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Ministerio de Ambiente denunció el ataque a tubería que paralizó suministro de agua potable en Ibarra

(Redacción Ibarra).- El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado tras la suspensión del servicio de agua potable en Ibarra, ocurrida el pasado 28 de septiembre de 2025.

Según la institución, en redes sociales circularon videos que muestran a un grupo de personas dañando intencionalmente tuberías del sistema de distribución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA). La rotura se produjo debajo del puente de Rumipamba, lo que provocó la suspensión del servicio en varios sectores de las parroquias La Esperanza y Caranqui, además de una reducción en la presión del agua en otras zonas de la ciudad. Las cuadrillas de obreros de EMAPA no pudieron acceder al punto afectado para realizar la reparación debido a la presencia de manifestantes, por lo que el servicio permaneció interrumpido hasta el día siguiente.

La denuncia se sustenta en el presunto delito de paralización de servicio público, contemplado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El MAE manifestó su rechazo a cualquier acción que atente contra la infraestructura pública y que ponga en riesgo derechos fundamentales, como el acceso al agua potable. Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno Nacional de proteger los servicios básicos y garantizar que la población tenga acceso a este recurso vital en todo el país.

Multa por contaminación al Lago San Pablo se pagará con dinero de todos los contribuyentes


(Redacción Ibarra).- La multa de USD 23 970 impuesta por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) al GAD de Otavalo y a la Empresa Pública EMAPAO-EP, por contaminar el Lago San Pablo, no será asumida por ninguna autoridad ni funcionario en particular, sino por el propio municipio. Es decir, el dinero saldrá de los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos otavaleños.

El proceso sancionador, emitido el 8 de julio de 2025, se fundamenta en hallazgos técnicos y de laboratorio que evidenciaron descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado, así como incumplimientos en parámetros bacteriológicos, aceites y grasas.

Aunque la multa busca remediar el daño ambiental, muchos ciudadanos cuestionan que el costo recaiga en el presupuesto municipal, afectando potencialmente otros servicios o proyectos locales. Según expertos, los USD 23 970 equivalen a:

– La construcción de 4 parques infantiles completamente equipados en barrios populares.
– La rehabilitación de al menos 2 km de vías rurales con adoquinado.
– La compra de 120 luminarias LED para mejorar la seguridad en zonas urbanas.
– El equipamiento de un centro de salud con insumos médicos básicos.

“Es injusto que seamos los ciudadanos quienes paguemos por la ineficiencia y falta de control de quienes están al frente”, reclamó un habitante de la zona en redes sociales.

La Dirección Zonal 1 del MAATE también ordenó la ejecución urgente de un Plan de Acción para optimizar las plantas de tratamiento y evitar futuras descargas al lago. Sin embargo, aún no se ha aclarado cómo se financiarán estas medidas adicionales.

Juez constitucional falla a favor del lago San Pablo y ordena ejecutar un plan de remediación ambiental

(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.

El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.

El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.

Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.

Alcalde amenaza con demandar penalmente a nuestro medio de comunicación por publicar noticia de informe borrador de Contraloría que habla de sobreprecios

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(Redacción Ibarra).- El alcalde de la ciudad y candidato a la reelección Álvaro Castillo en una entrevista realizada en la cadena radial América, realizada el martes 05 de febrero del 2019, se refirió al informe borrador de Contraloría, que habla de los sobreprecios en la construcción de la primera etapa del Mercado Amazonas y sobre la noticia publicada en nuestra redacción.

El primer personero de la ciudad hizo un llamado a la ciudadanía a que busque la información en la página web de la Contraloría «Le pido a la ciudadanía que vaya a la página web y que busque en donde están todos los informes de Contraloría a ver si es cierto» comentó.

Luego amenazó a nuestro medio de comunicación, con iniciar una demanda penal por la noticia publicada la noche del domingo; «Ya es hora de pararles a estos canallas» afirmó el burgomaestre, en referencia a la noticia publicada en nuestro medio.

Hemos buscado la reacción de los concejales que ya tienen el informe borrador, sin embargo ninguno se pronunció con relación a los sobreprecios encontrados en la posible construcción de la segunda fase del Mercado Amazonas, según datos que recoge el informe borrador de Contraloría.

(Nuestro informe en el siguiente link) 

https://hoyenimbabura.com/2019/02/03/contraloria-encontro-sobreprecios-en-la-construccion-del-nuevo-mercado-amazonas/

Informe de Contraloría ratifica responsabilidades civiles en construcción del proyecto Yachay

(Redacción Urcuquí).- Para que se realice las investigaciones pertinentes, el pasado miércoles 04 de abril se envió a la Fiscalía un examen especial de la Contraloría General del Estado que determinó un perjuicio de USD $ 31,4 millones en la ingeniería, estudios, fiscalización y construcción de los cincos edificios de la universidad de Yachay. Se establece responsabilidades por parte de tres exautoridades de la empresa pública Yachay, la firma consultora Hospiplan, la constructora ConEcuakor y el consorcio fiscalizador HP.C.

De acuerdo a una publicación de El Comercio, en el informe DNA2-0015-2018 de la Contraloría, la construcción de los cinco edificios está detenida durante dos años.

El documento explica la suspensión responde a las deflexiones y las fisuras en vigas, losas y escaleras. Por ello, fueron deshabilitadas hasta corregir las fallas.

Señalan que los auditores comprobaron que hubo cambios en los diseños sin una base técnica y explican que estas modificaciones se hicieron con el aval de las exautoridades de la empresa pública Yachay. Esto provocó que se comprometan las estructuras de los 5 edificios  (laboratorios, administración y gestión, auditorio y los denominados de transferencia de tecnología -TT1 y TT2-) y termine en la paralización y cierre.

Por esta razón, la Contraloría determinó que los USD $ 31,4 millones que fueron destinados para el estudio de diseños, la construcción y la fiscalización de estos edificios no representa “una inversión técnicamente sustentada” y la califica de un perjuicio económico. Además, detallan que se crearon nuevos rubros debido a que los exdirectivos no tramitaron los recursos económicos necesarios para el cambio de diseños y de los materiales.

La entidad de control también estableció que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Pública, la consultora Hospiplan es responsable por sus diseños hasta cinco años después de que se recibieron sus estudios. Cargas verticales exageradas, la existencia de pisos completos que no constan en los planos, son algunos de los errores que se identificaron en estos diseños.

Según la consultora, los estudios que ellos realizaron estuvieron bien, pero el consorcio fiscalizador HP.C., que también forma parte Hospiplan, no proporcionó las memorias de cálculo y los planos estructurales de las modificaciones que se implementaron en la obra.

Pese a que el consorcio entregó un informe técnico y planteó soluciones a los inconvenientes registrados, los auditores señalan que no se adoptaron medidas correctivas en su momento y tampoco se realizó la supervisión correspondiente.

Con información de : Platinum, El Comercio