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Tres aprehendidos y arma de fuego incautada tras persecución policial en Ibarra

(Redacción Ibarra).– La noche de ayer, mediante una rueda de prensa, la Policía Nacional dio a conocer los pormenores de la intervención registrada horas antes en la intersección de las calles Teodoro Gómez de la Torre y Sánchez y Cifuentes, en Ibarra, hecho que fue ampliamente difundido por ciudadanos a través de redes sociales.

El operativo, que se inició en el sector de Caranqui, derivó en la persecución y posterior aprehensión de tres ciudadanos ecuatorianos que se movilizaban en una camioneta sin placas y con vidrios polarizados.

Según detallaron las autoridades, los uniformados que realizaban patrullaje preventivo identificaron el vehículo en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes emprendieron la huida, lo que dio paso a una persecución ininterrumpida. En medio del procedimiento, y con el objetivo de neutralizar la amenaza, los agentes realizaron detonaciones de arma de fuego, situación que generó alarma entre los ciudadanos.

Durante el seguimiento, los sospechosos arrojaron una maleta desde el interior del automotor y continuaron su marcha, ignorando las órdenes de detenerse. Finalmente, fueron interceptados a la altura de la intersección de la avenida Teodoro Gómez de la Torre y Sánchez y Cifuentes.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos Jan C., quien registra antecedentes por tenencia y porte de armas (2016); Kevin C., con antecedentes por violación (2025); y Óscar C., con antecedentes por robo (2018), presuntamente vinculado a un grupo de delincuencia organizada.

Tras la intervención, los agentes verificaron la maleta arrojada, encontrando en su interior herramientas como llaves, cuchillos, una cizalla, así como prendas de vestir oscuras y pasamontañas. En el vehículo también se halló un arma de fuego tipo revólver y un objeto con características similares a un arma, que sería de juguete.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.

Camión de presunto contrabando huyó durante operativo policial en Quinchuquí

(Redacción Otavalo).- Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, desarrollado la mañana de ayer en la comunidad de Quinchuquí, en el cantón Otavalo, terminó en medio de tensión y momentos de alto riesgo, según relataron moradores del sector.

La intervención tenía como objetivo la incautación de un camión que transportaba cerveza de presunto contrabando. No obstante, al inicio del procedimiento se registró un intercambio de disparos, lo que generó alarma entre los habitantes.

En medio del operativo, el camión con la mercadería emprendió la huida circulando en contravía, convirtiéndose en un peligro inminente para quienes transitaban por la vía y aumentando el nivel de riesgo en la zona.

Posteriormente, la organización comunal intervino para impedir que los uniformados se llevaran el vehículo, argumentando que no existía autorización para el ingreso a espacios considerados estratégicos dentro de la comunidad, como el estadio local.

Un representante del cabildo indicó que, ante la tensión generada, los dirigentes solicitaron la retirada de la Policía con el fin de evitar una escalada del conflicto. Los uniformados accedieron a retirarse, dejando el camión bajo resguardo de la comunidad.

Tras estos hechos, los comuneros procedieron a inspeccionar el contenido del vehículo para descartar la presencia de armas o sustancias sujetas a fiscalización. Según lo informado, se confirmó que la carga correspondía únicamente a mercadería de presunto contrabando.

Los dirigentes señalaron que se elaborará un acta de compromiso con los propietarios del camión y la mercancía, con el fin de que abandonen el lugar.

En el contexto de lo sucedido, comerciantes involucrados —en su mayoría ciudadanos afroecuatorianos— entregaron parte de la mercadería a los comuneros como muestra de agradecimiento por el respaldo brindado.

Habitantes de Quinchuquí reiteraron que no permitirán el ingreso de armas ni drogas a su territorio, aunque afirmaron que respaldarán a quienes buscan sustento a través del comercio.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este incidente.

Dos detenidos por el doble asesinato de los hermanos Brazales Argoti en Otavalo

(Redacción Imbabura).- Policía Nacional logró la captura de dos ciudadanos señalados como presuntos responsables de un doble asesinato ocurrido en Otavalo. El procedimiento se llevó a cabo el día de ayer como parte de acciones operativas enfocadas en combatir el crimen organizado por parte de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (DINASED) de la Subzona Imbabura.

El hecho investigado se remonta al pasado 19 de enero, cuando los hermanos Edwin y Oscar Brazales Argoti, de 46 y 39 años, fueron atacados con arma de fuego en las inmediaciones de la avenida 31 de Octubre y la calle Juan Montalvo, en el centro de Otavalo. Producto del ataque, ambas víctimas fallecieron en el lugar.

Tras el levantamiento de evidencias en la escena, entre ellas indicios balísticos, y el desarrollo de diligencias investigativas, las autoridades identificaron a posibles implicados. Las indagaciones incluyeron entrevistas y análisis de información que apuntarían a la participación de una estructura delictiva organizada.

Con orden judicial, agentes especializados ejecutaron un operativo en el cantón Cotacachi, donde se concretó la detención de los sospechosos. Durante la intervención, se incautaron varios elementos que serán sometidos a pericias, entre ellos una motocicleta, teléfonos móviles y prendas de vestir.

De acuerdo con las primeras hipótesis, los detenidos identificados como F. T. J. y S. G. J. tendrían vínculos con el grupo de delincuencia organizada “Los Choneros”, lo que refuerza la línea investigativa sobre la participación de redes criminales en este caso.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Video viral en Quito abre debate sobre derecho a la intimidad y la difusión de procedimiento policial

(Redacción Ecuador).- La difusión de un video en el que se observa a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo en Quito ha reactivado el debate sobre los límites legales de este tipo de actos en espacios públicos y el alcance de la intervención policial. El hecho se registró en el sector de La Mariscal, cerca de la Plaza Foch, donde agentes de la Policía Nacional, durante un patrullaje nocturno, sorprendieron a la pareja en el interior de un automóvil estacionado.

En Ecuador, mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo en un espacio público no constituye un delito, ya que esta conducta no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). No obstante, los ocupantes podrían estar expuestos a sanciones administrativas de carácter municipal por el uso indebido del espacio público, así como a intervenciones derivadas de denuncias ciudadanas si se considera que el acto afecta el orden público o la convivencia.

Además, podrían generarse otras infracciones si el vehículo se encuentra estacionado en un lugar no permitido o agravantes como la participación de menores de edad, la falta de consentimiento o la presencia de violencia, casos en los que se configuraría un delito contra la integridad sexual.

Expertos señalan que, si bien los agentes están facultados para realizar controles en espacios públicos, deben actuar bajo principios de proporcionalidad y respeto a los derechos ciudadanos. La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la privacidad, la honra y la imagen personal. Aunque un vehículo no tiene la misma protección que un domicilio, sí existe una expectativa razonable de intimidad que exige intervenciones prudentes.

CASOS ANTERIORES EN EL PAÍS

En marzo de 2022, se difundió un video en el que se observaba a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo estacionado en un terreno baldío en Guayaquil, situación en la que intervinieron agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). En ese entonces, la entidad aclaró que el material no fue grabado por su personal, sino que fue difundido por un ciudadano.

Otro hecho ocurrió el 24 de junio de 2023, cuando una pareja fue captada manteniendo relaciones sexuales en una cabina de la Aerovía, un sistema que prohíbe expresamente la realización de “actos indebidos que atenten contra las buenas costumbres”. El video fue posteriormente viralizado en redes sociales por un operador, a partir de imágenes obtenidas del sistema de vigilancia del Consorcio Aerosuspendido Guayaquil.

En estos casos, la difusión de este tipo de contenido sin consentimiento podría constituir el delito de violación a la intimidad, sancionado con penas de uno a tres años de prisión, de acuerdo con el artículo 178 del COIP. En el ámbito administrativo, algunos municipios han regulado estas conductas; por ejemplo, el Municipio de Pastaza mantiene vigente, desde 2016, una ordenanza que prohíbe mantener relaciones sexuales en espacios públicos como calles, plazas, aceras, parques y escenarios deportivos.

Este nuevo suceso en Quito evidencia los vacíos y límites de la normativa ecuatoriana frente a conductas en espacios públicos. Aunque mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo no constituye un delito penal, sí puede generar sanciones administrativas y la intervención de las autoridades cuando se considera que afecta el orden o la convivencia. Sin embargo, la polémica se centra en el manejo del procedimiento y la posible vulneración a la intimidad, especialmente por la grabación y difusión del hecho.

Si un agente de tránsito te detiene en Ecuador: conoce sus facultades y tus derechos

(Redacción Ecuador).– Los controles vehiculares forman parte de la rutina en carreteras y ciudades del país. Sin embargo, aún persisten dudas entre los conductores sobre el alcance de las facultades de los agentes y los derechos que asisten a los ciudadanos durante una intervención.

De acuerdo con principios constitucionales y la normativa vigente en materia de tránsito, existen límites claros sobre lo que un agente puede y no puede hacer al detener un vehículo.

Límites durante una intervención

No pueden obligar a descender del vehículo sin causa justificada.
El automotor es considerado una extensión del espacio privado. Por tanto, el conductor y sus acompañantes no están obligados a salir del vehículo salvo que exista una causa legal, un riesgo inminente o un operativo debidamente autorizado por autoridad competente. Si el ciudadano decide bajar voluntariamente, pasa a encontrarse en la vía pública, donde el control puede ampliarse dentro del marco legal.

No pueden interrogar ni intimidar.
Durante el procedimiento, el agente está facultado para solicitar únicamente los documentos habilitantes: licencia de conducir, matrícula y el comprobante del seguro obligatorio vigente. No puede exigir información sobre domicilio, lugar de trabajo, procedencia o destino del viaje, ni emplear amenazas o intimidación.

No pueden detener sin motivo legal.
La retención de un vehículo procede únicamente ante una infracción flagrante o dentro de operativos formalmente establecidos. Las denominadas “revisiones de rutina”, sin sustento legal específico, no constituyen por sí solas una causa válida. El ciudadano puede consultar de manera respetuosa cuál es el fundamento de la detención.

No pueden impedir que se grabe el procedimiento.
El conductor tiene derecho a registrar en video o audio la actuación del agente como mecanismo de respaldo y transparencia. La autoridad no puede exigir que se suspenda la grabación ni retener el dispositivo. Asimismo, el agente debe identificarse al momento de realizar la intervención.

No pueden retener documentos sin justificación.
Si al revisar la licencia y la matrícula no se detecta ninguna inconsistencia, infracción o irregularidad, el agente no puede retener de manera arbitraria estos documentos. La retención solo procede cuando la ley lo establece expresamente como medida ante una contravención o infracción determinada. De lo contrario, los documentos deben ser devueltos de inmediato al conductor.

Facultades legales del agente

Entre las atribuciones reconocidas a los agentes de tránsito constan: solicitar documentos habilitantes, verificar el estado del vehículo, informar sobre la infracción detectada, emitir la citación correspondiente y adoptar medidas para garantizar la seguridad vial en el marco de la ley.

Conocer estos límites y atribuciones permite a los ciudadanos actuar con mayor seguridad jurídica y respeto mutuo durante los controles en las vías del país.

Dos agentes penitenciarias fueron detenidas por intentar ingresar droga al CRS de Ibarra


(Redacción Ibarra).– Un intento de vulnerar la seguridad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Ibarra terminó con la detención de dos agentes penitenciarios la noche del jueves 3 de julio.

El hecho ocurrió cerca de las 7:30 p.m cuando personal policial del circuito Arcángel 1 detectó un comportamiento inusual entre las funcionarias Fernanda G. y Jennifer A., quienes intercambiaron una funda plástica blanca en una aparente maniobra coordinada.

La actitud nerviosa de ambas alertó a los uniformados que custodian los filtros de ingreso. Tras el cruce, Fernanda G. huyó del lugar, mientras que Jennifer A. fue interceptada antes de ingresar nuevamente al área de seguridad.

En su poder se encontró una funda con dos envolturas negras que contenían una sustancia compacta de color crema. Tras la verificación de la Unidad de Antinarcóticos, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso neto de 667,50 gramos.

Ambas agentes fueron detenidas en delito flagrante y puestas a órdenes de las autoridades competentes. El caso fue notificado a la Dirección General de Inteligencia y al ECU 911 para los procedimientos correspondientes.

Caso Lago San Pablo: Fiscalía investiga a la Alcaldía de Otavalo por posible delito contra el agua

(Redacción Otavalo).- La situación legal de la alcaldesa de Otavalo podría complicarse tras el reciente pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que confirmó haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Imbabura por un presunto delito contra el agua, en relación con la crítica situación ambiental del lago San Pablo.

El comunicado, emitido el lunes 6 de mayo, también ratifica que el municipio de Otavalo y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-O) se encuentran inmersos en un procedimiento administrativo sancionador abierto por el mismo Ministerio, a la que se suma esta denuncia penal por delitos contra el agua, tipificada en artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes contaminen, desequen o alteren cuerpos de agua y recursos hidrobiológicos, provocando daños graves al ambiente.

Como parte del proceso sancionador, el MAATE espera que en un plazo máximo de quince días, se entreguen los resultados de los análisis realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), los cuales serán incorporados como elementos probatorios en la causa administrativa que lleva adelante el Ministerio.

Por su parte, la Fiscalía será la encarga de recoger las pruebas, elementos de convicción, informes técnicos, testimonios y demás elementos necesarios para determinar el grado de responsabilidad de los actuales administradores de la ciudad, como de la Empresa de Agua Potable de Otavalo y los posibles involucrados en este delito penal.

Como antecedente, un caso similar se registró en Cuenca, en el año 2019. En esa ocasión, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay encontró culpable a Lorenzo C., quién contaminó gravemente el agua de la quebrada Cachihuayco y alteró con esto su estado natural, dentro de las sanciones el ciudadano enfrentó una pena privativa de libertad de tres años, además debió cumplir con medidas de reparación integral como la limpieza del área afectada, la siembra de 1.000 árboles y disculpas públicas en medios de comunicación y espacios comunitarios.

Según el COIP, contaminar o alterar cuerpos de agua es considerado un delito ambiental grave. En caso de comprobarse la responsabilidad de los actuales funcionarios municipales, las sanciones podrían escalar hasta afectar directamente a las autoridades responsables del manejo de los sistemas de tratamiento de agua residual que se descargan en este lago.

El futuro del caso dependerá del avance de las investigaciones y del informe técnico que emitirá ARCA en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía y colectivos ambientales exigen respuestas claras y acciones concretas para proteger el lago San Pablo, frente al silencio de la Alcaldía de Otavalo, que hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, generando desconcierto e incertidumbre en la población.

Retuvieron la marcha de un bus y un trailer para oponerse a un procedimiento policial por presunta minería ilegal

bus

(Redacción Ibarra).- La madrugada de este domingo en Salinas, varios comuneros del sector se tomaron la vía Salinas E10,  en rechazo a un por un procedimiento militar y policial, de un presunto caso vinculado a minería ilegal.

A las 00h00 horas del domingo 14 de octubre personal militar que se encontraba realizando un operativo de rutina en el sector, encontraron dos volquetas abandonadas a un costado de la vía E10, muy cerca de la Estación Carchi, al occidente de Ibarra, las volquetas presuntamente estarían llenas de material minero, extraído ilegalmente de la zona.

Los comuneros de Salinas, al enterarse  de este procedimiento, procedieron a bloquear la vía a la altura de la gasolinera de Salinas. Alrededor de 30 personas se apostaron en la vía, bloquearon el paso a de un bus de la Cooperativa de Transporte Trans Esmeraldas, que en ese momento cubría la ruta Ibarra-San Lorenzo y obligaron al conductor a cruzarse en medio de la vía, arrebatándole las llaves para que no pueda moverse.

De la misma forma con amenazas y gritos, obligaron al conductor de un vehículo tipo tráiler, a estacionarse en medio de la vía, obstaculizando con esto la labor policial de recuperación de los dos vehículos tipo volqueta, con aparente material minero.

Luego de varias negociaciones, alrededor de las 03h50, fueron devueltas las llaves de los vehículos y los conductores pudieron seguir con su marcha, se conoce además que las dos volquetas con aparente material minero, no fueron ni judicializadas o ingresadas a los patios de retención vehicular.