(Redacción Imbabura). El Gobierno de Daniel Noboa anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos a nivel nacional, una medida que, aunque aún no detalla cuántos trabajadores serán afectados en la provincia de Imbabura, ya despierta un debate sobre el tamaño del Estado y su papel en la economía y los servicios públicos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Imbabura registra actualmente 18.581 servidores públicos, una cifra que casi se duplicó durante la presidencia de Rafael Correa (2007–2017), cuando pasaron de 10.443 a 18.741. Este incremento respondió a una política de expansión estatal que apostó por fortalecer la presencia del Estado a través de nuevos hospitales, escuelas, instituciones públicas y programas sociales. La contratación de personal fue clave para operar esta estructura.

Sin embargo, esa misma expansión generó una carga fiscal elevada. Tras la caída de los precios del petróleo y el endeudamiento progresivo, el Estado comenzó a mostrar señales de desgaste económico. Desde 2017, con Lenín Moreno, se redujo el ritmo de contrataciones, y con Guillermo Lasso el número de funcionarios disminuyó aún más.

Hoy, la decisión de Noboa de reducir 5.000 plazas se presenta como una medida de contención frente a una crisis fiscal profunda. El recorte apunta a un Estado más liviano, en teoría más eficiente, pero también implica riesgos: menos personal podría significar reducción de servicios públicos en sectores clave como salud, educación y seguridad.

En provincias como Imbabura, donde muchas familias dependen de empleos estatales, la medida podría tener un impacto social y económico considerable.