(Redacción Ibarra).- El  Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) en reunión extraordinaria realizada en Ibarra, trató el tema de las asignaciones presupuestarias que el gobierno central tiene con las prefecturas del país.

Son alrededor de 125 millones, por asignaciones referentes al COOTAD, además de 111 millones, por riego y drenaje y casi 50 millones por la devolución del IVA, el monto total de la deuda bordea los 286 millones de dólares.

Gustavo Baroja, presidente del Consorcio y prefecto de Pichincha, manifestó que se ha trabajando en acuerdos con el Ministerio de Finanzas, para que la deuda pueda ser saldada. Como Consorcio, se han reunido con representantes de las carteras de estado y que además se ha enviado una carta al señor presidente, en donde solicitan los desembolsos, conjuntamente con una explicación del motivo de los retrasos en las asignaciones. «Se ha mantenido reuniones con el Ministerio de Finanzas, y logramos analizar hasta donde se podría el estado ponerse al día de lo que se adeuda» manifestó.

Pablo Jurado Moreno, prefecto de Imbabura, entiende la situación por la que está atravesando el país, pero pide al gobierno central que realice las asignaciones que les corresponden, ya que las prefecturas no cuentan con recursos propios y dependen netamente del dinero del estado. «Casi no hay prefectura que aguante, el dinero que nos llegó se destinó al pago de proveedores, anticipos y cuentas que estaban pendientes, además nos hemos reservado para el seguro social y rentas internas, ya que son rubros que si no se pagan generan multas» manifestó.

Por su parte Rafael Dávila, Prefecto de Loja manifiesta que la situación al sur del país es igual de crítica, muchas de las obras que se estaban ejecutando han tenido que ser paralizadas. El riego es uno de los principales problemas que afectan a esta jurisdicción, desde el año 2015 no se ha transferido el dinero para riego y drenaje.

Dávila se muestra muy preocupado por la reducción del presupuesto para este año, manifiesta que los directamente perjudicados no son los prefectos, sino las personas que habitan en los sectores rurales de las provincias.

«Esta decisión no perjudica al prefecto, perjudica a la provincia, a los pueblos rurales del Ecuador, en donde la prefectura llega con mantenimiento vial, riego, fomento productivo, gestión ambiental ente otros, son decisiones injustas, ya que el gobierno aduce que por la disminución del precio del petroleo nos tienen que ajustar el presupuesto a todos, pero hay solamente que contestarle, que en años pasados el petróleo se vendía a un precio más alto del que constaba en el presupuesto y ahí el gobierno nunca reliquidó a favor de las prefecturas» finalizó.

En la zona norte el panorama es similar, así lo afirma  Guillermo Herrera, Prefecto Carchi, al cual el gobierno central adeuda cerca de 6 millones de dólares.

«La situación en el Carchi es complicada y difícil, nos hemos reunido, pero necesitamos que el gobierno nos transfiera los recursos inmediatamente, son 6 millones de dólares en Carchi, en la mancomunidad del norte la deuda bordea los 40 millones, y estamos finalizando el primer semestre con muchos proyectos que aún no han podido empezarse»