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Marcha ciudadana exige justicia y acciones inmediatas a las autoridades sobre la muerte de Deyran P. en Ibarra

(Redacción Ibarra).- El cuerpo sin vida de Deyran P. C., de 15 años, fue hallado cerca de las 16:30 del jueves 5 de febrero en el sector del Anillo Vial, en la intersección de las calles Latacunga y Calle 5, al norte de Ibarra, según información proporcionada por el ECU 911. Posteriormente, el adolescente fue identificado por sus familiares, quienes lo habían reportado como desaparecido desde la noche del lunes 2 de febrero.

Puede ser una imagen de texto que dice "DESAPARECIDO PALACIOS DESAPARECIÓ EL 02 DE FEBRERO DE 2026 DEYRAN DEYRAN ALEXANDER IMBABURA, IBARRA, ALPACHACA AYÚDANOS A ENCONTRARLO D E T o 1800 335486 ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD Ministerio del Interior FGE DENEA យេសេ្ត"

Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Secuestros, Extorsión y Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes. De acuerdo con información preliminar, el caso es tratado como una muerte violenta.

Deyran vivía en el barrio Santa Teresita de Alpachaca y era el hijo menor de Evelyn C. Según el testimonio de su familia, el joven salió de su domicilio alrededor de las 15:00 del lunes 2 de febrero con destino al sector de San Benito de Palermo, donde iba a visitar a unos familiares. Cerca de las 21:00, su teléfono celular se apagó y no se volvió a tener noticias de su paradero.

El jueves 5 de febrero la madre de Deyran, con varios familiares y vecinos recorrieron desde el último lugar donde fue visto el joven y continuaron por el Anillo Vial, desde el redondel de Santa Teresita hasta el estadio La Cocha, en el sector de Lomas de Azaya. Durante la búsqueda, una mujer y un hombre en situación de calle habrían alertado sobre un posible punto donde podría encontrarse el joven. Cerca de ese lugar, entre la maleza, fue localizado el cuerpo con visibles laceraciones en el rostro.

Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, para la realización de las investigaciones forenses correspondientes. Más tarde, fue trasladado a la ciudad de Esmeraldas, donde se practicó la autopsia de rigor, con el objetivo de identificar y recolectar muestras de ADN en el cuerpo.

El cuerpo de Deyran presentaba signos evidentes de violencia, entre ellos el uso de objetos cortantes que habrían provocado lesiones en las extremidades, así como armas blancas, con una posible herida cercana al pecho. Además, se investigó el presunto uso de sustancias químicas, aparentemente ácido, en el rostro, lo que habría sido empleado para dificultar su reconocimiento, según relataron sus familiares.

Con los nombres señalados por vecinos y testigos, la familia logró ubicar a tres sospechosos, quienes fueron trasladados al comando policial. En este punto, no se descartó una presunta participación de los tres implicados en una posible violación grupal.

En el lugar, los tres sospechosos se habrían estado generando acusaciones entre ellos y brindando versiones contradictorias, lo que derivó horas después en que fueran puestos en libertad por disposición de la Fiscalía, debido a que había transcurrido el plazo legal de las 24 horas de flagrancia.

Por su parte, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron públicamente el asesinato de Deyran, a quien identifican como una adolescente trans de 15 años. De acuerdo con la información difundida por la Asociación Silueta X, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ y otros colectivos de la diversidad, el cuerpo presentaba indicios de tortura y violencia severa.

Desde una perspectiva técnica y legal, expresaron su preocupación por lo que califican como una respuesta institucional lenta, indicando que la dilación en los tiempos de búsqueda y captura habría permitido que los sospechosos evadieran la detención en flagrancia. También alertaron sobre la falta de un enfoque de género y diversidad en el tratamiento inicial del caso.

En un comunicado conjunto, exigieron al Estado ecuatoriano que el crimen no sea tratado como un delito común y solicitaron acciones concretas, entre ellas: el respeto a la identidad de género de la víctima en los procesos judiciales y en la cobertura mediática, la ejecución inmediata de órdenes de captura contra los presuntos responsables y garantías de protección para las personas que han brindado información clave. Finalmente, las organizaciones recalcaron que este caso se suma a otros hechos de violencia contra personas trans en el país.

Ante estos hechos, la familia, junto a vecinos y diversos colectivos, anunciaron una marcha pacífica que se realizará esta tarde desde las 15:00, partiendo desde el sector de Santa Teresita de Alpachaca, con el objetivo de exigir justicia y respuestas claras por parte de las autoridades.

Policía Nacional ejecutó control en Centros de Privación de Libertad de Imbabura

(Redacción Imbabura).– La Policía Nacional ejecutó intervenciones de control en los Centros de Privación de Libertad (CPL) de la provincia, como parte de la Estrategia Operacional 3D, orientada a intervenir estos espacios estratégicos con el objetivo de debilitar, desorientar y desarticular estructuras delictivas que operan al interior de los centros penitenciarios.

Estas acciones permitieron reforzar los niveles de seguridad y control, tanto para las personas privadas de libertad como para el personal de seguridad penitenciaria, en el marco de las operaciones permanentes que ejecuta la institución policial

Durante las acciones policiales se logró el decomiso de varios objetos prohibidos, entre los que constan ocho dispositivos móviles, trece envolturas sujetas a fiscalización, cinco cargadores de celular, ocho cables USB, doce objetos cortopunzantes, dos fosforeras, ocho pipas artesanales y dos auriculares.

La Policía Nacional indicó que estos controles continuarán ejecutándose de manera permanente en la provincia como parte de las estrategias de seguridad para prevenir actos ilícitos.

Juez deja en libertad a dos detenidos con 22 millones de dosis de ketamina en Tulcán

(Redacción Carchi).- Un juez de Garantías Penales de la provincia del Carchi dispuso la libertad de dos ciudadanos detenidos durante el operativo “Renacer”, en el que la Policía Nacional incautó más de 22 millones de dosis de ketamina en Tulcán.

El decomiso se realizó el pasado 23 de enero, en el sector Julio Andrade, cuando agentes policiales interceptaron un camión que transportaba la sustancia oculta bajo bloques en la parte posterior del vehículo, con el objetivo de evadir los controles de seguridad en la ruta hacia el norte del país.

Los aprehendidos, un ciudadano ecuatoriano y otro de nacionalidad colombiana, identificados como Luis L. y Pedro C., fueron puestos en libertad tras la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Pese al volumen récord de ketamina incautada, el juez dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Según las autoridades, el valor estimado de la sustancia supera los USD 324.000 en el mercado ecuatoriano, mientras que en otros países de la región podría alcanzar hasta USD 432.000 en Colombia y USD 216.000 en Perú. El camión utilizado para el transporte también fue decomisado como parte de la investigación.

La Policía Nacional expresó su profunda inconformidad con la decisión judicial. Un vocero de la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas (UNISC) señaló que resulta preocupante que una cantidad tan significativa de ketamina no haya ameritado prisión preventiva. “Se trata de una sustancia controlada, utilizada como precursor para drogas sintéticas y con alto riesgo para la salud pública. Este tipo de resoluciones envía un mensaje equivocado en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.

La ketamina es un anestésico de uso médico y veterinario legítimo; sin embargo, en algunos países se ha popularizado como droga recreativa, conocida comúnmente como “kit kat”. Los usuarios han señalado que esta sustancia produce efectos similares a los de la PCP, generando distorsiones en la percepción visual y auditiva, así como una marcada sensación de desconexión y pérdida de control. Su consumo puede afectar los sentidos, el juicio y la coordinación hasta por 24 horas después de la ingesta, aunque los efectos alucinógenos más intensos suelen presentarse durante un lapso de entre 45 y 90 minutos.

En volúmenes como el decomisado, la ketamina suele utilizarse como precursor en la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo y sus análogos, lo que representa una amenaza creciente para la región, según alertas emitidas por organismos internacionales como la ONU y la DEA.

La Fiscalía General del Estado anunció que apelará la decisión judicial y continuará con las investigaciones para determinar la ruta, el destino final de la sustancia y posibles vínculos con redes criminales transnacionales. Los indicios, incluidos los frascos plásticos y el embalaje, serán sometidos a peritajes químicos especializados.

Tribunal revoca prisión preventiva a 11 de los 12 detenidos por las protestas en Otavalo

(Redacción Quito).- Durante la mañana de este viernes, se llevó a cabo la audiencia en la que un tribunal de justicia de Pichincha resolvió revocar la prisión preventiva para 11 de los 12 detenidos durante las protestas registradas en Otavalo.

Las personas procesadas enfrentaban cargos por el presunto delito de terrorismo; sin embargo, el tribunal determinó que los elementos presentados por la Fiscalía no cumplen con los presupuestos necesarios para sustentar que los acusados pertenecen a un grupo terrorista o grupo delictivo organizado (GDO).

En su resolución, el tribunal concluyó que no existen elementos suficientes para mantener la privación de libertad, por lo que los procesados deberán ser puestos en libertad en las próximas horas. No obstante, continuarán su proceso judicial en libertad, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Los 12 ciudadanos permanecieron un mes en prisión preventiva, dentro de un proceso que ha generado amplia controversia por las denuncias de posibles excesos ocurridos durante las manifestaciones.

Corte Constitucional prohíbe bloqueos arbitrarios en redes sociales por parte de las instituciones públicas

(Redacción Ecuador).- La Corte Constitucional del Ecuador ha emitido una sentencia clave que protege el derecho a la libertad de expresión en el entorno digital. En el caso 2032-20-JP/25, el máximo órgano de justicia constitucional determinó que bloquear a un ciudadano en las redes sociales oficiales de una institución pública puede constituir una violación a sus derechos fundamentales.

El caso se originó cuando Carlos David Bermeo Hidalgo fue impedido de comentar en la página de Facebook del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lago Agrio. Según la sentencia, no existía justificación válida ni proporcional que respaldara esta medida.

“La Corte Constitucional declara la vulneración al derecho a la libertad de expresión”, señala el fallo, destacando que la página de Facebook del municipio actúa como un canal oficial de comunicación pública, por lo que debe estar abierta al debate ciudadano.

La sentencia enfatiza que, en el contexto actual, las redes sociales oficiales de instituciones públicas se han convertido en nuevos espacios públicos donde rigen las garantías constitucionales. Por ello, cualquier tipo de restricción como el bloqueo de usuarios o la limitación de interacciones debe basarse en fines legítimos y ser adecuadamente justificada.

Este fallo establece un precedente importante, y hace que las instituciones públicas deban mantener abiertas sus plataformas digitales al intercambio democrático; no pueden restringir arbitrariamente la participación ciudadana, especialmente si se trata de críticas y, en caso de abusos, los ciudadanos tienen derecho a recurrir a mecanismos administrativos o judiciales para que se respete su voz.

La jueza Daniela Salazar Marín, ponente del caso, subrayó que estas decisiones buscan garantizar una administración pública transparente y respetuosa de los derechos digitales. En adelante, municipios, ministerios y entidades estatales deberán tener mayor cuidado al gestionar sus redes, recordando que el espacio digital también está protegido por la Constitución.

Descubra este feriado el Tren de la Libertad

(Redacción Ibarra).- La ruta del ferrocarril está disponible en Imbabura entre Ibarra y Salinas.

Una opción para disfrutar con amigos y familia, podrá maravillarse con los paisajes de nuestra provincia en un recorrido único e inolvidable, con siete túneles y puentes que cruzan cañones de vértigo, ofrece un recorrido único partiendo desde la ciudad de Ibarra, para llegar a la calidez de Salinas, que recibe a los visitantes a ritmo de bomba.

Parte de la leyenda férrea señala que el tren llegó por primera vez a la estación de Salinas en 1945, cuando ya funcionaba el tramo Quito – Ibarra, inaugurado en 1929.

En la parroquia de Salinas, gracias a la rehabilitación del tren, se han generado varios proyectos relacionado con la música, la danza, la gastronomía y artesanías tradicionales de la comunidad afroecuatoriana. Al llegar puede visitar sus museos y emprendimientos para disfrutar de la gastronomía local en un viaje lleno de experiencias memorables.

La ruta tiene una duración de una hora y 45 minutos.

Se recomienda a los pasajeros que viajan, presentarse 30 minutos antes de la salida, portando su cédula de identidad o algún documento con fotografía.

La tarifa (paquete completo) es de 39 dólares, pero aplica descuentos para personas con discapacidad, en el costo del boleto está incluido un recorrido en la parroquia de Salinas y la entrada al Museo de Sal, existe una tarifa de 15 dólares que abarca solo la ida hasta la parroquia en el tren.

Ciudadano que supuestamente realizó la llamada amenazante de bomba fue puesto en libertad

(Redacción Ibarra).- Luego de la audiencia de flagrancia efectuada la mañana de este jueves 03 de mayo del 2018, el ciudadano Edison, de 42 años presuntamente acusado de terrorismo por haber efectuado la llamada telefónica sobre la alerta falsa de bomba en el colegio 17 de Julio, salió en libertad con medidas sustitutivas mientras duran las investigaciones.

Edison, que trabaja de comerciante de mariscos en el centro de Ibarra, manifestó su preocupación sobre la actuación de la Policia y las autoridades en vista de que según su criterio no hubo, ni una orden de aprensión y a su criterio, fue apresado injustamente.

«A parte de mi negocio, tengo un cyber en donde se tiene cabinas telefónicas de servicio público y el número que ellos relacionan a la llamada corresponde a una cabina registrada en mi local» comentó además que dentro de giro de negocio, está la venta de chips y que por lo general se tiene varios chips a su nombre.

El ciudadano informó además que de comprobarse su inocencia, iniciará las acciones legales en contra del estado por esta decisión arbitraria de detenerlo acusarlo de terrorista por medios de comunicación y redes sociales.

«En mis 42 años, nunca he tenido un problema de este tipo y ahora me acusan de terrorista» finalizó.

El Gral. Juan Jaramillo Comandante de la Zona 1 de Policía en la rueda de prensa y luego de la consulta de nuestro medio de comunicación, confirmó que se detuvo al dueño de la línea y se estaba investigando el origen de la llamada.

Los cinco detenidos en incidentes en el FCME de Imbabura, fueron puestos en libertad

Quito.-  A las 16h00 de hoy se instaló la audiencia de flagrancia en la Corte Nacional de Justicia. | Foto: Twitter David Rosero.

Quito.- A las 16h00 de hoy se instaló la audiencia de flagrancia en la Corte Nacional de Justicia. | Foto: Twitter @davidroserow.

(Redacción Quito).-  En la Corte Nacional de Justicia se realizó la audiencia de flagrancia del consejero del Consejo de Participación Ciudadana David R. y cuatro profesores, quienes fueron detenidos ayer durante el allanamiento a las oficinas del Fondo de Cesantía del Magisterio en Imbabura.

Vicente Robalino, Juez Nacional, ha determinado que no hay flagrancia respecto del delito de ataque o resistencia, que se imputa a David R. y a los profesores detenidos porque, a criterio del juez, han pasado más de 24 horas desde que el hecho tuvo lugar. La decisión es de dejarlos en libertad.

Sin embargo, la Fiscalia ha presentado cargos y tendrá un tiempo para poder probar su acusación, que se basa en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, que prescribe: “La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

En el inciso dos de ese delito, que es el que se intenta aplicar en esta caso concreto, dispone: “Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Por lo pronto David Rosero y los profesores Jaime V., Mario L., Irene O. y Roberto V. recuperan la libertad.