(Redacción Quito).-  En la Corte Nacional de Justicia se realizó la audiencia de flagrancia del consejero del Consejo de Participación Ciudadana David R. y cuatro profesores, quienes fueron detenidos ayer durante el allanamiento a las oficinas del Fondo de Cesantía del Magisterio en Imbabura.

Vicente Robalino, Juez Nacional, ha determinado que no hay flagrancia respecto del delito de ataque o resistencia, que se imputa a David R. y a los profesores detenidos porque, a criterio del juez, han pasado más de 24 horas desde que el hecho tuvo lugar. La decisión es de dejarlos en libertad.

Sin embargo, la Fiscalia ha presentado cargos y tendrá un tiempo para poder probar su acusación, que se basa en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, que prescribe: “La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

En el inciso dos de ese delito, que es el que se intenta aplicar en esta caso concreto, dispone: “Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Por lo pronto David Rosero y los profesores Jaime V., Mario L., Irene O. y Roberto V. recuperan la libertad.