(Redacción Cotacachi).- Durante una entrevista concedida a Radio Pichincha la mañana de ayer, el alcalde del cantón Cotacachi, Jomar Cevallos, afirmó que “los proyectiles con los que fue asesinado Efraín Fuérez son los utilizados por el Ejército”, en referencia a la muerte del líder comunero, considerada la primera víctima de la violencia registrada durante las manifestaciones en Imbabura.
Cevallos señaló que existen versiones orales y escritas de los 13 militares que fueron retenidos por las comunidades y entregados la madrugada del 1 de octubre, en las cuales se indicaría que el Ejército habría utilizado proyectiles balísticos, presuntamente responsables del fallecimiento.
Asimismo, se conoce que la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación en curso para determinar las causas de la muerte de Fuérez. Mientras tanto, las organizaciones indígenas han reiterado en cada pronunciamiento su exigencia de justicia y que se identifique a los responsables.
El alcalde también cuestionó el discurso oficial, asegurando que su posición está “apegada a la objetividad”, y rechazó los calificativos de terroristas y secuestradores dirigidos a las comunidades. Advirtió que tales señalamientos no se ajustan a la realidad y podrían afectar la imagen del cantón y del país.
(Redacción Cotacachi).- La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) denunció que este lunes, alrededor de las 7:30 a.m., varias fincas florícolas en Cotacachi amanecieron rodeadas por decenas de manifestantes, quienes ingresaron a las instalaciones para comunicar medidas y presionar a los trabajadores a sumarse a la paralización.
Según el presidente de Expoflores, manifestó que Jessica Torres, vicepresidenta de la UNORCAC, junto a un grupo de aproximadamente 200 manifestantes indígenas, invadieron una finca florícola, emitiendo amenazas y actos de intimidación contra el personal y las instalaciones.
De acuerdo con el gremio, estas acciones son ilegales y violentas. “Esto no es una protesta, es extorsión”, señaló Expoflores en un comunicado oficial, recordando que atentan contra una de las principales actividades económicas de la Sierra norte.
Paralelamente a los incidentes en las fincas, el día de ayer se reportaron ataques de grupos encapuchados y armados provenientes de Imantag, en la vía que conecta Coñaquí con Cotacachi. Los agresores utilizaron palos, lanzas e incluso una bazuca artesanal para detener el tránsito. Ciudadanos de Urcuquí, que defendían su derecho a la libre movilidad, fueron agredidos y empujados, incluyendo mujeres, mientras las vías permanecían bloqueadas con camionetas cruzadas.
En términos económicos, Expoflores calcula que, desde el inicio del paro nacional y el bloqueo masivo de carreteras, las fincas florícolas afectadas han dejado de exportar cerca de USD 250.000 diarios en flores cotacacheñas. La imposibilidad de cumplir con los pedidos de distribución y exportación genera un impacto directo en toda la cadena productiva. “Cada jornada de paralización representa pérdidas millonarias para productores, trabajadores y para la economía del país”, advirtió el gremio.
(Redacción Imbabura).- La Corte Constitucional del Ecuador resolvió este sábado dejar sin efecto el toque de queda decretado por el Ejecutivo y mantener el estado de excepción únicamente en las provincias de Carchi e Imbabura, donde se registran los mayores niveles de conflictividad social.
El alto tribunal analizó los decretos 134 y 146 emitidos por el presidente Daniel Noboa, que establecían estado de excepción en siete provincias del país, como respuesta al paro nacional convocado por organizaciones indígenas. Tras su revisión, la Corte declaró que no existen condiciones actuales que justifiquen la medida en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas y Chimborazo, y por tanto las medidas excepcionales deberán levantarse en esos territorios.
En su dictamen, los jueces determinaron que solo Carchi e Imbabura presentan una situación que amerita la intervención del Estado bajo el marco constitucional, al evidenciarse bloqueos prolongados, alteraciones al orden público y afectaciones directas a la movilidad y abastecimiento.
El toque de queda, inconstitucional
La Corte declaró además inconstitucional la restricción de circulación nocturna, el toque de queda, en todo el país. Argumentó que el Gobierno no demostró que los hechos violentos ocurrieran durante la noche ni que la medida fuera proporcional o necesaria para restaurar la paz.
Con esta decisión, la libre circulación queda restablecida en todas las provincias, y las fuerzas del orden deberán actuar bajo las normas ordinarias y el respeto a los derechos humanos.
Llamado al diálogo
El máximo órgano de control constitucional exhortó al Ejecutivo y a las organizaciones sociales a “encaminarse hacia un diálogo democrático y transparente”, recordando que el uso de la fuerza en el marco del estado de excepción debe ser proporcional y excepcional.
La resolución llega en medio de una semana tensa en el norte del país, donde comunidades indígenas y campesinas mantienen cierres intermitentes de vías, especialmente en los cantones Otavalo, Cotacachi, Urcuquí e Ibarra.
Con la eliminación del toque de queda, se espera una reducción de tensiones en las zonas urbanas, aunque la continuidad del paro nacional mantiene en alerta a las autoridades locales y a los sectores productivos de la región.
(Redacción Otavalo).- En las últimas horas, los bloqueos en la vía E35 y en la Panamericana Norte han impedido el traslado de oxígeno al Hospital San Luis de Otavalo, lo que agrava la situación de pacientes en estado crítico. Ante esta emergencia, la vicepresidenta María José Pinto hizo un llamado urgente para mantener abiertos los corredores humanitarios:
“Gente querida de Otavalo, les hablo desde el corazón: el Hospital San Luis se está quedando sin oxígeno. Allí hay bebés, niñas y niños, personas mayores y pacientes críticos que lo necesitan para vivir”, señaló.
El mensaje buscó apelar a la solidaridad y al sentido de humanidad para permitir el paso de ambulancias, alimentos e insumos médicos. Sin embargo, mientras se ruega por el oxígeno, la entrada del presidente Daniel Noboa y su gabinete a territorio imbabureño estuvo acompañada de un fuerte despliegue: más de 100 vehículos, decenas de militares y policías, con blindajes y caravanas para asegurar el arribo presidencial.
La paradoja no ha pasado desapercibida: mientras se implora abrir un corredor humanitario para salvar vidas, el poder político y sus ministros sí lograron abrirse paso bajo una estrategia de seguridad que incluyó un impresionante operativo militar y policial.
Este contraste ha generado cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno Nacional en plena crisis: ¿por qué se facilita el paso del poder político con despliegues masivos, y no se despliega un operativo similar para la llegada de oxígeno a un hospital que atiende emergencias vitales?
(Redacción Imbabura).- Desde 1990, el movimiento indígena ha protagonizado algunas de las jornadas de protesta más decisivas en el Ecuador. Sus movilizaciones han durado desde pocos días hasta casi tres semanas, y han dejado tras de sí cambios políticos profundos, reformas legales y también un saldo doloroso de muertos y heridos.
El primer levantamiento indígena nacional, en junio de 1990, paralizó el país durante cerca de una semana y colocó en la agenda nacional la exigencia de reconocer al Ecuador como un Estado plurinacional, además de garantizar tierras y educación intercultural. Dos años más tarde, en 1992, la Marcha por la Tierra y la Vida desde la Amazonía logró que el Estado adjudicara más de 1,1 millones de hectáreas a comunidades Kichwa, Achuar y Shiwiar.
En 1994, las protestas contra la nueva Ley de Desarrollo Agrario marcaron un punto de quiebre con el gobierno de Sixto Durán-Ballén, que finalmente promulgó la norma pese al rechazo de la CONAIE. La fuerza del movimiento indígena se volvió a sentir en la política nacional con la caída de dos presidentes: Abdalá Bucaram, en 1997, y Jamil Mahuad, en enero del 2000, tras una insurrección cívico-militar que se opuso a la dolarización.
El paro de 2001 se extendió por casi dos semanas, con demandas de subsidios y mejoras sociales, y volvió a poner a prueba la capacidad de negociación de los dirigentes indígenas. Años más tarde, en octubre de 2019, el país vivió uno de los episodios más violentos de su historia reciente: once muertos, más de 1.300 heridos y más de mil detenidos fue el saldo de las protestas contra el Decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles. La presión social llevó a su derogatoria en cadena nacional.
En junio de 2022, otro levantamiento de 18 días, convocado por la CONAIE, dejó al menos cinco muertos y más de 300 heridos. El conflicto terminó con la firma del Acta por la Paz, que redujo el precio de los combustibles y abrió diez mesas técnicas de diálogo.
Hoy, en septiembre de 2025, Ecuador vuelve a enfrentar un paro nacional indígena que se inició el 22 de septiembre. En su primera semana ya se reporta la muerte de Efraín Fueres, en Imbabura, y múltiples enfrentamientos con la fuerza pública. La agenda de la CONAIE incluye la derogatoria del Decreto 126 sobre el diésel, la reducción del IVA y la liberación de detenidos. El gobierno insiste en que no cederá, mientras la dirigencia indígena anuncia que radicalizará las medidas.
A lo largo de tres décadas, los levantamientos indígenas han mostrado un patrón constante: cada ola de protestas surge por medidas económicas consideradas lesivas para los más pobres, suma demandas históricas como tierra, educación y salud, y termina con concesiones parciales, acuerdos formales o, en algunos casos, con cambios de presidente. Pero siempre dejan una huella de división, heridas abiertas y la certeza de que el movimiento indígena sigue siendo un actor político central en el Ecuador.
(Redacción Imbabura).- Tras varios días de tensión en Cotacachi, nueve militares fueron liberados la noche de ayer. En un video publicado en redes sociales, los efectivos agradecieron a la comunidad por el trato respetuoso recibido y señalaron que, según ellos, se evitó que se produjeran situaciones de violencia mayores durante su retención. Posteriormente, los uniformados regresaron a sus hogares junto a sus familias.
Aproximadamente a las 2:55 a. m. de hoy, tras un diálogo, se permitió la liberación de más militares que aún permanecían retenidos por manifestantes en distintas comunidades del cantón, logrando con esto la liberación total de todos los uniformados.
Todos los efectivos fueron trasladados en perfecto estado de salud por ambulancias del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, asegurando así su retorno seguro a sus domicilios.
Los militares liberados corresponden a los nombres de: Subt. Andrés Uquillas, Sgop. Wilson Coronel, Cbop. Edgar López, Cbos. Lucio Tubon, Cbos. Bryan Lema, Sldr. Nacer Jipa, Sldr. Cristian Toaquiza, Sldr. Alex Chicaiza, Sldr. Angel Gonza, Sldr. Frederick Vinces, Sldr. Kevin Narváez, Sldr. Edison Cevallos, Sldr. Jonathan Paredes, Sldr. Anderson Bravo, Cbos. Franklin Gunsha, Sldr. Dario Banguera, Sgos. Robert Montaño.
Esta liberación fue posible gracias a los acercamientos con dirigentes de las diferentes comunidades.
(Redacción Imbabura).- La decisión de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI) de declarar una tregua temporal y abrirse al diálogo con el Gobierno Nacional ha generado fracturas internas en el movimiento indígena del norte del país.
Pocas horas después de emitido el comunicado oficial de la FICI, varias comunidades y organizaciones de base anunciaron que desconocen la resolución y a la dirigencia encabezada por Mesías Flores, presidente de la Federación.
Lenin Farinango, presidente del pueblo Kichwa Karanki, declaró al medio digital El Estelar que nunca recibió “ni una llamada del presidente de la FICI”, y ratificó que las comunidades Karanki se mantienen en las medidas de hecho. “Intentan dividir al movimiento indígena”, advirtió.
La Comisión de Diálogo del Pueblo Kichwa de Otavalo emitió un comunicado urgente en el que cuestiona duramente la actuación dirigencial, señalando que las decisiones se tomaron de manera unilateral y sin el mandato de la base.
El documento enfatiza que cualquier proceso de diálogo con el Gobierno debe realizarse en un ambiente libre y con la presencia de garantes internacionales para garantizar la transparencia de los acuerdos. Además, la Comisión responsabilizó a la dirigencia por no cumplir con el acompañamiento prometido a las comunidades en resistencia.
“Desconocemos y rechazamos las decisiones y acuerdos pactados por los dirigentes que no han respetado el proceso orgánico ni el mandato de la base”, señala el texto.
A la división se suma la UNORCAC, organización que agrupa a las comunidades de Cotacachi, que no concretó el diálogo previsto con el Gobierno el pasado 30 de septiembre, lo que incrementa la incertidumbre en la provincia.
Mientras tanto, en el terreno, la realidad se mantiene sin cambios: los bloqueos en la vía E35 persisten pese al anuncio de tregua. Comuneros insisten en que solo la unidad y el respeto a las decisiones de base podrán conducir a un diálogo legítimo.
Con esta situación, el movimiento indígena del norte atraviesa un momento de fuerte tensión interna, con posiciones divididas entre quienes buscan abrir un proceso de negociación y quienes sostienen que no existen las condiciones de seguridad ni transparencia para iniciar el diálogo con el Gobierno Nacional.
(Redacción Imbabura).- La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI), filial de la Ecuarunari-Conaie, anunció una tregua temporal en sus acciones de movilización y expresó su voluntad de apertura al diálogo con el Gobierno Nacional, en el marco de la actual crisis social y política que atraviesa el país.
En su boletín informativo, la organización –conformada por los pueblos Karanqui, Natabuela, Imantag, Otavalo y Kayambi del Norte– subrayó que esta decisión responde a un gesto de buena fe y al compromiso histórico de buscar soluciones pacíficas. Además, exigieron que el proceso se realice en un espacio intercultural, garantizando el respeto a los derechos colectivos y a los usos y costumbres ancestrales, conforme lo establece la Constitución del Ecuador.
En un segundo comunicado, la Federación hizo énfasis en cuatro demandas principales para el desarrollo de un verdadero proceso de paz:
Respeto a los derechos colectivos y a la consulta previa, libre e informada. Fin a la criminalización de dirigentes y comunidades. Cumplimiento de compromisos asumidos en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales. Presencia de observadores nacionales e internacionales que garanticen transparencia y respeto mutuo en el diálogo.
La organización reiteró su llamado al Gobierno Nacional, autoridades locales y sociedad civil para construir juntos soluciones reales que aseguren el buen vivir, la justicia social y la paz duradera.
“La paz se construye con hechos concretos y no solo con palabras”, señaló la Federación en su declaración.
Con estas resoluciones, los pueblos kichwas del norte remarcan su compromiso con la no violencia y con la defensa de un Ecuador intercultural y plurinacional.
(Redacción Imbabura).- En el octavo día de paralización en Imbabura, la Gobernación de la provincia confirmó su participación en el diálogo convocado por la Universidad Técnica del Norte (UTN), previsto para la tarde del martes 30 de septiembre. La gobernadora Maite Landeta recalcó la importancia de “construir puentes entre la academia, las autoridades y la ciudadanía” e hizo un llamado abierto a la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) y a la población en general para sumarse a este encuentro.
“El objetivo es abordar de manera conjunta los desafíos que enfrenta nuestra provincia”, señaló Landeta, quien insistió en que la voz de la ciudadanía debe ser escuchada en espacios de reflexión y construcción colectiva.
UNORCAC mantiene la protesta pero no cierra la puerta
La UNORCAC, sin embargo, ratificó en Asamblea Extraordinaria que mantendrá la protesta en calles y comunidades, amparándose en el derecho constitucional a la resistencia. En su resolución:
Respaldó el llamado nacional de CONAIE y FENOCIN contra las medidas económicas. Rechazó la represión estatal, mencionando la muerte del comunero Efraín Fuerez Bonilla. Planteó que el diálogo debe darse en una Asamblea Intercomunitaria, sin abandonar la movilización.
UTN como espacio neutral
La Universidad Técnica del Norte reiteró su disposición a servir como sede para el diálogo, insistiendo en su papel de puente neutral entre el Gobierno Nacional y el movimiento indígena. “Reiteramos la invitación a este encuentro de ecuatorianos por y para la paz”, afirmó el rector Miguel Naranjo-Toro, quien subrayó que la institución pone nuevamente a disposición sus predios y medios para fomentar la reflexión y el entendimiento.
El reto del diálogo
La aceptación de la Gobernación y el ofrecimiento de la academia contrastan con la decisión de la UNORCAC de sostener la protesta. El desafío ahora será lograr que este espacio de encuentro pueda convertirse en un canal efectivo de negociación en medio de la crisis que vive Imbabura.
(Redacción Ibarra).- El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado tras la suspensión del servicio de agua potable en Ibarra, ocurrida el pasado 28 de septiembre de 2025.
Según la institución, en redes sociales circularon videos que muestran a un grupo de personas dañando intencionalmente tuberías del sistema de distribución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA). La rotura se produjo debajo del puente de Rumipamba, lo que provocó la suspensión del servicio en varios sectores de las parroquias La Esperanza y Caranqui, además de una reducción en la presión del agua en otras zonas de la ciudad. Las cuadrillas de obreros de EMAPA no pudieron acceder al punto afectado para realizar la reparación debido a la presencia de manifestantes, por lo que el servicio permaneció interrumpido hasta el día siguiente.
La denuncia se sustenta en el presunto delito de paralización de servicio público, contemplado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El MAE manifestó su rechazo a cualquier acción que atente contra la infraestructura pública y que ponga en riesgo derechos fundamentales, como el acceso al agua potable. Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno Nacional de proteger los servicios básicos y garantizar que la población tenga acceso a este recurso vital en todo el país.
Hoy en Imbabura 