(Redacciòn Ibarra).- La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP) anunció la suspensión indefinida del servicio de transporte público intra e interprovincial a escala nacional, medida que entraría en vigencia a partir de las 00:00 de este viernes 3 de julio de 2026.
La decisión fue oficializada mediante la Circular N.º 037-SEF-AGAF-2026, en la que el gremio argumenta que el sector atraviesa una grave crisis económica, provocada por la insuficiencia de ingresos para cubrir los costos operativos y la falta de respuestas oportunas por parte del Gobierno Nacional.
Según la organización, la paralización se ampara en el derecho constitucional a la resistencia y se mantendrá de manera indefinida mientras persistan las causas que motivan la protesta. Además, la dirigencia exhortó a todas las cooperativas afiliadas a mantener la unidad, actuar con responsabilidad y seguir únicamente la información emitida por los voceros oficiales de la federación.
Uno de los principales reclamos del sector es la revisión técnico-económica de las tarifas del transporte, petición que, según FENACOTIP, aún no ha recibido una respuesta concreta por parte de las autoridades. El gremio espera la instalación de una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones antes de que la medida genere mayores afectaciones a la movilidad en el país.
ANT advierte con sanciones
Frente al anuncio de la paralización, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) recordó que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial considera como una infracción administrativa muy grave la interrupción o suspensión del servicio de transporte sin una causa legalmente justificada.
La entidad señaló que esta infracción puede ser sancionada con una multa equivalente a ocho remuneraciones básicas unificadas.
Asimismo, la ANT indicó que la Resolución N.º 045-DIR-2014-ANT, que regula los contratos de operación, prohíbe la suspensión del servicio, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o por disposición expresa de la autoridad competente.
La institución advirtió que, si se confirma una suspensión injustificada del servicio, iniciará los procedimientos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la normativa vigente.
Entre las medidas que podrían adoptarse constan la intervención de las operadoras, la suspensión de rutas o unidades, revisiones técnicas extraordinarias, la reevaluación de conductores e incluso la reversión de rutas, frecuencias o títulos habilitantes, cuando el interés público se vea comprometido.
Actualizaciòn:
Pese a lo anunciado ayer, esta mañana los buses de transporte intra e interprovincial ofrecieron el servicio con normalidad, luego de que mediante un comunicado se informara el levantamiento de la medida.
(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Paro 2025
Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.
La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.
Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:
En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.
Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:
Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.
Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.
El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.
Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :
En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.
Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.
(Redacción Imbabura).- El Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes como nuevo gobernador de la provincia de Imbabura, en reemplazo de Elsy Maité Landeta Sánchez, según consta en el decreto ejecutivo emitido esta semana.
Ortiz Cifuentes es coronel retirado del Ejército Ecuatoriano y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, especialmente en áreas relacionadas con seguridad, control y gestión territorial. A lo largo de su carrera ha participado en distintos procesos de coordinación institucional orientados al fortalecimiento del orden y la administración del territorio.
Dentro de sus antecedentes profesionales consta su paso por la Agencia de Regulación y Control de Recursos No Renovables (ARCOM) en Imbabura, donde intervino en acciones de control minero y articulación con otras entidades del Estado, en un contexto marcado por la necesidad de regular esta actividad en la provincia.
La Gobernación de Imbabura es la instancia encargada de representar al Ejecutivo en el territorio provincial, así como de coordinar el trabajo conjunto entre los ministerios, las fuerzas del orden y los gobiernos autónomos descentralizados. En ese marco, el nombramiento de Ortiz Cifuentes responde al objetivo del Gobierno de reforzar la gestión institucional y la coordinación interinstitucional en la provincia.
Se espera que en los próximos días el nuevo gobernador asuma formalmente sus funciones y dé a conocer las líneas prioritarias de su gestión al frente de la representación del Ejecutivo en Imbabura.
(Redacción Imbabura).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), reportó que Ecuador registró 5.268 homicidios en el primer semestre de 2025 (enero-julio), lo que representa un incremento del 47% respecto al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.753 casos. En lo que respecta a los homicidios intencionales por grupo etario, la estadística nacional evidencia que la población de mayor afectación son víctimas entre los 25 y 29 años, representando el 19,2 % del total de homicidios en el periodo de 2025.
Este lapso de siete meses se ha catalogado como el periodo más violento de la última década, en medio de una crisis de inseguridad marcada por la acción de carteles, mafias y grupos de delincuencia organizada, así como por la fragmentación de bandas criminales y la aparición de nuevas estructuras delictivas desde finales de 2024.
Frente a esta situación, el presidente Daniel Noboa ha decretado 13 estados de excepción y conmoción interna, siendo el más reciente el del 6 de agosto, que incluyó a seis provincias, en su mayoría ubicadas en la región Costa, debido al aumento de robos, homicidios y casos de sicariato.
En el caso de Imbabura, la provincia registra un 4,42% de participación en los homicidios por cada 100 mil habitantes, superando a territorios como Carchi, Loja, Napo, Morona Santiago y Azuay. La tasa provincial de homicidios pasó de 18 en 2024 a 22 en 2025, lo que refleja un aumento de 3,64 puntos respecto al año pasado.
Imbabura registró 4.42% en la tasa de homicidios en el país
En la capital imbabureña, la percepción ciudadana sobre robos, homicidios y delincuencia ha crecido. Entre enero y julio de 2025 se reportaron 15 homicidios, frente a los 12 del mismo periodo en 2024, lo que elevó la tasa provincial del 5,25% al 6,5%.
Cantones como Pimampiro e Ibarra sobresalen con una mayor tasa en la provincia (7,07% y 6,5%, respectivamente), mientras que Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante muestran tasas muy bajas, incluso por debajo del promedio latinoamericano de 19,7 por cada 100 mil habitantes.
(Redacción Imbabura).– La tarde y noche de este miércoles en la Hacienda San Rafael ubicada en el límite provincial entre Imbabura y Carchi, presuntos delincuentes entraron a robar a una plantación de aguacates ubicada en la zona.
Varias personas que trabajan en la hacienda aguacatera lograron interceptar a uno de los presuntos delincuentes, detenerlo y prenderle fuego en todo su cuerpo, sin embargo, el hombre de 17 años de edad, con casi el 90% de quemaduras, logró escapar hacia la comunidad La Caldera, en donde con apoyo de la Policía Nacional se solicitó una ambulancia para que sea trasladado al Hospital San Vicente de Paúl en Ibarra.
En horas de la noche, el presunto delincuente fue trasladado a la ciudad de Quito, en vista de la gravedad de sus heridas y se encuentra ahora con pronóstico reservado.
Por su parte moradores de la comunidad La Caldera conmocionados por las quemaduras que sufrió el joven de 17 años, intentaron llegar hasta la hacienda y cerraron las vías que conducen desde La Calera hasta Monteolivo, en señal de protesta.
Una moto fue quemada, varias viviendas de San Rafael sufrieron ataques con piedras y varios sitios fueron vandalizados, personal de Bomberos intentó acceder al sitio, pero se confirmó que era una zona no segura, por lo que se solicitó la presencia de la Policía Nacional y personal de Fuerzas Armadas para asegurar la zona y poder acceder.
Hasta el cierre de este reporte 09:30 am la vía sigue cerrada y se espera iniciar con un proceso de diálogo, la zona ha sido acordonada y se encuentra con presencia militar y policial.
Un morador de San Rafael y morador de la zona, que no quiso ser identificado contó a nuestra redacción que es común en esta época y se ha hecho costumbre de varios ciudadanos ingresen a los terrenos y en costales roben los aguacates, perjudicando el trabajo de varias haciendas aguacateras. “Esto es común y la gente de las haciendas ya está cansada de que cada vez se entren a robar y robar, se llevan en camionetas más de 10 a 15 bultos de aguacates eso no es justo” manifestó.
(Redacción Ibarra).- La Contraloría General del Estado realizó varios cambios en las estructuras provinciales y las direcciones provinciales, en este caso el Ab. Alex Nájera asume la Dirección Provincial de la Contraloría General del Estado.
Nájera abogado en los tribunales de la República, con varios años de experiencia en materia legal, especialista en Derecho Administrativo y Penal, que asume el cargo del organismo de control en Imbabura.
Nájera fue uno de los principales activistas políticos en contra de la corrupción en Ibarra, fundador y activista del colectivo ciudadano «Ibarra se respeta carajo», además de candidato a la concejalía y posteriormente Director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Ibarra y Comisario de Construcciones.
«Este es un gran reto que lo asumo con toda la humildad, vamos a luchar para erradicar esos actos de corrupción que en este país están tan enquistados, con la ley en la mano trabajaremos para despachar todas esas causas represadas en la oficina de la Contraloría General del Estado, vamos a darle ese cambio que necesita» manifestó Nájera.
(Redacción Ibarra).- El Consejo Provincial de Imbabura, reunido este viernes 21 de julio de 2023, resolvió, en primer debate, la extinción del Patronato Provincial y de la Empresa Pública Imbavial EP. Esto, con el objetivo de dar un nuevo giro a la administración de la Prefectura, mejorando la atención y los servicios en favor de la ciudadanía. El análisis y razonamiento de los miembros del organismo, justamente se dio en este sentido, para luego emitir su votación.
Conforme establecen los procedimientos apegados al derecho, en esta primera instancia se realizaron las exposiciones, en el seno del cuerpo colegiado, de los razonamientos para encaminar estas decisiones, a través de ordenanzas. Luego, en una segunda reunión, con todos los elementos de sustento se dará paso a un nuevo debate para resolver en forma definitiva estos temas.
En el caso del Patronato, la Viceprefecta Paolina Vercoutère Quinche argumentó que se trata de cambiar el modelo de atención, ajustándolo a las exigencias actuales y, sobre todo, en el afán de responder a las expectativas que tiene la población de contar con instituciones eficientes que presten servicios de calidad, acorde a sus necesidades.
“El cambio apunta a contar con una dirección que buscará transversalizar el enfoque de género y derechos humanos en cada una de las acciones, fortaleciendo la institucionalidad interna, con una estructura y administración pública acorde a los tiempos actuales. Lo más fácil era acomodarnos a un sistema que ya estaba funcionando, pero tenemos la gran tarea de transformar y construir una política pública para el desarrollo del territorio”.
La aprobación, en primer debate, de la ordenanza de liquidación de la Empresa Pública Imbavial EP se justificó en el informe que dio cuenta de los problemas detectados en la operación, la falta de control en el área administrativa y financiera de la empresa. Dentro de este procedimiento se tomará en cuenta lo que establece la ley, el informe jurídico, económico y detalento humano. Por lo pronto, el directorio, que lo preside el prefecto Richard Calderón, ya resolvió que los más adecuado es la liquidación.
(Redacción Ibarra).- Mediante resolución 052 – 2019, el Consejo de la Judicatura agradeció el desempeño de las funciones de la Dra. Amparo Juma, en el cargo de Fiscal Provincial de Imbabura y encargó hasta el nombramiento de su titular al Mgs. Gen Rhea como Fiscal Provincial de Imbabura.
Gen Rhea se inició en la Fiscalía de Imbabura hace 15 años. Su primer cargo fue asistente de fiscales y para el 2006 pasó a ser secretario de Fiscalía luego de ganar un concurso de méritos y oposición. En el 2009 gana un nuevo concurso y es posesionado como agente fiscal de Imbabura.
(Redacción Ibarra).- La presidenta de la Junta Provincial Electoral de Imbabura, Diana Lechón fue cesada en sus funciones este 16 de enero del 2019, la resolución del CNE se conoció la mañana de este viernes 18 de enero.
Extraoficialmente se conoce que Sofía Rebeca Fuentes Yamberla sería la nueva vocal de la Junta Electoral de Imbabura,
La nueva vocal está en etapa de impugnación y se convertiría en la 3ra Presidenta que tiene este cuerpo colegiado en menos de 64 días para la realización de las elecciones seccionales.
(Redacción Imbabura).- El Consejo de la Judicatura, mediante resolución 039A-2018, suscrita el 26 de julio último, designó a los delegados de la institución en 20 provincias.
La designación de los nuevos funcionarios se sustentó en los numerales 1 y 10 del artículo 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que disponen que, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde nombrar a los miembros de las direcciones regionales y demás servidoras y servidores de la Función Judicial, así como expedir los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley (…).
Para el nombramiento de los delegados, el CJ convocó a las facultades de Derecho de las universidades y a las organizaciones sociales de todo el país a postular los nombres de personas que podían ocupar estos cargos. Más de 600 candidaturas fueron mocionadas y se abrió una etapa de impugnación en la que los ciudadanos pudieron, con fundamentos y pruebas, cuestionar a los postulantes.
Tras el cumplimiento de ese período, el CJ evaluó la formación y la experiencia de los candidatos. De igual forma, tomó en cuenta la probidad y la ética con que han ejercido su profesión en el campo del Derecho. “El proceso fue absolutamente riguroso (…) Queremos dar a cada provincia personas preparadas y que tengan además, la aprobación de la comunidad”, señaló Zobeida Aragundi, vocal del CJ, quien, este viernes 27 de julio, junto al vocal Aquiles Rigail, visita las dependencias judiciales de Cotopaxi y Tungurahua.
La doctora Aragundi informó que, en los próximos días, la Judicatura emitirá una resolución en la cual quedarán claramente establecidas las competencias de los delegados de la institución así como las de los presidentes de las cortes provinciales. “No es nuestra intención que los presidentes de las cortes estén pendientes de las tareas administrativas (…) El objetivo es que en temas graves jurisdiccionales y que afectan a las provincias el presidente de la corte tenga voz y voto y pueda intervenir en las soluciones de esos problemas”, aseguró.
La doctora Aragundi anunció que en el caso de las provincias en las que aún no se ha nombrado delegados provinciales, esto es Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pastaza y Sucumbíos, la designación se concretará durante la próxima reunión del Pleno del CJ.
En Imbabura la Mg. Andrea Elizabeth Cazar Villacís, fue nombrada como nueva Directora del Consejo de la Judicatura.
Hoy en Imbabura 