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Ocho meses después, así terminó el caso de los “12 de Otavalo”

(Redacciòn Imbabura).- El proceso judicial contra los denominados “12 de Otavalo” llegó a su fin el pasado 5 de junio de 2026, cuando la justicia ecuatoriana dictó el sobreseimiento para 18 personas investigadas por los hechos ocurridos durante los disturbios registrados en Otavalo el 22 de septiembre de 2025, jornada en la que fue incendiado el cuartel de Policía de la ciudad.

La resolución judicial determinó que no existían elementos probatorios suficientes para vincular a los procesados con el delito investigado, por lo que el proceso penal quedó cerrado para ellos. Sin embargo, la decisión no incluyó a dos adolescentes, cuyos casos continúan bajo un procedimiento especial debido a su condición de menores de edad.

Las detenciones

Tras los disturbios registrados en el contexto de las movilizaciones de septiembre de 2025, la Policía ejecutó varios operativos que dejaron un total de 18 personas aprehendidas: 15 adultos, dos menores de edad y una mujer.

Durante la audiencia de flagrancia realizada el 23 de septiembre de 2025, la autoridad judicial resolvió que 12 de los detenidos permanezcan privados de libertad mientras avanzaba la instrucción fiscal, mientras que seis personas recuperaron su libertad. Entre quienes enfrentaron el proceso en libertad estuvo Gina C.

Los detenidos fueron trasladados inicialmente fuera de la provincia de Imbabura hasta el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en Manabí, decisión que generó cuestionamientos por parte de familiares y organizaciones sociales debido a la distancia que los separaba de sus abogados y seres queridos.

Traslado desde Manabí hacia Imbabura

El 30 de septiembre de 2025, tres de los detenidos —Alfredo P., Luis C. y Diego L.— fueron trasladados bajo resguardo policial en un helicóptero militar hasta la ciudad de Ibarra debido a problemas de salud que requerían atención más cercana.

Días después, el 6 de octubre, la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente una acción de hábeas corpus presentada por la defensa de 10 de los 12 detenidos. Como resultado, se dispuso el retorno inmediato de siete de los privados de libertad que permanecían en la cárcel de El Rodeo.

Finalmente, el 15 de octubre, estos siete procesados regresaron a la provincia de Imbabura para continuar cumpliendo la medida de prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Con ello, los 10 beneficiarios del hábeas corpus quedaron nuevamente bajo jurisdicción de Imbabura.

Cambio de cargos y liberaciones

El 9 de noviembre de 2025 recuperó su libertad Luis Henry Jácome, uno de los integrantes del grupo conocido como los “12 de Otavalo”. Tras permanecer cerca de dos meses detenido, obtuvo medidas alternativas y pudo regresar junto a su familia.

Posteriormente, el 12 de noviembre, durante una audiencia de reformulación de cargos, la Fiscalía anunció modificaciones en la investigación. El fiscal Galiano Balcázar informó que los procesados serían investigados por los presuntos delitos de ataque y resistencia, así como daño a bien público.

Una semana después, el 19 de noviembre, la Fiscalía formalizó el cambio de tipificación penal, retirando el cargo de terrorismo que inicialmente pesaba sobre los detenidos. Esta decisión permitió que los procesados pudieran continuar su defensa en libertad mediante medidas sustitutivas.

Desde entonces, la investigación continuó enfocada en los presuntos delitos de ataque y resistencia y daño al bien público.

El sobreseimiento

Tras varios meses de investigación y diligencias judiciales, el 5 de junio de 2026 la justicia resolvió dictar el sobreseimiento para los 18 procesados adultos relacionados con los hechos ocurridos durante la quema del cuartel policial de Otavalo.

La resolución concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación penal en su contra, cerrando así el proceso judicial.

Luego de conocerse la decisión, integrantes del Pueblo Kichwa Otavalo realizaron una ceremonia de purificación y encuentro comunitario en la Plaza de los Ponchos, donde celebraron el fallo judicial y el cierre de un caso que durante meses generó debate en Imbabura.

Juicio político al CPCCS avanza y pone bajo observación a dos vocales imbabureños

(Redacción Imbabura).- El juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza en la Asamblea Nacional y coloca en el foco de atención a dos representantes de la provincia de Imbabura: Piedad Cuarán y David Rosero.

Este jueves 8 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento, por unanimidad, de la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina, quien acusa a los vocales de presunto incumplimiento de funciones. La resolución dio paso al envío del expediente a la Unidad Técnica Legislativa, que tendrá tres días para emitir el informe técnico correspondiente.

Entre los vocales señalados constan Piedad Cuarán y David Rosero, ambos imbabureños, junto con Andrés Fantoni (presidente del CPCCS), Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez.

El pedido de juicio político se sustenta en tres causales principales, un presunto conflicto de intereses relacionado con Christian Troya, cercano a Mario Godoy, el archivo de impugnaciones presentadas contra Godoy durante el concurso para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura y la descalificación de Édison Toro, que habría facilitado la incorporación de Godoy en dicho proceso.

De ser calificada la solicitud tras el informe técnico, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), donde se analizarán las pruebas y argumentos presentados.

Piedad Cuarán, oriunda de Lita, es licenciada en Ecoturismo por la Universidad Técnica del Norte y cuenta con un máster en Ecoturismo de Áreas Protegidas. Antes de su actual cargo, tuvo un paso previo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se desempeñó como especialista en Políticas de Interculturalidad, gestora cultural y delegada provincial de Imbabura en 2017.

Por su parte, David Rosero fue consejero del CPCCS en dos periodos: entre 2011 y 2015, y posteriormente de 2019 a 2023, cuando fue destituido. No obstante, fue posesionado nuevamente en abril del año pasado, retomando funciones en el organismo.

El proceso avanza en medio del seguimiento público, especialmente en Imbabura, donde se observa con atención el rol y la actuación de Piedad Cuarán y David Rosero, a la espera del desenlace del juicio político

Corte Nacional revisará el pedido de hábeas corpus a favor de Luis Jácome, quien permanece detenido y tiene madre con discapacidad

(Redacción Imababura).- La Corte Nacional de Justicia convocó una audiencia de hábeas corpus a favor de Luis Henry Jácome Espinoza, quien es el único de los llamados “12 de Otavalo” que continúa en prisión.

La decisión fue tomada por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional, luego de recibir los documentos enviados por la Fiscalía y la Unidad Judicial de Garantías Penales relacionados con el caso. La diligencia se realizará de forma virtual, el martes 11 de noviembre de 2025 a las 14h00, a través de la plataforma Zoom.

Durante una entrevista, la familia de Luis Henry contó que él era el principal cuidador de su madre, quien tiene una discapacidad del 90% y actualmente se encuentra hospitalizada por problemas de salud. La defensa técnica solicitó la intervención de organismos de derechos humanos para conseguir su pronta liberación, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de su madre.

Asimismo, la Corte ordenó notificar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado, debido a denuncias sobre posibles agresiones sufridas por Jácome durante su detención. El Centro de Rehabilitación Social N.º 1 de Ibarra deberá garantizar que el procesado participe de manera telemática en la audiencia.

Bajo un fuerte resguardo policial se inició con la audiencia preparatoria de juicio del Caso Mascarilla

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(Redacción Imbabura).- A las 15h00 de este miércoles 28 de noviembre del 2018, se instaló la audiencia preparatoria a juicio del caso “Mascarilla” en donde el joven Andrés Padilla perdió la vida, dentro de un confuso incidente, en el que está involucrado un oficial de policía del GOE.

La audiencia que se venía posponiendo varias ocasiones se instaló en la Corte Provincial de Justicia, en medio de un resguardo policial para evitar incidentes, como los acontecidos en la audiencia de reformulación de cargos efectuada en meses pasados.

El policía David V, único detenido en este caso, y quien se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito, es el único procesado bajo la figura legal de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, mismo que atenderá la audiencia mediante videoconferencia, para precautelar su seguridad.

Cerca de las 16H00 horas se suspendió la audiencia preparatoria de juicio por pedido de la parte defensora en vista de que el alcance de un informe de microscopia

La audiencia fue dirigida por el Juez de la Unidad Judicial Penal el Dr. Niederman Chandi, como secretaria la Abg. Alexandra Loza, fiscal parte acusador el Dr. Edwin Raúl  Andrango Meza.

La fecha y hora de la reinstalación de la audiencia están por confirmarse.

Jueza suspendió la sanción en contra de la cooperativa San Gabriel

(Redacción Otavalo).- La Jueza Verónica Burbano en la sede Judicial del Cantón Otavalo, levantó la medida dispuesta en contra de la Cooperativa San Gabriel, por el accidente del pasado 24 de septiembre.

Como parte de la sentencia en el caso por el delito de muerte culposa, se dictaminó que se levante la sanción y los vehículos luego de pasar un auditoría y revisión por parte de la ANT, vuelvan a operar en sus frecuencias asignadas.

Las unidades de Cooperativa transporte Ciudad de San Gabriel no prestaban el servicio, desde el 09 de febrero 2018.

Dentro del plan de contingencia que presentó la Agencia Nacional de Tránsito las unidades de las operadoras Imbaburapak, Velotax, Expreso Tulcán, Gacela y Quimbatul prestaron sus servicios mientras duró la suspensión de la Cooperativa.

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Joffre Cruz Ochoa conductor del bus accidentado de la Coop San Gabriel fue encontrado culpable

(Redacción Otavalo).- La mañana de este miércoles 14 de marzo en el complejo judicial del cantón Otavalo finalizó la audiencia del fatal accidente de tránsito registrado el pasado 24 de septiembre de 2017 en el redondel de González Suárez, en el cantón Otavalo.

En este accidente estuvo involucrado el bus número 10 de la Cooperativa San Gabriel, y dejó como saldó fatal 14 personas fallecidas y más de 30 heridos.

La jueza que Dr. Verónica Burbano encontró las causales de la ley para determinar qué el sentenciado Joffre Cruz Ochoa conducía el vehículo siniestrado a exceso de velocidad, con exceso de pasajeros y sin licencia de conducir, con todo esto se determinó la culpabilidad de Ochoa y lo sentenció a 5 años de reclusión menor por el delito de muerte culposa.

Además dispuso la suspension de la licencia por 60 días y el pago de 12 salarios,ademas se ha garantizado la reparación integral mediante la presentación de facturas de gastos y de 15mil dólares a los familiares de cada uno de los fallecidos, además de 10 mil dólares a las víctimas del accidente con incapacidad mayor a 90 días y 5mil dólares a las víctimas con incapacidad menor a 90 días, esta reparación integral se la deberá realizar solidariamente entre los propietarios del bus, el sentenciado y la cooperativa San Gabriel en un plazo de 6 meses.

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David Rosero denuncia persecución por reactivación de juicio en contra de el y cuatro maestros

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Foto: Internet

(Redacción Ibarra).- David Rosero ex-vocal del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) fue acusado en el año 2015 de resistencia a la autoridad.

Rosero junto a otros fue detenido cuando se encontraba en una protesta realizada en Ibarra acompañando a los integrantes del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, realizada el 18 de mayo del año 2015, en la que participó Rosero junto a varios maestros que expresaban su oposición al allanamiento de las oficinas de la institución, cuando se dio la disposición para que ese fondo sea administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

David Rosero en ese entonces Consejero Nacional de Participación Ciudadana y a cuatro docentes de Imbabura, entre ellos: Jaime Villacís, presidente de la UNE; Mario Landeta, tesorero de la UNE; Roberto Villamar e Irene Ortiz, fueron detenidos.

La Fiscal Cecilia Armas los acusó del presunto delito de ¨ataque o resistencia¨ (Art. 283 del COIP) y solicitó la prisión preventiva para los detenidos, esta solicitud no fue acogida por el fallecido juez de la Corte Nacional de Justicia, Vicente Robalino.

Más de un año después, Rosero denuncia que el juicio ha sido reactivado y que se le ha convocado a la audiencia preparatoria a juicio, se se realizará el miércoles 17 de agosto, en la Corte Nacional de Justicia en la ciudad de Quito. «Es una coincidencia que con el próximo proceso electoral, el gobierno saliente mediante sus tentáculos en la justicia reactiva los juicios contra varios líderes sociales, entre otros: Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez, Salvador Quishpe, ahora David Rosero» manifestó Rosero.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio está convocada por el Conjuez Marco Maldonado Castro.