(Redacción Imbabura).- La rendición de cuentas 2025 de la Policía Nacional en Imbabura revela una brecha que impacta directamente en la seguridad: la provincia opera con menos uniformados de los que recomienda el estándar internacional.
Según los datos presentados, Imbabura tiene 469.879 habitantes. De un total de 1.033 efectivos, apenas 914 cumplen funciones preventivas, es decir, son los que realizan patrullaje en territorio.
Bajo el estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes, la provincia debería contar con al menos 1.380 agentes operativos. Sin embargo, actualmente hay 1.033 policías en funciones, lo que representa un déficit de 347 uniformados y reduce la cobertura a aproximadamente 225 por cada 100.000 habitantes.
Ciudad Blanca: menos de la mitad del personal necesario
El Distrito Ciudad Blanca, el más poblado, concentra 209.816 habitantes, pero cuenta con solo 297 policías operativos. Aplicando el estándar internacional, este sector debería tener cerca de 630 policías. La cifra actual representa menos del 50% del personal requerido, evidenciando una presión operativa constante.
Patrullaje extendido y respuesta limitada
Con una extensión cantonal de 1.093 km² y apenas 297 policías en funciones operativas, la carga territorial en el Distrito Ciudad Blanca resulta considerable: en promedio, cada uniformado tendría que cubrir cerca de 3,7 km². Sin embargo, en la práctica —debido a turnos, descansos y otras funciones— el número de agentes en calle se reduce significativamente, lo que puede elevar la cobertura a más de 10 km² por policía en servicio. Esto implica que un solo uniformado podría estar respondiendo en un radio cercano a los 2 kilómetros a la redonda, una distancia que limita el patrullaje preventivo y refleja cómo la falta de personal termina diluyendo la presencia policial en amplios sectores del cantón.
Poco personal para investigar
A esto se suma que solo 102 policías están en investigación y 17 en inteligencia. Lo que refleja una estructura enfocada en patrullaje, pero con limitaciones para enfrentar delitos complejos o estructuras criminales.
Las cifras oficiales muestran que Imbabura no solo enfrenta problemas de inseguridad, sino también una limitación de personal. Con menos policías de los necesarios en las calles, la provincia opera al límite de su capacidad, en un escenario donde la demanda de seguridad supera claramente los recursos disponibles.
Durante la visita del ministro Reimberg a Ibarra, el pasado 26 de marzo, se le consultó sobre el déficit de personal policial frente a una provincia con alta población. El funcionario aseguró que se incrementaría el número de efectivos y se reforzaría el parque automotor para mejorar la seguridad; sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre si este ofrecimiento se ha cumplido en los meses posteriores.
(Redacción Ibarra).– La noche de ayer, mediante una rueda de prensa, la Policía Nacional dio a conocer los pormenores de la intervención registrada horas antes en la intersección de las calles Teodoro Gómez de la Torre y Sánchez y Cifuentes, en Ibarra, hecho que fue ampliamente difundido por ciudadanos a través de redes sociales.
El operativo, que se inició en el sector de Caranqui, derivó en la persecución y posterior aprehensión de tres ciudadanos ecuatorianos que se movilizaban en una camioneta sin placas y con vidrios polarizados.
Según detallaron las autoridades, los uniformados que realizaban patrullaje preventivo identificaron el vehículo en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes emprendieron la huida, lo que dio paso a una persecución ininterrumpida. En medio del procedimiento, y con el objetivo de neutralizar la amenaza, los agentes realizaron detonaciones de arma de fuego, situación que generó alarma entre los ciudadanos.
Durante el seguimiento, los sospechosos arrojaron una maleta desde el interior del automotor y continuaron su marcha, ignorando las órdenes de detenerse. Finalmente, fueron interceptados a la altura de la intersección de la avenida Teodoro Gómez de la Torre y Sánchez y Cifuentes.
Como resultado del operativo, fueron aprehendidos Jan C., quien registra antecedentes por tenencia y porte de armas (2016); Kevin C., con antecedentes por violación (2025); y Óscar C., con antecedentes por robo (2018), presuntamente vinculado a un grupo de delincuencia organizada.
Tras la intervención, los agentes verificaron la maleta arrojada, encontrando en su interior herramientas como llaves, cuchillos, una cizalla, así como prendas de vestir oscuras y pasamontañas. En el vehículo también se halló un arma de fuego tipo revólver y un objeto con características similares a un arma, que sería de juguete.
Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.
(Redacción Ecuador).- La difusión de un video en el que se observa a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo en Quito ha reactivado el debate sobre los límites legales de este tipo de actos en espacios públicos y el alcance de la intervención policial. El hecho se registró en el sector de La Mariscal, cerca de la Plaza Foch, donde agentes de la Policía Nacional, durante un patrullaje nocturno, sorprendieron a la pareja en el interior de un automóvil estacionado.
En Ecuador, mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo en un espacio público no constituye un delito, ya que esta conducta no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). No obstante, los ocupantes podrían estar expuestos a sanciones administrativas de carácter municipal por el uso indebido del espacio público, así como a intervenciones derivadas de denuncias ciudadanas si se considera que el acto afecta el orden público o la convivencia.
Además, podrían generarse otras infracciones si el vehículo se encuentra estacionado en un lugar no permitido o agravantes como la participación de menores de edad, la falta de consentimiento o la presencia de violencia, casos en los que se configuraría un delito contra la integridad sexual.
Expertos señalan que, si bien los agentes están facultados para realizar controles en espacios públicos, deben actuar bajo principios de proporcionalidad y respeto a los derechos ciudadanos. La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la privacidad, la honra y la imagen personal. Aunque un vehículo no tiene la misma protección que un domicilio, sí existe una expectativa razonable de intimidad que exige intervenciones prudentes.
CASOS ANTERIORES EN EL PAÍS
En marzo de 2022, se difundió un video en el que se observaba a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo estacionado en un terreno baldío en Guayaquil, situación en la que intervinieron agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). En ese entonces, la entidad aclaró que el material no fue grabado por su personal, sino que fue difundido por un ciudadano.
Otro hecho ocurrió el 24 de junio de 2023, cuando una pareja fue captada manteniendo relaciones sexuales en una cabina de la Aerovía, un sistema que prohíbe expresamente la realización de “actos indebidos que atenten contra las buenas costumbres”. El video fue posteriormente viralizado en redes sociales por un operador, a partir de imágenes obtenidas del sistema de vigilancia del Consorcio Aerosuspendido Guayaquil.
En estos casos, la difusión de este tipo de contenido sin consentimiento podría constituir el delito de violación a la intimidad, sancionado con penas de uno a tres años de prisión, de acuerdo con el artículo 178 del COIP. En el ámbito administrativo, algunos municipios han regulado estas conductas; por ejemplo, el Municipio de Pastaza mantiene vigente, desde 2016, una ordenanza que prohíbe mantener relaciones sexuales en espacios públicos como calles, plazas, aceras, parques y escenarios deportivos.
Este nuevo suceso en Quito evidencia los vacíos y límites de la normativa ecuatoriana frente a conductas en espacios públicos. Aunque mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo no constituye un delito penal, sí puede generar sanciones administrativas y la intervención de las autoridades cuando se considera que afecta el orden o la convivencia. Sin embargo, la polémica se centra en el manejo del procedimiento y la posible vulneración a la intimidad, especialmente por la grabación y difusión del hecho.
(Redacción Ibarra).- Ayer, alrededor de las 12:55, dos delincuentes que se hacían pasar por vendedores de caramelos aprovecharon un descuido del personal de un local comercial en el sector del parque La Merced, en Ibarra, para sustraer una computadora portátil.
El robo quedó registrado por las cámaras de videovigilancia, que muestran cómo los sospechosos ingresan con cautela al establecimiento y, al notar la ausencia del personal, se llevan el equipo en un bolso. Según testigos, la falta de patrullaje policial en la zona permitió que los delincuentes actuaran con total tranquilidad, sin alertar a los dueños de locales cercanos, transeúntes o conductores.
Los afectados hacen un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información sobre el paradero de los responsables.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Imbabura).- En una operación clave contra el narcotráfico, la Policía Nacional ejecutó este 14 de mayo el operativo “Gran Llegada” en la provincia de Imbabura, logrando incautar más de 318 kilos de cocaína ocultos en compartimentos camuflados dentro de vehículos y valorados en alrededor de 14 millones de dólares en Europa.
El despliegue, liderado por la Jefatura de Investigación Antidrogas de Imbabura, terminó con la captura de dos personas. Uno fue detenido en Otavalo tras una actitud sospechosa ante la presencia policial, mientras que el segundo fue aprehendido en Tabacundo luego de una intensa persecución.
La droga estaba distribuida en dos automotores: el primero transportaba 168,05 kg y el segundo, 150,59 kg de cocaína. Ambos vehículos fueron retenidos como evidencia. Los detenidos fueron identificados como Pedro C., ecuatoriano sin antecedentes, y Josa N., quien registra un antecedente por acoso sexual.
Según las autoridades, con este operativo se evitó que más de 3 millones de dosis llegaran al mercado ilegal.
(Redacción Ibarra).- Un nuevo caso de inseguridad genera alarma en la ciudad de Ibarra. Un video enviado a nuestra redacción muestra cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta rondan el sector de Miravalle, en la avenida 13 de Abril, asaltan y roban a una joven que transitaba en bicicleta. En el video quedaron registrados los gritos de desesperación clamando por ayuda.
El hecho se suma a una serie de denuncias similares donde transeúntes han sido interceptados por delincuentes en moto, quienes actúan con violencia e intimidación sustrayendo sus pertenencias.
Moradores de la zona señalan su preocupación por la falta de controles efectivos. Mencionan que muchas de estas motos no tienen placas, los ocupantes circulan sin casco y con el rostro cubierto y, según afirman, no existe control ni patrullajes en la zona por parte de Policía Nacional y agentes de tránsito.
La percepción de inseguridad en la ciudadanía ha crecido considerablemente, respaldada por cifras oficiales que revelan un preocupante aumento de la violencia. Según datos de Primicias, en el primer trimestre de 2025 se registraron 2.361 muertes violentas, lo que representa un incremento del 65% respecto al mismo período del año anterior. Además, desde marzo se igualó el récord histórico de crímenes mensuales, reflejando un repunte sin precedentes que genera gran preocupación en la población.
La ciudadanía ibarreña exige acciones urgentes por parte de las autoridades para frenar estos hechos delictivos que cada vez se vuelven más frecuentes en la ciudad.
(Redacción Imbabura).- Ni la cercanía con las instituciones públicas disuade a la delincuencia. A las 15:36 de este miércoles, se registró el robo de una motocicleta en plena vía pública, en la calle Sánchez y Cifuentes y Velasco, a escasos pasos de la Gobernación de Imbabura en Ibarra.
Según reportes ciudadanos que llegaron a esta redacción, el hecho quedó grabado por cámaras de videovigilancia del sector. En los registros se observa a un sujeto que, con total tranquilidad, sustrae el vehículo que se encontraba estacionado y se da a la fuga sin mayor dificultad.
Transeúntes, comerciantes y moradores de la zona reclaman mayor presencia policial, mientras que las autoridades ya tendrían en su poder los videos del suceso, lo que permitiría identificar al responsable del delito.
(Redacción Ibarra).- La madrugada de este viernes 03 de noviembre del 2023, se registró una balacera dentro de una discoteca conocida como “Wateque”.
Según información policial y de testigos un ciudadano arremetió contra un sujeto de 30 años de edad, se inició una gresca y uno de ellos sacó un arma de fuego con la que atentó en contra de la humanidad de un ciudadano.
Posteriormente generó varios tiros al aire para finalmente huir en precipitada carrera, al enterarse de la presencia policial.
Al salir, arremetió con disparos a los servidores policiales que atendieron la emergencia e iniciar una persecución hasta el sector de Salinas, en donde finalmente fue detenido.
En su posesión se encontraba una arma de fuego que fue ingresada en cadena de custodia.
(Redacción Ibarra).- La madrugada de este domingo en Salinas, varios comuneros del sector se tomaron la vía Salinas E10, en rechazo a un por un procedimiento militar y policial, de un presunto caso vinculado a minería ilegal.
A las 00h00 horas del domingo 14 de octubre personal militar que se encontraba realizando un operativo de rutina en el sector, encontraron dos volquetas abandonadas a un costado de la vía E10, muy cerca de la Estación Carchi, al occidente de Ibarra, las volquetas presuntamente estarían llenas de material minero, extraído ilegalmente de la zona.
Los comuneros de Salinas, al enterarse de este procedimiento, procedieron a bloquear la vía a la altura de la gasolinera de Salinas. Alrededor de 30 personas se apostaron en la vía, bloquearon el paso a de un bus de la Cooperativa de Transporte Trans Esmeraldas, que en ese momento cubría la ruta Ibarra-San Lorenzo y obligaron al conductor a cruzarse en medio de la vía, arrebatándole las llaves para que no pueda moverse.
De la misma forma con amenazas y gritos, obligaron al conductor de un vehículo tipo tráiler, a estacionarse en medio de la vía, obstaculizando con esto la labor policial de recuperación de los dos vehículos tipo volqueta, con aparente material minero.
Luego de varias negociaciones, alrededor de las 03h50, fueron devueltas las llaves de los vehículos y los conductores pudieron seguir con su marcha, se conoce además que las dos volquetas con aparente material minero, no fueron ni judicializadas o ingresadas a los patios de retención vehicular.
