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Candidata a la alcaldía por la Revolución Ciudadana, en los ojos de la Contraloría

(Redacción Ibarra).- Luego de varios meses de conocerse el informe del Concejo Municipal sobre la gestión de la ex concejal Tania Chamorro, este informe llegó a conocimiento de la Contraloria General del Estado, mismo que deberá iniciar con un examen especial tomando como referencia lo hallado por la Comisión de Mesa.

El pedido de esta auditoria fue solicitado por la concejal Myrian Salgado quien el pasado 3 de agosto pidió la valoración del desempeño de la ex concejala y ahora candidata a la Alcaldía de Ibarra, adicionalmente a esto se reestructuró la comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, de la que Chamorro era presidenta.

Según el informe expuesto ante el cuerpo colegiado, en 2019, la ex edil, de tres sesiones, asistió a dos y faltó a una.

En 2020, se realizaron seis sesiones, asistió a una y faltó a 5 sin presentar una justificación. En lo que respecta al 2021, se efectuaron 21 sesiones, asistió a 10 y faltó a 11, de las cuales solo de dos presentó excusas. En 2022, hubo 13 sesiones, asistió a una, faltó a 12 sin presentar justificación y justificó 2. Sobre las presentaciones de iniciativas legislativas, la exconcejal, desde el 2019 hasta este año, señala el documento, no presentó ninguna iniciativa, en esa comisión.

Por su parte el Colectivo Ciudadano -Ibarra Reacciona- solicitó mediante oficio que sea analizada la actuación no solo de la ex concejala Chamorro sino también de los actuales concejales que buscan un puesto de elección popular.

“No es posible que existan aún personas que quieran seguir en el cargo cuando no han asistido a reuniones o se han pasado faltando a cumplir su trabajo, la Concejala Ayala, el Concejal Lomas deben transparentar su actuación para exigir el voto” afirmó Nestor Rivadeneira representante del colectivo.

Tania Chamorro renunció al cargo, un día después de que se activó la comisión de mesa en su contra

(Redacción Ibarra).- La hasta ayer concejala de Ibarra Tania Chamorro la mañana de este jueves 04 de agosto del 2022, en una rueda de prensa hizo pública su renuncia al cargo de concejala al cantón Ibarra, luego de que se anunció en la sesión de Concejo de este miércoles la activación de la Comisión de Mesa, dentro del GAD Ibarra.

La moción de activación de esta comisión la realizó la concejala Mirian Salgado, e investigará la denuncia contra la edil Tania Chamorro, quien debía presentar un informe sobre sus asistencias y aportes dentro de las Comisiones que participa.

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Salgado ingresó una carta señalando, ¨Que ante los evidentes actos públicos proferidos por la concejal Tania Chamorro, miembro de la Comisión respecto a las acciones cumplidas por la Comisión utilizada con fines politiqueros. Debo indicar que es imposible coordinar el trabajo con la referida persona, que tiene acciones negativas y de mala fe que no contribuye a los fines de la Comisión, por lo que solicito se realice la valoración al desempeño de la concejala en cuanto a las asistencias, a los aportes que hace a la Comisión, así como la inmediata reestructuración de la Comisión¨ dice la misiva de la concejal.

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Por su parte la ex concejal Chamorro manifestó que la función de esta comisión de mesa es la destitución de su cargo.

Confirmó además que participará de candidata a Alcaldía de Ibarra por el Movimiento RC5 de la Revolución Ciudadana.

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La Fiscalía comprobó que en la Hidroeléctrica Manduriacu se pagaron más de 6 millones en coimas

 

(Redacción Imbabura).- El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció este miércoles al vicepresidente de la República, Jorge G., a 6 años de prisión como autor del delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción en el caso Odebrecht.

En la lectura de las conclusiones del Tribunal, el juez ponente Édgar Flores indicó que en base a lo expuesto durante el juicio, el Vicepresidente sería autor «principal», porque tuvo el dominio del hecho al ser el responsable de los proyectos emblemáticos.

La Fiscalía probó que los sentenciados se asociaron ilícitamente para obtener un beneficio económico en 5 proyectos estratégicos: Poliducto Pascuales-Cuenca, Trasvase Daule-Vinces, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico-Movimiento de Tierras y Acueducto La Esperanza. Flores señaló que Jorge G. «articuló con José Conceição Santos (exejecutivo de Odebrecht) la concesión de contratos públicos a cambio de pagos».

En el Caso de la Hidroeléctrica Manduriacu, que se encuentra en el límite provincial de Imbabura y Pichincha, luego de conocer el testimonio anticipado de José Santos que fue tomado como prueba de la Fiscalía y determinó la participación de Jorge Glas, señala que la empresa “Odebrecht entregó la cantidad de USD 6’500.000.00, en calidad de coimas, para que se modifiquen los documentos precontractuales a fin de ser adjudicados con el contrato de ejecución del proyecto H. Manduriacu, lo que representó un perjuicio para CELEC“.

Además la información proporcionada por Estados Unidos en el caso Odebrecht revela dos cosas. Un sofisticado esquema de subcontrataciones para obtener el dinero que iba a ser usado en coimas, así como el uso de apodos para esconder la identidad de los sobornados.

De acuerdo con esa información, que llegó en dos discos compactos, 16 personas identificadas con apodos recibieron al menos $ 22,77 millones a través de 16 compañías en paraísos fiscales y en Ecuador.

Esta información se complementa con la ayuda penal de Brasil, que es mucho más completa porque contiene los recibos de los giros bancarios.

Uno de los apodos utilizados era Tío, que fue citado por el fiscal Carlos Baca en la audiencia para pedir la prisión preventiva del vicepresidente Jorge Glas Espinel, al considerar que los pagos bajo este apelativo se referían a Ricardo Rivera, tío del funcionario.

En los documentos existen cuatro pagos a Tío. Tres de ellos se depositaron a Glory International Industry. Y el último se realizó a la empresa Fernhead Holding Inc. (abierta por Mossack Fonseca a pedido de Ricky Dávalos). Estas transferencias suman $ 934.660.

Dos de estos pagos, por un total de $ 450.000 están relacionados con la hidroeléctrica Manduriacu, según señalan los documentos.

Uno de esos pagos relacionados con Manduriacu, por la suma de $ 150.000, coincide en código, cantidad, fecha, cuenta y banco receptor con la documentación brasileña. Esta cooperación, en cambio, da cuenta de 15 giros a Glory International a una cuenta del Shanghai Pudong Development Bank, de China, por $ 5,5 millones.

Para no despertar sospechas de las autoridades, el banco que manejaba Odebrecht cumplía con los requerimientos de cualquier entidad. Los pagos a Glory, por ejemplo, eran justificados por compra de maquinaria de construcción. Así lo indica una carta de Innovation Research Engineering and Development, una de las compañías usadas para los sobornos, al banco Meinl Banl (Antigua).

Como parte del esquema, Odebrecht firmó contratos con la firma española Eathisa Ingeniería y Servicios S.A., de Zaragoza, representada por Altor Elexpe Tudela. A su vez, esta subcontrató a la holandesa Convergence Capital Partners B.V., y cuyo representante era Marcos Alexander Termes.

Los contratos entre Eathisa Ingeniería y Servicios S.A., y Convergence Capital Partners B.V. para la construcción del acueducto de la Refinería del Pacífico y para el poliducto Pascuales-Cuenca, son parte de la ayuda que llegó desde EE.UU.