad médica de aproximadamente seis meses.

Sánchez relata que, mientras circulaba en su vehículo, un automóvil particular Chevrolet Sail gris, placas POL-3553, comenzó a seguirlo. Según su testimonio, en determinado momento el conductor le cedió el paso, pero posteriormente el vehículo le habría bloqueado el camino de manera violenta, del automóvil descendieron dos sujetos armados que comenzaron a insultarlo y a increparlo. Ante la situación, Sánchez realizó una maniobra en reversa y, según asegura, los hombres comenzaron a disparar.

Una de las balas impactó en su pierna y le fracturó la tibia. El comerciante y agricultor asegura que los sujetos se acercaron posteriormente a su vehículo y le apuntaron directamente a la cabeza. Sánchez cuenta que descendió del automóvil y se colocó boca abajo. Fue entonces, según su versión, cuando los hombres se identificaron verbalmente como integrantes de la Policía Judicial, aunque asegura que vestían de civil y no portaban identificativos visibles.

El hombre afirma que reclamó por el uso de la fuerza y que poco después llegó un patrullero con policías uniformados. Según su testimonio, no recibió una explicación clara sobre lo ocurrido.

La situación se agravó por la pérdida de sangre. Sánchez asegura que solicitó un torniquete tanto a los dos agentes que inicialmente lo abordaron como a los otros policías que llegaron posteriormente, pero que su petición habría sido rechazada.

Ante la  Posteriormente llegaron su esposa y su cuñado. Sánchez relata que, mientras esperaba la ambulancia del ECU 911, tuvo que utilizar su propio cinturón para hacerse un torniquete y contener la hemorragia ante la posibilidad de desamayarse.

Finalmente fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl, donde los estudios determinaron la presencia de una bala completa y cuatro fragmentos de proyectil. Según explica, uno de los impactos habría provocado una fractura de la tibia y otro habría quedado de manera superficial.

El comerciante sostiene que, según lo explicado por los médicos y cirujanos que lo atendieron, el proyectil quedó a centímetros de alcanzar una arteria importante. Afirma que sobrevivió pese a la grave hemorragia que sufrió tras el disparo.

El caso también derivó en una audiencia realizada aproximadamente a las 06:40 de ese amrtes, mediante Zoom. Sánchez afirma que durante la diligencia no se le permitió intervenir. La versión presentada por la defensa de los policías involucrados es diferente. Según lo expuesto por la abogada de la Policía Nacional durante la audiencia, previamente se habría registrado un robo en el sector de las 4 esquinas y tres sospechosos habrían huido en un vehículo con características similares al automóvil de Sánchez. La defensa sostiene que los agentes iniciaron una persecución y realizaron tres llamados de atención al conductor. De acuerdo con esa versión, el vehículo habría intentado arrollar a los policías, razón por la cual los agentes habrían utilizado sus armas de fuego.

Esta versión contrasta con el relato de Sánchez, quien sostiene que no estaba involucrado en ningún robo y que fue víctima de una intervención violenta.

Tras el hecho, el vehículo de Sánchez y la mercadería que transportaba fueron trasladados a los patios de la Policía Judicial y permanecieron bajo resguardo policial. El afectado afirma que hasta la fecha no le han sido devueltos ni su vehículo ni sus productos. Sánchez también cuestiona la actuación posterior de los agentes y asegura que, pese a contar con un seguro “todo riesgo”, la aseguradora no cubrió los gastos médicos derivados del incidente.

Seis meses sin poder trabajar

El 28 de agosto, Sánchez recibió el alta médica, con la pierna enyesada y una incapacidad estimada en aproximadamente seis meses. Su situación tiene un impacto directo en su familia. Es comerciante y agricultor, padre de una niña de 13 años y cabeza de hogar. Su esposa se dedica a las labores domésticas.

Actualmente, Sánchez asegura que no puede caminar con normalidad ni retomar las actividades con las que sostiene económicamente a su familia. Además, manifiesta que, pese al impacto físico y emocional que le habría dejado el hecho, no ha recibido atención psicológica. “Mi vida cambió en cuestión de minutos”, sostiene el comerciante, quien afirma que sobrevivió de milagro debido a la pérdida de sangre y a la gravedad de la herida.

Sánchez no registra antecedentes penales y actualmente presentó una denuncia contra los policías por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, delito contemplado en el artículo 293 del COIP.

Nueva Ley de Tránsito ya rige en Ecuador: estos son los principales cambios para conductores, motociclistas y municipios

(Redacción Ecuador).- La nueva Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ya está vigente en Ecuador desde este 30 de septiembre de 2026, luego de su publicación en el Séptimo Suplemento del Registro Oficial N.° 380.

La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de septiembre y sancionada por el Ejecutivo el 29 de septiembre. La normativa modifica varias reglas relacionadas con el control de las vías, el servicio de delivery, la micromovilidad, las licencias, las multas, los municipios, los sistemas de identificación vehicular, los peajes y la seguridad vial.

Policía y Comisión de Tránsito tendrán nuevas competencias de control

Uno de los cambios está relacionado con el control de la Red Vial Estatal. La Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador tendrán competencias para realizar controles operativos en la red vial estatal, corredores estratégicos y vías colectoras, además de los cantones ubicados en zonas fronterizas.

La reforma también modifica la integración del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), incorporando al organismo encargado de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público.

Además, la Policía Nacional tendrá a su cargo la formación y capacitación del personal civil especializado de los gobiernos autónomos descentralizados.

Repartidores en moto deberán cumplir nuevos requisitos

Los motociclistas que realizan servicios de entrega a domicilio o delivery deberán cumplir nuevas condiciones para circular y trabajar.

Entre los requisitos están contar con licencia para conducir motocicletas, utilizar casco homologado y chaleco reflectivo con el número de placa visible. También deberán utilizar mochilas, cajas o contenedores que no afecten la estabilidad de la motocicleta ni obstruyan la placa, las luces, elementos reflectivos o la identificación del conductor.

Los repartidores deberán, además, inscribirse en el Registro Nacional de Conductores y Vehículos destinado a esta actividad, administrado por la autoridad nacional de tránsito. Mientras realizan el servicio, tampoco podrán transportar pasajeros.

El incumplimiento de estas disposiciones constituye una contravención de cuarta clase y puede ser sancionado con una multa equivalente al 30 % del Salario Básico Unificado.

En el caso de conductores extranjeros que circulen con licencias emitidas en sus países de residencia y debidamente homologadas, deberán portar su pasaporte original, donde conste la visa o el sello de ingreso que permita verificar su tiempo de permanencia en Ecuador.

Scooters, motos eléctricas y otros vehículos de micromovilidad

La reforma también establece nuevas reglas para los vehículos de movilidad personal, entre ellos scooters, motos eléctricas, ciclomotores y monopatines.

Estos vehículos están destinados principalmente a desplazamientos urbanos de corta distancia y deberán cumplir las condiciones técnicas, límites de velocidad y requisitos de seguridad que establezca la autoridad de tránsito.

Su circulación deberá realizarse en espacios habilitados por la normativa nacional y las ordenanzas de los gobiernos autónomos descentralizados.

No podrán circular por la Red Vial Estatal, autopistas ni vías perimetrales, ni por otros tramos que sean restringidos por razones de seguridad vial. Además, deberán respetar la prioridad de peatones y demás usuarios vulnerables de las vías.

Los municipios serán evaluados en sus competencias de tránsito

La nueva normativa también establece mecanismos de control sobre las competencias que ejercen los gobiernos autónomos descentralizados en materia de tránsito y transporte terrestre.

La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial deberá elaborar informes técnicos sobre el ejercicio de estas competencias.

Cuando se determinen irregularidades previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los informes serán remitidos al Consejo Nacional de Competencias, que podrá disponer la intervención correspondiente y, de ser el caso, suspender temporalmente determinadas competencias.

Además, dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la reforma, la autoridad de control deberá elaborar un informe sobre el ejercicio de las competencias de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los gobiernos regionales, metropolitanos y municipales del país.

Se crea una identificación electrónica para los vehículos

La reforma incorpora una especie de identificación electrónica vehicular que complementará la placa física y permitirá fortalecer la identificación, trazabilidad y control automatizado de los vehículos.

Este sistema estará articulado con las plataformas estatales de seguridad y será administrado por las instituciones competentes, entre ellas la ANT, la Policía Nacional y el ECU 911.

Los vehículos de transporte público y comercial, además, deberán contar con rastreo satelital GPS conectado en tiempo real con las plataformas estatales de control.

La normativa también establece que la emisión de placas será responsabilidad exclusiva de la autoridad nacional de tránsito.

Nuevas reglas para fotorradares y peajes

La ley establece que las empresas privadas no podrán recibir porcentajes o incentivos económicos calculados en función del valor de las multas recaudadas mediante fotorradares. También se crea un Sistema Nacional Unificado de Peajes para la Red Vial Estatal.

Licencias podrán ser físicas o digitales

Los conductores podrán contar con licencias en formato físico o digital, mediante mecanismos coordinados con el Registro Civil. Para las licencias no profesionales se establece como requisito mínimo haber alcanzado la educación básica media.

La reforma también fija límites para los intentos de los exámenes de conducción y establece en 30 puntos el máximo de recuperación acumulada durante la vigencia de una licencia.

Pago de multas con descuento

Los conductores que reciban una infracción podrán acceder a un 50 % de descuento en la multa si la pagan dentro de los 20 días posteriores a la notificación y no presentan una impugnación. Esta disposición se suma a los cambios incorporados al régimen de sanciones de tránsito.

Motos nuevas deberán incluir casco homologado

Las casas comerciales que vendan motocicletas nuevas deberán entregar un casco homologado por cada unidad comercializada. La medida forma parte de las nuevas disposiciones de seguridad incorporadas en la reforma.

Vehículos a motor no podrán circular por playas y dunas

La nueva normativa también establece una restricción ambiental: los vehículos a motor no podrán circular por las playas y dunas del país. Asimismo, la tasa correspondiente al Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito se extiende a los vehículos con matrícula extranjera que ingresen al Ecuador.

Los tres rostros detrás del operativo en Manta: dos oriundos de Imbabura y uno de Quito

(Redacciòn Manta).- Tres hombres murieron durante un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas registrado el pasado miércoles 23 en el sector de El Aromo, en Manta, Manabí.

Los fallecidos fueron identificados como Carlos Germán Muñoz Jara, alias “Charlie”, oriundo de Ibarra; Juan David Quiñones Pineda, del Valle del Chota; y Danny Gustavo Hernández Arteaga, de 26 años, quien era oriundo de Quito y residía en Tulcán.

De acuerdo con la información oficial difundida después del operativo, los tres hombres se movilizaban en una camioneta por una vía ubicada en los terrenos del fallido proyecto de la Refinería del Pacífico, en Aromo.

🛑 PRESIDENTE ANUNCIA LA MUERTE DE ALIAS 'CHARLIE' IDENTIFICADO COMO  FINANCIERO DEL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL A través de su cuenta X, el  presidente de la República Daniel Noboa informo sobre la captura y

Militares interceptaron el vehículo y se produjo un enfrentamiento. Las autoridades sostienen que los ocupantes estaban armados y que durante el procedimiento se encontraron un fusil, otra arma de fuego y un explosivo, que posteriormente fue destruido mediante una detonación controlada. La camioneta quedó con varios impactos de bala.

Los tres ocupantes murieron en el lugar.

¿Quién era Carlos Muñoz, alias “Charlie”?

Carlos Germán Muñoz Jara, de alrededor de 31 años, era oriundo de Ibarra. El Gobierno lo identificó como alias “Charlie” y lo señaló como un presunto operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico.

Según declaraciones de autoridades ecuatorianas, Muñoz habría estado vinculado con Los Choneros, el Frente Oliver Sinisterra de Colombia y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México. Estos señalamientos corresponden a las autoridades y forman parte de las investigaciones del caso.

Registros citados por Primicias señalan además que Muñoz tenía 24 procesos registrados en el Consejo de la Judicatura y había mantenido actividades comerciales relacionadas con servicios de trading en Ibarra.

Tras su muerte, sus familiares retiraron el cuerpo del Centro Forense de Manta y lo trasladaron a Ibarra, donde fue sepultado, según medios locales.

Juan David Quiñones, el segundo hombre ligado a Imbabura

La identidad del tercer fallecido fue confirmada el dia de ayer. Se trata de Juan David Quiñones Pineda, oriundo del Valle del Chota.

Según la información proporcionada por las autoridades, Quiñones habría cumplido funciones como custodio de alias “Charlie”. Su cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes realizaron los trámites para trasladarlo desde Manta hacia su lugar de origen.

El tercer fallecido era de Quito

El primer hombre identificado después del operativo fue Danny Gustavo Hernández Arteaga, de 26 años. Según la información difundida por las autoridades, era oriundo de Quito y residía en Tulcán. También habría formado parte del esquema de seguridad de Muñoz.

Con la identificación de Quiñones, las autoridades completaron la individualización de los tres fallecidos.

¿Qué tiene que ver Estados Unidos?

Un punto importante del caso es que el operativo contó con cooperación del Comando Sur de Estados Unidos. Esto significa que la participación estadounidense estuvo relacionada con la cooperación en materia de seguridad y la operación contra estructuras vinculadas al narcotráfico; los tres hombres, sin embargo, murieron en Ecuador, específicamente en Manabí.

El Gobierno ecuatoriano ha presentado esta cooperación con Estados Unidos como parte de la estrategia conjunta para combatir organizaciones dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado.

Una investigación que continúa

Con la identificación de los tres fallecidos, ahora las investigaciones deberán determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento y las responsabilidades que correspondan.

Por el momento, las versiones sobre las funciones de los acompañantes de “Charlie” y sus posibles vínculos con organizaciones criminales provienen principalmente de información proporcionada por las autoridades. Las diligencias legales relacionadas con el operativo continúan.

Lo que quedó un año después del paro: muertes, pérdidas y una provincia marcada

(Redacciòn Imbabura).- A un año del inicio del paro que paralizó Imbabura durante 31 días, las huellas de aquella crisis todavía permanecen en la provincia. La movilización comenzó el 22 de septiembre de 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, y rápidamente convirtió a Otavalo y otros sectores de Imbabura en el epicentro de una protesta que incluyó bloqueos de vías, enfrentamientos con policías y militares, ataques a bienes públicos y privados, muertes, cientos de heridos y millonarias pérdidas económicas. Aunque las carreteras volvieron a habilitarse el 22 de octubre, un año después todavía continúan las consecuencias judiciales, económicas y sociales de aquellas jornadas. El cuartel policial de Otavalo, uno de los principales símbolos de la violencia registrada durante el paro, se encuentra actualmente en aproximadamente un 98 % de operatividad, pero el conflicto dejó daños que trascendieron la infraestructura y permanecen en la memoria de las comunidades.

El origen de la crisis se remonta al 12 de septiembre de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa eliminó mediante el Decreto 126 el subsidio al diésel. La medida provocó rechazo entre transportistas y organizaciones indígenas y desencadenó las primeras movilizaciones. El 15 de septiembre se registraron bloqueos en Julio Andrade, en Carchi, donde transportistas se enfrentaron con las Fuerzas Armadas. Aunque el Gobierno consiguió levantar temporalmente esa protesta mediante beneficios económicos al sector, el conflicto continuó y el 18 de septiembre la CONAIE anunció movilizaciones a nivel nacional. En Imbabura, mientras el Gobierno declaraba el estado de excepción y toque de queda, las organizaciones indígenas preparaban una paralización indefinida que comenzaría el 22 de septiembre.

Ese día comenzaron los bloqueos de la E35 y de otras vías estratégicas de Imbabura, con Otavalo como principal epicentro. Organizaciones como la FICI, UNORCAC, FENOCIN y comunidades Kichwa de distintos pueblos se sumaron a la protesta y bloquearon carreteras, afectando la movilidad hacia el norte y sur del país. La jornada terminó convirtiéndose en uno de los episodios más violentos del paro cuando un grupo de encapuchados atacó, incendió y saqueó el cuartel policial de Otavalo, donde se encontraban aproximadamente 20 policías. Se incendiaron oficinas y vehículos, fueron sustraídos documentos y evidencias y los daños materiales fueron calculados en unos USD 125.000. También se destruyeron cámaras del ECU911 y se produjeron enfrentamientos con la fuerza pública. Por estos hechos fueron detenidas 18 personas, mientras 17 militares fueron retenidos temporalmente por comunidades del cantón Otavalo.

En los días siguientes, lejos de disminuir, la tensión aumentó. El Gobierno cambió a la gobernadora de Imbabura y el presidente Daniel Noboa llegó a Otavalo el 24 de septiembre acompañado de un importante contingente policial y militar, pero su visita no produjo una solución al conflicto. Dos días después, la dirigencia de la CONAIE anunció el levantamiento del paro en varios sectores, pero las bases de Imbabura rechazaron la decisión e incluso retuvieron a su presidente, Marlon Vargas, en Huaycopungo. Los bloqueos continuaron y se extendieron hacia Peguche, Ilumán, Caluquí, González Suárez, Cotacachi, Antonio Ante, Zuleta, Urcuquí, El Juncal y Lita. El 28 de septiembre ocurrió la primera muerte en Imbabura: Efraín Fueres, comunero de Cuicocha, falleció durante una jornada de enfrentamientos después de recibir un disparo que testigos atribuyeron a personal militar.

Durante los primeros días de octubre la protesta adquirió nuevas dimensiones. Se denunciaron agresiones a ciudadanos, amenazas a comerciantes para obligarlos a cerrar, daños a vehículos y problemas de abastecimiento de gasolina, gas y alimentos. Las propias organizaciones indígenas comenzaron a mostrar divisiones sobre cómo continuar la movilización. El 1 de octubre, la decisión de la FICI de plantear una tregua y abrir un diálogo con el Gobierno fue desconocida por varias comunidades de base. Mientras tanto, continuaron los enfrentamientos y acciones de protesta, como la invasión a una finca florícola en Cotacachi el 6 de octubre y la movilización masiva hacia Ibarra el 8 de octubre. Para entonces, el conflicto ya había dejado un importante número de heridos y la FICI posteriormente reportaría 820 manifestantes heridos, de los cuales alrededor de 230 mantenían secuelas.

La situación alcanzó uno de sus momentos más críticos entre el 13 y el 15 de octubre. El Gobierno envió un segundo convoy humanitario hacia Imbabura para transportar alimentos, medicinas, gas y otros productos, pero durante la madrugada del 14 de octubre se produjo un nuevo enfrentamiento en Otavalo después de que un convoy fuera atacado por manifestantes. La ciudad quedó nuevamente paralizada, con calles destruidas, persecuciones y más de 40 detenidos, muchos de los cuales fueron liberados posteriormente. También fueron agredidos miembros de la fuerza pública: durante el paro, según los reportes de la FICI, 111 policías y 27 militares resultaron afectados por agresiones. En medio de los enfrentamientos resultó herido un periodista comunitario y, al día siguiente, murió José Guamán, comunero de Otavalo de 30 años, quien había recibido un disparo en el pecho. Permaneció en cuidados intensivos en Ibarra y falleció durante el traslado en helicóptero hacia Quito.

El 15 de octubre hubo un primer intento de terminar la paralización mediante un acuerdo entre dirigentes indígenas, autoridades locales y el Gobierno. Se anunció un cese de hostilidades y la instalación de mesas de diálogo, pero las bases desconocieron rápidamente el acuerdo y acusaron a sus propios dirigentes de traición. La división se profundizó el 19 de octubre, cuando la FICI asumió el liderazgo de las movilizaciones y reemplazó a Mesías Flores por Sisa Inés Cotacachi, mientras el Gobierno suspendía el diálogo argumentando incumplimientos y nuevos actos violentos. Finalmente, entre el 21 y el 22 de octubre, distintas comunidades comenzaron a regresar a sus territorios y a liberar las carreteras. La CONAIE anunció oficialmente el fin del paro y las Fuerzas Armadas iniciaron el despeje de la E35. Aunque algunas organizaciones, como UNORCAC, anunciaron inicialmente que mantendrían la resistencia, la FICI terminó ordenando la apertura de las vías. Después de 31 días, la paralización llegó a su fin.

El costo humano de la protesta, sin embargo, no terminó con la reapertura de las carreteras. Fueron cuatro las personas que fallecieron en el contexto del paro: Efraín Fueres y José Guamán, ambos comuneros de Imbabura; Rosa Paqui, adulta mayor del pueblo Kichwa Saraguro, en Loja, quien murió el 14 de octubre después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras la inhalación de gases lacrimógenos durante los operativos; y Edison David Farinango Tontaquimba, oriundo de Cotacachi, quien resultó gravemente herido durante las protestas tras recibir impactos de artefactos explosivos. Farinango permaneció cerca de dos meses hospitalizado en Quito y falleció el 27 de diciembre de 2025 debido a complicaciones derivadas de sus lesiones. A este saldo se sumaron cientos de heridos y personas que, según la FICI, quedaron con secuelas físicas.

El impacto económico también se prolongó mucho después del levantamiento del paro. Comercios y negocios permanecieron cerrados, las carreteras estuvieron intransitables, hubo escasez de productos y combustible y se registraron amenazas de saqueos y agresiones contra personas que intentaban movilizarse. La Cámara de Industrias y Producción estimó las pérdidas entre USD 90 millones y USD 100 millones. Imbabura además perdió buena parte de la actividad turística del feriado de la Independencia de Guayaquil, mientras que durante el feriado de Finados se intentó impulsar la recuperación mediante incentivos y una reducción temporal del IVA. Entre el 1 y el 4 de noviembre se registraron 33.400 viajes, USD 1,84 millones de gasto turístico y una ocupación del 38,6 %, una cifra superior al 31,3 % de 2024, pero todavía insuficiente para hablar de una recuperación sostenida.

El caso “12 de Otavalo” tuvo un primer desenlace el pasado 5 de junio de 2026, cuando la justicia ecuatoriana dictó el sobreseimiento de las 18 personas procesadas por los hechos ocurridos durante los disturbios registrados en Otavalo el 22 de septiembre de 2025, jornada en la que fue incendiado el cuartel de Policía de la ciudad. La resolución judicial determinó que no existían elementos probatorios suficientes para vincular a los procesados con el delito investigado, por lo que el proceso penal quedó cerrado para ellos. Sin embargo, la decisión fue revocada el 14 de agosto de 2026, cuando una sala de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dejó sin efecto el auto de sobreseimiento dictado a favor de los 18 procesados. Según consta en el expediente del Consejo de la Judicatura, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dispuso llamar a juicio a los 18 procesados por los presuntos delitos de ataque y resistencia y daño a bien ajeno, por lo que el caso continua abierto.

Triple homicidio en Lita: tres hombres fueron hallados muertos a tiros

(Redacciòn Ibarra).- Tres hombres fueron hallados sin vida en el sector Santa Cecilia, de la parroquia Lita, en Ibarra. La Policía Nacional ateindo la alerta cerca de las 12:13, por lo que varios efectivos acudieron al sitio y constataron la presencia de los tres cuerpos, que presentaban múltiples orificios provocados por impactos de bala.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el triple homicidio estaría relacionado con posibles represalias entre grupos armados que se disputarían el control territorial de recursos vinculados a la minería ilegal en esta zona fronteriza de Imbabura.

Según la información preliminar, los tres hombres habrían salido a bordo de una camioneta para realizar una carrera hacia la comunidad de El Verde. Sin embargo, terminaron siendo encontrados muertos en el sector Santa Cecilia.

Las víctimas fueron identificadas como Geovanny B., de 45 años; Pablo Ramón H., de 36; y Armando Patricio H., de 32 años. Los tres registraban antecedentes o procesos judiciales. Geovanny B. tenía registros por tenencia de droga, tentativa de asesinato y tenencia de armas de fuego.

Pablo Ramón H. tenía un proceso judicial relacionado con minería ilegal, mientras que Armando Patricio H. registraba antecedentes por tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita.

Durante las diligencias investigativas, los agentes realizaron el allanamiento de dos inmuebles y recogieron versiones de moradores de la zona. En el lugar fueron fijados como indicios 17 vainas percutidas, una pistola, una camioneta Chevrolet con placas de la vecina provincia de Carchi, un teléfono celular y varias prendas de vestir.

Los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue del hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque, y determinar el móvil del triple homicidio.

Expoferia Yamor 2026 genera reclamos entre emprendedores por condiciones de la feria

(Redacciòn Otavalo).- A cuatro días de la culminación de las fiestas del Yamor 2026, un grupo de emprendedores que participó en la denominada 593 Expo Yamor expresa su malestar por las condiciones en las que se desarrolla la feria instalada en la explanada del parque San Sebastián, en Otavalo.

La feria fue anunciada durante el lanzamiento oficial de las festividades como parte de una programación de diez días, del 4 al 13 de septiembre, con la participación de emprendedores y presentaciones artísticas nacionales e internacionales y desde el Concejo Municipal se designó a Jhoselin Armas como Directora del Yamor.

Sin embargo, según denuncias de comerciantes y emprendedores, varios de los compromisos relacionados con la organización de la feria no se habrían cumplido.

Reclamos por los stands

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, alrededor de 200 emprendedores habrían adquirido estands para participar en la feria, con valores que oscilarían entre 250 y 350 dólares.

No obstante, actualmente únicamente alrededor de 35 estands permanecerían instalados en el lugar. Los comerciantes que continúan en la explanada denuncian que deben trabajar en medio del polvo y el viento y señalan la falta de algunos servicios que, según manifiestan, esperaban encontrar durante el desarrollo del evento, entre ellos carpas, agua y baterías sanitarias.

La situación ha generado preocupación entre quienes realizaron una inversión para participar en la feria y esperaban recuperar sus recursos mediante las ventas durante las festividades.

Se anuncia traslado para los últimos días

Según una entrevista concedida al medio Sarance Visión, una de las alternativas planteadas por la Alcaldía de Otavalo sería trasladar a los emprendedores que permanecen en la feria hacia la calle Modesto Jaramillo durante los tres últimos días del evento, con el objetivo de generar mejores condiciones para que puedan recuperar parte de la inversión realizada.

Los comerciantes, sin embargo, cuestionan que esta alternativa haya sido planteada cuando las festividades se encuentran próximas a finalizar.

Además, algunos de los afectados aseguran que han tenido dificultades para comunicarse con los organizadores del evento y manifiestan su preocupación ante la posibilidad de que situaciones similares puedan repetirse en futuras ferias. A los reclamos de los emprendedores se suma la suspensión de una de las presentaciones artísticas anunciadas para la Expoferia.

El cantante argentino Nene Malo, uno de los artistas internacionales incluidos en la programación, debía presentarse el sábado 5 de septiembre. La actuación finalmente no se realizó, debido, según la información difundida, a problemas relacionados con el espacio disponible para el espectáculo.

El hecho también generó cuestionamientos entre quienes esperaban la presentación como parte de la programación artística del Yamor 2026.

¿Quién organizó la feria?

En el material promocional del evento aparece como productora la Asociación Nacional de Ferias y Emprendedores del Ecuador (ANAFE).

Ante los reclamos surgidos durante el desarrollo de la feria, queda pendiente conocer la versión oficial tanto de los organizadores como de la Alcaldía de Otavalo, particularmente respecto a los compromisos adquiridos con los emprendedores, los servicios ofrecidos y las razones por las que una parte importante de los participantes habría abandonado el recinto.

Para este viernes 11 de septiembre se espera una rueda de prensa en la que se conocerían las medidas que se adoptarán frente a los reclamos de los emprendedores y el futuro de la feria durante los últimos días de las fiestas del Yamor.

Mientras tanto, los comerciantes que permanecen en el lugar esperan una solución que les permita aprovechar los días restantes de las festividades y reducir las pérdidas ocasionadas por una feria que, según sus testimonios, no habría cumplido con las condiciones que esperaban al momento de adquirir sus estands.

Sicariato en Chalguayacu termina con un muerto, dos heridos y dos presuntos implicados linchados e incinerados

(Redacción Pimampiro).- Ayer, a las 13:47, se registró un presunto caso de ajuste de cuentas en el sector de Chalguayacu. Según información preliminar, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta habrían disparado contra las personas que se encontraban en el interior de una camioneta Chevrolet Luv D-Max, de color gris.

Como consecuencia del ataque, Dilan Garcìa. C. de 23 años falleció. Una adolescente de 16 años de nacionalidad venezolana, quien sería su pareja sentimental, resultó con una herida en sus piernas, al igual que un hombre de 60 años que se encontraba cerca del vehículo.

Tras el ataque, el conductor de la camioneta perdió el control y el automotor terminó impactándose contra un poste de alumbrado público.

Según información proporcionada por la Policía Nacional, posteriormente, moradores del sector emprendieron la búsqueda de los presuntos responsables y lograron retener a dos sospechosos cerca del estadio de Chalguayacu. Los dos retenidos fueron agredidos por los moradores y posteriormente incinerados, provocando su muerte.

El hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas: una durante el ataque armado y dos presuntos implicados. Las dos personas heridas fueron atendidas inicialmente en el Centro de Salud de Chalguayacu y posteriormente trasladadas a hospitales de Ibarra. Una fue derivada al Hospital del IESS y la otra al Hospital San Vicente de Paúl.

La Policía Nacional informó que alrededor de 200 moradores permanecían en los alrededores del estadio, lo que impedía inicialmente el ingreso de los uniformados para realizar los procedimientos correspondientes. Como resultado del hecho, fue aprehendido Brandon B., en el marco de las investigaciones por el presunto caso de sicariato. Una de las principales interrogantes es determinar si los dos sujetos señalados como presuntos responsables participaron efectivamente en el incidente. Este aspecto deberá ser esclarecido durante el proceso investigativo.

En cuatro días, dos peatones pierden la vida atropellados en la E35

(Redacciòn Imbabura).- Una nueva tragedia enluta a la Panamericana E35. Cerca de las 05:35 de esta madrugada, un ciudadano perdió la vida tras ser atropellado en el sector de Natabuela en Atuntaqui.

Tras la emergencia, personal de la Policía Nacional acudió al lugar a bordo de un patrullero para constatar el hecho, mientras una ambulancia del Ministerio de Salud Pública (MSP) también se movilizó hasta el sitio. Pese a la atención de la emergencia, el ciudadano falleció.

DOS MUERTES EN POCOS DÍAS

El nuevo atropellamiento ocurre apenas unos días después de que un adulto mayor falleciera tras ser atropellado en la Panamericana E35, en el sector de Ilumán. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y personal de Criminalística para cumplir con los procedimientos correspondientes.

Estos dos hechos, registrados con pocos días de diferencia, vuelven a poner en evidencia el riesgo al que están expuestos peatones y conductores en distintos tramos de esta vía. Conductores que circulan diariamente por la zona señalan que, en algunos sectores, peatones cruzan directamente la carretera pese a la existencia de puentes peatonales. A esto se suma el presunto irrespeto a las señales de tránsito y a las normas de circulación por parte de algunos usuarios de la vía.

La situación genera preocupación entre quienes utilizan esta importante arteria vial, donde la imprudencia y la falta de precaución pueden terminar en consecuencias fatales.

¿Quién controla los piques? Carreras ilegales desafían la seguridad en Ibarra

(Redacción Ibarra).- La calle Camilo Ponce Enríquez, donde se ubica una tarima al costado de la vía, en el parque Ciudad Blanca, y la avenida Monseñor Leonidas Proaño, vía que conecta con el Anillo Vial, en Ibarra, habrían sido escenario en los ùltimos dìas de “piques” o carreras ilegales, con una concentración masiva de ciudadanos y conductores a bordo de vehículos modificados y, en algunos casos, automotores de servicio público, entre ellos taxis.

Videos aficionados difundidos a través de redes sociales, principalmente en TikTok, muestran la presencia de numerosos vehículos que ocupan la vía, mientras algunos conductores realizarían maniobras y carreras en medio de la concentración. Las imágenes han generado preocupación entre quienes utilizan este sector, debido al riesgo que este tipo de actividades podría representar para conductores, peatones y demás usuarios de la vía.

En algunos de los videos también se observa la presencia de agentes de tránsito y miembros de la Policía Nacional con personasl y autobuses policiales. Incluso, uno de los vehículos aparece siendo remolcado por agentes de tránsito durante el operativo.

Ante la presencia de uniformados durante estos hechos, también surgen interrogantes sobre el control ejercido en el lugar y las acciones adoptadas para evitar este tipo de prácticas, que podrían poner en riesgo la integridad de quienes participan y de terceros.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre estos hechos.

Jueza dicta prisión preventiva contra presidente de la Fenocin por protestas de 2025

(Redacciòn Ibarra).- La jueza Raquel Maza, de Ibarra, aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), en el marco de una investigación por la presunta paralización de servicios públicos durante las movilizaciones registradas en septiembre y octubre de 2025, cuyo epicentro estuvo en la provincia de Imbabura.

La Fiscalía investiga al dirigente con base en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quien impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público. Este delito contempla una pena de entre uno y tres años de prisión.

La decisión judicial generó reacciones entre organizaciones sociales. La Unión Nacional de Educadores (UNE) rechazó la prisión preventiva y cuestionó la independencia e imparcialidad de la decisión, al considerar que la medida estaría fuera de la ley.

La UNE sostuvo además que el proceso evidenciaría una supuesta criminalización y persecución contra dirigentes sociales que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno de Daniel Noboa. A través de un comunicado, la organización hizo un llamado a los sectores sociales y populares a rechazar lo que calificó como autoritarismo del Gobierno.

Hasta el momento, Guido Perugachi no ha emitido un pronunciamiento público sobre la decisión judicial.

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