Ocho meses después, así terminó el caso de los “12 de Otavalo”
(Redacciòn Imbabura).- El proceso judicial contra los denominados “12 de Otavalo” llegó a su fin el pasado 5 de junio de 2026, cuando la justicia ecuatoriana dictó el sobreseimiento para 18 personas investigadas por los hechos ocurridos durante los disturbios registrados en Otavalo el 22 de septiembre de 2025, jornada en la que fue incendiado el cuartel de Policía de la ciudad.
La resolución judicial determinó que no existían elementos probatorios suficientes para vincular a los procesados con el delito investigado, por lo que el proceso penal quedó cerrado para ellos. Sin embargo, la decisión no incluyó a dos adolescentes, cuyos casos continúan bajo un procedimiento especial debido a su condición de menores de edad.
Las detenciones
Tras los disturbios registrados en el contexto de las movilizaciones de septiembre de 2025, la Policía ejecutó varios operativos que dejaron un total de 18 personas aprehendidas: 15 adultos, dos menores de edad y una mujer.
Durante la audiencia de flagrancia realizada el 23 de septiembre de 2025, la autoridad judicial resolvió que 12 de los detenidos permanezcan privados de libertad mientras avanzaba la instrucción fiscal, mientras que seis personas recuperaron su libertad. Entre quienes enfrentaron el proceso en libertad estuvo Gina C.
Los detenidos fueron trasladados inicialmente fuera de la provincia de Imbabura hasta el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en Manabí, decisión que generó cuestionamientos por parte de familiares y organizaciones sociales debido a la distancia que los separaba de sus abogados y seres queridos.
Traslado desde Manabí hacia Imbabura
El 30 de septiembre de 2025, tres de los detenidos —Alfredo P., Luis C. y Diego L.— fueron trasladados bajo resguardo policial en un helicóptero militar hasta la ciudad de Ibarra debido a problemas de salud que requerían atención más cercana.
Días después, el 6 de octubre, la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente una acción de hábeas corpus presentada por la defensa de 10 de los 12 detenidos. Como resultado, se dispuso el retorno inmediato de siete de los privados de libertad que permanecían en la cárcel de El Rodeo.
Finalmente, el 15 de octubre, estos siete procesados regresaron a la provincia de Imbabura para continuar cumpliendo la medida de prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Con ello, los 10 beneficiarios del hábeas corpus quedaron nuevamente bajo jurisdicción de Imbabura.
Cambio de cargos y liberaciones
El 9 de noviembre de 2025 recuperó su libertad Luis Henry Jácome, uno de los integrantes del grupo conocido como los “12 de Otavalo”. Tras permanecer cerca de dos meses detenido, obtuvo medidas alternativas y pudo regresar junto a su familia.
Posteriormente, el 12 de noviembre, durante una audiencia de reformulación de cargos, la Fiscalía anunció modificaciones en la investigación. El fiscal Galiano Balcázar informó que los procesados serían investigados por los presuntos delitos de ataque y resistencia, así como daño a bien público.
Una semana después, el 19 de noviembre, la Fiscalía formalizó el cambio de tipificación penal, retirando el cargo de terrorismo que inicialmente pesaba sobre los detenidos. Esta decisión permitió que los procesados pudieran continuar su defensa en libertad mediante medidas sustitutivas.
Desde entonces, la investigación continuó enfocada en los presuntos delitos de ataque y resistencia y daño al bien público.
El sobreseimiento
Tras varios meses de investigación y diligencias judiciales, el 5 de junio de 2026 la justicia resolvió dictar el sobreseimiento para los 18 procesados adultos relacionados con los hechos ocurridos durante la quema del cuartel policial de Otavalo.
La resolución concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación penal en su contra, cerrando así el proceso judicial.
Luego de conocerse la decisión, integrantes del Pueblo Kichwa Otavalo realizaron una ceremonia de purificación y encuentro comunitario en la Plaza de los Ponchos, donde celebraron el fallo judicial y el cierre de un caso que durante meses generó debate en Imbabura.
