(Redacción Otavalo).- Nuestra redacción evidenció en varios eventos y actividades oficiales —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, realizada el 14 de enero de este año— el uso reiterado del nombre de la alcaldesa Anabel Hermosa en distintos materiales promocionales pertenecientes a la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
En dichos espacios públicos fue posible observar stands, roll-ups, backing, carpas inflables, arcos inflables, tótems y otros elementos visuales donde el nombre de la primera autoridad del cantón destacaba de manera visible junto a la identificación institucional.
Al revisar la información disponible en el Sistema Nacional de Contratación Pública, se constató que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación municipal, en proceso de ínfima cuantía, se adquirieron dichos bienes antes mencionados, destinados a la difusión de acciones institucionales.
El contexto cobra especial relevancia si se considera lo establecido en el artículo 219 del Código de la Democracia, que prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su responsabilidad.
Lo que cambió:
En actividades y apariciones públicas más recientes de la alcaldesa, se ha evidenciado un giro llamativo, puesto que en parte del material físico, el nombre “Anabel Hermosa Alcaldesa” aparece cubierto con un parche, reemplazado por un logo circular con la frase “Cumplimos”.
En plataformas digitales institucionales, como la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía, continúan visibles etiquetas como #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, por lo que el debate se mantiene abierto sobre los alcances y límites de la comunicación pública en la provincia.
(Redacción Otavalo).- La presencia del nombre de la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, en material de comunicación institucional volvió a encender el debate sobre los límites entre informar gestión pública y promocionar a una autoridad usando recursos del Estado.
En varios eventos vinculados a la Alcaldía de Otavalo —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, cuya difusión comenzó el pasado 14 de enero— se ha evidenciado el uso reiterado de una gráfica institucional en la que el nombre de la alcaldesa destaca de forma predominante en distintos materiales publicitarios. Esta presentación, por su diseño y énfasis visual, resulta llamativa y deliberada, y según el criterio de varios especialistas; lo que se asemejaría más a una marca personal que a una identificación oficial del Municipio.
Al revisar el Sistema Nacional de Contratación Pública, se pudo verificar que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación de la Alcaldía de Otavalo, se inició un proceso de ínfima cuantía para la adquisición de bienes destinados al proyecto de difusión de acciones de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
Dentro de las especificaciones técnicas de dichos bienes constan stands, inflables, carpas inflables, arcos inflables, obeliscos inflables, tótems, roll-ups, backing y otros elementos promocionales, los cuales no solo incorporan el nombre institucional de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, sino también el nombre de la primera autoridad del cantón.
Asimismo, en las redes sociales institucionales, particularmente en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, se observa de manera reiterada la inclusión del nombre de la alcaldesa, acompañado de los hashtags #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, un llamativo juego de palabras que refuerza la evidente apropiación simbólica de los canales institucionales.
¿Qué dice la norma?
El Código de la Democracia, en su artículo 219, prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su cargo. Especialistas señalan que el punto no es impedir la comunicación institucional, sino evitar que el presupuesto público se use para posicionamiento personal o con fines que puedan afectar la equidad política.
Contraloría ya ha observado casos similares
La Contraloría General del Estado sí ha revisado y observado el uso de recursos públicos en publicidad institucional cuando esta incluye nombres de autoridades u organizaciones políticas. Un antecedente directo es el examen especial realizado al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los gastos de publicidad, información y difusión en vallas y otros medios, específicamente para determinar si se utilizaron recursos y espacios públicos para promocionar nombres de personas u organizaciones políticas. Aunque en ese caso el informe concluyó con observaciones y recomendaciones —y no con una sanción administrativa definitiva—, el proceso dejó establecido que este tipo de prácticas son objeto de control fiscal. Además, la Contraloría ha reiterado en comunicados oficiales que mantiene controles permanentes, especialmente en periodos electorales, para evitar el uso de bienes y recursos públicos con fines de promoción personal o política, en concordancia con la prohibición expresa del artículo 219 del Código de la Democracia.
Cuando sí hay sanción: el precedente del TCE
En la vía electoral, el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado casos vinculados al uso de bienes públicos en contextos de promoción. En la causa 084-2019, el TCE declaró responsable al entonces rector de la ULEAM, Alejandro Miguel Camino Solórzano, y dispuso una multa de 10 remuneraciones básicas por permitir que vallas de propiedad pública sean usadas con publicidad electoral, citando el art. 219 como base prohibitiva y aplicando el régimen de infracciones.
Documentos públicos del requerimiento de la ORDEN DE COMPRA DEL GAD DE OTAVALO.
(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Paro 2025
Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.
La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.
Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:
En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.
Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:
Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.
Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.
El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.
Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :
En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.
Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.
(Redacción Ecuador).- La Corte Constitucional del Ecuador ha emitido una sentencia clave que protege el derecho a la libertad de expresión en el entorno digital. En el caso 2032-20-JP/25, el máximo órgano de justicia constitucional determinó que bloquear a un ciudadano en las redes sociales oficiales de una institución pública puede constituir una violación a sus derechos fundamentales.
El caso se originó cuando Carlos David Bermeo Hidalgo fue impedido de comentar en la página de Facebook del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lago Agrio. Según la sentencia, no existía justificación válida ni proporcional que respaldara esta medida.
“La Corte Constitucional declara la vulneración al derecho a la libertad de expresión”, señala el fallo, destacando que la página de Facebook del municipio actúa como un canal oficial de comunicación pública, por lo que debe estar abierta al debate ciudadano.
La sentencia enfatiza que, en el contexto actual, las redes sociales oficiales de instituciones públicas se han convertido en nuevos espacios públicos donde rigen las garantías constitucionales. Por ello, cualquier tipo de restricción como el bloqueo de usuarios o la limitación de interacciones debe basarse en fines legítimos y ser adecuadamente justificada.
Este fallo establece un precedente importante, y hace que las instituciones públicas deban mantener abiertas sus plataformas digitales al intercambio democrático; no pueden restringir arbitrariamente la participación ciudadana, especialmente si se trata de críticas y, en caso de abusos, los ciudadanos tienen derecho a recurrir a mecanismos administrativos o judiciales para que se respete su voz.
La jueza Daniela Salazar Marín, ponente del caso, subrayó que estas decisiones buscan garantizar una administración pública transparente y respetuosa de los derechos digitales. En adelante, municipios, ministerios y entidades estatales deberán tener mayor cuidado al gestionar sus redes, recordando que el espacio digital también está protegido por la Constitución.
(Redacción Ibarra).- Un avanzado sistema de radio, basado en tecnología digital de vanguardia y apoyado por repetidoras estratégicamente distribuidas en el territorio de la Mancomunidad de Tránsito del Norte, es la nueva herramienta implementada por la Empresa Pública de Movilidad del Norte, para optimizar el trabajo operativo.
Se trata de un sistema troncalizado de radio con el cual los Agentes Civiles de Tránsito de Movidelnor, permanecerán comunicados entre si, sin importar en que localidad de la región norte se encuentren. Por ejemplo, el Jefe del Departamento de ACT, que se encuentra en Ibarra, podrá coordinar acciones por radio referentes a la movilidad, tránsito o transporte, con los uniformados que se encuentren en cantones como distantes Pedro Moncayo o Huaca.
Para el efecto, esta entidad pública obtuvo la concesión de una frecuencia con la capacidad para cubrir los 15 cantones de su competencia. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, emitió el título habilitante que faculta a Movidelnor, el uso del espectro radioeléctrico nacional.
A la par, la institución adquirió a través de un proceso de subasta inversa 78 radios portátiles que serán distribuidos estratégicamente, para enlazar a todas las localidades del territorio mancomunado. Dentro del mismo proceso de contratación pública, Movidelnor compró 3 radios móviles para patrulleros, con mayor conectividad de alcance y enlace, los mismos que fueron instalados en vehículos de Otavalo, Huaca y Espejo.
También el sistema cuenta con 1 radio base instalada en el Sistema Integrado de Seguridad ECU- 911 del cantón Ibarra, el cual tendrá la capacidad de enlazarse con el centro de video vigilancia de Tulcán. La inversión supera los 132 mil dólares.
Además, Movidelnor adquirió 78 boddycam, dispositivos para grabar audio y video con el fin de registrar y respaldar los procedimientos de tránsito, conservando la materialidad del hecho, es decir, los archivos son encriptados y no se los puede editar, con el fin de mantener la cadena de custodia.
“Esta iniciativa busca optimizar la eficiencia y efectividad de las operaciones en campo, facilitando una coordinación precisa y en tiempo real con un sistema que fortalece la capacidad de respuesta de nuestro personal operativo ante las demandas ciudadanas, asegurando así un servicio más ágil y eficaz en beneficio de la comunidad”, manifestó Michael Jiménez, gerente general de Movidelnor EP.
Antes de la implementación de este moderno sistema, Movidelnor contaba con 30 radios análogas, que únicamente permitían la comunicación en el cantón Ibarra, con limitaciones en las zonas rurales. Este equipo fue repotenciado con el fin de alargar su vida útil hasta completar la implementación total del proyecto, manifestó Franek Alencastro, gerente de operaciones de tránsito de esa institución.
“Por primera vez nuestro personal operativo puede comunicarse de manera efectiva, hasta en las áreas en las que antes no teníamos cobertura. Esto contribuye a una mejor supervisión del tránsito y una respuesta más rápida ante incidentes”, precisó.
La segunda fase del proyecto está programada para el mes de agosto de 2024, donde se dotará de otras 100 radios digitales al cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito.
(Redacción Ibarra).- El alcalde de la ciudad y candidato a la reelección Álvaro Castillo en una entrevista realizada en la cadena radial América, realizada el martes 05 de febrero del 2019, se refirió al informe borrador de Contraloría, que habla de los sobreprecios en la construcción de la primera etapa del Mercado Amazonas y sobre la noticia publicada en nuestra redacción.
El primer personero de la ciudad hizo un llamado a la ciudadanía a que busque la información en la página web de la Contraloría «Le pido a la ciudadanía que vaya a la página web y que busque en donde están todos los informes de Contraloría a ver si es cierto» comentó.
Luego amenazó a nuestro medio de comunicación, con iniciar una demanda penal por la noticia publicada la noche del domingo; «Ya es hora de pararles a estos canallas» afirmó el burgomaestre, en referencia a la noticia publicada en nuestro medio.
Hemos buscado la reacción de los concejales que ya tienen el informe borrador, sin embargo ninguno se pronunció con relación a los sobreprecios encontrados en la posible construcción de la segunda fase del Mercado Amazonas, según datos que recoge el informe borrador de Contraloría.
(Redacción Nacional).- La Ley Orgánica de Comunicación cumple 3 años de vigencia en el Ecuador, esta Ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de junio de 2013 y entró en vigencia con su publicación en el Registro Oficial, el 25 de junio del mismo año.
En rueda de prensa, el titular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), realizó una evaluación de los tres años de aplicación de la norma. “La Ley es un beneficio para todos, para la ciudadanía, porque por primera vez tienen derechos; para los periodistas, porque tienen un respaldo cuando hacen bien su trabajo; y, finalmente, para la sociedad que recibe una mejor información”, aseguró Ochoa.
Añadió que, durante estos tres años, se ha evidenciado un proceso de empoderamiento ciudadano y recordó que “los verdaderos cambios en el mundo se dieron cuando la gente se apropió de sus derechos y los convirtió en realidad”.
95.515 personas fueron atendidas a través de los canales institucionales de servicio, mientras 161.653 ciudadanos fueron capacitados y socializados sobre la Ley.
En cuanto a los procesos administrativos, se efectuaron 896 trámites por presuntas vulneraciones a dichos derechos. De estos, 427 se iniciaron por denuncia y 469 de oficio. Se debe destacar que 259 casos fueron planteados por denuncia ciudadana.
En trámite se encuentran 56 procesos, 121 se archivaron, 561 terminaron con resolución sancionatoria y 154 con resolución absolutoria. El tipo de sanciones impuestas incluyen amonestaciones escritas, llamados de atención, disculpas públicas, multas, rectificaciones, réplicas, entre otras.
Por su parte César Ricaurte, director de Fundamedios calificó de «una verdadera masacre para los medios privados» a estos tres años de la aplicación de la ley.
Según las cifras de Fundamedios, los medios más sancionados han sido los medios privados. El ranking lo encabeza diario La Hora que ha acumulado un total de 17 sanciones, seguido por Canal UNO con 16; Diario Extra con 15; Radio Fútbol FM con 11 y el canal local Cayambe Visión Canal 9, con siete sanciones. Este último medio representa la persecución de una autoridad local, puesto que todas las denuncias en contra de ese canal fueron interpuestas por el ahora exalcalde de Cayambe, William Perugachi. Por su parte, tan solo se conocen siete sanciones en contra de medios en manos del Estado: 4 a TC, 1 a Gama TV y Ecuador TV y 1 a El Telégrafo.
“No hay nada que celebrar, esta es una masacre contra la libertad de expresión”, añadió
Ibarra.- Alex Godoy CEO de Imbabura Hoy, explica las ventajas de la app que desarrollará este medio web. |Foto: Darwin Fernández/ImbaburaHoy
(Redacción Ibarra).- La nueva propuesta de comunicación en la provincia de Imbabura y la zona de influencia, fue presentada la tarde de ayer en Ibarra.
HoyenImbabura.com, nace de la necesidad de la cobertura de noticias en tiempo real, de todo lo que sucede en la zona de influencia, una de las principales fortalezas del medio, ha sido la cobertura informativa en tiempo real, reduciendo así la espera de información por parte de la ciudadanía, que ahora con la ampliación de la cobertura de internet y con los avances tecnológicos, requiere de información contrastada y verificada en el menor tiempo posible.
Alex Godoy, CEO y Fundador de HoyenImbabura, comentó las ventajas que existen al contar con un medio de comunicación digital, la variedad de contenidos, el alcance de las publicaciones, la medición en tiempo real, además de tener una edición siempre abierta, hacen de esta propuesta de comunicación, una de las más vanguardistas del mercado. «Trabajamos con un proceso de información, especialmente cuando son noticias de última hora, recibimos la alerta, confirmamos con las fuentes oficiales y lanzamos nuestro primer avance informativo, hasta que el equipo de periodistas se traslade al lugar y desde ahí, puedan alimentar la información» explicó.
HoyenImbabura.com está disponible, en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, además plantea ampliar para este año el desarrollo de una app para IOS y Android, que permita a los ciudadanos participar de las noticias y ser parte de ellas.
