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¿Quiénes son y cuál es la experiencia de los nuevos asambleístas de Imbabura?

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(Redacción Imbabura).- En el marco de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo 9 de febrero de 2025, con la totalidad de actas escrutadas, se confirma la asignación de los cuatro escaños para la Asamblea Nacional en representación de la provincia de Imbabura.
Pamela Aguirre, del movimiento RC5, obtiene el primer escaño, consolidándose como la candidata con más votos. En segundo lugar, se ubica Fernando Jaramillo del movimiento ADN; Fernando de la Torre, también de Revolución Ciudadana (RC5), se adjudica el tercer curul, mientras que Pablo Jurado, del movimiento Construye, ocupará el cuarto escaño.

A continuación, presentamos el perfil de los nuevos asambleístas que representarán a nuestra provincia para el siguiente período legislativo.

Pamela Alejandra Aguirre Zambonino (41 años)
Asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana RC5
Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito político; se graduó en 2013 como Licenciada en Ciencias Jurídicas y Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en 2020 obtuvo una Maestría en Asesoría de Imagen y Consultoría Política por la Universidad Camilo José Cela.
En el sector legislativo se desempeñó en 2014 como Secretaria Relatora de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa en la Asamblea Nacional; un año después asumió el rol de asesora en la Comisión Especializada Ocasional de Enmienda Constitucional en la Asamblea Nacional. En 2016, continuó su labor como asesora de asambleísta en la Asamblea Nacional.
Aguirre también ha formado parte de espacios internacionales, integrando desde 2018 la Plataforma Interamericana de Mujeres Líderes en Educación Superior. Entre 2017 y 2020, ejerció como parlamentaria andina y en el periodo 2021-2023 fue elegida como asambleísta nacional por la provincia de Imbabura.

Roberto Fernando Jaramillo Martínez (49 años)
Asambleísta por el Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN)
Es abogado y docente universitario; obtuvo su licenciatura en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas en 2003 en la Universidad Técnica Particular de Loja. En 2004 se graduó de abogado y, en 2006, alcanzó el título de Doctor en Jurisprudencia en la misma universidad.
Entre 2009 y 2013, ejerció como docente universitario en la Universidad Técnica del Norte y fue presidente del Colegio de Abogados de Imbabura entre 2018 y 2020.
Desde 2023 es asambleísta en representación de la provincia de Imbabura.

Fernando de la Torre (46 años)
Asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana RC5
Con una formación en Agronegocios Avalúos y Catastros por la Universidad Técnica del Norte, Fernando se graduó en el año 2010. Su trayectoria comunitaria comenzó en 2013 como coordinador en el Plan de Alfabetización Dolores Cacuango en la parroquia Ilumán de Otavalo y el cantón Cotacachi.
También ha dirigido la Junta de Agua Potable de la parroquia Ilumán. En 2019 participó activamente en el Proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura, un esfuerzo clave para mejorar el acceso de este recurso a varios sectores de la provincia.

Pablo Aníbal Jurado Moreno (64 años)
Asambleísta del Movimiento Construye
Cuenta con una larga gestión pública. Fue alcalde de Ibarra entre 2005 y 2009. En 2010 obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Información en la Universidad Central del Ecuador, y en 2017 se graduó como abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja.
Su experiencia en administración provincial se consolidó al ser electo prefecto de Imbabura durante casi una década, desde 2014 hasta 2023. Además, en 2023 obtuvo una Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja.

Con estos resultados, la provincia define sus representantes en la Asamblea, quienes asumirían el reto de cumplir con las demandas ciudadanas para este nuevo período 2025-2029.

La «novela» de la venta de un terreno adjunto al parque Ciudad Blanca está en su recta final

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(Redacción Ibarra).- La “novela” que se armó en torno a la venta del terreno adjunto al parque Ciudad Blanca entró en la recta final y sin duda a dejado algunas cosas claras en torno a la venta del predio, que a decir de la Municipalidad de Ibarra servirá para el financiamiento de varias obras en el cantón.

Ayer se subió al portal del Consejo de la Judicatura el acta de resolución de la sentencia dictada por el juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el cantón Ibarra, Doctor Edwin Mauricio Cahueñas, juez ponente dentro de la causa 10281-2024-00205, que siguió un grupo de ciudadanos, entre los que se encuentran Betty Romero, ex concejala de Ibarra por la Revolución Ciudadana, Irina Chávez ex candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica, Juan Arias ex candidato a alcalde de Ibarra, Juan Manuel Mantilla ex concejal y ex candidato a Prefecto de Imbabura, entre otros personajes vinculados con el partido Revolución Ciudadana RC5 del prófugo ex presidente Rafael Correa.

Esta acción constitucional de protección, fue rechazada en este juzgado en vista de que al determinar los hechos no se desprende la existencia de ninguna violación de derechos constitucionales; y conforme con las respuestas emitidas en esta sentencia, hay temas específicos cuya vía adecuada y eficaz es ante la justicia ordinaria, acorde con el Art. 42 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Dentro de los puntos determinados en esta decisión, los demandantes no pudieron justificar que es un bien público o de uso público, según la argumentación del juez que conoció esta causa, el Informe Jurídico, en ninguna de sus partes señala que “cuando hubo la donación era un bien de uso público” y manifiesta en su resolución que no tenía por qué “aplicar” (en el término referido por los Legitimados Activos) el artículo 423 del COOTAD, ya que de la certificación del Registro de la Propiedad del cantón Ibarra, el bien inmueble del caso en concreto es de dominio privado. Finalmente se concluye entonces que, de conformidad con el Certificado emitido por el Registro de la Propiedad del cantón Ibarra, el Inmueble Municipal 3.2 con clave catastral 10010412005025000000000 es de dominio privado.

Adicionalmente el juez fue enfático en referirse a como fue planteada desde su inicio esta causa, en vista de que se intentó tomar el nombre de la ciudad, ya que se solicitó “Se declare la vulneración de los Derechos Constitucionales a la ciudad de Ibarra…”, sin embargo el Art. 66 numeral 23 de la CRE en su parte pertinente que dice: “No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”; y manifiesta que en el caso concreto las personas que presentan esta acción de protección, comparecen (según su libelo inicial) por sus propios y personales derechos – sin que hayan podido demostrar el daño que les haya causado este acto normativo de carácter administrativo que impugnan – subjetivamente; posterior, y ya estando en el desarrollo de la audiencia, cambian su comparecencia y se presentan a nombre de la ciudad de Ibarra, es por ello que solicitan “se declare la vulneración de los derechos constitucionales a la ciudad de Ibarra”

Es por ello que los legitimados activos no pueden comparecer a nombre del pueblo Ibarreño; ya que como dejo sentado, la acción de protección tutela los derechos constitucionales “de la persona o personas afectadas”, más éstas no pueden presentarse a nombre de una sociedad en general.

DESCARGUE LA SENTENCIA COMPLETA AQUÍ

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Paolina Vercoutere, viceprefecta de Imbabura por la Revolución Ciudadana, pide investigar accionar de Jorge Glas

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(Redacción Imbabura).- La Viceprefecta de Imbabura Paolina Vercoutere Quinche, es la única autoridad electa de la Revolución Ciudadana que ha manifestado su postura públicamente frente a los audios filtrados y el embrollo que envuelve al ex vicepresidente de la República Jorge Glas, el Asambleísta, ahora independiente, Ferdinan Álvarez y Soledad Padilla ex asesora de Glas, en su cuenta de X (Twitter) la autoridad provincial expresó lo siguiente:

«Como mujer política, feminista, militante y autoridad local electa por RC, invito a la dirigencia del partido a aplicar los protocolos pertinentes para investigar, clarificar y sentar precedentes para erradicar las violencia en los espacios políticos, los estatutos de @RC5Oficial establecen el marco legal para efectivizar procedimientos e impedir la impunidad de los casos de violencia» afirmó Vercoutere.

Recordó además que como mujer, feminista y política conoce todos los problemas que desencadenan el enfrentarse al -poder masculino-; «Frente a la denuncia de acoso y violencia sicológica que involucra al ex vicepresidente Glas, como mujer, feminista y política, conozco de primera fuente los costos a pagar cuando levantamos la cabeza frente al poder masculino, en los partidos, organizaciones, instituciones» afirmó.

«Este hecho solo confirma las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, de todos los colores, todos los partidos, las organizaciones. Prácticas de dominación y supervivencia. No asombra, más allá de lo novelesco, es realidad que vértebra las relaciones sociales, es reflejo de cómo funciona la sociedad: cómo vamos a tener partidos con prácticas exentas de violencia en una sociedad patriarcal y machista, donde el cuerpo de las mujeres es moneda de uso para negociar poder, prestigio, que nos pregunten a nosotras» continua en su hilo de X (Twitter).

Los hilos de X (Twitter) aquí.