(Redacción Imbabura).- Las autoridades locales se mantienen en estado de alerta luego de las declaraciones emitidas por Guido Marcelo Perugachi Guandinango, dirigente indígena vinculado a la UNORCAC, durante la marcha desarrollada la tarde de este miércoles en el centro de la ciudad.

Durante el mitin, realizado frente al obelisco, Perugachi advirtió que “se tomará Ibarra” si el Gobierno nacional no atiende las demandas del movimiento indígena y si los habitantes de la ciudad no se suman al paro. Las expresiones fueron interpretadas por las autoridades como una amenaza directa contra la seguridad y la integridad de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, la Fiscalía y la Policía Nacional ya habrían iniciado investigaciones para determinar el alcance de la amenaza y prevenir cualquier hecho que ponga en riesgo el orden público. El Municipio de Ibarra también dispuso el refuerzo de la vigilancia en los principales accesos y sectores estratégicos de la urbe.

Guido Perugachi, conocido en Cotacachi por su liderazgo dentro de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas (UNORCAC), ha ocupado cargos públicos en administraciones anteriores, entre ellos la gerencia de la empresa municipal Cotacachi E.P., donde estuvo involucrado en la firma del comodato de la Hostería Cuicocha, proceso que generó denuncias por presuntas irregularidades administrativas.

Según fuentes judiciales, sobre Perugachi pesan varias investigaciones abiertas en la Fiscalía General del Estado, relacionadas con presuntos delitos de violación, tráfico de influencias y peculado. Aunque estos procesos aún se encuentran en trámite, su historial ha generado cuestionamientos sobre su papel dentro del movimiento indígena.

Mientras tanto, la ciudad de Ibarra permanece en calma, aunque bajo un clima de tensión e incertidumbre. Las autoridades locales han reiterado su llamado a la paz, el respeto a la ley y la convivencia ciudadana, ante cualquier intento de desestabilizar la tranquilidad de los habitantes.

(Redacción Imbabura).- Un helicóptero de las Fuerzas Armadas del Ecuador, modelo Aérospatiale AS 350B2 Ecureuil, con matrícula AEE-323, sufrió un accidente la mañana de este miércoles mientras sobrevolaba una zona minera entre los cantones Urcuquí e Ibarra, en la provincia de Imbabura.

De acuerdo con información preliminar, la aeronave se encontraba realizando un vuelo entre la mina El Olivo y la mina antigua de San Gerónimo, ubicadas entre la parroquia Lita (cantón Ibarra) y la parroquia Buenos Aires (cantón Urcuquí), cuando posiblemente se enredó con los cables de las poleas utilizadas para transportar material minero, lo que provocó su caída.
Como resultado del siniestro, los pilotos y pasajeros resultaron heridos con politraumatismos y fueron atendidos inicialmente por equipos de emergencia con cuidados prehospitalarios, para luego ser trasladados a diferentes casas de salud de la zona.

Hasta el momento, las Fuerzas Armadas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del accidente ni el estado actual de los ocupantes. Personal militar y equipos de rescate permanecen en el sitio realizando labores de aseguramiento y recopilación de información para las investigaciones correspondientes.

(Redacción Imbabura).- La Corte Constitucional del Ecuador resolvió este sábado dejar sin efecto el toque de queda decretado por el Ejecutivo y mantener el estado de excepción únicamente en las provincias de Carchi e Imbabura, donde se registran los mayores niveles de conflictividad social.

El alto tribunal analizó los decretos 134 y 146 emitidos por el presidente Daniel Noboa, que establecían estado de excepción en siete provincias del país, como respuesta al paro nacional convocado por organizaciones indígenas. Tras su revisión, la Corte declaró que no existen condiciones actuales que justifiquen la medida en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas y Chimborazo, y por tanto las medidas excepcionales deberán levantarse en esos territorios.

En su dictamen, los jueces determinaron que solo Carchi e Imbabura presentan una situación que amerita la intervención del Estado bajo el marco constitucional, al evidenciarse bloqueos prolongados, alteraciones al orden público y afectaciones directas a la movilidad y abastecimiento.

El toque de queda, inconstitucional

La Corte declaró además inconstitucional la restricción de circulación nocturna, el toque de queda, en todo el país. Argumentó que el Gobierno no demostró que los hechos violentos ocurrieran durante la noche ni que la medida fuera proporcional o necesaria para restaurar la paz.

Con esta decisión, la libre circulación queda restablecida en todas las provincias, y las fuerzas del orden deberán actuar bajo las normas ordinarias y el respeto a los derechos humanos.

Llamado al diálogo

El máximo órgano de control constitucional exhortó al Ejecutivo y a las organizaciones sociales a “encaminarse hacia un diálogo democrático y transparente”, recordando que el uso de la fuerza en el marco del estado de excepción debe ser proporcional y excepcional.

La resolución llega en medio de una semana tensa en el norte del país, donde comunidades indígenas y campesinas mantienen cierres intermitentes de vías, especialmente en los cantones Otavalo, Cotacachi, Urcuquí e Ibarra.

Con la eliminación del toque de queda, se espera una reducción de tensiones en las zonas urbanas, aunque la continuidad del paro nacional mantiene en alerta a las autoridades locales y a los sectores productivos de la región.

(Redacción Otavalo).- En las últimas horas, los bloqueos en la vía E35 y en la Panamericana Norte han impedido el traslado de oxígeno al Hospital San Luis de Otavalo, lo que agrava la situación de pacientes en estado crítico. Ante esta emergencia, la vicepresidenta María José Pinto hizo un llamado urgente para mantener abiertos los corredores humanitarios:

“Gente querida de Otavalo, les hablo desde el corazón: el Hospital San Luis se está quedando sin oxígeno. Allí hay bebés, niñas y niños, personas mayores y pacientes críticos que lo necesitan para vivir”, señaló.

El mensaje buscó apelar a la solidaridad y al sentido de humanidad para permitir el paso de ambulancias, alimentos e insumos médicos. Sin embargo, mientras se ruega por el oxígeno, la entrada del presidente Daniel Noboa y su gabinete a territorio imbabureño estuvo acompañada de un fuerte despliegue: más de 100 vehículos, decenas de militares y policías, con blindajes y caravanas para asegurar el arribo presidencial.

La paradoja no ha pasado desapercibida: mientras se implora abrir un corredor humanitario para salvar vidas, el poder político y sus ministros sí lograron abrirse paso bajo una estrategia de seguridad que incluyó un impresionante operativo militar y policial.

Este contraste ha generado cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno Nacional en plena crisis: ¿por qué se facilita el paso del poder político con despliegues masivos, y no se despliega un operativo similar para la llegada de oxígeno a un hospital que atiende emergencias vitales?

(Redacción Imbabura).- Desde 1990, el movimiento indígena ha protagonizado algunas de las jornadas de protesta más decisivas en el Ecuador. Sus movilizaciones han durado desde pocos días hasta casi tres semanas, y han dejado tras de sí cambios políticos profundos, reformas legales y también un saldo doloroso de muertos y heridos.

El primer levantamiento indígena nacional, en junio de 1990, paralizó el país durante cerca de una semana y colocó en la agenda nacional la exigencia de reconocer al Ecuador como un Estado plurinacional, además de garantizar tierras y educación intercultural. Dos años más tarde, en 1992, la Marcha por la Tierra y la Vida desde la Amazonía logró que el Estado adjudicara más de 1,1 millones de hectáreas a comunidades Kichwa, Achuar y Shiwiar.

En 1994, las protestas contra la nueva Ley de Desarrollo Agrario marcaron un punto de quiebre con el gobierno de Sixto Durán-Ballén, que finalmente promulgó la norma pese al rechazo de la CONAIE. La fuerza del movimiento indígena se volvió a sentir en la política nacional con la caída de dos presidentes: Abdalá Bucaram, en 1997, y Jamil Mahuad, en enero del 2000, tras una insurrección cívico-militar que se opuso a la dolarización.

El paro de 2001 se extendió por casi dos semanas, con demandas de subsidios y mejoras sociales, y volvió a poner a prueba la capacidad de negociación de los dirigentes indígenas. Años más tarde, en octubre de 2019, el país vivió uno de los episodios más violentos de su historia reciente: once muertos, más de 1.300 heridos y más de mil detenidos fue el saldo de las protestas contra el Decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles. La presión social llevó a su derogatoria en cadena nacional.

En junio de 2022, otro levantamiento de 18 días, convocado por la CONAIE, dejó al menos cinco muertos y más de 300 heridos. El conflicto terminó con la firma del Acta por la Paz, que redujo el precio de los combustibles y abrió diez mesas técnicas de diálogo.

Hoy, en septiembre de 2025, Ecuador vuelve a enfrentar un paro nacional indígena que se inició el 22 de septiembre. En su primera semana ya se reporta la muerte de Efraín Fueres, en Imbabura, y múltiples enfrentamientos con la fuerza pública. La agenda de la CONAIE incluye la derogatoria del Decreto 126 sobre el diésel, la reducción del IVA y la liberación de detenidos. El gobierno insiste en que no cederá, mientras la dirigencia indígena anuncia que radicalizará las medidas.

A lo largo de tres décadas, los levantamientos indígenas han mostrado un patrón constante: cada ola de protestas surge por medidas económicas consideradas lesivas para los más pobres, suma demandas históricas como tierra, educación y salud, y termina con concesiones parciales, acuerdos formales o, en algunos casos, con cambios de presidente. Pero siempre dejan una huella de división, heridas abiertas y la certeza de que el movimiento indígena sigue siendo un actor político central en el Ecuador.