(Redacción Ibarra).-El Instituto Tecnológico ITCA inauguró oficialmente su nuevo periodo académico mayo-septiembre 2026, en un acto que contó con la participación de autoridades institucionales, docentes y comunidad estudiantil.
Durante la jornada, se dio la bienvenida a los estudiantes que inician una nueva etapa de formación profesional, destacando el compromiso del ITCA con la excelencia académica, la innovación y el desarrollo integral.
Las autoridades enfatizaron que este nuevo periodo académico se desarrolla bajo un enfoque moderno, con modalidades presencial, semipresencial y en línea, alineadas a las necesidades actuales de los estudiantes. Además, se reafirmó el impulso a proyectos de investigación, vinculación con la comunidad y fortalecimiento institucional, ejes fundamentales del crecimiento del ITCA.
Cabe destacar que la institución ha venido consolidando iniciativas innovadoras, como su editorial académica y el fortalecimiento de su oferta educativa, lo que evidencia su proyección en la zona norte del país. Con este acto inaugural, ITCA ratifica su compromiso de formar profesionales competentes, con visión crítica y capacidad de aportar al desarrollo del país.
(Redacción Imbabura).- La rendición de cuentas 2025 de la Policía Nacional en Imbabura revela una brecha que impacta directamente en la seguridad: la provincia opera con menos uniformados de los que recomienda el estándar internacional.
Según los datos presentados, Imbabura tiene 469.879 habitantes. De un total de 1.033 efectivos, apenas 914 cumplen funciones preventivas, es decir, son los que realizan patrullaje en territorio.
Bajo el estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes, la provincia debería contar con al menos 1.380 agentes operativos. Sin embargo, actualmente hay 1.033 policías en funciones, lo que representa un déficit de 347 uniformados y reduce la cobertura a aproximadamente 225 por cada 100.000 habitantes.
Ciudad Blanca: menos de la mitad del personal necesario
El Distrito Ciudad Blanca, el más poblado, concentra 209.816 habitantes, pero cuenta con solo 297 policías operativos. Aplicando el estándar internacional, este sector debería tener cerca de 630 policías. La cifra actual representa menos del 50% del personal requerido, evidenciando una presión operativa constante.
Patrullaje extendido y respuesta limitada
Con una extensión cantonal de 1.093 km² y apenas 297 policías en funciones operativas, la carga territorial en el Distrito Ciudad Blanca resulta considerable: en promedio, cada uniformado tendría que cubrir cerca de 3,7 km². Sin embargo, en la práctica —debido a turnos, descansos y otras funciones— el número de agentes en calle se reduce significativamente, lo que puede elevar la cobertura a más de 10 km² por policía en servicio. Esto implica que un solo uniformado podría estar respondiendo en un radio cercano a los 2 kilómetros a la redonda, una distancia que limita el patrullaje preventivo y refleja cómo la falta de personal termina diluyendo la presencia policial en amplios sectores del cantón.
Poco personal para investigar
A esto se suma que solo 102 policías están en investigación y 17 en inteligencia. Lo que refleja una estructura enfocada en patrullaje, pero con limitaciones para enfrentar delitos complejos o estructuras criminales.
Las cifras oficiales muestran que Imbabura no solo enfrenta problemas de inseguridad, sino también una limitación de personal. Con menos policías de los necesarios en las calles, la provincia opera al límite de su capacidad, en un escenario donde la demanda de seguridad supera claramente los recursos disponibles.
Durante la visita del ministro Reimberg a Ibarra, el pasado 26 de marzo, se le consultó sobre el déficit de personal policial frente a una provincia con alta población. El funcionario aseguró que se incrementaría el número de efectivos y se reforzaría el parque automotor para mejorar la seguridad; sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre si este ofrecimiento se ha cumplido en los meses posteriores.
(Redacción Internacional).– La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), advirtió que el período comprendido entre 2015 y 2025 ha sido el más caluroso jamás registrado en el planeta, confirmando una tendencia sostenida de aumento de temperaturas a nivel global.
El informe señala que 2024 se posiciona como el año más cálido registrado, mientras que 2025 ocupa el segundo o tercer lugar, lo que evidencia la continuidad del calentamiento global.
Según los datos, la temperatura media global se ubicó alrededor de 1,43 °C por encima de los niveles preindustriales, acercándose al límite crítico de 1,5 °C establecido en acuerdos internacionales para evitar impactos climáticos severos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la repetición de estos récords no es un hecho aislado, sino una señal clara de la urgencia de actuar frente al cambio climático, instando a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para reducir emisiones.
El documento también explica que este fenómeno responde a un desequilibrio energético del planeta, ya que la Tierra está absorbiendo más energía del Sol de la que libera al espacio, situación agravada por el aumento de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.
Además, el informe destaca que el calor en los océanos ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que ha provocado el aumento del nivel del mar, el derretimiento de glaciares y una mayor intensidad de fenómenos climáticos extremos.
Situación en Ecuador
En Ecuador, el año 2024 estuvo marcado por condiciones climáticas inusualmente cálidas, en línea con el contexto global que lo posiciona como el año más caluroso registrado. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), se evidenció un incremento en las temperaturas máximas en varias regiones del país, acompañado de niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos, especialmente en la Sierra.
El INAMHI ha advertido que en años recientes Ecuador ha experimentado una tendencia a la disminución de precipitaciones en ciertas temporadas, con períodos más secos de lo habitual. Esta falta de lluvias, combinada con temperaturas elevadas, ha incidido en la reducción de caudales, afectaciones al sector agrícola y una mayor presión sobre los recursos hídricos.
Además, la influencia de fenómenos como El Niño ha contribuido a intensificar estas condiciones, generando variabilidad climática que se traduce en extremos más marcados: épocas más cálidas, radiación más intensa y una distribución irregular de las lluvias.
Situación de Imbabura y su capital
En provincias de la Sierra, entre ellas Imbabura, se ha consolidado una creciente percepción ciudadana de que las temperaturas son más intensas que en años anteriores. En Ibarra, tras una consulta realizada por nuestra redacción, varios habitantes coincidieron en que la sensación térmica ha variado notablemente en los últimos años, con un aumento más evidente del calor durante las horas diurnas.
Especialistas explican que este fenómeno no responde únicamente a la variabilidad climática global, sino también a factores locales como la expansión urbana, el incremento de construcciones y la reducción de áreas verdes. Estas condiciones favorecen la formación de las denominadas islas de calor urbanas, que elevan la temperatura en sectores densamente poblados y acentúan la percepción de calor.
(Redacción Ecuador).– Los controles vehiculares forman parte de la rutina en carreteras y ciudades del país. Sin embargo, aún persisten dudas entre los conductores sobre el alcance de las facultades de los agentes y los derechos que asisten a los ciudadanos durante una intervención.
De acuerdo con principios constitucionales y la normativa vigente en materia de tránsito, existen límites claros sobre lo que un agente puede y no puede hacer al detener un vehículo.
Límites durante una intervención
No pueden obligar a descender del vehículo sin causa justificada. El automotor es considerado una extensión del espacio privado. Por tanto, el conductor y sus acompañantes no están obligados a salir del vehículo salvo que exista una causa legal, un riesgo inminente o un operativo debidamente autorizado por autoridad competente. Si el ciudadano decide bajar voluntariamente, pasa a encontrarse en la vía pública, donde el control puede ampliarse dentro del marco legal.
No pueden interrogar ni intimidar. Durante el procedimiento, el agente está facultado para solicitar únicamente los documentos habilitantes: licencia de conducir, matrícula y el comprobante del seguro obligatorio vigente. No puede exigir información sobre domicilio, lugar de trabajo, procedencia o destino del viaje, ni emplear amenazas o intimidación.
No pueden detener sin motivo legal. La retención de un vehículo procede únicamente ante una infracción flagrante o dentro de operativos formalmente establecidos. Las denominadas “revisiones de rutina”, sin sustento legal específico, no constituyen por sí solas una causa válida. El ciudadano puede consultar de manera respetuosa cuál es el fundamento de la detención.
No pueden impedir que se grabe el procedimiento. El conductor tiene derecho a registrar en video o audio la actuación del agente como mecanismo de respaldo y transparencia. La autoridad no puede exigir que se suspenda la grabación ni retener el dispositivo. Asimismo, el agente debe identificarse al momento de realizar la intervención.
No pueden retener documentos sin justificación. Si al revisar la licencia y la matrícula no se detecta ninguna inconsistencia, infracción o irregularidad, el agente no puede retener de manera arbitraria estos documentos. La retención solo procede cuando la ley lo establece expresamente como medida ante una contravención o infracción determinada. De lo contrario, los documentos deben ser devueltos de inmediato al conductor.
Facultades legales del agente
Entre las atribuciones reconocidas a los agentes de tránsito constan: solicitar documentos habilitantes, verificar el estado del vehículo, informar sobre la infracción detectada, emitir la citación correspondiente y adoptar medidas para garantizar la seguridad vial en el marco de la ley.
Conocer estos límites y atribuciones permite a los ciudadanos actuar con mayor seguridad jurídica y respeto mutuo durante los controles en las vías del país.
(Redacción Ecuador).- Ecuador no solo enfrenta una ofensiva sin precedentes del crimen organizado; también vive un debilitamiento interno de su fuerza policial. Mientras los homicidios y la violencia marcaron récords históricos, la Policía Nacional perdió a miles de sus integrantes más experimentados, en un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante.
Entre 2020 y 2025, 9.608 policías solicitaron la baja voluntaria, una cifra que evidencia una crisis paralela dentro de la institución. El punto más crítico se registró en 2023, año que coincidió con el periodo más violento del país, cuando 3.053 uniformados decidieron abandonar el servicio activo.
Las cifras revelan una relación alarmante: durante ese mismo quinquenio, 698 policías murieron, lo que significa que por cada uniformado fallecido, casi 14 optaron por retirarse voluntariamente.
El comportamiento de las bajas no fue uniforme. En 2021, las salidas tocaron su nivel más bajo con 465 casos. Sin embargo, en 2022 se produjo un salto abrupto a 1.834 bajas, anticipando el colapso institucional que se evidenciaría al año siguiente. En 2023, Ecuador cerró con 8.004 asesinatos, y la Policía sufrió el mayor éxodo de su historia reciente.
Aunque en 2024 y 2025 las cifras descendieron a 1.887 y 1.493 bajas, respectivamente, el nivel de deserción sigue siendo muy superior al registrado antes de la pandemia, confirmando que el problema no ha sido superado.
Paradójicamente, este debilitamiento ocurre incluso cuando se intenta reforzar la fuerza pública. El 9 de junio de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso encabezó la graduación de 7.301 nuevos policías, una incorporación que no logró compensar la salida masiva de personal con años de experiencia.
Se van los más preparados
El impacto más grave no está en el número, sino en el perfil de quienes se van. Casi el 48% de las bajas corresponde a policías con entre 16 y 20 años de servicio (4.591 casos), es decir, cuadros formados, con liderazgo operativo y conocimiento del territorio. A ellos se suman 3.910 agentes con entre 21 y 25 años de trayectoria.
Detrás de las estadísticas hay historias marcadas por el miedo, el desgaste y la supervivencia. Uno de los casos es el de un Mayor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que operaba en Manta, quien solicitó su baja en 2023 tras perder compañeros y recibir amenazas directas del narcotráfico. Su proyecto de vida dentro de la institución terminó abruptamente, dejando atrás años de entrenamiento de élite que hoy ya no están al servicio del Estado.
Este tipo de salidas ha generado un efecto estructural: la Policía enfrenta una escasez de oficiales de alto rango. Actualmente, solo siete generales integran el Mando Institucional, pese a que existen 18 plazas previstas para dirigir unidades estratégicas y zonas críticas.
Quito lidera las bajas
La distribución geográfica de las salidas rompe varios supuestos. Quito concentra el mayor número de bajas voluntarias del país, con 2.589 casos entre 2020 y 2025. Le sigue la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) con 1.087 salidas, y la Zona 1 de la frontera norte —Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos— con 1.205 casos.
En contraste, la Zona 2 (Napo, Orellana y el área rural de Pichincha) registra apenas 374 bajas, el nivel más bajo a escala nacional.
Al analizar provincias específicas, el impacto de la violencia territorial es evidente. Manabí perdió 663 policías, Los Ríos registró 545 bajas, y Esmeraldas vio salir a 449 uniformados, todas zonas fuertemente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, un informe técnico revela una grave desigualdad en la distribución de la Policía Nacional: mientras Quito concentra un excedente de más de 7.000 agentes en relación con su población y nivel delictivo, provincias como Guayas y Los Ríos —epicentros de la violencia criminal y el narcotráfico— operan con un déficit de personal para enfrentar la inseguridad.
Un problema que continúa en 2026
Para el inicio de 2026, ya existen 124 solicitudes de baja en trámite, bajo la figura de “pendiente entrega de requisitos”. Ante este escenario, la institución ha empezado a aplicar filtros más estrictos: en 2025, por primera vez en el quinquenio, 23 solicitudes fueron negadas por incumplimiento del reglamento de carrera o bajo la figura de negativa temporal.
Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y resultados frente a la delincuencia, la Policía Nacional enfrenta una batalla interna por retener a su personal clave. Menos experiencia en las filas significa menos capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
(Redacción Imbabura).- El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales —a las que el Gobierno ha declarado “la guerra”— el hecho de que 2025 se convirtiera en el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados. Según la autoridad, la ofensiva estatal contra el crimen organizado intensificó los enfrentamientos entre estructuras delictivas, lo que derivó en cerca de 9.300 muertes violentas a nivel nacional durante el año pasado.
En Imbabura, se registraron 33 asesinatos, más del doble de los contabilizados en 2024. Las cifras ubican al año pasado como el segundo más violento en diez años, solo por debajo de 2019, cuando la provincia enfrentó el impacto directo de la minería ilegal en Urcuquí.
La capital provincial concentró el mayor número de muertes violentas. Ibarra acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1), lo que evidencia una preocupante concentración de la violencia en zonas urbanas y refuerza la alerta sobre el avance del crimen organizado en la provincia.
Autoridades y analistas de seguridad advierten que este repunte no es un hecho aislado. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a Imbabura en un territorio estratégico para organizaciones criminales, que utilizan a Ibarra como centro logístico y refugio, según reportes policiales y militares.
El hallazgo de armas de alto poder, municiones y explosivos durante los operativos ejecutados en 2025 confirmó la presencia de estructuras armadas con una capacidad operativa sin precedentes en la provincia. Ante este escenario, Imbabura enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad, un compromiso que el gobernador Jorge Ortíz asumió públicamente el día de su posesión. Mientras tanto, la ciudadanía exige acciones más contundentes y mantiene la expectativa de que el 2026 marque el inicio de un periodo de mayor paz y tranquilidad para la provincia.
(Redacción Ecuador).- Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 249, firmado el miércoles 17 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de la jornada laboral del viernes 2 de enero de 2026 en todo el territorio ecuatoriano. La medida aplica para los sectores público y privado y forma parte del feriado nacional por Año Nuevo.
El decreto establece que el descanso obligatorio correspondiente al 1 de enero se extienda al viernes 2, permitiendo así un feriado continuo que irá del jueves 1 al domingo 4 de enero de 2026. En el texto oficial se especifica que la jornada suspendida no será recuperable, por lo que no deberá compensarse posteriormente.
Esta disposición tiene carácter oficial y obligatorio, ya que se encuentra sustentada en un decreto ejecutivo vigente. Por lo tanto, el viernes 2 de enero de 2026 es feriado nacional y debe cumplirse conforme a lo establecido en la normativa.
(Redacción Imbabura).- Como ocurre cada año durante las festividades de fin de año, grupos de personas disfrazadas de las denominadas “viudas” han retomado de forma anticipada la práctica de bloquear la vía E35 en el sector de Mascarilla, provincia del Carchi, para exigir dinero a los conductores. En esta ocasión, la presencia de estos grupos se ha registrado a pocos días de finalizar el año, generando interrupciones en una carretera estratégica que conecta a Imbabura con Carchi.
Según denuncias, se ha identificado la operación de al menos dos grupos ubicados a corta distancia entre sí, quienes utilizan escombros y obstáculos para forzar la detención de los vehículos y solicitar “colaboraciones” económicas. Los montos exigidos van desde un dólar, mediante retenes improvisados que, en algunos tramos, llegarían a contabilizarse hasta 20 a lo largo de la E35.
Ante esta problemática recurrente, la Alcaldía de Pimampiro activó desde el sábado pasado operativos de control para garantizar el orden y la seguridad vial. Las acciones se ejecutan desde tempranas horas de la mañana con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Ecuatoriano, especialmente en los puntos considerados conflictivos de la vía.
Durante los operativos se registraron intentos de bloqueo mediante la colocación de cadenas; sin embargo, la intervención de las fuerzas del orden evitó que estas acciones se concreten. Como medida preventiva por las festividades de fin de año, la E35 fue militarizada y se anunció que los controles se mantendrán para impedir cobros ilegales y garantizar la libre circulación.
(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Paro 2025
Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.
La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.
Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:
En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.
Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:
Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.
Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.
El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.
Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :
En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.
Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.
(Redacción Ibarra).- En el marco de las festividades de Navidad y Año Nuevo, el Cuerpo de Bomberos de Ibarra hace un llamado a la ciudadanía para optar por la no utilización de pirotecnia, con el objetivo de promover la seguridad, el bienestar de la población y la protección del entorno natural.
Las autoridades señalan que el uso de pirotecnia representa riesgos innecesarios que pueden evitarse mediante una celebración responsable y consciente. Entre las principales afectaciones que se buscan prevenir se encuentran los daños a animales sensibles al ruido, la contaminación ambiental, así como el malestar en bebés y adultos mayores.
Además, el Cuerpo de Bomberos advierte sobre el alto riesgo de quemaduras graves, que en algunos casos pueden derivar en lesiones permanentes o mutilaciones, producto de la manipulación inadecuada de estos artefactos. De igual manera, recalcan el impacto negativo que el ruido excesivo genera en personas con trastorno del espectro autista, quienes presentan hipersensibilidad auditiva.
Bajo la iniciativa “Sin fuego, más vida”, el Cuerpo de Bomberos de Ibarra invita a la colectividad a sumarse a esta causa, fomentando celebraciones seguras, inclusivas y respetuosas con el medio ambiente, priorizando la vida y la integridad de todos los ciudadanos.
Hoy en Imbabura 