(Redacción Imbabura).- La rendición de cuentas 2025 de la Policía Nacional en Imbabura revela una brecha que impacta directamente en la seguridad: la provincia opera con menos uniformados de los que recomienda el estándar internacional.
Según los datos presentados, Imbabura tiene 469.879 habitantes. De un total de 1.033 efectivos, apenas 914 cumplen funciones preventivas, es decir, son los que realizan patrullaje en territorio.
Bajo el estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes, la provincia debería contar con al menos 1.380 agentes operativos. Sin embargo, actualmente hay 1.033 policías en funciones, lo que representa un déficit de 347 uniformados y reduce la cobertura a aproximadamente 225 por cada 100.000 habitantes.
Ciudad Blanca: menos de la mitad del personal necesario
El Distrito Ciudad Blanca, el más poblado, concentra 209.816 habitantes, pero cuenta con solo 297 policías operativos. Aplicando el estándar internacional, este sector debería tener cerca de 630 policías. La cifra actual representa menos del 50% del personal requerido, evidenciando una presión operativa constante.
Patrullaje extendido y respuesta limitada
Con una extensión cantonal de 1.093 km² y apenas 297 policías en funciones operativas, la carga territorial en el Distrito Ciudad Blanca resulta considerable: en promedio, cada uniformado tendría que cubrir cerca de 3,7 km². Sin embargo, en la práctica —debido a turnos, descansos y otras funciones— el número de agentes en calle se reduce significativamente, lo que puede elevar la cobertura a más de 10 km² por policía en servicio. Esto implica que un solo uniformado podría estar respondiendo en un radio cercano a los 2 kilómetros a la redonda, una distancia que limita el patrullaje preventivo y refleja cómo la falta de personal termina diluyendo la presencia policial en amplios sectores del cantón.
Poco personal para investigar
A esto se suma que solo 102 policías están en investigación y 17 en inteligencia. Lo que refleja una estructura enfocada en patrullaje, pero con limitaciones para enfrentar delitos complejos o estructuras criminales.
Las cifras oficiales muestran que Imbabura no solo enfrenta problemas de inseguridad, sino también una limitación de personal. Con menos policías de los necesarios en las calles, la provincia opera al límite de su capacidad, en un escenario donde la demanda de seguridad supera claramente los recursos disponibles.
Durante la visita del ministro Reimberg a Ibarra, el pasado 26 de marzo, se le consultó sobre el déficit de personal policial frente a una provincia con alta población. El funcionario aseguró que se incrementaría el número de efectivos y se reforzaría el parque automotor para mejorar la seguridad; sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre si este ofrecimiento se ha cumplido en los meses posteriores.
(Redacción Internacional).– La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), advirtió que el período comprendido entre 2015 y 2025 ha sido el más caluroso jamás registrado en el planeta, confirmando una tendencia sostenida de aumento de temperaturas a nivel global.
El informe señala que 2024 se posiciona como el año más cálido registrado, mientras que 2025 ocupa el segundo o tercer lugar, lo que evidencia la continuidad del calentamiento global.
Según los datos, la temperatura media global se ubicó alrededor de 1,43 °C por encima de los niveles preindustriales, acercándose al límite crítico de 1,5 °C establecido en acuerdos internacionales para evitar impactos climáticos severos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la repetición de estos récords no es un hecho aislado, sino una señal clara de la urgencia de actuar frente al cambio climático, instando a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para reducir emisiones.
El documento también explica que este fenómeno responde a un desequilibrio energético del planeta, ya que la Tierra está absorbiendo más energía del Sol de la que libera al espacio, situación agravada por el aumento de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.
Además, el informe destaca que el calor en los océanos ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que ha provocado el aumento del nivel del mar, el derretimiento de glaciares y una mayor intensidad de fenómenos climáticos extremos.
Situación en Ecuador
En Ecuador, el año 2024 estuvo marcado por condiciones climáticas inusualmente cálidas, en línea con el contexto global que lo posiciona como el año más caluroso registrado. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), se evidenció un incremento en las temperaturas máximas en varias regiones del país, acompañado de niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos, especialmente en la Sierra.
El INAMHI ha advertido que en años recientes Ecuador ha experimentado una tendencia a la disminución de precipitaciones en ciertas temporadas, con períodos más secos de lo habitual. Esta falta de lluvias, combinada con temperaturas elevadas, ha incidido en la reducción de caudales, afectaciones al sector agrícola y una mayor presión sobre los recursos hídricos.
Además, la influencia de fenómenos como El Niño ha contribuido a intensificar estas condiciones, generando variabilidad climática que se traduce en extremos más marcados: épocas más cálidas, radiación más intensa y una distribución irregular de las lluvias.
Situación de Imbabura y su capital
En provincias de la Sierra, entre ellas Imbabura, se ha consolidado una creciente percepción ciudadana de que las temperaturas son más intensas que en años anteriores. En Ibarra, tras una consulta realizada por nuestra redacción, varios habitantes coincidieron en que la sensación térmica ha variado notablemente en los últimos años, con un aumento más evidente del calor durante las horas diurnas.
Especialistas explican que este fenómeno no responde únicamente a la variabilidad climática global, sino también a factores locales como la expansión urbana, el incremento de construcciones y la reducción de áreas verdes. Estas condiciones favorecen la formación de las denominadas islas de calor urbanas, que elevan la temperatura en sectores densamente poblados y acentúan la percepción de calor.
(Redacción Ibarra).- El Concejo Municipal de Ibarra aprobó la Ordenanza Sustitutiva para la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón, luego de más de diez años sin actualización. La normativa anterior databa de 2011, mientras que la tabla de cobros se mantenía vigente desde 2003, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que debe revisarse anualmente.
Uno de los principales beneficios de la nueva ordenanza es que no se incrementa ningún valor en la inscripción de bienes de hasta 90.000 dólares, lo que garantiza que los proyectos sociales y créditos preferenciales continúen sin afectar a la ciudadanía. Estos trámites representan más del 80% de las inscripciones que realiza la entidad.
Además, los procesos de aclaración o rectificación de errores en escrituras o resoluciones tendrán un costo reducido al 25% del valor original. Por ejemplo, si una inscripción costaba 200 dólares, la aclaración ahora costará solo 50, en beneficio directo de los usuarios.
La actualización también busca mantener costos justos y sostenibles. Según la entidad, algunos trámites tenían valores que representaban menos del 10% del costo real del servicio. En ese sentido, se ajustaron aranceles como el certificado de gravamen, que pasa de 7 a 11,75 dólares (2,5% del salario básico unificado). Este ajuste, explican las autoridades, no representa un aumento repentino, sino la regularización de un rezago de casi dos décadas.
El Registro de la Propiedad de Ibarra destaca además por su eficiencia y modernización. Actualmente, el 95% de los certificados se entregan el mismo día de su solicitud, y los trámites se inscriben en un promedio de 24 a 48 horas. Para mantener este servicio, la institución avanza en la implementación del sistema de Folio Real, que asignará una clave única a cada bien inmueble, optimizando los tiempos de atención y reforzando la seguridad jurídica.
En materia de inclusión, la ordenanza contempla exoneraciones del 50% en aranceles para personas adultas mayores y personas con discapacidad superior al 30%, en cumplimiento de la ley. Asimismo, los procesos de justificación por homónimos —cuando se deben corregir errores ajenos al usuario— dejarán de tener costo, como una medida de equidad hacia los ciudadanos.
Con esta reforma, el Registro de la Propiedad de Ibarra busca equilibrar la sostenibilidad institucional con un servicio ágil, transparente y acorde a las necesidades actuales del cantón.
(Redacción Ibarra).- En pleno corazón del centro histórico de Ibarra, en la esquina de las calles Bolívar y Flores, se levanta un edificio que durante décadas fue símbolo de poder y gestión provincial. Hoy, sin embargo, la antigua Gobernación de Imbabura se tambalea entre el deterioro estructural y una maraña administrativa que amenaza con sepultar su valor histórico.
El inmueble pertenece al Gobierno Nacional, pero su uso fue cedido a la Gobernación bajo una condición tajante: si no lo ocupa, debe devolverse. “El edificio fue entregado por la Corte Nacional con la obligación de ser utilizado por nuestra entidad. Si no cumplimos, estamos obligados a devolverlo”, advirtió Israel Cabezas, gobernador de Imbabura.
La paradoja es evidente, el estado actual del edificio hace inviable su uso, pero tampoco se puede restaurar con facilidad, pues la Gobernación carece de los recursos necesarios.
Los técnicos calculan que la restauración completa del inmueble demandaría 1,6 millones de dólares, una cifra que aumenta día tras día a medida que avanzan las filtraciones, el debilitamiento de la estructura y la proliferación de plagas. Lo que alguna vez fue símbolo de orgullo provincial, hoy es un peligro latente para quienes transitan el centro de la ciudad.
Frente al abandono nacional, la Alcaldía de Ibarra ha tomado cartas en el asunto con intervenciones de emergencia: instalación de sobrecubiertas, control de maleza y plagas, y medidas de seguridad para evitar accidentes. Sin embargo, estos esfuerzos significan un gasto constante para el municipio, que no consta como dueño del edificio.
La alcaldía ha propuesto asumir la restauración y la titularidad del inmueble para integrarlo a los programas de conservación patrimonial, pero hasta ahora la respuesta del Gobierno Central ha sido un silencio que pesa tanto como las grietas en sus muros. Mientras tanto, el emblemático edificio sigue cayéndose a pedazos. Cada día que pasa, el costo de salvarlo se incrementa, y con él, el riesgo de perder para siempre una de las joyas arquitectónicas más importantes del centro de Ibarra.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
Ibarra.- En rueda de prensa se informó sobre la situación económica de la Prefectura de Imbabura. | Foto: Cortesía
(Redacción Ibarra).- Las directivas de la Asociación de Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura y del Sindicato de Obreros de la misma institución, esta mañana brindaron una rueda de prensa, para mostrar su postura frente a los efectos negativos que estaría causando la falta de transferencia de los recursos asignados por parte del Gobierno Nacional a la institución provincial.
José Noboa, secretario del Sindicato de Trabajadores, pidió disculpas a la ciudadanía imbabureña, por la paralización de actividades. “La situación es muy compleja porque tenemos que pagarnos la alimentación en los diferentes campamentos que pernotamos y los compañeros ya no cuentan con recursos”, dijo. No descartó además la posibilidad de salir a las calles en medida de protesta.
Por su parte, Polo Martínez, presidente de la Asociación de Empleados, manifestó que son conscientes de la crisis por la que atraviesa el país, sin embargo, a Imbabura ya suman cuatro meses, en los que no se han realizado las transferencias a la institución. “Estamos a punto de llegar a una total paralización, ya que los recursos que nos permiten operar nuestra maquinaria, el recurso humano y técnico son cada día mas escasos. Las pocas reservas con las que contamos están destinadas a atender necesidades urgentes”, expresó.
Fausto Lima, director financiero de la Prefectura, aseguró que de no solucionarse la situación lo más pronto posible, algunas obras tendrán que ser suspendidas. “Tenemos que suspender las obras porque no tenemos recursos para atender las planillas y anticipos de procesos que ya se encuentran adelantados en el portal de Compras Públicas. A través del Congope hacemos importantes gestiones, pero lastimosamente en la caja fiscal no hay recursos, afectando también a los GAD Parroquiales que, al igual que nosotros dependen de los recursos del Estado”, finalizó el funcionario.
En días pasados, Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, manifestó su preocupación por la no transferencia de recursos, que por ley le corresponde al Gobierno Provincial. Jurado manifestó que la deuda suma ya los 12 millones de dólares, que no han sido adjudicados desde marzo.
Señalo además que solo ha sido transferido el 15% de los recursos correspondientes al mes de marzo, y eso implica un desequilibrio en la administración, ya que compromete la ejecución de obras y las remuneraciones de los trabajadores.
“Hay un alto riesgo en un momento no muy lejano tengamos que cerrar las puertas porque financieramente estamos quebrados”, manifestó el prefecto.
