(Redacción Ibarra).- Un operativo ejecutado por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión (UNASE) permitió la detención de dos personas en Ibarra, señaladas por su presunta participación en un caso de extorsión.
La intervención policial se activó luego de la denuncia de una comerciante, quien indicó haber recibido mensajes amenazantes a través de WhatsApp. Según su testimonio, los implicados le exigían el pago de 2.000 dólares a cambio de no divulgar contenido íntimo entre sus allegados y en su entorno laboral.
Las investigaciones condujeron a un encuentro pactado en el patio de comidas de un centro comercial, donde supuestamente se realizaría la entrega del dinero. En ese punto, agentes de la UNASE procedieron con la aprehensión en flagrancia de una mujer de 37 años y un hombre de 41 años.
De acuerdo con información preliminar, uno de los detenidos sería expareja de la denunciante y estaría vinculado con la posesión del material utilizado para ejercer presión. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares que formarían parte de las evidencias del caso.
(Redacción Ibarra).– La noche de ayer, mediante una rueda de prensa, la Policía Nacional dio a conocer los pormenores de la intervención registrada horas antes en la intersección de las calles Teodoro Gómez de la Torre y Sánchez y Cifuentes, en Ibarra, hecho que fue ampliamente difundido por ciudadanos a través de redes sociales.
El operativo, que se inició en el sector de Caranqui, derivó en la persecución y posterior aprehensión de tres ciudadanos ecuatorianos que se movilizaban en una camioneta sin placas y con vidrios polarizados.
Según detallaron las autoridades, los uniformados que realizaban patrullaje preventivo identificaron el vehículo en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes emprendieron la huida, lo que dio paso a una persecución ininterrumpida. En medio del procedimiento, y con el objetivo de neutralizar la amenaza, los agentes realizaron detonaciones de arma de fuego, situación que generó alarma entre los ciudadanos.
Durante el seguimiento, los sospechosos arrojaron una maleta desde el interior del automotor y continuaron su marcha, ignorando las órdenes de detenerse. Finalmente, fueron interceptados a la altura de la intersección de la avenida Teodoro Gómez de la Torre y Sánchez y Cifuentes.
Como resultado del operativo, fueron aprehendidos Jan C., quien registra antecedentes por tenencia y porte de armas (2016); Kevin C., con antecedentes por violación (2025); y Óscar C., con antecedentes por robo (2018), presuntamente vinculado a un grupo de delincuencia organizada.
Tras la intervención, los agentes verificaron la maleta arrojada, encontrando en su interior herramientas como llaves, cuchillos, una cizalla, así como prendas de vestir oscuras y pasamontañas. En el vehículo también se halló un arma de fuego tipo revólver y un objeto con características similares a un arma, que sería de juguete.
Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.
(Redacción Ibarra).- La madrugada de hoy en Ibarra, se desplegó un operativo policial en el sector Alpachaca luego de que el sistema de videovigilancia del ECU 911 alertara sobre la presencia de un vehículo en actitud sospechosa.
A través de las cámaras de monitoreo, se identificó un automotor Toyota Fortuner de color gris, con placas registradas en la provincia del Guayas. Ante esta alerta, unidades de la Policía Nacional se movilizaron de inmediato para verificar la situación.
Al momento de interceptar el vehículo, sus ocupantes —un hombre y una mujer— se negaron a colaborar con el procedimiento policial. De acuerdo con el informe oficial, durante la intervención se produjeron agresiones contra los servidores policiales, además de daños a varios patrulleros.
Posteriormente, los sospechosos intentaron darse a la fuga, lo que desencadenó un cruce de disparos con personal policial y una persecución que se extendió por varias calles de la ciudad. El seguimiento se mantuvo de forma ininterrumpida con el apoyo de múltiples unidades y el sistema de videovigilancia. El operativo culminó en el sector Huertos Familiares, en las calles Solano de la Sala, entre Cañar y Zaruma, donde los implicados fueron finalmente interceptados y aprehendidos.
Ante la balacera registrada durante la madrugada, el hospital del IESS activó el protocolo “Código Plata”, un mecanismo de seguridad que se aplica frente a amenazas de violencia armada o incursiones delictivas en casas de salud, con el objetivo de proteger al personal, pacientes y garantizar la continuidad de la atención, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Según informaron las autoridades, no se registraron personas heridas ni fallecidas durante el procedimiento. En el operativo participaron un total de ocho patrulleros y tres unidades especiales.
(Redacción Ibarra).- La Policía Nacional logró la captura de los dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y que estarían involucrados en varios asaltos registrados en distintos sectores de la parroquia de San Antonio de Ibarra.
La detención se produjo tras la difusión de videos de cámaras de videovigilancia que evidenciaban al menos dos robos en el sector de Tanguarín, donde las víctimas fueron abordadas mientras esperaban transporte público.
Según información preliminar, los sospechosos fueron identificados gracias a labores investigativas y operativos desplegados en la zona, luego de las denuncias ciudadanas que alertaban sobre esta modalidad delictiva. Tras su aprehensión, los individuos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras las investigaciones continúan para determinar su posible participación en otros delitos.
(Redacción Ibarra).- Lo que comenzó como una serie de denuncias por mensajes intimidantes terminó destapando una presunta red de extorsión que operaba en Imbabura y Los Ríos. Cuatro personas fueron aprehendidas durante el operativo “Libertad 223”, ejecutado por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE), entre ellas un policía en servicio activo.
Según las investigaciones, los sospechosos enviaban mensajes de texto y videos en los que aparecían armas de fuego, identificándose como integrantes de “Los Lobos”. Las amenazas estaban dirigidas principalmente a comerciantes y familias de Ibarra y Quevedo, a quienes exigían altas sumas de dinero bajo advertencia de atentar contra sus hijos o cónyuges si no cumplían con los pagos en los plazos establecidos.
Las indagaciones se extendieron por varias semanas. Agentes especializados realizaron seguimientos y aplicaron técnicas investigativas para ubicar los inmuebles desde donde presuntamente se coordinaban las extorsiones. La madrugada del operativo, varias viviendas fueron allanadas de manera simultánea en ambas ciudades.
Entre los detenidos figura un servidor policial que, de acuerdo con las primeras versiones, habría utilizado su experiencia y conocimientos institucionales para facilitar la planificación de las acciones delictivas. Este elemento ha generado especial preocupación en las autoridades, al tratarse de un funcionario en servicio activo.
Durante los allanamientos se incautaron tres teléfonos celulares, considerados indicios clave dentro del proceso, además de dinero en efectivo y documentos que vincularían a los aprehendidos con varias denuncias presentadas en los últimos meses.
Los cuatro sospechosos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado. En Ecuador, este delito puede ser sancionado con penas de cinco a diez años de prisión, dependiendo de los agravantes que se determinen en el proceso judicial.
(Redacción Ibarra).- Un hecho de violencia se registró la tarde de este lunes en el centro de la ciudad, específicamente en las calles Antonio José de Sucre y Teodoro Gómez de la Torre.
De manera preliminar, se conoció que tres personas armadas habrían intentado cometer un robo en el sector. Durante el incidente, una persona resultó herida.
El ECU911 coordinó esta emergencia y desplegó a dos patrulleros de Policía Nacional, quienes confirmaron la existencia de una persona herida a causa del hecho delictivo.
Hasta el momento no se reportan fallecidos.
Actualización:
Nuevos detalles se conocen sobre el hecho violento registrado la tarde de ayer en el centro de la ciudad. Este martes, las autoridades confirmaron la aprehensión de cuatro personas por porte y tenencia de arma de fuego, quienes estarían presuntamente vinculadas a grupos de delincuencia organizada. La intervención policial se produjo tras una alerta ciudadana que reportó disparos en la zona, permitiendo una rápida acción de los uniformados.
Durante el operativo se levantaron como indicios un arma de fuego, un vehículo y una motocicleta, elementos que serán parte de las investigaciones en curso.
(Redacción Ibarra).- El cuerpo sin vida de Deyran P. C., de 15 años, fue hallado cerca de las 16:30 del jueves 5 de febrero en el sector del Anillo Vial, en la intersección de las calles Latacunga y Calle 5, al norte de Ibarra, según información proporcionada por el ECU 911. Posteriormente, el adolescente fue identificado por sus familiares, quienes lo habían reportado como desaparecido desde la noche del lunes 2 de febrero.
Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Secuestros, Extorsión y Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes. De acuerdo con información preliminar, el caso es tratado como una muerte violenta.
Deyran vivía en el barrio Santa Teresita de Alpachaca y era el hijo menor de Evelyn C. Según el testimonio de su familia, el joven salió de su domicilio alrededor de las 15:00 del lunes 2 de febrero con destino al sector de San Benito de Palermo, donde iba a visitar a unos familiares. Cerca de las 21:00, su teléfono celular se apagó y no se volvió a tener noticias de su paradero.
El jueves 5 de febrero la madre de Deyran, con varios familiares y vecinos recorrieron desde el último lugar donde fue visto el joven y continuaron por el Anillo Vial, desde el redondel de Santa Teresita hasta el estadio La Cocha, en el sector de Lomas de Azaya. Durante la búsqueda, una mujer y un hombre en situación de calle habrían alertado sobre un posible punto donde podría encontrarse el joven. Cerca de ese lugar, entre la maleza, fue localizado el cuerpo con visibles laceraciones en el rostro.
Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, para la realización de las investigaciones forenses correspondientes. Más tarde, fue trasladado a la ciudad de Esmeraldas, donde se practicó la autopsia de rigor, con el objetivo de identificar y recolectar muestras de ADN en el cuerpo.
El cuerpo de Deyran presentaba signos evidentes de violencia, entre ellos el uso de objetos cortantes que habrían provocado lesiones en las extremidades, así como armas blancas, con una posible herida cercana al pecho. Además, se investigó el presunto uso de sustancias químicas, aparentemente ácido, en el rostro, lo que habría sido empleado para dificultar su reconocimiento, según relataron sus familiares.
Con los nombres señalados por vecinos y testigos, la familia logró ubicar a tres sospechosos, quienes fueron trasladados al comando policial. En este punto, no se descartó una presunta participación de los tres implicados en una posible violación grupal.
En el lugar, los tres sospechosos se habrían estado generando acusaciones entre ellos y brindando versiones contradictorias, lo que derivó horas después en que fueran puestos en libertad por disposición de la Fiscalía, debido a que había transcurrido el plazo legal de las 24 horas de flagrancia.
Por su parte, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron públicamente el asesinato de Deyran, a quien identifican como una adolescente trans de 15 años. De acuerdo con la información difundida por la Asociación Silueta X, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ y otros colectivos de la diversidad, el cuerpo presentaba indicios de tortura y violencia severa.
Desde una perspectiva técnica y legal, expresaron su preocupación por lo que califican como una respuesta institucional lenta, indicando que la dilación en los tiempos de búsqueda y captura habría permitido que los sospechosos evadieran la detención en flagrancia. También alertaron sobre la falta de un enfoque de género y diversidad en el tratamiento inicial del caso.
En un comunicado conjunto, exigieron al Estado ecuatoriano que el crimen no sea tratado como un delito común y solicitaron acciones concretas, entre ellas: el respeto a la identidad de género de la víctima en los procesos judiciales y en la cobertura mediática, la ejecución inmediata de órdenes de captura contra los presuntos responsables y garantías de protección para las personas que han brindado información clave. Finalmente, las organizaciones recalcaron que este caso se suma a otros hechos de violencia contra personas trans en el país.
Ante estos hechos, la familia, junto a vecinos y diversos colectivos, anunciaron una marcha pacífica que se realizará esta tarde desde las 15:00, partiendo desde el sector de Santa Teresita de Alpachaca, con el objetivo de exigir justicia y respuestas claras por parte de las autoridades.
(Redacción Imbabura).- Durante la audiencia realizada la tarde de ayer, la Fiscalía anunció una reformulación de cargos en el proceso judicial que involucra a las 12 personas detenidas durante las manifestaciones en Otavalo.
El fiscal Galiano Balcázar, encargado del caso, informó que los procesados serán investigados por los presuntos delitos de ataque y resistencia, además de daño al bien público. La autoridad señaló que estos deberán ser demostrados durante el proceso judicial.
Por su parte, la defensa de los acusados rechazó los nuevos señalamientos, asegurando que no existen pruebas que vinculen a sus representados con los delitos mencionados.
La decisión de la Fiscalía se produjo luego de descartar el delito de terrorismo, al no encontrarse elementos que sustenten la acusación presentada originalmente por el Gobierno Nacional, en el contexto del Paro Nacional de 2025.
La audiencia de reformulación de cargos se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, fecha en la que además se dará a conocer el dictamen final sobre el hábeas corpus solicitado a favor de Luis Jácome, que continúa privado de libertad en la cárcel de Ibarra.
(Redacción Otavalo).- Esta mañana, la alcaldesa de Otavalo se dirigió a la población en una asamblea pública, en medio de un clima de incertidumbre y confrontación que mantiene la provincia.
Manifestó que, durante los primeros días de las paralizaciones, junto a los concejales del cantón, se intentó instalar una mesa de diálogo con el gobierno y los líderes indígenas, pero los esfuerzos no fueron fructíferos. Además, relató que, en un intento de avanzar en el diálogo, la Gobernación de Imbabura le cerró sus puertas, pese a ser ella una autoridad.
Respecto a la reunión de ayer, la alcaldesa confirmó su participación en los acuerdos para la liberación de los detenidos, quienes regresaron a la provincia para continuar sus procesos legales. Además, detalló los compromisos alcanzados, que incluyen indemnizar a los familiares de las dos personas fallecidas (Efraín Fúeres y José Guaman) y brindar atención inmediata a los heridos durante los disturbios.
Sobre el polémico Decreto 126, que elimina el subsidio al diésel, señaló que no fue abordado durante el diálogo, ya que las autoridades presentes no tenían poder de decisión, dejando el tema en el limbo. Asimismo, anunció que los líderes de las comunidades deberán instalar una asamblea permanente en territorio, con el objetivo de socializar los temas, analizar el decreto y finalmente presentar sus propuestas el día lunes frente a autoridades y la ministra de Gobierno.
La alcaldesa defendió la actuación de los líderes indígenas, asegurando que nunca se “vendieron” al gobierno, como algunos miembros de las comunidades habían denunciado el día de ayer. Señaló que su papel en la reunión fue únicamente el de veedora, garantizando que se cumplieran los planteamientos de ambas partes. Además, hizo un llamado a respetar a los líderes comunitarios y a mantener la estructura de la organización indígena, exhortando a fortalecer la unidad de Otavalo.
Pese a los anuncios del gobierno, la alcaldesa advirtió que el paro no ha terminado y que los acuerdos alcanzados representan solo los primeros pasos de un diálogo aún marcado por la tensión.
Anabel Hermosa recibió múltiples comentarios de indignación y rechazo por parte de los dirigentes indígenas, quienes denunciaron que permitió el ingreso de militares para reprimir al pueblo, un hecho que ha generado gran malestar entre la población otavaleña. La tensión escaló al punto de que numerosos asistentes calificaron la acción como una traición a la comunidad y un ataque directo a los derechos de los manifestantes.
(Redacción Ibarra).- La mañana de este martes se realizó el traslado de tres ciudadanos procesados en el contexto de las recientes manifestaciones. Bajo resguardo policial, arribaron en un helicóptero militar a la ciudad de Ibarra, los detenidos corresponden a los nombres de Alfredo P., Luis C. y Diego L.
Según información oficial, a los procesados se les practicó una revisión médica al momento de su arribo, constatándose que se encuentran en buen estado de salud.
El traslado desde la ciudad de Manta se efectuó con el fin de que los ciudadanos continúen su proceso legal en esta jurisdicción. Ellos forman parte del grupo de 12 personas aprehendidas durante las movilizaciones.
