(Redacción Ibarra).- La investigación realizada por el programa de Ecuavisa “Visión360”, desveló el conflicto legal que lleva a cabo el Sr. Darwin Bolaños Ortiz y varios socios, a fin de que se les reconozca, reivindque o de ser el caso repare la propiedad de los terrenos en los cuales se construyó el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) de Carpuela.

La propiedad que se encuentra en disputa comprende un área de 30 hectáreas de terreno de conformidad con la información y escritura de compraventa proporcionada por el señor Darwin Bolaños y que fue adquirida en el año 2003 al señor Manuel Mesías Pabón Lara. Los linderos que se determinan en la referida escritura coinciden con los terrenos en donde se asienta actualmente dicho complejo deportivo. 

El antecedente de propiedad de los terrenos en mención nos traslada al año 1996, cuando  Manuel Mesías Pabón Lara adquiere la propiedad mediante Sentencia despachada en el Juzgado Cuarto de lo Civil, dentro del trámite de Prescripción Ordinaria Adquisitiva de Dominio. Posteriormente a dicha sentencia se producen varios conflictos legales con la denominada Asociación de Trabajadores Agrícolas “Jesús del Carmen”, quienes argumentaban estar en posesión de dichas tierras y  que para el año 1999 presentaron ante el Juez Primero de lo Civil de Ibarra un Amparo Posesorio con número de expediente 360-99, la demanda fue rechazada en primera instancia y de igual forma en segunda instancia en la Corte Superior de Justicia de Imbabura. Para el año 2000,  la antedicha Asociación presentó un nuevo intento en busca de la adjudicación de los terrenos, pero ahora lo hizo al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario “INDA” ante el Director Regional en Imbabura, el expediente tiene el número de DDC-Q-04306. A esta pretensión se le dio una negativa con fecha 22 de mayo del 2000, argumentando que se intentaba inducir al error a la autoridad, ya que a la par se estaba desarrollando un Juicio Penal en contra de los representantes de la Asociación por el delito de Usurpación, puesto que mediante el uso de la violencia intentaban apropiarse del inmueble, el juicio tenía el número de expediente 301-99. Dentro este proceso penal se estaba demostrando que la propiedad se encontraba a nombre de Manuel Mesías Pabón Lara, dejando de esta forma de lado un nuevo intento de la “Asociación Jesús del Carmen” y sentando como presente que el INDA había negado el trámite de adjudicación de los terrenos.

El 01 de abril de 2005  y con la propiedad de los terrenos a nombre del señor Darwin Bolaños y sus socios, la “Asociación Jesús del Carmen” apela la resolución emitida en el año 1999 por parte del Director Regional del INDA en Imbabura, dicha apelación fue presentada al Director Nacional en el expediente de número 3406 del año 2005. De forma sorpresiva en esta ocasión se procedió a adjudicar las tierras a nombre de la “Asociación Jesús del Carmen” con fecha 02 de agosto de 2006.

Durante el proceso que se llevaba a cabo en el INDA por parte de la “Asociación Jesús del Carmen” y antes de que se les adjudique la propiedad de los terrenos, Bolaños y sus socios en el año 2005 presentaron un Escrito de Oposición ante el mismo INDA, buscando impedir que la propiedad sea adjudicada a nombre de la “Asociación Jesús del Carmen”. En dicho recurso se fijó un casillero judicial para que se les notifique como avanzaba el proceso y que a decir de la documentación que respaldan las declaraciones de Darwin Bolaños, no se les procedió a informar absolutamente nada, ignorandolos y dejándolos en la indefensión, violentando sus derechos y el debido proceso. Bolaños señala además que en la administración del Municipio de Ibarra de ese entonces, no se observó que la clave catastral que pertenecía a esos terrenos que se pretendían adjudicar a nombre de la “Asociación Jesús del Carmen” se encontraba a su nombre ya que anualmente cancelaron los impuestos y que de algún modo procedieron sin dilaciones a eliminarlos del catastro municipal y dar luz verde para que se pueda inscribir en el Registro de la Propiedad a nombre de la “Asociación Jesús del Carmen”.

Hay que considerar que cuando el Estado adjudica un terreno, se debe considerar varias condiciones que la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales puntualiza, para proceder a fraccionar y vender los terrenos adjudicados, señala que se debe mantener la propiedad de la tierra y trabajarla directamente y esperar hasta 15 años. Sin embargo a ello con fecha 6 de septiembre de 2007, la “Asociación Jesús del Carmen” procede a fraccionar y vender 8 hectáreas al Municipio de Ibarra y 22 hectáreas a una persona natural. En el caso del Municipio de Ibarra hay que mencionar que procede a comprarlas 8 hectáreas de terreno, cuando bien lo que pudo hacer esta institución y de acuerdo a sus facultades es proceder a expropiar dichos terrenos.

El 26 de agosto de 2011, el Municipio de Ibarra precedió a donar las ocho hectáreas que adquirieron, a nombre del Ministerio de Deporte, con el fin de que se cumpla con el proyecto de construir el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) de Carpuela.

En el año 2012 Bolaños y sus socios presentan el Recurso de Revisión a la Adjudicación ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), con la finalidad de que revise por parte de esta institución la arbitrariedad que ellos acusan fueron sujetos. Dicho recurso fue aceptado y con fecha 30 de junio de 2015 la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria resolvió revertir la adjudicación de forma parcial, sobre los terrenos que se adjudicaron a nombre de la “Asociación Jesús del Carmen”. Sin embargo, el Ministerio del Deporte representado en ese entonces por Catalina Ontaneda, con fecha 21 de julio 2015, presentó una apelación a la resolución que emitió la Subsecretaría Tierras y Reforma Agraria, dicha apelación se la presentó ante el Ministro de Agricultura. El argumento que esgrimió principalmente el Ministerio del Deporte se refería a que se trataba de un conflicto de linderos y que por lo tanto no debía ser resuelto por parte del MAGAP, sino que, debía llevarse ante uno de los juzgados de lo civil, por lo que la decisión inicial fue desechada. Finalmente en el 2016, se resolvió por parte de Javier Ponce, Ministro de Agricultura, que su ministerio no tenía “competencia” para resolver el tema. 

A decir de Bolaños y conforme consta en su documentación de respaldo el Ministerio del Deporte le «advirtió» al MAGAP que, si se ratifica la resolución de la Subsecretaría Tierras y Reforma Agraria luego de la apelación, serían ellos quien deben asumir el valor de los gastos de inversión realizados por el Ministerio del Deporte que ascienden a veinte millones de dólares.

Actualmente Darwin Bolaños y sus socios presentaron un Recurso de Revisión ante el MAGAP, quienes ordenaron se realicen diligencias periciales sobre el territorio y que fueron despachadas el pasado 15 de julio del 2020, en donde se citó a los involucrados y estuvo presente ningún delegado del Ministerio del Deporte. Una vez que se dio la diligencia las partes se encuentran a la espera de una decisión que les brinde la tranquilidad.

La pretensión de Darwin Bolaños y sus socios, buscan llegar a un acuerdo con las autoridades, a fin de que reconozca sus derechos, ya sea el otorgamiento de terrenos en otro sitio, que a decir de Juan Antonio López Subsecretario de Tierras y Terrenos ancestrales no sería posible ya que no está dentro de su competencia según expresó a “Visión 360”. Otra de las formas de terminar el conflicto según Bolaños es que se cancele el valor monetario de los terrenos más los gastos generados en los procesos.

Andrea Sotomayor actual Secretaria del Deporte, en declaraciones a “Visión 360” reconoce que existe un reclamo que se puede sustentar por parte de Bolaños y sus socios, pero también la documentación que el Ministerio del Deporte en ese entonces recibió es clara y pertinente y que recibieron un bien saneado. El problema es generado netamente por el entonces Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).

Dentro de un proceso que apunta a que tomará mucho tiempo para llegar a una solución y que se deberá agotar todas las instancias legales antes de tener un fin, se busca la reivindicación de derechos que los afectados reclaman se vulneraron por parte de una institución (INDA) que en su tiempo no tomo las precauciones procesales y legales para adjudicar terrenos. Generando conflictos actuales a otra institución como la Secretaría del Deporte, que se ve afectada y con un  Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento cuyo futuro es aún más complejo que la realidad actual.