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Alcalde de Ibarra recibe el respaldo del concejo y evita alza de pasajes

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(Redacción Ibarra).- Con 10 votos a favor, el Concejo Municipal de Ibarra aprobó, en primer debate, la primera reforma a la Ordenanza del Presupuesto General 2026, propuesta por el alcalde Álvaro Castillo. La medida busca proteger la economía de las familias ibarreñas y evitar un incremento inmediato en la tarifa del transporte urbano.

La decisión responde al impacto generado por el aumento del precio del diésel sobre los costos de operación de las cuatro cooperativas de transporte urbano de la ciudad. Según un estudio técnico elaborado por la Empresa Pública de Movilidad, la aplicación de la fórmula tarifaria vigente habría elevado el pasaje de 35 a 43 centavos.

Ante este escenario, la administración municipal planteó una alternativa basada en la reorientación de recursos públicos. La reforma contempla destinar parte del presupuesto inicialmente previsto para festividades y reducir gastos considerados no prioritarios, con el fin de cubrir aproximadamente el 70 % del impacto económico provocado por el incremento del combustible durante los meses restantes de 2026.

Como parte de esta compensación, cada una de las 327 unidades de transporte urbano recibirá cerca de 560 dólares mensuales, lo que permitirá mantener la tarifa actual para los usuarios mientras se implementan soluciones de largo plazo para el sistema de movilidad.

Además del apoyo económico temporal, la propuesta incluye un plan de modernización del transporte urbano, que contempla la implementación del sistema de recaudo electrónico, el fortalecimiento de los controles de ingresos, la integración de los sistemas de geolocalización con la plataforma de videovigilancia y el mejoramiento progresivo de las unidades.

Con esta reforma, la administración municipal busca mitigar el impacto del incremento del precio del diésel sin trasladar el costo a los usuarios, al tiempo que impulsa cambios orientados a fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del transporte público en Ibarra.

La moto, la alternativa de movilidad que también expone a un mayor riesgo de accidentes

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(Redacciòn Ibarra).- Cada vez son más los jóvenes que optan por comprar una motocicleta como alternativa para reducir los tiempos de traslado y enfrentar el costo del transporte. Lo que comenzó como una solución económica y práctica se ha convertido también en un factor de preocupación en Ibarra.

Las cifras evidencian esta realidad. De acuerdo con estadísticas del portal de Movidelnor, hasta mayo de este año se registraron 193 accidentes de tránsito que involucraron motocicletas y dejaron ocho personas fallecidas en el cantòn Ibarra, una tendencia que continúa en aumento.

Detrás de estos números hay historias que se repiten: jornadas laborales extensas, tráfico cada vez más congestionado, la necesidad de llegar a tiempo al trabajo o a la universidad y, en muchos casos, la poca experiencia al conducir un vehículo recién adquirido. Para muchos jóvenes, la primera motocicleta representa independencia y una oportunidad para mejorar su movilidad; sin embargo, también implica una mayor exposiciòn al riesgo.

Especialistas señalan que los choques laterales y la pérdida de pista continúan siendo los siniestros más frecuentes entre motociclistas. A ello se suman dos factores recurrentes: el exceso de velocidad y la impericia al volante, un patrón que se mantiene desde 2019.

Las estadísticas reflejan la magnitud del problema. Solo hasta mayo de este año se contabilizan 193 accidentes con motocicletas, una cifra que supera el total anual registrado en 2020, cuando se reportaron 105 siniestros, y en 2021, que cerró con 110. En comparación, durante el año 2025 se registraron 298 accidentes relacionados con motocicletas y 10 personas fallecidas.

En cuanto a la siniestralidad vial general, en lo que va del año se han registrado 779 accidentes de tránsito. Como consecuencia de estos hechos, 50 personas resultaron lesionadas y 5 fallecieron. Si bien los vehículos concentran el mayor número de eventos registrados, las motocicletas continúan siendo un factor de preocupación debido a la vulnerabilidad de sus ocupantes y a que los siniestros que las involucran suelen tener consecuencias más graves.

La Panamericana Sur, el ingreso norte a la ciudad, la avenida 17 de Julio y el Anillo Vial figuran entre los corredores con mayor incidencia de siniestros. Las franjas horarias de las 12:00, 13:00 y 19:00 concentran el mayor número de casos, coincidiendo con los horarios de ingreso y salida de las jornadas laborales y académicas, ademas los dias con mayor siniestraldiad son los dias domingo.

Mientras el parque de motocicletas continúa creciendo en Ibarra, las estadísticas también aumentan. Y detrás de cada nuevo registro existe una historia que comienza de la misma manera: alguien salió temprano rumbo a su trabajo, a clases o a casa, pero nunca logró regresar.

Movidelnor fortalece la cultura vial con programas de prevención que beneficiaron a más de 42 mil ciudadanos

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(Redacciòn Imbabura).- Más de 42.500 personas fueron beneficiadas entre enero y junio de 2026 mediante los programas de seguridad vial desarrollados por la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), a través de su Unidad de Seguridad Vial. Las iniciativas estuvieron enfocadas en fortalecer los conocimientos y hábitos responsables de estudiantes, conductores, adultos mayores, funcionarios y ciudadanía en general.

Uno de los principales programas ejecutados fue el Programa de Participación Estudiantil en Seguridad Vial, que llegó a 33 instituciones educativas, donde 2.026 estudiantes culminaron su proceso formativo. A través de capacitaciones teóricas y prácticas, los jóvenes aprendieron sobre normativa de tránsito, convivencia vial y prevención de siniestros, convirtiéndose en agentes multiplicadores de una movilidad responsable dentro de sus entornos.

La educación vial también llegó a los más pequeños mediante la Biciescuelita, una iniciativa que permitió capacitar a 3.699 niños y niñas en diferentes unidades educativas. Con actividades lúdicas y dinámicas prácticas, los participantes fortalecieron sus conocimientos sobre circulación segura, respeto entre actores viales y uso adecuado de la bicicleta.

Como parte del trabajo permanente en territorio, Movidelnor desarrolló campañas de sensibilización dirigidas a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, alcanzando a 7.022 ciudadanos mediante jornadas educativas, activaciones comunitarias y espacios de concienciación orientados a prevenir accidentes de tránsito.

Dentro de las acciones enfocadas a grupos prioritarios, 1.156 adultos mayores participaron en talleres de movilidad segura, donde recibieron herramientas para identificar riesgos y fortalecer su autoprotección como usuarios vulnerables de las vías.

Además, la institución reforzó la formación dirigida al sector transporte mediante capacitaciones para 1.413 conductores pertenecientes a operadoras e instituciones públicas y privadas. Estos espacios permitieron actualizar conocimientos sobre normativa vial, conducción preventiva y responsabilidad al momento de movilizarse.

Las actividades se complementaron con ferias ciudadanas, casas abiertas, jornadas comunitarias y otros espacios de interacción que permitieron acercar los mensajes de prevención a miles de habitantes de los 15 cantones que conforman la Mancomunidad de Tránsito Norte.

El gerente general de Movidelnor EP, Santiago Chiriboga, destacó que la seguridad vial es uno de los ejes prioritarios de la administración y aseguró que la educación constituye una herramienta fundamental para generar cambios positivos.

“Nuestro compromiso es construir una cultura vial basada en el respeto, la responsabilidad y la prevención. La educación es la herramienta más efectiva para salvar vidas y por ello seguiremos impulsando programas que formen ciudadanos más conscientes desde la niñez hasta la edad adulta”, señaló.

De su lado, el gerente de Operaciones de Tránsito, Emerson Ubidia, resaltó el alcance territorial de estas acciones y afirmó que el trabajo preventivo continuará fortaleciéndose en beneficio de todos los actores viales.

“Hemos recorrido los 15 cantones llevando capacitación, campañas de sensibilización y espacios de aprendizaje a instituciones educativas, operadoras de transporte, entidades públicas y comunidades. La seguridad vial es una responsabilidad compartida y solo con educación permanente lograremos generar cambios positivos en el comportamiento de todos los actores viales”, manifestó.

Con estas acciones, Movidelnor EP reafirma su compromiso de impulsar una movilidad segura, promoviendo la prevención y la formación ciudadana como pilares para reducir los siniestros de tránsito y proteger la vida de quienes utilizan las vías.

Comuneros aplican justicia indígena a cinco sospechosos de abigeato

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(Redacciòn Ibarra).- Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron retenidas por comuneros de la parroquia La Esperanza, en el cantón Ibarra, tras ser señaladas como presuntas responsables del robo de un ternero.

El hecho ocurrió ayer, cuando un ternero que había sido sustraído de una comunidad fue localizado antes de que pudiera ser sacado de la zona. Según los testimonios, los sospechosos habrían introducido al animal a la fuerza en un automóvil de pequeñas dimensiones para ocultarlo y facilitar su traslado, provocándole maltrato durante la maniobra.

Tras la intervención de comuneros y autoridades, el ganado fue recuperado y los cinco sospechosos fueron llevados ante la asamblea comunitaria, donde se resolvió aplicar procedimientos de justicia indígena.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los implicados caminando descalzos y cargando bolsas con piedras, como parte de las sanciones impuestas por las autoridades comunitarias.

La justicia indígena está reconocida en la Constitución del Ecuador, que faculta a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, de acuerdo con sus normas y tradiciones, siempre que sus decisiones respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales. Para comuneros de Zuleta el robo de ganado representa pérdidas económicas que afectan directamente el sustento de numerosas familias.

Ocho meses después, así terminó el caso de los “12 de Otavalo”

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(Redacciòn Imbabura).- El proceso judicial contra los denominados “12 de Otavalo” llegó a su fin el pasado 5 de junio de 2026, cuando la justicia ecuatoriana dictó el sobreseimiento para 18 personas investigadas por los hechos ocurridos durante los disturbios registrados en Otavalo el 22 de septiembre de 2025, jornada en la que fue incendiado el cuartel de Policía de la ciudad.

La resolución judicial determinó que no existían elementos probatorios suficientes para vincular a los procesados con el delito investigado, por lo que el proceso penal quedó cerrado para ellos. Sin embargo, la decisión no incluyó a dos adolescentes, cuyos casos continúan bajo un procedimiento especial debido a su condición de menores de edad.

Las detenciones

Tras los disturbios registrados en el contexto de las movilizaciones de septiembre de 2025, la Policía ejecutó varios operativos que dejaron un total de 18 personas aprehendidas: 15 adultos, dos menores de edad y una mujer.

Durante la audiencia de flagrancia realizada el 23 de septiembre de 2025, la autoridad judicial resolvió que 12 de los detenidos permanezcan privados de libertad mientras avanzaba la instrucción fiscal, mientras que seis personas recuperaron su libertad. Entre quienes enfrentaron el proceso en libertad estuvo Gina C.

Los detenidos fueron trasladados inicialmente fuera de la provincia de Imbabura hasta el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en Manabí, decisión que generó cuestionamientos por parte de familiares y organizaciones sociales debido a la distancia que los separaba de sus abogados y seres queridos.

Traslado desde Manabí hacia Imbabura

El 30 de septiembre de 2025, tres de los detenidos —Alfredo P., Luis C. y Diego L.— fueron trasladados bajo resguardo policial en un helicóptero militar hasta la ciudad de Ibarra debido a problemas de salud que requerían atención más cercana.

Días después, el 6 de octubre, la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente una acción de hábeas corpus presentada por la defensa de 10 de los 12 detenidos. Como resultado, se dispuso el retorno inmediato de siete de los privados de libertad que permanecían en la cárcel de El Rodeo.

Finalmente, el 15 de octubre, estos siete procesados regresaron a la provincia de Imbabura para continuar cumpliendo la medida de prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Con ello, los 10 beneficiarios del hábeas corpus quedaron nuevamente bajo jurisdicción de Imbabura.

Cambio de cargos y liberaciones

El 9 de noviembre de 2025 recuperó su libertad Luis Henry Jácome, uno de los integrantes del grupo conocido como los “12 de Otavalo”. Tras permanecer cerca de dos meses detenido, obtuvo medidas alternativas y pudo regresar junto a su familia.

Posteriormente, el 12 de noviembre, durante una audiencia de reformulación de cargos, la Fiscalía anunció modificaciones en la investigación. El fiscal Galiano Balcázar informó que los procesados serían investigados por los presuntos delitos de ataque y resistencia, así como daño a bien público.

Una semana después, el 19 de noviembre, la Fiscalía formalizó el cambio de tipificación penal, retirando el cargo de terrorismo que inicialmente pesaba sobre los detenidos. Esta decisión permitió que los procesados pudieran continuar su defensa en libertad mediante medidas sustitutivas.

Desde entonces, la investigación continuó enfocada en los presuntos delitos de ataque y resistencia y daño al bien público.

El sobreseimiento

Tras varios meses de investigación y diligencias judiciales, el 5 de junio de 2026 la justicia resolvió dictar el sobreseimiento para los 18 procesados adultos relacionados con los hechos ocurridos durante la quema del cuartel policial de Otavalo.

La resolución concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación penal en su contra, cerrando así el proceso judicial.

Luego de conocerse la decisión, integrantes del Pueblo Kichwa Otavalo realizaron una ceremonia de purificación y encuentro comunitario en la Plaza de los Ponchos, donde celebraron el fallo judicial y el cierre de un caso que durante meses generó debate en Imbabura.

Alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, detenido en operativo por presunto lavado de activos

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(Redacciòn Esmeraldas).- La madrugada de este miércoles la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron un amplio operativo que culminó con la detención del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, dentro de una investigación por presunto lavado de activos.

Según información oficial, la investigación se inició en noviembre de 2025 tras detectarse operaciones financieras inusuales que habrían alertado a las autoridades. Como parte de las diligencias, se realizaron allanamientos simultáneos en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena, Pichincha y Sucumbíos.

Inicialmente se informó que la vivienda del alcalde sería intervenida; sin embargo, Villacís fue localizado y retenido en un hotel ubicado en el sector Las Palmas, al norte de la ciudad de Esmeraldas, donde participaba en una actividad recreativa vinculada a un campeonato de fútbol playa.

El operativo dejó un total de ocho personas detenidas, entre ellas varios funcionarios públicos presuntamente relacionados con la investigación. En total, las autoridades ejecutaron 18 allanamientos y recopilaron diversos indicios, incluyendo teléfonos móviles, computadoras, dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y documentación que será analizada dentro del proceso.

Ecuador
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la detención del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, se produjo tras 12 meses de investigación.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre el desarrollo de la intervención a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del procedimiento realizado por agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Posteriormente señaló que, bajo una presunta estructura de fachada, se habrían captado alrededor de 15 millones de dólares.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el grado de participación de los detenidos y establecer posibles responsabilidades penales. Mientras tanto, las autoridades han señalado que el caso se encuentra en fase de instrucción y que se ampliarán las diligencias conforme avance el proceso.

Este caso se suma a otras investigaciones recientes que involucran a autoridades locales y funcionarios públicos en distintos puntos del país, en el marco de las acciones emprendidas por el Estado para combatir delitos relacionados con corrupción y lavado de activos.

Más de 86 mil niñas y niños inscritos en lo que va de 2026

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(Redacciòn Ecuador).- Con el objetivo de garantizar la identidad de niñas y niños dentro de los primeros 45 días de vida, el Gobierno del presidente Daniel Noboa, a través del Registro Civil del Ecuador, ha realizado la inscripción de 86.045 nacimientos entre enero y mayo de 2026.

Las provincias con mayor número de registros a escala nacional fueron Guayas, con 23.494 inscripciones; Pichincha, con 12.236; y Manabí, con 8.397 nacimientos registrados entre enero y mayo de 2026. En la Zona 1, el Registro Civil contabilizó 2.073 inscripciones de nacimiento en Imbabura y 721 en Carchi durante el mismo período. Durante 2025, la institución registró 224.193 inscripciones de nacimiento, mientras que en 2024 se realizaron 222.364 registros en el país.

Impulsar las inscripciones de nacimiento forma parte de la estrategia gubernamental “Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil”, que busca proteger y garantizar el desarrollo integral de niñas y niños desde sus primeros días de vida, fortaleciendo el acceso oportuno a servicios de salud, identidad y protección social, así como al Bono de los 1.000 Días.

En el marco de esta política pública, el Registro Civil promueve la atención de inscripciones de nacimiento en sus agencias a escala nacional, así como en las Agencias del Registro Civil en Establecimientos de Salud (ARCES) y mediante brigadas móviles, garantizando un servicio directo y oportuno, especialmente en sectores vulnerables y zonas alejadas.

Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, destacó que el trabajo institucional busca acercar los servicios a la ciudadanía.

“Somos un Gobierno que escucha y actúa; que trabaja donde está la gente y que entiende que cada recién nacido merece iniciar su vida con identidad y oportunidades. La inscripción de nacimiento no es solo un trámite; es la puerta de acceso a derechos fundamentales para nuestras niñas y niños”, señaló.

Actualmente, la institución cuenta con 28 ARCES ubicadas en hospitales públicos del país, permitiendo que madres y padres inscriban a sus hijos pocas horas después del nacimiento.

María José Calle, madre de un recién nacido registrado en una agencia dentro de un hospital público de Quito, expresó: “Fue una gran ayuda poder registrar a mi hijo apenas nació. No tuve que salir del hospital ni hacer filas en otro lugar. Nos sentimos acompañados y atendidos con mucha calidez”.

Las inscripciones de nacimientos de enero a mayo de 2026 en imabbrua y carchi han sidod e 2.073 y 721 respectivamente.

Ecuador elimina el arancel del 100 % a productos colombianos desde este 1 de junio

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(Redacciòn Ecuador).- El Gobierno de Ecuador eliminò a partir de este lunes el arancel del 100 % que mantenía sobre las importaciones provenientes de Colombia. La medida fue oficializada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), que dispuso la eliminación total de la tasa arancelaria aplicada a los productos del vecino país.

Según la resolución emitida por la entidad, la decisión entrará en vigencia desde este 1 de junio, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

El anuncio se produce dos días después de que el presidente Daniel Noboa adelantara la noticia a través de una publicación en la red social X. El mandatario aseguró que la eliminación de los aranceles respondía a un acuerdo alcanzado con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la Cancillería de Colombia sostuvo que la medida obedece al cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Comunidad Andina (CAN), organismo encargado de velar por el libre comercio entre los países miembros.

La disputa comercial entre Ecuador y Colombia comenzó a inicios de este año, cuando el Gobierno ecuatoriano impuso una denominada “tasa de seguridad” a las importaciones colombianas. El gravamen inició en el 30 %, luego aumentó al 50 % y finalmente alcanzó el 100 %, encareciendo considerablemente el ingreso de mercancías procedentes del país vecino.

Como respuesta, Colombia adoptó medidas similares sobre varios productos ecuatorianos. Inicialmente aplicó un arancel del 30 % y posteriormente estableció gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 % para determinados bienes.

Ante la escalada de restricciones comerciales, la Comunidad Andina intervino al considerar que estas medidas contravenían los acuerdos de libre comercio vigentes dentro del bloque regional. En consecuencia, Ecuador decidió acatar las disposiciones del organismo y eliminar por completo el arancel aplicado a las importaciones colombianas, poniendo fin a varios meses de tensiones comerciales entre ambas naciones.

26 años de prisión para el autor del femicidio en Ibarra de la joven Liliana Jiménez

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(Redacción Ibarra).- La justicia ecuatoriana sentenció a 26 años de prisión a Robinson Alberto M., hallado culpable del femicidio de Liliana Abigail Jiménez Quimbiamba, un crimen que conmocionó a la ciudad de Ibarra y que evidenció la violencia extrema ejercida contra la víctima.

La desaparición de Liliana fue reportada por sus familiares el 30 de mayo de 2025. De acuerdo con las investigaciones, la joven salió de su vivienda, ubicada entre las calles Obispo Mosquera y Juan Montalvo, en el centro de Ibarra, y desde ese momento se perdió todo contacto con ella. La denuncia activó una intensa búsqueda por parte de familiares, amigos y autoridades.

Dos días después, el caso tomó un giro escalofriante. El 1 de junio, trabajadores de la estación de transferencia de desechos de Socapamba encontraron una pierna humana sobre uno de los contenedores de basura. Tras la alerta al ECU 911, agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (DINASED) acudieron al sitio para realizar el levantamiento de los restos, que posteriormente fueron trasladados a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl para los análisis forenses correspondientes.

A partir de las diligencias investigativas, los agentes lograron reconstruir las últimas horas de la víctima. Mediante testimonios de vecinos, revisión de indicios y labores de inteligencia, identificaron al principal sospechoso y ubicaron el inmueble donde se encontraba. Durante el operativo de captura, el hombre intentó huir, pero fue interceptado y detenido por la Policía.

En el allanamiento, los uniformados hallaron un cuchillo con manchas de color marrón que, según las investigaciones, estaría relacionado con el asesinato.

Las pesquisas determinaron que Liliana había acudido a la vivienda del ahora sentenciado, ubicada en el sector de El Vergel, en el centro de Ibarra, tras ser contactada para prestar servicios sexuales.

Durante el proceso judicial, Robinson Alberto M., quien registra antecedentes penales por tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, confesó haber contratado a la víctima. Asimismo, admitió haberla asesinado y posteriormente desmembrado. También proporcionó información sobre los lugares donde abandonó varias partes del cuerpo, entre ellos sectores cercanos al río Tahuando y distintos contenedores de basura distribuidos en varios puntos de la ciudad.

La defensa del procesado intentó obtener una reducción de responsabilidad penal argumentando que el acusado padecía trastornos mentales y problemas de adicción a sustancias estupefacientes. No obstante, pese a presentar documentación médica y peritajes como sustento, el tribunal concluyó que dichos elementos no anulaban su capacidad de comprender y ejecutar sus actos, por lo que fueron descartados como atenuantes suficientes.

La sentencia fue notificada de manera telemática al condenado, quien permanece recluido en el Centro de Privación de Libertad N.° 1 de Azuay. Con este fallo, la justicia cerró una de las investigaciones criminales más impactantes registradas en Ibarra durante los últimos años.

A un año de Gobierno, promesas de campaña de Daniel Noboa continúan bajo cuestionamiento ciudadano

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(Redacciòn Ecuador).-A un año de que Daniel Noboa asumiera la Presidencia de Ecuador, varios de los ofrecimientos realizados durante su campaña y al inicio de su gestión continúan siendo cuestionados por ciudadanos que consideran que algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo contradicen el discurso con el que llegó al poder.

“No más impuestos” vs IVA al 15%
Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa aseguró que no se crearían nuevas cargas tributarias para los ecuatorianos. Sin embargo, pocos meses después de asumir el poder, el Gobierno impulsó el incremento del IVA del 12% al 15% como una medida para enfrentar la crisis fiscal y financiar acciones de seguridad. La decisión generó cuestionamientos debido al impacto directo en productos, servicios y el costo de vida de la población.

Aunque el Ejecutivo ha decretado de manera esporádica la reducción temporal del IVA al 8% durante feriados nacionales y fechas especiales con el objetivo de incentivar el turismo y dinamizar la economía, sectores ciudadanos y comerciales sostienen que estas medidas no compensan el efecto permanente que significó el aumento general del impuesto en el consumo diario de los ecuatorianos.

“Bajar la gasolina” vs incremento en combustibles
Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa habló de reducir el impacto económico que enfrentaban los hogares ecuatorianos, especialmente en temas relacionados con los combustibles. Sin embargo, durante su administración se aplicaron incrementos en las gasolinas extra y ecopaís, medida que derivó en protestas y paralizaciones de transportistas a nivel nacional. Como parte de los acuerdos alcanzados tras las movilizaciones, el Gobierno implementó compensaciones económicas para ciertos sectores del transporte, beneficios que continúan vigentes hasta la actualidad.

Posteriormente, organizaciones indígenas también protagonizaron jornadas de protesta en rechazo al alza de combustibles y otras medidas económicas. En provincias como Imbabura se registraron cierres de vías y paralizaciones que se extendieron durante varias semanas, afectando el comercio, el turismo y la movilidad de miles de ciudadanos.

La discusión volvió a tomar fuerza este 12 de mayo, cuando nuevamente se registró un incremento en las tarifas de los combustibles, reactivando críticas de sectores ciudadanos que consideran que las decisiones adoptadas por el Gobierno contradicen el discurso de campaña relacionado con aliviar el costo de vida de la población.

“Bajar la luz” vs crisis energética y apagones
Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa habló de aliviar el gasto de las familias ecuatorianas en servicios básicos; sin embargo, durante 2024 el país atravesó una de las peores crisis energéticas de los últimos años. Los cortes de luz llegaron a extenderse hasta por 14 horas diarias en varias provincias, afectando a hogares, comercios, industrias, estudiantes y trabajadores en todo el territorio nacional.

La emergencia eléctrica provocó millonarias pérdidas económicas y obligó al Gobierno a implementar medidas de contingencia para evitar un colapso mayor en el sistema energético. Entre ellas estuvo la compra de energía a Colombia, así como el impulso de proyectos de generación eléctrica y la incorporación de nueva infraestructura para enfrentar el déficit energético que aún continúa siendo motivo de preocupación en el país.

Aunque el Ejecutivo atribuyó la crisis a la sequía, la falta de mantenimiento y problemas estructurales heredados de administraciones anteriores, ciudadanos y sectores productivos continúan cuestionando la falta de previsión frente a una situación que impactó directamente en la economía y en la vida cotidiana de millones de ecuatorianos.

Plan Fénix y la inseguridad
El “Plan Fénix” fue presentado como la principal estrategia para enfrentar la violencia y recuperar la seguridad en el país. Aunque el Gobierno ha desplegado operativos y estados de excepción, ciudadanos continúan manifestando preocupación por extorsiones, sicariatos y hechos violentos que persisten en varias provincias del Ecuador.

Con un año de gestión cumplido y un periodo presidencial que se extiende hasta 2029, el Gobierno de Daniel Noboa continúa enfrentando el desafío de equilibrar las promesas realizadas durante la campaña con las decisiones adoptadas en medio de la crisis económica, energética y de seguridad que atraviesa el país.

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