(Redacción Ibarra).- La novela de un presunto caso de corrupción en la liberación de vehículos en Movidelnor da un nuevo giro. Galo O., quien se encuentra investigado por presuntamente cobrar para liberar vehículos en la Empresa de Movilidad, enfrenta un nuevo proceso judicial, esta vez por usurpación y simulación de funciones públicas; según una denuncia, se hacía pasar por Intendente de Policía para solicitar favores en bares y centros de tolerancia.

En la denuncia que llegó el pasado 14 de marzo al despacho del Gobernador de Imbabura, Juan Sebastián Echeverría, una ciudadana propietaria de un bar en la ciudad de Ibarra manifestó que Galo O, se acercó el 22 de febrero del 2025 a las 23h35 diciendo que es el Intendente de Policía de Imbabura y le solicitaba los permisos de funcionamiento del bar. La propietaria del establecimiento entregó los permisos, pero le faltaba un papel. En ese instante, Galo O. manifestó que la situación se podría resolver si la propietaria le daba una botella de licor para ayudarle con este trámite.

La propietaria, por el miedo a una inminente clausura, procedió a atenderle a él y a un servidor policial que también está siendo investigado. En las cámaras de seguridad del sitio quedó registrado cómo Galo O. disfrutaba del licor y las atenciones de los propietarios, quienes tuvieron incluso que abrir hasta altas horas de la noche, para que los acompañantes de Galo O. pudieran disfrutar de la velada.

Sin embargo, la diversión le duró poco. La propietaria del bar se llevó la sorpresa de su vida cuando miró una entrevista en un medio de comunicación local, en donde el presunto intendente de Policía de Imbabura se presentaba como exfuncionario de Movidelnor EP y, además, manifestó que había laborado por más de dos años y, para sorpresa, se defendía y presentaba pruebas de descargo de un presunto caso de cobros indebidos en la liberación de vehículos en Movidelnor EP, por lo que fue despedido de la institución.

La indignación de la propietaria fue tal que, con el patrocinio de su abogado, dirigió una carta a la Gobernación de Imbabura para poner en conocimiento de la primera autoridad de la provincia este caso. El Gobernador, por su parte, acudió a la fiscalía de Administración Pública, en donde se aperturó una investigación por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

Esta no sería la única denuncia que recae sobre Galo O., ya que según se conoce en la Gobernación de Imbabura, existirían al menos tres propietarios más que han sido abordados por el presunto intendente de Policía.

Según el artículo 287 del Código Integral Penal (COIP), ese delito es sancionado con cárcel de uno a tres años.