(Redacción Ecuador).– Tras seis semanas de audiencia, el juez Jovanny Suárez Chávez emitió sentencia en el denominado caso Las Malvinas, declarando culpables a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por su responsabilidad en la desaparición forzada de cuatro menores, ocurrida en diciembre de 2024.
De los procesados, 11 militares recibieron la pena máxima de 34 años y ocho meses de prisión, mientras que cinco uniformados fueron sentenciados a 30 meses de cárcel tras acogerse a la figura de cooperadores eficaces, en consideración a su colaboración con la Fiscalía General del Estado. En contraste, el teniente coronel Juan Francisco I. fue declarado inocente, al no comprobarse su responsabilidad penal.
Además de las penas privativas de libertad, el Tribunal dispuso una serie de medidas de reparación integral y simbólica, entre ellas el pago de 800 salarios básicos unificados, equivalentes a 376.000 dólares, la identificación del puente donde los adolescentes habrían sido aislados, y la implementación de procesos obligatorios de capacitación en derechos humanos dentro de la institución militar.
Asimismo, se ordenó la emisión de disculpas públicas institucionales en un medio de comunicación de prensa escrita, así como la publicación de un extracto de la sentencia, tanto por parte de la FAE como de los militares sentenciados, dirigido expresamente a los familiares de las víctimas. A estas medidas se suma la colocación de una placa conmemorativa en la base militar de Taura, lugar vinculado a los hechos investigados.
La sentencia, que responde íntegramente al pedido formulado por la Fiscalía en sus alegatos finales, constituye un precedente judicial relevante en materia de derechos humanos, reafirmando el deber del Estado de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias.
Al igual que en el caso Malvinas, otro proceso judicial que concluyó con la imposición de la pena máxima ocurrió con el exteniente de la Policía Nacional Germán Cáceres, que fue condenado por el asesinato de su esposa, la abogada María Belén Bernal. El crimen, que conmocionó al país, fue sancionado con 34 años y 8 meses de prisión, la pena más alta establecida en Ecuador para el delito de femicidio, evidenciando que en ambos casos la justicia aplicó el máximo castigo previsto por la ley ante hechos de extrema gravedad.
(Redacción Imbabura).– Un nuevo hecho de violencia sacudió las vías de la Costa ecuatoriana. Según relataron los familiares de la víctima, procedente de la provincia de Imbabura, habría recibido un impacto de bala directo en la mandíbula, lo que le provocó una fractura grave. Otro proyectil habría rozado su cuello, incrementando la complejidad del cuadro. El hombre fue llevado a una casa de salud e intervenido quirúrgicamente y, debido a la gravedad de las lesiones, permanece con pronóstico reservado.
Este nuevo episodio pone nuevamente en evidencia la peligrosidad de las vías que conectan a la Costa con el resto del país. En los últimos meses se han registrado ataques armados contra buses interprovinciales, transporte pesado y camiones que trasladan productos o insumos hacia esa zona.
Transportistas de la zona norte, especialmente de las provincias de Imbabura y Carchi, han denunciado reiteradamente la falta de seguridad en las carreteras. Elevando desde septiembre de este año un pedido formal al Gobierno para reforzar la protección en las rutas; sin embargo, aseguran que la situación no ha mejorado.
(Redacción Imbabura).- Más de 500 ciclistas completaron la ruta Ibarra–Huaca en una jornada que consolidó la integración regional, fortaleció la movilidad sostenible y evidenció el compromiso de la Empresa Pública de Movilidad del Norte, Movidelnor EP, con el deporte y la seguridad vial.
El ciclo paseo “Descubre Huaca, tierra de encanto” culminó con una masiva participación que superó las expectativas y confirmó el creciente interés por el ciclismo en la región norte. La actividad, organizada por Movidelnor EP, se desarrolló el pasado domingo 30 de noviembre en una ruta de 100 kilómetros desde Ibarra hasta el cantón Huaca, y recorrió varios territorios de la Mancomunidad de Tránsito el Norte.
La planificación técnica, liderada por esta institución, permitió cumplir los objetivos propuestos y garantizó un desarrollo seguro y ordenado. Al respecto, Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor, sostuvo que la acogida alcanzada reflejó el trabajo articulado en territorio. Señaló que Movidelnor impulsa la movilidad sostenible, promueve el recorrido por los cantones mancomunados y que este evento aportó a la activación económica a través del deporte.
Jairo Huera, alcalde de Huaca, destacó el éxito del evento y resaltó el número de ciclistas provenientes de todo el país. Indicó que Huaca se confirmó como tierra de encanto, cuna de deportistas y símbolo del esfuerzo serrano. Agregó que el cantón actuó como un anfitrión comprometido al recibir a cada participante con hospitalidad, paisajes singulares y la energía propia de su gente.
La experiencia también fue celebrada por los participantes. Carlos Arciniega, ciclista de Antonio Ante, afirmó que disfrutó cada tramo del recorrido y valoró la organización, la presencia permanente de los Agentes Civiles de Tránsito y el recibimiento brindado en Huaca. Destacó que la seguridad y la logística permitieron que la ruta se convirtiera en un reto exigente y, a la vez, en una jornada de convivencia y disfrute.
Con esta edición, Movidelnor EP sumó su tercer reto deportivo del 2025 y reafirmó su compromiso con actividades que fortalezcan la integración regional. La entidad anunció que continuará con el impulso de más ciclopaseos que promuevan el uso de la bicicleta, fomenten el respeto al ciclista y dinamicen la economía local, para visitar cada uno de los 15 cantones mancomunados.
(Redacción Ibarra).– En la Cámara de Comercio de Ibarra se firmó este miércoles el convenio para la elaboración de los estudios técnicos de prefactibilidad del proyecto ferroviario San Lorenzo – Salinas – Manaos, una propuesta de tren de carga pesada y pasajeros con tecnología cero carbono, impulsada con el auspicio del Senior Experten Service (SES) y la cámara de Industrias Ecuador–Alemana.
El proyecto plantea un corredor que partiría desde San Lorenzo considerado el único puerto de gran calado en la costa norte de Sudamérica hasta Manaos una ciudad al nordeste de Brasil,para ello se usaría parte de la antigua red ferroviaria que serviría como base para ser intervenida y modernizada.
El abogado Gustavo Andrade señala que los estudios de prefactibilidad se prevén este listos para diciembre de 2026, y que la construcción podría dinamizar la economía de la Zona 1, el centro del país y el sur de Colombia, facilitando la exportación de mercancías hacia nuevos mercados.
La inversión estimada para el proyecto asciende a 30 mil millones de dólares. Si la prefactibilidad resulta favorable, se avanzará hacia un proceso de licitación internacional. La fase actual, financiada por la organización alemana, será clave para definir la viabilidad técnica y económica y luego proceder con las dos etapas restantes de factibilidad y construcción.
El proyecto plantea un tren impulsado por hidrógeno verde, concebido como un sistema de transporte de cero emisiones que, según sus proponentes, tendría la capacidad de mover cerca de 10.000 contenedores al año, posicionándose así como una alternativa logística competitiva para la región.
La comparación regional muestra que incluso iniciativas de gran escala, como la propuesta ferroviaria entre Perú y Brasil —que contempla unir Porto Velho o Cruzeiro do Sul con Pucallpa y el Megapuerto de Chancay, y que cuenta con infraestructura avanzada del lado brasileño, estudios en marcha, negociaciones y el interés de inversión china— siguen estancadas en etapas preliminares porque Perú no inicia las obras clave y no cuenta con los recursos; a este panorama, la propuesta de conectar San Lorenzo con Manaos carece de conocimiento oficial por parte del Gobierno Nacional, no contempla una planificación concreta y articulada que deja su viabilidad en entredicho y la reduce, por ahora, a un planteamiento sin sustento real.
Aun así, la propuesta de Gustavo Andrade insiste en avanzar, incluso ante países con más recursos, infraestructura y apoyo internacional que han fracasado en proyectos ferroviarios similares.
(Redacción Ecuador).- En distintos puntos del país se han registrado largas filas de personas que, incluso desde la noche anterior, pernoctan en los exteriores de centros comerciales con la intención de ingresar primero y aprovechar las promociones anunciadas por el Black Friday, una jornada comercial que se celebra cada año a nivel mundial y que promete rebajas significativas en una amplia variedad de productos.
El Black Friday, conocido en español como “Viernes Negro”, es uno de los eventos de compras más concurridos del año, impulsado por intensas estrategias de marketing que destacan descuentos agresivos y ofertas limitadas. Sin embargo, esta edición ha generado descontento entre numerosos ciudadanos, quienes aseguran que muchos de los supuestos descuentos no representan una reducción real en los precios.
De acuerdo con los reportes de los propios consumidores, varios artículos mantienen los mismos valores que en semanas anteriores, lo que ha despertado indignación y la percepción de que ciertos establecimientos estarían recurriendo a publicidad engañosa para atraer clientes sin ofrecer rebajas efectivas. Incluso se denuncia que algunos locales elevan previamente los precios para luego simular descuentos que, en realidad, no existen, aprovechándose de la temporada de alta demanda.
Las denuncias se han multiplicado en redes sociales, donde usuarios comparten fotografías de etiquetas, comparaciones de precios previos y testimonios que evidenciarían la falta de rebajas reales. Ante este panorama, se recuerda que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor prohíbe expresamente la publicidad engañosa y exige que las promociones reflejen reducciones auténticas. El organismo encargado de recibir denuncias, investigar y solicitar sanciones es la Defensoría del Pueblo, a través de sus delegaciones provinciales; no obstante, en la práctica, los controles suelen ser limitados y muchos consumidores no presentan formalmente sus quejas.
Por ello, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta, evitar dejarse llevar por ofertas que podrían no ser reales y denunciar estas prácticas para prevenir abusos y fortalecer la protección de los derechos del consumidor en el país.
(Redacción Ibarra).- Comercial Hidrobo S.A. anunció que durante todo noviembre mantendrá los beneficios de feria en todos sus concesionarios de Ibarra, y que este sábado y domingo realizará una Casa Abierta con horario extendido, ofreciendo atención personalizada, actividades especiales y acceso directo a las promociones del mes.
Esto permitirá que quienes no pudieron acercarse en fechas anteriores ahora puedan recibir las mismas condiciones preferenciales, entre ellas:
Beneficios destacados
Matrícula gratis en todos los modelos, sin excepción.
Ruleta de premios con premios directos, entregados al momento de la compra.
Tasa especial del 12.99% para financiamiento.
Empieza a pagar desde el 2026, según el plan elegido.
Recibimos vehículos usados como parte de pago, con avalúo inmediato.
Accesorios y beneficios adicionales según marca y disponibilidad.
Las 12 marcas automotrices representadas por Comercial Hidrobo —Toyota, Mazda, Nissan, Renault, Chery, DongFeng, Jeep, Ram, Fiat, Changan, BAIC y Foton— mantienen sus beneficios de feria vigentes durante noviembre en todos los concesionarios, donde los clientes pueden comparar modelos, realizar pruebas de manejo y recibir asesoría profesional.
Con más de 50 años de trayectoria, Comercial Hidrobo reafirma su compromiso con brindar una experiencia transparente, confiable y respaldada, permitiendo que más familias accedan a condiciones únicas en la región.
Los ciudadanos pueden acercarse desde hoy —y especialmente durante la Casa Abierta de este fin de semana— a cualquiera de los concesionarios de Comercial Hidrobo para acceder a estos beneficios que se mantendrán solo durante el mes de noviembre.
(Redacción Ecuador).- Con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en el Referéndum y Consulta Popular 2025 del próximo domingo 16 de noviembre, el Registro Civil del Ecuador realizará dos nuevas jornadas extraordinarias de cedulación este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en 38 agencias del país.
Con el liderazgo del presidente Daniel Noboa, se desarrollan estas jornadas de fines de semana, en respuesta a la necesidad de la ciudadanía que, por situaciones de trabajo, estudiantiles u otras, no pueden acudir a una agencia los días de la semana laboral.
La atención está dirigida a los ciudadanos que agenden un turno para el sábado o domingo, en la agencia virtual del Registro Civil. Las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria (niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad), no requieren turno previo y tendrán preferencia en la atención. Sin embargo, también pueden acercarse a las agencias del Registro Civil cualquier día de la semana, en su horario habitual.
Los horarios establecidos serán: sábado 15 de noviembre, de 08h00 a 17h00; y el domingo 16 de noviembre, de 08h00 a 12h00.
Los ciudadanos deberán acercarse al punto de atención seleccionado con: el comprobante de pago impreso del servicio (emitido por la banca corresponsal); la cédula anterior (en caso de renovación); y, si es por pérdida o robo, presentar la constancia, física o digital, del Formulario de Documentos Extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.
La cédula por primera vez tiene un valor de 5,00 dólares y por renovación 16,00 dólares. Para las personas con discapacidad igual o superior al 30%, no tiene costo. El pago puede realizarse en línea con tarjeta de crédito o débito, o de forma presencial en agencias bancarias autorizadas
(Redacción Imbabura).- La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, denunció una presunta persecución política y judicial en su contra, luego de que la Fiscalía abriera una investigación por presunto financiamiento al terrorismo.
A través de un pronunciamiento público, Vercoutère aseguró que el proceso forma parte de una estrategia estatal para acallar voces críticas y disidentes, especialmente de mujeres, dirigentes indígenas y defensoras de derechos humanos.
La viceprefecta relató que el 21 de septiembre sus cuentas bancarias fueron bloqueadas sin previo aviso, junto con las de otras lideresas sociales. Asegura que no recibió notificación ni se presentaron pruebas, lo que a su criterio constituye una violación al debido proceso.
Días después, el 26 de septiembre, su nombre apareció en redes sociales dentro de una lista de personas investigadas por presunto enriquecimiento privado no justificado. En respuesta, presentó una acción de protección para exigir la restitución de sus derechos, la cual fue negada por la justicia constitucional.
Aunque el 31 de octubre anunció haber conseguido el desbloqueo de sus cuentas, horas más tarde fue notificada nuevamente por un nuevo proceso judicial: financiamiento al terrorismo.
La abogada Sonia Vera, defensora de Vercoutère, aseguró que su clienta ha sido víctima de un patrón de hostigamiento desde que lideró movilizaciones y procesos de defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios.
Entre las acciones denunciadas figuran: Bloqueo arbitrario de cuentas sin orden judicial, procesos penales fabricados por supuestos delitos de terrorismo, vigilancia estatal y hostigamiento físico en Otavalo e Imbabura, estigmatización pública por parte de autoridades y medios afines al Gobierno.
Vercoutère advirtió que este tipo de procesos judiciales “con fines políticos” fomentan el miedo, la autocensura y la criminalización del liderazgo social, e hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen la situación en el país.
“No se trata solo de mi caso —subrayó—, sino del uso del poder judicial para callar a quienes piensan diferente”.
(Redacción Imbabura).- La indignación crece en Imbabura a 30 días desde la muerte del comunero indígena Fueres, oriundo de la comunidad de Cuicocha, quien falleció la mañana del domingo 28 de septiembre en el hospital de Cotacachi, y aún no se conoce a los responsables de su asesinato. Su muerte, ocurrida durante las protestas del Paro 2025, encendió las alarmas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policía nacional durante estas protestas.
La Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía abrió una indagación sobre el caso. Se conoce que Fueres perdió la vida tras recibir tres impactos de bala durante un enfrentamiento en el sector del puente Ilumán, en la vía Cotacachi–Otavalo. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni versiones oficiales por parte del Gobierno Nacional ni de las Fuerzas Armadas, pese a que en redes sociales circula un video que muestra el nivel de brutalidad ejercido contra el comunero.
En las imágenes se observa a cuatro personas que cargan a un hombre inconsciente mientras al fondo se observan dos tanquetas militares. Uno de los cargadores queda junto al herido mientras los demás huyen ante el ruido de disparos. Segundos después, una tanqueta se detiene y dos militares descienden: uno patea al inconsciente y otro agrede a su acompañante. En los dos minutos y cuarenta segundos que dura la grabación, se contabilizan al menos 33 golpes y patadas, en una escena que refleja un ciclo de violencia desmedida y una respuesta represiva imposible de justificar.
Según declaraciones de Verónica Yaquilema, presidenta de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), y Diana León, abogada de la organización para el portal GK, se informó que las comunidades tomaron fotografías antes del levantamiento del cuerpo para documentar las heridas de bala. La Fiscalía de Cotacachi y agentes de la Dinased realizaron el procedimiento correspondiente dentro del hospital, recogiendo prendas con evidencias de impacto de proyectil.
Como parte de la investigación, se informó que el cuerpo fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde una autopsia (presenciada por un familiar y un representante de INREDH) determinó que una bala ingresó por la espalda y salió por el pecho, fracturando la columna cervical y una costilla, con afectación al pulmón izquierdo, y falleció debido a una insuficiencia cardíaca.
Mientras tanto, el silencio oficial persiste. Ni el Gobierno Nacional ni las Fuerzas Armadas han emitido un pronunciamiento público, alimentando la sensación de impunidad e indignación entre las comunidades indígenas y defensores de derechos humanos.
Cronología de la muerte de Efraín Fueres.
27 de septiembre del 2025 (22h00 horas): Gobernación de Imbabura coordinó un convoy para salida de camiones.
Desde la página oficial de la Gobernación de Imbabura se publicaron unas imágenes y fotografías en donde se pudo observar a un grupo de camiones, escoltado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según el post de la Gobernación que luego fue borrado, la gobernadora de Imbabura, Elsy Landeta, coordinaba la salida de estos camiones y el ingreso de otros cargados de productos.
28 de septiembre del 2025 (06h30 am): Efraín Fueres recibió un impacto de bala.
Horas más tarde, varios comuneros en el sector de Ilumán atacaron estos camiones que intentaron abrirse paso y que finalmente en horas de la madrugada llegaron a Pichincha; sin embargo, un nuevo convoy de tráileres y camiones que entraba a Imbabura fue emboscado por comuneros nuevamente en el sector de Ilumán. Producto de este enfrentamiento, Efraín Fueres recibió un impacto de bala que acabó con su vida, un tráiler fue incendiado y más de 17 retenidos en la vía.
28 de septiembre del 2025 (09h30 am): Radio Ilumán confirma la muerte de Efraín Fueres
Mediante una entrevista en vivo a una comunera que acompañó el cuerpo de Efraín Fueres desde el hospital de Cotacachi, se confirmó lo que se temía: Efraín había fallecido.
29 de septiembre del 2025 (10h00 am): Organismos internacionales de derechos humanos investigan el caso.
Varios organismos nacionales e internacionales rechazan la violencia en Imbabura y piden que se conforme una investigación independiente para buscar los culpables de la muerte de Efraín Fueres.
21 de Octubre del 2025 (11h30 am): Fuerzas Armadas comparecen a la Asamblea Nacional
El jefe del Estado Mayor reconoce que dentro del operativo que terminó con la vida de Efraín Fueres, hubo un exceso del uso progresivo de la fuerza y constituye un acto de violencia.
21 de octubre del 2025 (12h30 pm): Denuncia por ejecución extrajudicial
En una reunión en la Asamblea Nacional, el abogado y excandidato presidencial Pedro Granja manifiesta que se ha denunciado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por el delito de ejecución extrajudicial.
30 de octubre del 2025 (09h30am); La Gobernadora de Imbabura no responde sobre la coordinación del convoy.
Al ser consultada sobre la coordinación del convoy que resultó en la muerte de Efraín Fueres, Elsy Landeta, gobernadora de Imbabura, manifestó que no puede entregar información; sin embargo, se manifestó que los convoys siempre fueron de carácter humanitario y que lamenta la muerte del mismo y que, al ser un tema en investigación, no se puede pronunciar, al final no quiso responder más preguntas.
Las protestas en Ecuador han dejado un rastro de dolor e impunidad. Aunque el saldo de víctimas fatales de las movilizaciones de 2025 es menor al registrado en octubre de 2022 y junio de 2019 (donde hubo siete y once fallecidos, respectivamente), el patrón de falta de justicia se mantiene.
Un ejemplo lamentable es el de Byron Guatatuca Vargas, quien murió el 21 de junio de 2022 tras ser impactado en el rostro por una bomba lacrimógena disparada por la Policía, hecho que le provocó una hemorragia interna y posteriormente su muerte. Su caso, investigado como ejecución extrajudicial desde el 22 de junio de 2022, es uno de los tantos que reflejan la falta de investigación del sistema judicial, pues el 93,3% de las muertes registradas durante las protestas siguen sin esclarecerse. Se conoce que de 15 casos, solo uno llegó a juicio y obtuvo condena, mientras los otros 14 permanecen estancados o fueron archivados. Estos antecedentes revelan una estructura de impunidad persistente, donde las muertes de manifestantes quedan sin esclarecimiento ni responsables. En este contexto, a un mes del fallecimiento de Efraín, todo indica que su caso podría seguir el mismo camino.
(Redacción Ibarra).- Esta mañana, cerca de mil quinientos manifestantes indígenas de la UNORCAC se movilizaron desde Cotacachi por la vía E35 en una caravana compuesta por camiones, camionetas y motocicletas, con destino a la ciudad de Ibarra; arribaron al Parque Ciudad Blanca y, al llegar, descendieron de los vehículos y comenzaron a agruparse para una marcha pacífica.
El recorrido continuó por las calles Fray Vacas Galindo y Obispo Mosquera, en las inmediaciones del Mercado Amazonas. Durante el tránsito, numerosos negocios y locales comerciales suspendieron temporalmente sus actividades para evitar confrontaciones o afectaciones a sus instalaciones; además, el servicio de transporte público interrumpió su servicio en el centro de la ciudad.
Posteriormente, los manifestantes se dirigieron hacia la calle Simón Bolívar con intención de llegar a la cárcel de Ibarra, transitando por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura. Además, un grupo de aproximadamente 100 personas se detuvo momentáneamente en el Obelisco de Ibarra antes de continuar su recorrido para unirse al resto de la manifestación.
Entre las consignas que se escuchan, los manifestantes exigen la derogatoria del Decreto 126, rechazan la constituyente propuesta por el presidente Noboa, solicitan esclarecer la muerte de Efraín Fuérez y piden la liberación de los 12 detenidos durante las manifestaciones en Otavalo.
La presencia militar y policial se mantiene en los alrededores del edificio de la Gobernación de Imbabura, con contingentes de la Policía Nacional y del Ejército. Aproximadamente a las 14:00, los manifestantes se concentraron en el Obelisco de Ibarra. Allí, dirigentes indígenas de la UNORCAC, junto al Pueblo Kichwa Karanqui y el Pueblo Natabuela, advirtieron a la ciudadanía ibarreña que, de no sumarse al paro nacional, la próxima vez recurrirán a acciones violentas y provocarán destrozos. Además, reconocieron públicamente que su objetivo es tomarse la ciudad a favor del paro, argumentando que esta medida busca un beneficio para todos.
Hoy en Imbabura 