(Redacción Ibarra).- La mañana de este domingo 29 de octubre se desarrolló la sesión extraordinaria de Concejo en la Alcaldía de Ibarra. 

El tema que concentraba a los ediles se enfocó en la resolución sobre el Caso de la Familia Morejón. 

La reforma pretendía cambiar la categoría de los bienes que están en litigio, tras el análisis que  hiciera  el procurador síndico del cabildo Hugo Realpe, a la resolución que llegó  del Tribunal Contencioso Administrativo, con fecha 25 de octubre, en el que se niega la posibilidad de devolver estas tierras a sus propietarios, debido a que los bienes de dominio público, no pueden ser objeto de compra – venta, ni de ningún acto jurídico que implique la transferencia.

 Según el funcionario municipal estas tierras todavía no pertenecen al estado, porque no se ha entregado ni un dólar por ellas, “lo que nos da la posibilidad de cambiar su categoría a  bienes adscritos al servicio público, a los que el COOTAD, no los considera fuera del mercado o comercio,  lo que podría hacer posible su devolución,  ítem que también está inmerso en el documento enviado por el tribunal”, dijo.

Además se dio a conocer que desde la Procuraduría General del Estado, se emitió un  documento, luego que el alcalde diera a conocer el caso a esta entidad, donde se pide al Tribunal Contencioso Administrativo el archivo de la causa por las diversas irregularidades que tiene, la principal  el área de terreno del que se exige el pago no es de 67.604 metros cuadrados, sino de 42.929.

El Alcalde de la ciudad Álvaro Castillo afirmó que existe un documento oficial del procurador del estado, con el que se podía continuar el litigio legal. “El documento nos da la razón, pero el tribunal Contencioso no lo toma de esa manera a pesar de que el mismo Tribunal solicita que el procurador se pronuncie” comentó Castillo. 

Juan Manuel Mantilla, concejal de Ibarra que votó en contra, comentó que el artículo 417 del COOTAD manifiesta que esas vías y parques ya son de dominio público. “No se puede cambiar la denominación por bienes “adscritos” es una medida ilegal, ya se agotaron todas las instancias y el alcalde quiere que nos vayamos en contra de la ley” comentó. 

Por su parte William Hidalgo, concejal de cantón manifestó que votó en contra de la resolución en vista de que no existen vias para que se revea la resolución del juez.  «Hemos pagado cientos de miles de dólares a abogados, que han sido sancionados por uso de artimañas y abuso de derecho, y para mi este intento de resolución del alcalde de Ibarra es una estrategia política para dilatar más el tema» afirmó.

Hidalgo comentó además que se debería trabajar para fomentar el diálogo con la familia Morejón, llegar a un acuerdo y un concenso, al tiempo de manifestar que la ciudad no puede pagar dicha cantidad de dinero. 

Finalmente Álvaro Castillo comentó que tiene listos ya los bienes que servirán para cubrir el pago y subsanar este caso que lleva más de 15 años en litigio.